1er. Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 6 - 9 de mayo de 2003.
ALCA y militarización,
dos caras de un mismo proyecto hegemónico
Carlos Fazio*
Desde comienzos de 2003, mientras daban los últimos retoques a su guerra de conquista y colonización de Irak en el marco de la "doctrina de la autodefensa anticipatoria" o "guerra preventiva", los halcones de la administración Bush en la Casa Blanca y el Pentágono seguían instrumentando la línea de defensa de su imperio militar-mercantilista en América Latina.
Enfrentado en una dura competencia y a balances comerciales negativos con los bloques europeo y asiático, el gobierno de Estados Unidos venía proyectando de tiempo atrás la llamada Fortaleza América a través de una estrategia complementaria de dos carriles: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los planes Puebla-Panamá y Colombia-Iniciativa Andina, diseñada para consolidar y profundizar el control geopolítico y geoeconómico en su tradicional patio trasero.
Se trata de un proyecto integral que busca garantizar el monopolio económico de las corporaciones multinacionales con casa matriz en Estados Unidos, en particular las ligadas al complejo energético-petrolero e industrial-militar y a las fracciones de ultra derecha del gran capital, a través de la fuerza y la violencia. Como ha quedado comprobado con la invasión a Irak, el componente militar es un elemento central en la política expansionista de lo que el sociólogo estadounidense James Petras ha definido como el "Nuevo Imperialismo".[1]
Dicha política, que ha adquirido en la etapa un sesgo neonazi ¾con la Ley Patriótica al interior de Estados Unidos y la diplomacia de guerra de cara al resto del mundo¾, cobró gran dinamismo en América Latina tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Aparte de los enemigos previamente identificados por Estados Unidos: Cuba, la Venezuela de Hugo Chávez y la insurgencia armada colombiana, han surgido nuevos "peligros" potenciales. Entre ellos, el movimiento campesino cocalero del Chapare, que a nivel de la propaganda comienza a ser visualizado por el Pentágono como una "narco-guerrilla", y las supuestas "células dormidas" del "terrorismo islámico" en la Triple Frontera, como se ha dado en llamar el punto de encuentro territorial de las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina); Fox de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), área de importancia geopolítica por ser la llave de acceso político y militar a la región amazónica..
Durante el último medio siglo, el "imperio informal" estadounidense en la sub-región se había construido y sostenido en torno a tres pilares interrelacionados: 1) las guerras y la intervención militar; 2) las operaciones encubiertas o secretas de inteligencia, y 3) las políticas de "mercado" impulsadas por las agencias económicas del Estado imperial (los departamentos del Tesoro y Comercio, el Eximbank) y sus "perros guardianes" (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo).[2]
Durante la fase anterior, la expansión neo-colonial de Washington en Latinoamérica sumó al poder del Pentágono, la "comunidad de inteligencia" y las corporaciones multinacionales, la actividad intervencionista de la banca financiera especulativa de Wall Street y de las llamadas "fuerzas armadas sustitutas", es decir, los ejércitos de los Estados clientes apoyados, asesorados y entrenados por Washington, que derivaron en muchos casos en regímenes castrenses basados en la Doctrina de Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado.
El giro hacia el "nuevo imperialismo" comenzó a gestarse a comienzos de los años noventa tras el fin de la guerra fría, durante las administraciones Bush padre y Clinton. Luego de la primera guerra del Golfo Pérsico, el eje multinacionales-ejército impulsó la reconfiguración geopolítica de Europa Central, el Báltico, los Balcanes y Asia Central, definiendo las nuevas fronteras del imperio.
Ahora, con la llegada de Bush hijo y un grupo de ideólogos de extrema derecha a la Casa Blanca, el complejo energético-petrolero e industrial militar ha tomado el control y los "componentes económicos" del Estado imperial han sido sustituidos por una ideología de guerra permanente y colonizaciones militares (Afganistán, Irak), que utiliza como señuelo propagandístico para justificar su impunidad el combate al terrorismo, al narcotráfico y a los regímenes tiránicos.
América Latina no escapó a la lógica guerrerista de Washington. La nueva fase de expansión militar imperial en la sub-región tiene como elementos de control y/o penetración de los ejércitos y las policías locales, armas tradicionales como el espionaje (incluido el espionaje telefónico, aéreo y satelital), las maniobras militares conjuntas (del tipo Nuevos Horizontes, Cabañas o Unitas), la donación de armamento, las asesorías y los acuerdos castrenses de inteligencia y logística, con su variable para las áreas de seguridad interior, con el consiguiente uso de las fuerzas armadas locales como ejércitos de ocupación y la acelerada militarización de las policías, con énfasis en el control de población y migratorio.
A lo que se suma la llamada guerra al narcotráfico, bajo cuya pantalla se intentan "justificar" los vuelos de interdicción que realizan labores de espionaje sobre territorio colombiano controlado por las guerrillas de las FARC y el ELN, el Chapare boliviano y el Chaco paraguayo, así como la presencia de la Armada estadounidense en algunos países ribereños del área. Con un nuevo dato que ha quedado medio sepultado por los sucesos militares en Medio Oriente y el Pérsico: la administración Bush ha borrado la frontera tradicional entre guerra antinarcóticos y lucha contrainsurgente, e incluye ya como un "mal terrorista" a movimientos de liberación nacional, como las FARC de Colombia.
Asimismo, y al igual que ocurrió en Europa Central, Medio Oriente y todo el Golfo Pérsico, la expansión imperial se apoya en la creciente presencia de soldados, agentes estadounidenses (de la CIA, el FBI, la DEA, la DIA y otras dependencias de la "comunidad de inteligencia") y mercenarios de empresas privadas subcontratadas por el Pentágono) sobre el terreno (en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, México) y en el emplazamiento de radares y de una nueva red de bases militares (de tierra, aéreas y navales) del Pentágono en el subhemisferio; por ejemplo, y sólo por mencionar algunas, las bases de Aruba y Curazao, Comalapa (El Salvador), Manta, sobre el pacífico ecuatoriano, Tres Esquinas, en el Putumayo colombiano, la base naval de Iquitos en Perú y la de Misiones, en el norte argentino.
Todas esas actividades ¾estrechamente ligadas con el complejo industrial-militar¾, vienen siendo combinadas con renovadas formas de militarización de la vida pública de nuestros países. La creciente represión en varios puntos del subhemisferio ha llegado acompañada de una privatización de la violencia oficial, que es ejercida a través de "empresas contratistas" como Dyncorp, con presencia pública en Colombia y Ecuador. Otra modalidad que ha venido adquiriendo la privatización de la violencia es el paramilitarismo, como una forma no oficial de desarrollar la guerra sucia en zonas conflictivas de la subregión, en particular vastas porciones del territorio colombiano ¾viejo fenómeno que ha recrudecido bajo la gestión del presidente derechista Alvaro Uribe, alineado totalmente con las políticas contrainsurgentes de Washington¾, el Chapare boliviano (donde se viene aplicando el Operativo Dignidad, sucedáneo del Plan Colombia) y los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero en el sureste mexicano.
Por otra parte, y como quedó evidenciado en abril de 2002 en Venezuela con la fracasada intentona putchista contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez, la Casa Blanca siempre podrá echar mano de un viejo y caro recurso: el golpe de Estado; aderezado ahora con el remozamiento de viejas tácticas, como la huelga patronal insurrecional (que fue utilizada contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile a comienzos de los años 70), el golpismo mediático y el cacerolismo de las clases medias.
Todas esas variables adquieren otro significado tras la ocupación militar de Irak y la demostración del inmenso poderío bélico de Estados Unidos. Sin contrapesos militar y legal a la vista, Washington ha dado señales de que seguirá utilizando la fuerza bélica de manera unilateral y arbitraria, con base en la retórica propagandística de perseguir terroristas, derribar tiranos y desarmar a los países que posean armas de destrucción masiva. En ese contexto, Cuba y las FARC de Colombia están en la mira del Pentágono, sin descartar que Venezuela y Bolivia pueden ser otros tantos escenarios posibles para el expansionismo militar de Estados Unidos en el corto o mediano plazo.
¿Qué es el ALCA?
La otra parte de la pinza, complementaria de la expansión imperial militar, es la construcción de una economía de enclave, con eje en la explotación minera y energética (petróleo, gas natural, hidroeléctricas), plantaciones, agro-industrias, plantas ensambladoras (maquilas) y el establecimiento de complejas redes de comunicación multinodales (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles) para hacer más eficiente el traslado de los recursos geoestratégicos y bancos biológicos (biodiversidad) producto del saqueo y la rapiña, así como la circulación de bienes y mercancías en tránsito hacia/y de el mercado mundial, como las que se pretenden instrumentar vía el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia/Iniciativa Andina, los dos caballos de Troya del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
¿Qué es el ALCA? El ALCA es un proyecto de las compañías multinacionales con casa matriz en Estados Unidos. Es la progresión lógica del avance de la ideología neoliberal impuesta a sangre y fuego a nuestros países desde los años 70. Se trata de un viejo anhelo imperialista, plasmado en la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América (1890), en los días del naciente expansionismo norteamericano. Al arrancar el siglo XXI, el imperio está maduro y las razones del ALCA a la vista: es un proyecto asimétrico que pretende "integrar" a la superpotencia militar del orbe con las economías de países subdesarrollados, endeudados, débiles. La integración entre el tiburón y las sardinas.
Como dice Petras, en el debate sobre el ALCA conviene saber qué no es el ALCA.[3] No es, como se pregona, un acuerdo de libre comercio, porque Estados Unidos se reserva el derecho de mantener subsidios a su agricultura; su legislación antidumpling; aranceles a importaciones donde no es competitivo; una serie de restricciones unilaterales en materia de "sanidad" para reducir importaciones de ganado y otros productos de la subregión, y una legislación bancaria que permite a la banca estadounidense lavar dinero obtenido de manera ilícita en Latinoamérica.[4]
El ALCA no es una estrategia de integración económica. Como en el viejo mercantilismo, el ALCA busca consolidar un área de dominación en las tres Américas que involucra a 800 millones de seres humanos, controlar esferas de inversión de capital, saquear materias primas y explotar mano de obra casi esclava. El ALCA es un proyecto neocolonial, anexionista y antidemocrático al servicio de las elites estadounidenses y sus corporaciones, que resulta funcional a las fracciones hegemónicas de las burguesías locales transnacionalizadas.
El ALCA está diseñado para maximizar la participación de las multinacionales estadounidenses en los mercados y recursos latinoamericanos. Washington impulsa un doble patrón de conducta: alienta medidas que favorezcan el proteccionismo estadounidense, mientras promueve la apertura de nuestros países. De entrar en vigor, el ALCA significará una profundización de la dependencia y la subordinación latinoamericanas. Sería la salida panamericanista, neomonroísta. Lo opuesto de una integración liberadora.
Un objetivo del ALCA es minar y paralizar la integración económica subregional. En particular, Washington quiere liquidar el Mercosur y todo intento de integración regional propia, autónoma, latinoamericana. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado su oposición al ALCA. Su apuesta es la integración regional de Sudamérica, vía el Mercosur. Brasil y Argentina concentran 90 por ciento del producto bruto del Mercosur y tienen una población de 207 millones de habitantes, un mercado real y potencial nada despreciable. Estados Unidos lo sabe y su objetivo es lograr que queda bajo el control de sus compañías multinacionales. Pero de consumarse, el ALCA será el regreso a las relaciones bilaterales asimétricas. Lo contrario a un comercio regional donde los distintos actores tienen cierto poder de negociación.
El ALCA no estimula la competencia, amplía el monopolio. Busca establecer la supremacía de las corporaciones multinacionales sobre competidores de Europa y Asia, en particular en los rubros de agro-negocios, manufactura y servicios (tecnología de información, banca). Para nuestros países, el ALCA será una integración periférica, subordinada e integrada a los circuitos transnacionales como productores de materias primas y de bienes intermedios.
Los representantes de nuestros países en el ALCA han venido negociando en secreto acuerdos que afectarán la soberanía nacional. Porque lo que se está negociando en el ALCA es la codificación de los principios esenciales de la ideología neoliberal, para convertirlos en normativa internacional. Es decir, una base institucional, legal y formal para la total absorción y saqueo, por parte de Estados Unidos, de los recursos, ahorros, mercados, comercio y empresas latinoamericanas.
Eso incluye un sistema de solución de controversias que favorece a las compañías multinacionales con casa matriz en el Estado imperial y atenta contra la soberanía de los estados nacionales de la periferia. Vía los acuerdos del ALCA, las administraciones subordinadas renunciarán a las prerrogativas de su soberanía (y a los controles parlamentarios sujetos al escrutinio popular), así como a su condición de sujetos de derecho internacional, para someterse a tribunales arbitrales privados, regidos por normas de derecho privado, integrados por expertos y asesores o consultores en tránsito del directorio de una multinacional a otra, que nadie eligió, que cuentan con el visto bueno del Tesoro de EU (serán funcionarios imperiales) y que sesionarán en forma prácticamente secreta y arrasarán con los derechos, garantías y formalidades de procedimiento propios a un Estado nación.
Eso explica el sigilo y ocultamiento de las negociaciones, que no trascienden a la prensa, no son accesibles a la sociedad civil y a la que tampoco tienen acceso los parlamentos de los países involucrados. ¿Qué razones pueden existir para que algo que ha sido multipublicitado por Vicente Fox como la gran panacea, permanezca en la sombra, oculto en los pliegues del poder? El pueblo debe saber qué se está jugando en el ALCA. La ciudadanía debe conocer, para debatirlas, las actas y documentos que registran las discusiones, los acuerdos alcanzados y los disensos pendientes. El Poder Legislativo también tiene derecho y la obligación de saber, opinar y controlar. La del ALCA es otra batalla pendiente; es un asunto de todos. Se trata de transformar al actual Estado recolonizado en un estado nacional, que podrá ser después, tal vez, socialista.
Un ejército multinacional
Después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, Estados Unidos ha venido acelerando la militarización de sus relaciones interhemisféricas. Para ello ha colocado en organismos multilaterales a viejos expertos en operaciones encubiertas, trucos sucios y propaganda negra del periodo de la guerra sucia de los contras en la Nicaragua sandinista. Son los casos, entre otros, de John Dimitri Negroponte en la ONU; el exiliado de origen cubano Otto Reich como embajador especial de la Casa Blanca para América Latina; el experimentado James Cason, vinculado a las entrañas de la Seguridad Nacional, como jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, y el ex consejero del Comando Sur, David Greenlee como embajador en Bolivia.
Todo indica que en la coyuntura Washington ha logrado resolver la contradicción que presentaba la formación de una fuerza militar multinacional americana y la integración económica por bloques como polos excluyentes. La superación de la Guerra Fría transformó la bipolaridad Este-Oeste en una hegemonía militar de Estados Unidos. Pero el inestable equilibrio por la existencia de dos sistemas económicos antagónicos en la forma (capitalismo-comunismo), no dio paso a una pretendida hegemonía económica de Estados Unidos; por el contrario, instaló una multipolaridad manifestada en la competencia de tres grandes bloques económicos: la Unión Europea, el bloque Asia/Pacífico y Estados Unidos, con su planificada proyección hemisférica.
Es en el contexto de esa competencia interimperialista por el control de los mercados mundiales, el acceso a los recursos naturales y las materias primas y la explotación de mano de obra barata, que se inscribe el Área de Libre Comercio de las Américas, cuya propuesta original, la Iniciativa para las Américas, fue lanzada por George Bush (padre) en 1990.[5]
Hasta los sucesos del 11 de septiembre, la concepción militar estadounidense para América Latina se sustentaba en la definición del narcotráfico como la principal amenaza para la democratización y la seguridad continentales, aunque se había venido avanzando en los dispositivos bélicos para librar guerras de baja intensidad en las zonas más conflictivas del área, en particular Colombia, y se avanzaba en los planes de desestabilización en Cuba y Venezuela.
En líneas generales, la "guerra a las drogas" debía desembocar en la formación de un ejército transnacional por su composición y supranacional por su mando. Es decir, con el Pentágono en el papel de estado mayor y mando unificado, y las fuerzas armadas locales en funciones de policía interna, concentradas en "tareas de apoyo" con eje en la inteligencia y el procesamiento de información, y en el control de movimientos aéreos, marítimos y terrestres.
Centrado en un doble discurso construido con conceptos tales como "transnacionalización del narcotráfico", "seguridad hemisférica" y "cooperación operativa", el juego de presiones había dado buenos dividendos para Washington en México, el Caribe y los países andinos. Pero la militarización y transnacionalización de la "guerra a las drogas" era fuertemente resistida en el Cono Sur. Aunque la tendencia hacia una cierta "autonomía militar" no suponía, en el plano doméstico, eliminar la amenaza de que las fuerzas armadas retomen el papel de "ejércitos de ocupación" ante las convulsiones sociales en aumento, era evidente que los países del Mercosur se negaban a secundar una estrategia que pretendía fabricar un nuevo "enemigo interno".
Inmediatamente después del 11 de septiembre, tras la nueva guerra de conquista del imperio en Afganistán y la que se proyectaba contra Irak, y con la ayuda de la propaganda de los grandes medios masivos corporativos y el disciplinamiento de los Estados clientes del área, ese enemigo tiene de nuevo un rostro homogéneo y aceptable: el terrorismo o el narco-terrorismo; enemigos elusivos pero funcionales.
La vinculación entre la creación de una fuerza militar multinacional y la imposición del ALCA quedó expuesta durante la II Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Bariloche, Argentina, en 1996. Allí, el ex jefe del Pentágono, William Perry desplegó una inequívoca argumentación: "La región es la fuente de recursos vitales para nuestra seguridad y bienestar, (en la medida en que América Latina) es el tercer mercado en importancia para nuestras exportaciones".
Desde entonces, las administraciones Clinton y Bush han venido intensificando una estrategia militarista y neomercantilista con eje en el ALCA, el Plan Colombia-Iniciativa Andina y el Plan Puebla-Panamá, que ha sido reforzada con la Carta Democrática de la OEA y la "guerra al terrorismo", como parte del andamiaje ideológico propagandístico.
Bajo el foxismo, México ha acentuado su papel como Estado cliente de Washington con proyección continental. Si con el Plan Puebla-Panamá (PPP) se pretende saquear del sureste mexicano recursos geoestratégicos y extender el sistema de maquiladoras "de Puebla hasta Panamá", con el llamado "perímetro defensivo" ¾adscrito al nuevo concepto "seguridad de la patria" (homeland security) impulsado por la Casa Blanca¾ y el anunciado ingreso de México a la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), se cierra la pinza. Las dos patas a la que aludía Perry: "bienestar" y "seguridad". Al asumir como propias las categorías "bienestar", "seguridad" y "terrorismo" impulsadas por Washington, el régimen foxista ¾más allá de tacticismos preelectorales como un eventual voto mexicano adverso a Washington sobre Irak en la ONU¾ se ha transformado en una pieza incondicional, dócil y útil del imperio. El famoso "tercer vínculo" (el militar, Perry dixit), está en vías de consolidación. Y cuando un ejército abdica de su función como defensor de la seguridad y soberanía nacionales, queda allanado el camino a la anexión.
El Comando Norte
A partir de una decisión unilateral del Pentágono, el 1º. de octubre de 2002 entró en operaciones una nueva estructura militar que sin duda tendrá graves consecuencias geopolíticas para México. Se trata del lanzamiento de una fuerza militar conjunta para "defender" América del Norte: el llamado Comando Norte.[6]
El Comando Norte es responsable de la defensa interna de Estados Unidos ante las "nuevas amenazas" surgidas de enemigos no convencionales, el bio-terrorismo y las armas biológicas. Es decir, es un instrumento de la doctrina de guerra preventiva, basada en el predominio de la fuerza unilateral del imperio. Pero sucede que además del territorio continental de Estados Unidos y Alaska, su proyección abarca a Canadá, México, porciones del Caribe (Cuba incluida) y las aguas contiguas en los océanos Atlántico y Pacífico, hasta un mínimo de 500 millas. Es decir, México, país soberano, fue incluido de facto como zona geográfica dentro de las estructuras del nuevo comando regional de las fuerzas armadas estadounidenses.
La creación del Comando Norte responde a un re-lanzamiento de la visión más militarista de la Doctrina Monroe, que intenta mantener a toda costa la hegemonía de Estados Unidos en el mundo ante la irrupción de Estados bribones o retadores. Como tal, y junto con los restantes comandos del Pentágono, el Northcom forma parte de la política expansionista imperial de un Estado nación determinado, en beneficio de las cúpulas de las corporaciones multinacionales con casa matriz en Estados Unidos, que forman parte del complejo energético-petrolero e industrial-militar.
Lo cual remite al concepto geopolítico de nación, con su concepción biológica, expansionista, imperialista del Estado. La nación es una sola voluntad, un solo proyecto; es voluntad de ocupación y de dominación del espacio. Ese proyecto supone poder. La nación como un poder que impone su proyecto a los otros; los Estados más débiles, que ofrecen menos resistencia. Supone, pues, la conquista del espacio, con sus recursos naturales, fuentes de materias primas, población con determinado poder adquisitivo (el espacio como mercado), y con una situación privilegiada con respecto a las grandes rutas marítimas y terrestres.
El Comando Norte tiene alcance geopolítico. Su proyección espacial tiene que ver con la geografía, la política, la economía capitalista (en cuanto a su funcionalidad para la extracción de plusvalía) y lo militar. Forma parte de una estrategia que remite a la idea de "espacio vital" (Lebensraum), con sus reminiscencias pangermanistas (el Estado como organismo en crecimiento) y hitlerianas. Tiene que ver con "fronteras inteligentes", presiones raciales, económicas y poblacionales, objetivos de las potencias imperialistas que han cobrado nuevo auge en nuestros días.
Como definió el sueco Rudolf Kjellen en 1916, "los Estados están sujetos a la ley del crecimiento". Los Estados vigorosos que cuentan con un espacio limitado obedecen a un "imperativo categórico" de extender su espacio, ya sea por la colonización, la anexión o la conquista. A ellos, la geopolítica les reserva un destino manifiesto. Es en ese mismo sentido, Lacoste nos remite a "la geografía de los militares y las empresas multinacionales". Ante una eventual pérdida de hegemonía estadounidense, la administración Bush ha recrudecido la diplomacia de guerra, sus programas de inteligencia y la contrainsurgencia, camuflajeados bajo la "guerra al terrorismo". Una vez más, como en otras crisis anteriores profundas, la Casa Blanca impulsa una economía permanente de guerra.
Visto así, el Northcom es el componente militar de un proyecto global que incluye en su esfera comercial-financiera al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y al Plan Puebla-Panamá, y que se complementa con el Comando Sur, bajo cuya responsabilidad recae el Plan Colombia/Iniciativa Andina. Las dos patas hemisféricas del ALCA, cuyo significado estratégico es la posesión y control del espacio geográfico como fuerza productiva, en el marco de la lucha interimperialista de Estados Unidos con los bloques europeo y asiático por retener la hegemonía mundial.
La Pentagonización de América Latina
Si para la parte norte del hemisferio el Pentágono y la Casa Blanca asumen a países soberanos (Canadá, México y Cuba) como parte de un asunto "doméstico", al sur del Suichate la estrategia es otra. Para Centro y Sudamérica, el eje del imperio militar regional estadounidense son los llamados Puestos de Operaciones Avanzadas (FOL), una red de bases navales y/o aéreas instaladas por el Comando Sur en Comalapa (El Salvador), Aruba y Curazao y Manta (Ecuador), a la que se ha venido sumando bases militares terrestres (Tres Esquinas y Leticia en Colombia; Iquitos en Perú; Salta y Misiones en el norte de Argentina y una programada base nuclear en Tolhuin, Tierra de Fuego, en el extremo sur de ese país.
En la lucha contrainsurgente que opera bajo la pantalla del combate al "narco-terrorismo", el Pentágono ha venido colonizando el espacio aéreo de la mayoría de los países del área (México incluido), que es monitoreado por sus satélites y aviones espías en detrimento de las soberanías locales. Como puntos de contacto y abastecimiento de sus aviones espías, el Comando Sur ha venido construyendo una red de bases, la más importantes de las cuales, en función de la coyuntura, es la base FOL de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano, que se ha convertido en el puntal de la inteligencia electrónica y satelital del Pentágono en la zona.[7]
Ante la eventualidad de una guerra tipo Kosovo contra las guerrillas colombianas, la base de Manta está ubicada a 30 minutos de vuelo del territorio donde operan las FARC y el ELN. Al quedar borrada la frontera entre lucha antinarcóticos y guerra al terrorismo, los vuelos de interdicción vienen siendo utilizados con fines contrainsurgentes. Al menos dos aviones Awacs y seis P-3 Orion de vigilancia salen de Manta y realizan hasta tres vuelos de rastreo diario. El control aéreo de la base es manejado por tres estadounidenses de origen latino, que trabajan para la compañía DynCorp, una empresa de mercenarios subcontratada por la Defensa estadounidense. La base alberga 180 infantes de marina norteamericanos, número que puede ascender a 400 efectivos según un convenio estipulado entre el gobierno ecuatoriano y el Pentágono. Al menos doce militares estadounidenses realizan labores de espionaje a través de la captación de imágenes satelitales e intercepciones telefónicas y dan apoyo logístico a los ejércitos de Perú y Colombia.[8]
Como parte del convenio Estados Unidos modernizó y amplió la infraestructura de la base de Manta y da capacitación a pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El acuerdo incluye la exoneración de impuestos estadounidenses en importaciones ecuatorianas de productos, equipos, material y provisiones militares.[9]
Además de la Base en Manta, el gobierno ecuatoriano cedió parte del puerto de esa ciudad a Washington. En menos de dos años, 43 buques de guerra estadounidenses han visitado Manta sin previa autorización de la Cancillería ecuatoriana; las naves realizan tareas de interdicción en aguas internacionales y ecuatorianas. A finales de marzo de 2003, el jefe del Comando Sur, James Hill, visitó Ecuador con la finalidad de presionar al gobierno local para que permita que barcos de la Armada estadounidense puedan estacionarse de manera permanente en aguas ecuatorianas. "El convenio sobre interdicción (marítima) será vital para la seguridad hemisférica", dijo Hill.[10]
Durante su estadía el general Hill visitó instalaciones militares en la Amazonía ecuatoriana, más cercanas del Putumayo colombiano que la base de Manta. Es decir, más próxima al teatro de operaciones de una posible intervención de Estados Unidos en la zona de influencia de las FARC. Asimismo, por recomendaciones de Washington, las fuerzas Aérea y Naval de Ecuador se están reconvirtiendo en una fuerza de tarea conjunta. Su misión principal es el reforzamiento del control de la frontera norte, limítrofe con Colombia.
Como se ha dejado apuntado arriba, otra modalidad de la penetración estadounidense en los países de la región ha sido bajo la mampara del combate al narcotráfico. Washington tiene planeada la creación de varios "centros antidrogas" en la zona. Según versiones de la prensa ecuatoriana, uno de ellos operará precisamente en Manta y será financiado por Estados Unidos.[11] Washington destinará 860 mil dólares para la construcción del centro, cuya piedra fundamental fue colocada el pasado 28 de mayo por la embajadora estadounidense, Kristie Kenney.[12] Como parte del programa, en enero de 2002, el instructor Frank Castillo, miembro del Servicios de Aduanas y de la Unidad Antinarcóticos de Estados Unidos había brindado asesoría en la materia a jueces, fiscales, personal de aduanas y elementos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas estacionados en la ciudad de Manta.[13]
De acuerdo con las informaciones, Washington pretende instalar centros antinarcóticos en varias localidades ecuatorianas, entre ellas, Lago Agrio, en la selva de la Amazonía, cercana a la frontera con Colombia; en Puerto Bolívar; en Esmeraldas y en las Islas Galápagos. Washington elevó este año 48 por ciento el presupuesto para las tareas antidrogas en Ecuador, que pasó de 25 millones de dólares en 2002 a 37 millones este año.[14] Militares de la embajada de Estados Unidos en Quito están brindado asesoría para mejorar la coordinación entre el ejército y la policía de Ecuador, y ayudarán a desarrollar redes de comunicación e inteligencia.
El Chapare bajo estado de sitio
En abril de 2003, se informó en La Paz, Bolivia, que ese país será sede de un centro internacional de información para combatir el narcotráfico. La nueva entidad se denominará "Centro de Fusión de Inteligencia Internacional (CFII), y estará a cargo de la autoridades bolivianas y del departamento antidrogas estadounidense. Es decir, bajo cobertura de la DEA, Washington contará con otro centro con tecnología de punta para el espionaje satelital en el corazón de Sudamérica, que se sumará al de Manta.
Pero además, todo indica que en Bolivia la administración Bush adelanta planes de desestabilización similares a los que viene realizando en Cuba y Venezuela. El 24 de abril pasado, el embajador de Estados Unidos en La Paz, David Greenlee inventó un "informe de inteligencia" según el cual el Movimiento al Socialismo que encabeza el ex dirigente cocalero Evo Morales, preparaba un golpe de Estado con apoyo de un grupo de militares. Según diversas fuentes políticas bolivianas, se trató de una simple "tramoya" de Greenlee, experto en crear climas de inestabilidad e incertidumbre política, con el fin de crear condiciones óptimas para facilitar una virtual invasión militar estadounidense en la conflictiva zona cocalera.
El diplomático, quien fue consejero político del Comando Sur a mediados de los noventa y se había desempañado antes como jefe de la Estación local de la CIA y embajador interino en La Paz (1986-1989), cree que ha llegado la hora del arribo de tropas estadounidenses al Chapare, Cochabamba.[15] Líderes de oposición denunciaron que se podría estar gestando un autogolpe con apoyo de Washington, para militarizar la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada o, alternativamente, el derrocamiento del mandatario a manos del jefe de la Nueva Fuerza Republicana, Manfred Reyes Villa, un ex capitán del ejército vinculado a la dictadura de García Meza.[16]
Con la excusa de la lucha antidrogas, desde 1998 las autoridades bolivianas vienen aplicando el Plan Dignidad, que igual que el Plan Colombia pone énfasis en lo militar. Desde esa fecha, habitantes de Amayapampa, Capasirca, Llallagua y el Chapare están bajo estado de sitio y la zona vive en un franco proceso de militarización. Es allí, precisamente, adonde el embajador Greenlee quiere que entren ahora los marines.
Además de los intentos por involucrar a Bolivia en el Plan Colombia y en el cerco sobre la Amazonía brasileña, el interés de Washington en ese país tienen un claro objetivo: el gas natural. Estados Unidos viene promoviendo la interconexión de plantas gaseras bolivianas con el norte chileno (Arica e Iquique).[17] Según analistas, corporaciones estadounidenses estarían dispuestas a invertir seis mil millones de dólares para financiar un gasoducto entre Bolivia y Chile con miras a la exportación de gas natural hacia Estados Unidos.[18]
Nuevos Horizontes, Cabañas...
También ha crecido en los dos últimos años la presencia militar estadounidense en las zonas más conflictivas del subcontinente. Tropas de elite, mercenarios y agentes de la CIA, la DEA y el FBI actúan sobre el terreno. La "comunidad de inteligencia" y el Pentágono han afianzado su tradicional política de penetración en las fuerzas armadas y las policías locales, mediante convenios de "cooperación", cursos de entrenamiento y asesoría castrense, parte esencial de los jugosos negocios del complejo militar-industrial.
La participación de tropas de despliegue rápido estadounidenses junto a efectivos de los ejércitos del área en las maniobras militares "Nuevos Horizontes" y "Cabañas", le han permitido al Pentágono conocer distintos teatros de operaciones y reclutar oficiales nativos. "Nuevos Horizontes" se lleva a cabo a nivel hemisférico desde 1996. Iquitos, en Perú; Salta y Misiones, en el norte argentino; el Petén guatemalteco; el departamento salvadoreño de Usulután, y República Dominicana son otros tantos escenarios donde se han realizado maniobras conjuntas de ese tipo.
En 2002, el gobierno peruano se vio obligado a cancelar el programa de cooperación militar y acción cívica "Nuevos Horizontes" de la Marina estadounidense, cuando legisladores denunciaron que el plan encubría la construcción de una base militar permanente, con pista de aterrizaje, en la localidad de Uchiza, en el Alto Huallaga, corazón de la Amazonía peruana.[19] La operación involucraba al menos a 200 infantes de Marina estadounidenses equipados con armas cortas, tres helicópteros, un barco, material de construcción y maquinaria pesada.
Un funcionario de la Embajada estadounidense en Lima admitió al diario local La República que el plan "Nuevos Horizontes" incluía el "entrenamiento de las fuerzas de reserva de Estados Unidos, para que estén en capacidad de desplazarse en tiempos de desastres o de guerra, como en Afganistán".[20] Según el legislador Javier Diez Canseco, el Comando Sur quiere convertir a Perú en una cabecera de playa del Plan Colombia. Perú tiene una frontera de 1,625 kilómetros con Colombia. "Nuevos Horizontes iba a ser la mayor operación militar emprendida por Estados Unidos en América Latina, e incluía la instalación de una base militar (...) que puede servir para intervenir comunicaciones, realizar vuelos de control sobre el área, entrenamiento de personal y para comprometer a nuestra tropa en el Plan Colombia".[21]
El año pasado, el embajador estadounidense en Lima, John Hamilton negó que su gobierno pensara construir una base militar en el Alto Huallaga, pero admitió que tropas de su país habían realizado "ejercicios conjuntos" con efectivos peruanos.[22] También negó que el Comando Sur piense construir una base militar en Nanay, Iquitos. Sin embargo, reconoció que el gobierno de Estados Unidos apoyó la construcción del Centro de Capacitación Ribereño de Iquitos, ubicado en la Base Naval del río Nanay. Una nota de prensa de la Embajada estadounidense admitió que "personal antinarcóticos calificado, personal militar especializado y del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos trabajan temporalmente en el centro para ayudar en los cursos de capacitación para miembros de la Dinandro y la Armada peruana".[23] Según la nota diplomática se habían realizado nueve cursos, habiéndose graduado hasta esa fecha cerca de 600 efectivos peruanos.
Durante 2003, la administración Bush invertirá 140 millones de dólares en Perú y otros 300 millones en los próximos cinco años.[24] Según informó el nuevo embajador estadounidense en Lima, John Dawson, esta año se reanudarán los vuelos de interdicción; dijo que pilotos peruanos son entrenados en Estados Unidos.
Argentina: ¿Deuda por bases?
Un punto clave de la nueva estrategia militar estadounidense es Argentina. La presencia de boinas verdes estadounidenses en territorio argentino salió a la luz pública hace dos años, en el marco de las maniobras militares conjuntas "Cabañas 2001". Según la información oficial, en las maniobras ¾que tuvieron como base la V Brigada Mecanizada del ejército argentino en la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia¾ tomaron parte 1,200 efectivos, el 60% argentino, 200 estadounidenses y el resto proporcionalmente de los siete países restantes: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.[25] El analista Luis Bilbao tituló un despacho periodístico de una manera por demás sugerente: "EU alista un ejército para el ALCA".
Poco después un diario de Gualeguaychú, El Argentino, informó que en Mazaruca, un paraje próximo al puerto natural de aguas profundas de Ibicuy, al sur de Entre Ríos, "dos barcos, numerosos helicópteros y un número indeterminado de tropas estadounidenses realizaban maniobras con efectivos de la Armada argentina".[26] De acuerdo con analistas locales, los simulacros de combate en el olvidado puerto de Ibicuy formarían parte de un plan para establecer un contingente militar permanente en la zona, con presencia de tropas estadounidenses. El puerto está a tiro de piedra del complejo Zárate-Campana, el centro industrial más importante de Argentina.
Según el periódico entrerriano, Estados Unidos tiene planeadas tres bases en territorio argentino: una en la Antártida (al sur del país), otra en la zona del Delta (centro) y otra en Salta (en el norte). En ese contexto fueron revelados los intentos de Washington de cambiar deuda externa por bases militares. De acuerdo con el despacho de una agencia estatal brasileña, el equipo económico de la Casa Rosada estaba negociando la deuda total de Argentina y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "incluiría la instalación de una base de radares o de misiles en la ciudad de Salta", como parte del plan de escudo galáctico de Bush.[27] Poco después se conocía el propósito del Pentágono de instalar una base militar en Chubut y una base nuclear en Tolhuin, en el centro de Tierra de Fuego.[28]
En abril de 2002 se reveló que un grupo de elite de la milicia estadounidense estaba persiguiendo al mosquito Aedes Aegypti en la provincia norteña de Misiones en el marco de un denominado Plan Vigía.[29] Los marines forman parte del Destacamento del Centro Naval de Investigación Médica de Estados Unidos, estacionado en el puerto peruano de El Callao. Su misión es identificar amenazas infecciosas, entre ellas enfermedades como la que trasmite el virus del dengue, para "reducir al mínimo su impacto en las capacidades operacionales del combatiente en la guerra".[30] El punto de "particular" preocupación es la ciudad de Puerto Iguazú, casualmente una de las ciudades de la Triple Frontera entre Brasil, argentina y Paraguay que desvela a los servicios secretos estadounidenses por tratarse de un presunto "santuario de terroristas" islámicos prófugos.
Colombia: ¿Hacia una vietnamización del conflicto?
Pero sin duda el escenario regional donde Washington viene desarrollando las acciones militares ofensivas y defensivas de mayor envergadura es Colombia. En febrero de 2002, la embajadora norteamericana en Bogotá, Anne Patterson, dijo que en Colombia existen 300 puntos de infraestructura que son considerados estratégicos por Estados Unidos. Fundamentalmente, infraestructura petrolera.[31]
Después de Venezuela y México, Colombia es el país petrolero más importante de la región. Según Stratfor, una agencia especializada de inteligencia, el petróleo, por encima del combate a las drogas y a las guerrillas, es el principal objetivo de Washington en Colombia.[32] En octubre del año pasado se informó que el Pentágono enviaría a Colombia un centenar de elementos de las fuerzas especiales a capacitar a soldados colombianos para proteger el oleoducto Caño Limón Coveñas, que transporta crudo que extrae de la zona la corporación estadounidense Occidental Petroleum.[33]
En febrero de 2003, el Congreso de Estados Unidos aprobó 532 millones de dólares de ayuda militar a Colombia.[34] Los recursos se destinarán a la Brigada XVIII, en Arauca, cuya función primordial es proteger el oleoducto Caño Limón-Coveñas de los ataques de la guerrilla. La brigada recibirá armas, soporte logístico y 10 helicópteros UH-1 Huey. Otra porción del dinero se destinará a la creación de una segunda brigada del ejército; a labores de inteligencia militar y policial, y a la compra de cuatro aviones Hércules C-130 para el transporte de tropas y dos AC-47 (aviones fantasmas) artillados, para operaciones de asalto (ofensivas) contras las FARC y el ELN.
En marzo de este año, el Pentágono tenía en Colombia 411 efectivos (expertos en inteligencia electrónica, planeación táctica, apoyo logístico y reconocimiento aéreo), 11 por encima del tope que le fijó el Congreso estadounidenses hace dos años.[35] Sin embargo, según un informe de abril del presidente Bush al Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la cifra era de 347 militares.[36] Entre ellos hay 49 expertos, incluidos nueve miembros de las Fuerzas Especiales que participan en una misión de rescate de tres espías estadounidenses que fueron capturados por las FARC.
A los uniformados se sumaban 324 civiles estadounidenses desplegados en territorio colombiano. No obstante, el número de civiles, que son citados en los medios de prensa como mercenarios, puede ser considerablemente mayor. Los mercenarios, que se hacen llamar "contratistas militares privados", trabajan para compañías como DynCorp, Northrop Grumman y MPRI, subcontratadas por la Defensa estadounidense. Trabajan para el Pentágono en labores de espionaje, entrenamiento militar y formación de escuadrones de la muerte (paramilitares). Aparecen donde el Pentágono prefiere no ser visto (Bosnia, Croacia, Colombia). En tiempos de paz actúan como un ejército secreto fuera del escrutinio público. En tiempos de guerra no son propiamente soldados y no están obligados a seguir los códigos militares de conducta.
La presencia militar de Estados Unidos en Colombia está acompañada de poderoso instrumental de guerra, logístico y de inteligencia. Inclusive, algunos reportes indican que la inteligencia estratégica del ejército colombiano "ha sido remplazada por un grupo de elite de asesores estadounidenses que se han posesionado de las bases militares" y desde ahí orientan la guerra contra las fuerzas insurgentes.[37] El Pentágono lleva varios años trabajando en la modernización y profesionalización del ejército colombiano, y ha desplegado en el país una base tecnológica de radares, aviones y telefonía para detectar y dar seguimiento a los grupos guerrilleros. Según un informe de Robinson Salazar, el despliegue de personal y equipo estadounidense en territorio colombiano, incluye:
Radar de asiento en la Isla de San Andrés.
Radar de asiento en Riohacha.
Radar y base terrestre en Marandúa, Vichada.
Brigada Oriental del Ejército en Puerto Carreño y Vichada.
Radar y base terrestre de San José del Guaviare y Escuela de Entrenamiento
en Barrancón.
Brigada del Ejército en Caquetá.
Base Militar Tres Esquinas, en Putumayo.
Brigada de patrullaje fluvial en Puerto Leguizamo, Putumayo.
Radar con base terrestre en Leticia, Amazonas.
Base militar de Tolemaida, en Tolima, con 18 helicópteros HV- 1N
Tras la llegada al gobierno de Alvaro Uribe, en agosto de 2002, hubo un escalamiento de la guerra civil. En febrero de este año, Estados Unidos aprobó recursos para el uso de aviones contra las FARC, bajo la cuenta Financiamiento Militar Extranjero. El 1º. de mayo, Uribe anunció en Washington que en breve se reanudará el programa de interdicción aérea, suspendido en el año 2000. El programa de vigilancia original era efectuado con modernos aparatos estadounidenses y contaba con la participación de la Agencia Central de Inteligencia.[38] Uribe pidió al número dos del Pentágono, Paul Wolfowitz, que Estados Unidos envié a Colombia equipamiento militar que ya no necesite en Irak. El mandatario colombiano, quien ha incorporado a la población civil campesina y marginal popular en las labores de contrainsurgencia y de claque, fomentando un paramilitarismo disfrazado, viene abogando a nivel regional por un viejo anhelo del Pentágono: la formación de una fuerza militar multinacional para combatir a las guerrillas.
Con el involucramiento directo de Washington, algunos expertos vaticinan una "vietnamización" del conflicto colombiano; otros opinan que el Pentágono se inclinará por una estrategia quirúrgica; es decir, una salida "a la filipina".
* Periodista y escritor. Autor de El Tercer Vínculo y Samuel Ruiz. El Caminante.
[1] James Petras, "El imperio y los trabajadores: EU y América Latina". Revista Eseconomía No. 3, México, primavera de 2003.
[2] Ibidem.
[3] James Petras, "Imperio neo-mercantilista en América Latina", parte II, Z Magazine, octubre de 2001.
[4] Ibid.
[5] El nombre original que utilizó en 1990 el presidente George Bush (padre) fue Enterprise for the Americas (empresa para las Américas).
[6] El Comando Norte entró en funciones en la base aérea Peterson del Pentágono, el 1º. de octubre de 2002. La ceremonia de inauguración fue presidida por el subsecretario de Defensa de EU, Paul Wolfowitz.
[7] El acuerdo bilateral que permitió el uso de la Base de Manta a militares estadounidenses fue suscrito por el ex presidente Mahuad el 12 de noviembre de 1999.
[8] Robinson Salazar, "La remilitarización de América latina". Argenpress.info, 22 de abril de 2003.
[9] "El patrullaje aéreo con un solo mando militar". El Comercio de Quito, 27 de febrero de 2003.
[10] Kintto Lucas, "Estados Unidos presiona, Ecuador cede". Brecha de Montevideo, 4 de abril de 2003.
[11] "Seguridad: Manta tendrá centro antidrogas". El Comercio, Quito, 29 de enero de 2002.
[12] "Otra base antidrogas se construye en Manta. La embajadora de EE.UU. puso la primera piedra el martes". El Comercio, Quito, 1º. de mayo de 2003.
[13] "Seguridad: Manta tendrá centro antidrogas". El Comercio, Quito, ya citado.
[14] "EE.UU. inyectó USD 37 millones a Antinarcóticos de Ecuador". El Comercio, Quito, 2 de mayo de 2003.
[15] Wilson García Mérida, "La conspiración del embajador", Brecha de Montevideo, 4 de abril de 2003 y Gustavo Guzmán, "Evo Morales es in golpista. Mensaje a Mr. Greenlee", revista Pulso, La Paz, 26 de marzo de 2003.
[16] Wilson García Mérida, "La conspiración del embajador", ya citado.
[17] Robinson Salazar, "La remilitarización de América Latina". Argenpress.info, 22 de abril de 2003.
[18] Ibidem.
[19] Declaraciones del legislador Javier Diez Canseco, recogidas por Jorge Lora Cam y María A. Rosales, "Perú: Nuevos Horizones del Comando Sur". Lima, 10 de mayo de 2002.
[20] Marco Burga, "EEUU niega intención de instalar base militar". La República, Lima, 21 de abril de 2002.
[21] Declaraciones de Diez Canseco citadas por Jorge Lora Cam y María A. Rosales, ya citados.
[22] "El Perú y EE.UU. hacen ejercicios en la selva del Huallaga". El Comercio, Lima, 13 de abril de 2002.
[23] "EE.UU. niega que la DEA o el Comando Sur hayan militarizado Iquitos". Gestión, Lima, 29 de abril de 2002.
[24] "Estados Unidos: Vuelos de interdicción no son ninguna varita mágica". Gestión, Lima, 31 de marzo de 2003.
[25] Luis Bilbao, "EU alista un ejército para el ALCA". Le Monde Diplomatique, Santiago de Chile, septiembre 2001. Según información contradictoria de la prensa local, citada por Bilbao, participaron 464 efectivos argentinos y 574 estadounidenses.
[26] Ibidem.
[27] Citado por Luis Bilbao en "EU alista un ejército para el ALCA". De acuerdo con la información, durante su segunda administración, el presidente Carlos Menem había aprobado un proyecto para la instalación de radares en la región de Salta. Las corporaciones estadounidenses Raytheon y General Electric estaban interesadas en el plan.
[28] Según la información oficial, la base de Tolhuin sería simplemente una instalación científica destinada a detectar "ensayos nucleares".
[29] Miguel Bonasso, "Marines en Argentina. Persiguiendo al mosquito Aedes Aegypti". Milenio diario, México, 6 de abril de 2002.
[30] Ibidem.
[31] "EU cuidará intereses petroleros en Colombia, dice embajdora". El Ttiempo, Bogotá, 10 de febrero de 2002.
[32] "El petróleo es el principal objetivo de EU en Colombia, según agencia de información". El Tiempo, 30 de octubre de 2002.
[33] "Washington se involucra militarmente en Colombia". El Nuevo Herald de Miami, 30 de octubre de 2002.
[34] "Congreso de E.U. aprobó 532 millones de dólares de ayuda para Colombia". El Tiempo, Bogotá, 14 de febrero de 2002.
[35] "Guerra. Gringos al rescate". Semana, Bogotá, 3-9 de marzo de 2003.
[36] "347 militares estadounidenses estaban en Colombia en marzo". El Tiempo, 22 de abril de 2003.
[37] Robinson Salazar, "La remilitarización de América Latina", ya citado.
[38] "EU y Colombia reanudarán "pronto" su programa de interdicción aérea". El Tiempo, Bogotá, 2 de mayo de 2003.