WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA

BOLIVIA:

Los programas antidrogas de EE.UU.

promueven la militarización

y causan violaciones a los derechos humanos

Por Kathryn Ledebur

Cuando las fuerzas de seguridad financiadas por Estados Unidos le dispararon y mataron al líder cocalero Casimiro Huanca, el 6 de diciembre de 2001, durante una protesta pacífica, su muerte reflejó la creciente violencia en el Chapare, la mayor zona de cultivo de coca en Bolivia. Las protestas y la consiguiente violencia resultaron de la creciente militarización de la lucha antidroga en la zona. Entre 2001 y 2003 21 cocaleros han muerto y al menos 500 han sido heridos o detenidos en un país considerado por Estados Unidos como su mayor éxito latinoamericano en la lucha anti-drogas, con la erradicación de más de 40.000 hectáreas de coca en la región.

Pero el precio del éxito ha sido muy alto. Los escasos programas viables de desarrollo alternativo para proporcionar medios de subsistencia a la población afectada no han estado a la altura de los grandes logros de la erradicación en el Chapare. La erradicación de los cultivos de coca ha resultado también en la pérdida de aproximadamente 500 millones de dólares cada año para la economía de Bolivia, el país latinoamericano más pobre después de Haití.[1]

Aunque la escala del conflicto social y de las violaciones de los derechos humanos no pueden compararse con las de países latinoamericanos vecinos, una revisión de los programas de línea dura financiados por Estados Unidos en Bolivia constituye un importante estudio de caso. En Colombia y Perú es difícil o casi imposible atribuir directamente los abusos a las fuerzas anti-drogas debido a las complejidades creadas por las acciones de la guerrilla y los paramilitares. En contraste, la inefectividad y el perjuicio abierto generados por los programas anti-drogas militarizados es claramente evidente en Bolivia. Esta causalidad directa proporciona una oportunidad única para evaluar explícitamente la política actual en el escenario, a menudo confuso, de la guerra contra las drogas en los Andes.

Antecedentes

Los primeros programas anti-drogas financiados por Estados Unidos y el papel de las fuerzas armadas

La región semi-tropical del Chapare es una de las dos zonas de producción primaria de coca en Bolivia. Aunque algunas regiones del país, como los Yungas, han producido coca durante siglos, la gran mayoría de la producción de coca en el Chapare empezó más recientemente a consecuencia de la masiva migración de agricultores campesinos y ex-mineros hacia el área. Las medidas económicas de ajuste estructural implementadas en 1985 para aliviar la abrumadora hiperinflación aceleraron esta migración. La relativamente accesible región del Chapare brindó una gran válvula de escape para el excedente de fuerza de trabajo y los pequeños agricultores campesinos sin tierra. La economía de la coca ayudó a estabilizar la moneda al generar ingreso para esta población desplazada, y estimuló en gran medida a la economía nacional.[2]

Cuando comenzaron, a fines de la década del 80, los programas financiados por Estados Unidos para combatir la producción de coca en Bolivia sufrían de mala coordinación, corrupción y un desarrollo alternativo inefectivo. Generalmente, los funcionarios del gobierno boliviano cumplían los objetivos mínimos de erradicación para lograr la certificación estadounidense por cooperar en los esfuerzos anti-drogas y así conservar el financiamiento y el acceso a préstamos internacionales, pero la coca erradicada era rápidamente reemplazada. Tres gobiernos bolivianos sucesivos (los de Paz Estenssoro, Paz Zamora y Sánchez de Lozada) fueron reacios a presionar demasiado por temor a generar enfrentamientos con los cocaleros, que conservaban algún grado de apoyo popular. El gobierno de Paz Zamora (1989-1993) erradicó las 7.000 hectáreas requeridas, pero la superficie cultivada neta aumentó en 312 hectáreas.[3]

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 - 1997) usó la erradicación tanto voluntaria como forzosa. En 1994 y 1995 Bolivia recibió 69,8 millones de dólares, más financiamiento anti-drogas que cualquier otro país andino. A pesar de este mayor financiamiento, los objetivos estadounidenses de certificación no fueron alcanzados. Aunque el presidente Clinton certificó a Bolivia en 1995, su gobierno exigió la aprobación de un tratado de extradición con Estados Unidos, un plan de erradicación completo y la erradicación de 1.750 hectáreas de coca.[4][4] El 18 de abril de 1995, el gobierno decretó un estado de sitio de tres meses en respuesta a la masiva protesta social, para cumplir hasta junio los esfuerzos de erradicación requeridos.[5][5] El estado de sitio, que al final duró seis meses, incluyó un toque de queda, prohibió las reuniones, y produjo detenciones de cocaleros y de otros líderes. A la conclusión del estado de sitio, el gobierno finalmente alcanzó su objetivo a través de la erradicación voluntaria por parte de los cocaleros.

EE.UU. crea una función antidroga para los militares bolivianos y estaodunidenses

Aunque a mediados de los ochenta todavía no existía un mandato específico para su participación, las fuerzas armadas estadounidenses comenzaron entonces a participar en operativos antidrogas en Bolivia. La participación de la Fuerza Aérea Boliviana y de otras ... en la interdicción fue limitada, para reducir el riesgo de corrupción.[6] El amplio rechazo popular a este nuevo rol limitó inicialmente la inserción militar.[7] A pesar de la disposición constitucional que exige la aprobación previa del Congreso boliviano para la presencia de tropas extranjeras en suelo boliviano, el gobierno EE.UU. envió una unidad del ejército como parte de la Operación Blast Furnace. El operativo fue mal organizado, le faltó coordinación y no demostró impacto duradero en una reducción de la producción de droga en la región. La presencia de tropas estadounidenses sin aprobación congresal provocó la protesta pública por la violación de la soberanía nacional y casi hizo caer al gobierno de Paz Estenssoro. [8]

A pesar del rechazo general hacia los militares norteamericanos, en 1987 las fuerzas especiales comenzaron el entrenamiento militar de UMOPAR, la policía antidroga en el Chapare, como parte de Operation Snow Cap.[9] En 1988, el Grupo Militar de la Embajada norteamericana creó los "Diablos Rojos", una unidad de pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana, y una unidad de la Fuerza Naval, los "Diablos Azules", para operativos de interdicción. Existieron múltiples denuncias de corrupción en contra de ambos grupos. En 1991, como parte de la Iniciativa Andina, el gobierno estadounidense comenzó "una incorporación deliberada de fuerzas militares del país huésped [Bolivia] en la lucha antidrogas y expandió el papel de las fuerzas militares estadounidenses en toda la región".[10] Sometido a presión, el Presidente Paz Zamora aceptó la propuesta. La participación de las fuerzas militares bolivianas en la lucha antidrogas y la cada vez mayor presión estadounidense provocaron crecientes protestas de parte de los sindicatos de productores de coca en la región del Chapare.

El ex-dictador Hugo Banzer, elegido en 1997, abandonó el enfoque tímido y la participación militar limitado para tratar de cumplir las exigencias estadounidenses sin desestabilizar al país y propuso un enfoque frontal y desenfrenado de la erradicación en los cinco años del Plan Dignidad que implementó su gobierno. Para sorpresa de críticos y oficialistas, el plan casi logró su meta de una erradicación total en el Chapare. Lamentablemente, la incapacidad del gobierno para proporcionar medios de subsistencia a las familias afectadas con el desarrollo alternativo provocó una espiral de protesta y confrontación que puso en riesgo la estabilidad del gobierno Banzer.

El conflicto y el descontento social emergentes de la aplicación de la política anti-drogas estadounidense en la región del Chapare ocurren generalmente en ciclos recurrentes de protesta, represión y conciliación temporal. "El ciclo del conflicto puede entenderse con un origen en la falta de cumplimiento de los acuerdos entre los sindicatos cocaleros y el gobierno, o se activa por decisiones unilaterales del gobierno o los cocaleros, lo que produce un continuo estado de tensión, inestabilidad y de inestabilidad entre ambos."[11] Con la aplicación del Plan Dignidad, la intensidad y duración de los conflictos aumentaron exponencialmente.

El Plan Dignidad: demasiada erradicación, demasiado rápido

El diálogo nacional: un mandato cuestionable

El Plan Dignidad del gobierno de Banzer, de cinco años de duración, lanzado en 1998, proponía la eliminación total de la coca del Chapare considerada como ilegal por la Ley anti-drogas 1008 para el año 2002. Luego, funcionarios exageradamente ambiciosos proclamaron que la meta de "coca cero" se alcanzaría a principios de 2001.

Según el texto del Plan Dignidad, su contenido se basa en el Diálogo Nacional realizado en 1997 entre funcionarios del gobierno y miembros de organizaciones de la sociedad civil boliviana, incluyendo a los cocaleros. Aunque el Diálogo Nacional es presentado como el fundamento del apoyo popular al plan, su implementación contradijo varios de los preceptos clave del diálogo. Las conclusiones del Diálogo especificaban que los esfuerzos anti-drogas 1) debían alejarse del énfasis del pasado en las medidas represivas, 2) debían respetar los derechos humanos, y 3) debían promover el diálogo entre los cocaleros y el gobierno.[12] En 1999, la unidad de Análisis de Políticas de Defensa (UDAPDE), un centro de investigaciones dentro del Ministerio de Defensa boliviano, señaló que el plan había sido redactado e implementado sin consolidar el apoyo a largo plazo de los actores no-gubernamentales y sin tomar en cuenta los efectos sociales y políticos de su implementación. Criticó al gobierno por "subestimar los costos implicados... [por el] contexto de inestabilidad y conflicto recurrente en las regiones cocaleras. Esto sigue reflejando una cultura democrática que aún debe valorar la paz como un recurso estratégico para el desarrollo económico."[13] Esta crítica era correcta: la implementación del plan resultó en el uso de fuerte represión y la ausencia de diálogo productivo.

El plan de cinco años propuso cuatro pilares de acción: desarrollo alternativo, prevención y rehabilitación, erradicación de la coca excedentaria, e interdicción en base a una "responsabilidad compartida" con la comunidad internacional para alcanzar estas metas.[14] En la práctica, el gobierno boliviano se ocupó principalmente en la erradicación forzosa de 40.000 hectáreas de coca.

Erradicación forzosa con militarización

La erradicación forzosa se convirtió en el núcleo del plan, al tiempo que el financiamiento e implementación de los otros tres pilares del plan de cinco años se quedaban atrás. Los esfuerzos de desarrollo alternativo no lograron igualar a los rápidos avances en la erradicación. El presidente Hugo Banzer advirtió en 2001: "Ha llegado la hora de que el mundo valore nuestra acción y de que traduzca esta valoración en inversiones que generen empleo para reemplazar los puestos de trabajo y el ingreso eliminados junto con las parcela de coca, y de que abra sus mercados a los productos que han remplazado el volumen de veneno que hemos ayudado a retirar de las áreas de consumo [de drogas]."[15] La comunidad internacional no logró proporcionar los más de 700 millones de dólares presupuestados para el plan. Los 85 millones de dólares en ayuda estadounidense al desarrollo alternativo probaron ser demasiado poco y llegaron muy tarde para contener la latente contienda social.

La piedra angular de la amplia estrategia de erradicación era la creación de un rol anti-drogas directo para las Fuerzas Armadas bolivianas en la erradicación forzosa. Esta institución había participado antes solamente en algunos esfuerzos de interdicción aéreo y por ríos. La formación e inserción en abril 1998 de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), una fuerza combinada de policías y militares, desató tres meses de violento conflicto en la región, dejando trece cocaleros y tres miembros de las fuerzas de seguridad. muertos. El uso de conscriptos del servicio militar para erradicar manualmente las plantas de coca llevó a grandes avances en la erradicación de coca pero con un alto costo social.

Un intento de iniciar la erradicación forzosa en la región de los Yungas, a pesar de ser considerada por la Ley 1008 como zona de producción tradición de coca, fracasó calamitosamente en junio de 2001. Los cocaleros y la población en general resistieron violentamente la incursión de la FTC a la región, y el 19 de junio, el gobierno boliviano aceptó suspender la erradicación forzosa y retiró a las fuerzas de seguridad de la región. Este intento de erradicar coca en la zona tradicionalmente legal disminuyó el apoyo público al Plan Dignidad, ya que el pueblo boliviano expresó frustración por los cambiantes parámetros de cumplimiento de las metas anti-drogas.

En septiembre de 1999, Estados Unidos anunciaron que financiaría y construiría tres bases militares para alojar a los soldados de la recién formada Novena División de Ejército.[16] A mediados de septiembre de 2000, los cocaleros bloquearon la carretera panamericana que une Cochabamba y Santa Cruz durante más de un mes para protestar por la construcción de los cuarteles, y el plan fue cancelado.

Los exageradamente confiados autores del Plan Dignidad adelantaron el plazo para llegar a la meta de "coca cero" en la región del Chapare a diciembre de 2000. En esa fecha, el gobierno boliviano anunció prematuramente que había erradicado completamente toda la coca en la región del Chapare. Un mes después, admitieron que aún existían 600 hectáreas y poco tiempo después el ministro de gobierno admitió que a consecuencia de un error de satélite, se habían identificado otras 6000 hectáreas.[17] Desde entonces, la extendida replantación de coca y la activa resistencia campesina ha impedido continuamente la eliminación total de los cultivos de coca. Según las fuerzas de erradicación bolivianas, las fuerzas de seguridad erradicaron aproximadamente 6.000 hectáreas de coca en 2001, restando al menos 4.000, mientras que el Departamento de Estado fija la erradicación total del año en 9.395 hectáreas.[18] Los funcionarios de la erradicación han confirmado que seguirá habiendo presencia militar permanente en la región para impedir una mayor replantación.[19]] Esta permanente presencia militar, combinada con la incapacidad para brindar desarrollo alternativo viable, ha creado una olla de presión en el Chapare.

El conflicto de septiembre de 2001 a febrero de 2002

Resistencia y mayor presencia militar

En respuesta al fracaso del fracaso del desarrollo alternativo en proporcionar medios de subsistencia para las aproximadamente 35.000 familias que cultivan coca afectadas por la erradicación forzosa en la región del Chapare, a mediados de septiembre de 2001, los cocaleros adoptaron una postura más firme contra la erradicación militarizada financiada por Estados Unidos, rodeando los campamentos de erradicadores y bloqueando el ingreso de las tropas a las parcelas de coca replantada. Protestaban así contra el fracaso del desarrollo alternativo en proporcionar medios de subsistencia adecuados. Las tensiones crecieron en la región. Las fuerzas de seguridad usaron indiscriminadamente la fuerza (lanzando gas lacrimógeno y disparando balines de goma y balas de guerra) contra los pobladores del Chapare.

Durante todo el conflicto hubo quejas repetidas contra las fuerzas de seguridad, especialmente contra la Fuerza de Tarea Expedicionaria (FTE). La FTE consiste de empleados civiles contratados para funciones de erradicación y represión que, según se informa, han arrestado arbitrariamente, golpeado y torturado a grupos de pobladores chapareños. El mes siguiente marcó un agravamiento del conflicto. El 6 de noviembre, los productores de coca anunciaron que bloquearían la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, la vía principal que cruza el Chapare. En respuesta, el gobierno boliviano trasladó a otros 2.000 soldados y oficiales de policía a la región, y estableció puntos de control rígidos en los puentes y cruces principales, declarando que no permitirían la interrupción del libre tránsito. Las tensiones llegaron al máximo el 15 de noviembre, cuando miembros de las fuerzas combinadas dispararon munición de guerra a un grupo de cocaleros que trataba de bloquear la carretera Santa Cruz-Cochabamba cerca de Ivirgarzama.

La violencia lleva a las partes a la mesa de negociaciones y las charlas se rompen a consecuencia de la presión estadounidense

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los cocaleros, que crecieron en intensidad entre el 15 y 22 de noviembre, llevaron a ambas partes a aceptar el diálogo facilitado por la Iglesia Católica, la oficina del Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, entre el 26 y el 28 de noviembre.

Durante las negociaciones, ambas partes del conflicto parecían bien dispuestas a hacer concesiones. El gobierno boliviano ofreció dar una compensación a cada familia comprometida en esfuerzos de desarrollo alternativo. Los cocaleros expresaron su disposición a considerar la propuesta, pero pidieron que la erradicación se pospusiera durante otros tres días para continuar las negociaciones. El gobierno boliviano se negó, y la FTC empezó de nuevo la erradicación el 29 de noviembre. Ambos lados, así como miembros de los grupos de facilitadores, atribuyeron la causa de la ruptura del diálogo a la fuerte presión de parte de Estados Unidos para reiniciar la erradicación.[20]

La Embajada de Estados Unidos ya había dejado en claro que la importancia de la erradicación forzosa era mayor que la necesidad de negociar con los productores de coca. Manuel Rocha, el embajador estadounidense, declaró el 17 de octubre de 2001 que si Bolivia no seguía implementando el Plan Dignidad, el país perdería una gran cantidad de financiamiento estadounidense. Dijo: "Si llega un momento en que deje de existir este compromiso, tengan la seguridad de que nuestra ayuda será diferente. Los fondos están ahí debido al compromiso y, sin él, la ayuda disminuirá."[21] Este comentario presionó a funcionarios del gobierno boliviano a confirmar que los esfuerzos de erradicación continuarían en el Chapare pese al hecho de que persistían los temas subyacentes que llevaron al gobierno boliviano y a los cocaleros a la mesa de negociaciones en noviembre. El conflicto continuó.

El 1 de diciembre, los cocaleros decidieron reiniciar los bloqueos de caminos, pero expresaron su disposición a participar en negociaciones posteriores. El 6 de diciembre, el presidente boliviano Jorge Quiroga viajó a Washington donde se entrevistó con funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo al presidente George W. Bush, para hablar sobre los esfuerzos anti-drogas y los acuerdos comerciales. El mismo día, la FTE gasificó una manifestación pacífica en Chimoré sin previa provocación y disparó a 2 miembros de la federación de productores de coca, matando al líder sindical, Casimiro Huanca, provocando la reacción airada de la opinión pública boliviana así como de las organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos.

El gobierno boliviano firma un acuerdo con los cocaleros

El 9 de febrero de 2002 los dirigentes cocaleros y los representantes del gobierno llegaron a un acuerdo. La espiral de violencia que comenzó a mediados de enero podría haberse evitado si los funcionarios del gobierno hubieran negociado antes los mismos puntos. Es muy probable que las concesiones hechas en el acuerdo solamente sirvan como un parche superficial y temporal para problemas sociales de raíces hondas. La violencia brotó de nuevo después de la posesión del nuevo presidente, Aunque el acuerdo pacificó temporalmente la región, también molestó a los gobernantes estadounidenses, que criticaron duramente al gobierno de Quiroga por retroceder en el cumplimiento completo de los objetivos anti-drogas de Estados Unidos en la región.

Gobierno de Sánchez de Lozada: Presión Estadounidense y Militarización

El gobierno de Sánchez de Lozada heredó un conflicto cíclico de protesta y represión del gobierno a los cocaleros. En un esfuerzo por romper este ciclo, el gobierno y los líderes cocaleros iniciaron un diálogo extenso a mediados de septiembre de 2002. Los grupos llegaron a un consenso en ciertos aspectos claves; sin embargo, todavía quedan otros temas claves por resolver, tal como la demanda de los cocaleros de desmilitarizar el Chapare, región de cultivo de coca y de una pausa en la erradicación forzosa. Los productores cocaleros siguen exigiendo que las fuerzas armadas bolivianas se retiren de la región, como prometió durante la campaña electoral el ahora Presidente Sánchez de Lozada. La Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero urgió al presidente que cumpliera su promesa, declarando: "Creo que en el Chapare se espera que ocurra esto... los ciudadanos esperan que el presidente cumpla lo que prometió como candidato".[22] Romero de Campero también señaló que la concentración de tropas en el Chapare es anormalmente alta para una región tan pequeña.

Aunque el gobierno habló de desmilitarización, la Novena División de Ejército inauguró una extensa infraestructura nueva en su base de Ibuelo, financiada por el gobierno estadounidense. El Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Teniente Coronel Hernán Caprirolo, dijo que él personalmente cree que el número de militares en la región debía duplicarse para garantizar la tranquilidad allí. Los productores de coca también demandaron una pausa en la campaña de erradicación militarizada.[23]

La participación del gobierno en el diálogo reflejó tanto la nueva fuerza política del partido político MAS como resultado del mayor número de su bancada parlamentaria, producto de la elección de junio pasado, como la debilidad de la coalición del gobierno. En las elecciones de junio de 2002, el MAS ganó 27 de los 130 escaños en la Cámara de Diputados y 8 de los 27 escaños del Senado, lo que lo convirtió en el segundo bloque más grande del Congreso boliviano. En la contienda presidencial, el líder del partido, Evo Morales, quedó a sólo uno y medio puntos porcentuales detrás del ganador. El MAS obtiene gran parte de su apoyo entre los cocaleros y en un gran electorado descontento con los partidos tradicionales y las políticas económicas de Bolivia.

Luego de que los funcionarios estadounidenses expresaran su oposición a cualquier interrupción en los esfuerzos por reducir la coca, las conversaciones fracasaron. Como resultado, el 13 de enero, los cocaleros y otros sectores sociales empezaron a bloquear los caminos por todo el país. La represión gubernamental de los bloqueos provocó la muerte de once personas, y muchas resultaron heridas.

El 14 de febrero, los representantes del gobierno declararon que, durante un estudio de seis meses de los mercados de coca tradicionales y legales – cuyos alcances y parámetros debían negociarse entre cocaleros y gobierno –, podrían permitir la producción de aproximadamente 800 metros cuadrados de coca por familia en el Chapare. La oferta fue en respuesta a la propuesta de los cocaleros, lanzada el 9 de febrero, de erradicar voluntariamente todos los campos de coca, dejando una hectárea por familia. Aunque la propuesta del gobierno representa una mayor flexibilidad, no está claro si esto ocurrirá realmente.

Los funcionarios estadounidenses declaran de manera consistente una oposición a cualquier cambio en la política de erradicación. Un miembro del gobierno boliviano admitió: "Estamos entre la espada y la pared. Por un lado, tenemos la presión social de los cocaleros, y por el otro, la presión internacional". Otto Reich, entonces Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que "una pausa en la erradicación influiría en las relaciones [entre los Estados Unidos y Bolivia] porque para nosotros [el gobierno de los Estados Unidos] la erradicación de coca ilegal es muy importante". En puntos claves para las negociaciones, los dictados de la política antidrogas de los Estados Unidos impiden acuerdos duraderos.

Además, la impunidad arraigada promueve la violación de los derechos humanos, ya que no existe ningún impedimento para el uso excesivo de la fuerza u otros abusos por parte del personal de las fuerzas de seguridad, quienes aún tienen que enfrentar las consecuencias legales.

Las fuerzas de seguridad bolivianas en el Chapare

Una multiplicidad de fuerzas regulares

Es evidente que el fuerte énfasis en la militarización ha tenido un impacto mucho mayor; lamentablemente, este impacto ha sido negativo, pues las fuerzas existentes han sido reforzadas y se han creado nuevas fuerzas. La mayor militarización ha provocado un aumento en las violaciones de derechos humanos y ha catalizado una respuesta cada vez más agresiva y a veces violenta de los cocaleros. UDAPDE advirtió en 1999 que la mentalidad belicosa de la "guerra a las drogas" inculcada a las fuerzas de seguridad provocaría mayor violencia y polarizaría aún más el conflicto.[24]

A fines de noviembre de 2001, entre 4.000 y 4.500 miembros de las fuerzas de seguridad estaban estacionadas en el Chapare, un incremento de aproximadamente 2.000 efectivos desde fines de octubre. Este traslado temporal de tropas marcó el máximo de todos los tiempos en la militarización de la región.[25] Se alcanzó esta mismo nivel de militarización en 2002 y 2003.

A principios de noviembre de 2001, el gobierno boliviano confirmó la existencia de un total de dieciocho campamentos "temporales" de fuerzas combinadas en la región. Funcionarios del gobierno estadounidense afirman que están trabajando para mejorar la infraestructura de las fuerzas combinadas en la región. En el acuerdo del 15 de octubre de 2000 entre los dirigentes de las Seis Federaciones de Cocaleros y funcionarios del gobierno, se declara que no se construirían nuevos cuarteles en la región del Chapare. [26]Sin embargo, los cocaleros interpretan la construcción a gran escala y la remodelación dentro de los cuarteles militares existentes como una violación de este acuerdo.

Los gobiernos de Estados Unidos y de Bolivia afirman oficialmente que una presencia militar permanente en la región es indispensable para mantener los logros de la erradicación y para impedir el resurgimiento de los cultivos de coca.[27] Inicialmente, la FTC debía ser licenciada en diciembre de 2000, luego de la finalización de los esfuerzos de erradicación forzosa.32 Muchos analistas creen que el compromiso estadounidense de financiar una presencia permanente es costoso y perjudicial para la frágil democracia boliviana. El permanente uso de la acción militar en los esfuerzos anti-drogas (tradicionalmente considerados como función policial) es contradictorio frente a los esfuerzos del país de establecer un sistema de gobierno civil creíble.

Bolivia ha realizado elecciones democráticas regulares solamente desde 1982, y es un país famoso por sus frecuentes golpes militares y cambios de gobierno. Entre julio de 1978 y julio de 1980, se realizaron dos elecciones, gobernaron cinco presidentes que no ganaron ninguna elección y hubieron tres golpes de estado exitosos.[28] La elección del ex-dictador militar Hugo Banzer en 1997 aumentó la preocupación de que los militares pudieran salir de su relativamente nuevo rol subordinado ante el poder civil.

Las fuerzas de seguridad en el Chapare

Una investigación de la oficina del Defensor del Pueblo en el Chapare en octubre de 2001 detalló el complejo mosaico de cuarteles militares y policiales instalados en la región, y que constituye una presencia masiva diseñada para controlar a 35.000 familias productoras de coca.[29]* Estas mismas unidades permanecen en 2003, con la excepción de la Fuerza de Tarea Expedicionaria, que ha sido reemplazado por la Unidad Operativo del Trópico, una fuerza policial.

-- Cuartel de UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural: policía anti-drogas financiada por EE.UU.) en Chimoré, y puestos y puntos de control en otras siete localidades.

-- Cuartel de la Fuerza de Tarea Expedicionaria en Chimoré, que aloja a 500 elementos asalariados, no militares, dedicados a tareas de erradicación y de seguridad.

-- Centro de Entrenamiento Internacional "Garras de Valor" en Senda Tres, para entrenar a los futuros oficiales de UMOPAR y a personal militar y policial de otros países latinoamericanos.

-- Novena División de Ejército en Ibuelo. En este cuartel se realizan actualmente amplias construcciones para mejorar y ampliar su infraestructura.

-- Campamento de la Fuerza de Tarea Conjunta en Isinuta, establecida hace tres años.

-- Campamento Ichoa, de la Fuerza de Tarea Conjunta.

-- Centro de Instrucción en Operaciones en la Selva* (CIOS II) en Santa Rosa – infraestructura militar consolidada que aloja a conscriptos militares.

-- Centro de Operaciones Especiales* de la Fuerza Naval (COE) en Puerto Villarroel, base naval establecida.

-- Cuartel del Batallón de Infantería BI-26 en Colomi (pueblo de montaña cercano al Chapare), construido en 1970.

-- Siete campamentos móviles de erradicación de la FTC.

-- Diablos Azules, Fuerza Naval Boliviana, Puerto Villarroel

*Fuente: "La Defensora advierte del peligro de la militarización en el Chapare." La Razón. 3 de octubre de 2001. Ver además la entrevista de la autora con Godofredo Reinicke, Representante Especial del Defensor del Pueblo en el Chapare. 15 de octubre de 2001.

La Fuerza de Tarea Expedicionaria (FTE)

La Fuerza de Tarea Expedicionaria fue formada en enero de 2001con 500 miembros. Este grupo no es parte de la Policía ni de las FF.AA. bolivianas, aunque tiene comandantes militares. La fuerza recibe financiamiento para transporte, alimentación, uniformes y un bono de aproximadamente cien dólares de la Sección de Asuntos de Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos, y es entrenada por miembros del Grupo Militar de Estados Unidos.34 La Defensora del Pueblo Ana María Romero sostiene que los miembros de la FTE son mercenarios, y dijo a la prensa que las FF.AA. bolivianas no tienen autorización para aumentar el número de personas que emplean sin la aprobación del Congreso.[30]35 La lógica que subyace a la creación de esta nueva fuerza contratada es cuestionable. Aunque el Departamento de Estado alega que los miembros de la fuerza son parte de la reserva militar que han terminado su servicio militar obligatorio, no existe tal cuerpo formal dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas. Si este fuera el caso, la gran mayoría de los bolivianos varones adultos podrían ser considerados como parte de la reserva.

La FTE ha sido implicada en un porcentaje significativo de las violaciones de derechos humanos en la región del Chapare, incluyendo las muertes de tres cocaleros: Casimiro Huanca, Andrés Condori y Marcos Ortiz Llanos. Los defensores de los derechos humanos, e inclusive oficiales militares, han expresado preocupación sobre el estatus irregular de este grupo. En marzo de 2002, cinco miembros del Congreso estadounidense demandaron que se suspendiera el financiamiento para esta fuerza debido a las acusaciones creíbles de graves violaciones de los derechos humanos. A pesar de la crítica de parte de estos congresistas estadounidenses y de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, la FTE creció hasta llegar a 1.500 miembros en enero de 2002. En ese mismo año , algunos miembros de las fuerzas de seguridad declararon en privado que "se les fue la mano a la FTE el año pasado". [31] 36

El gobierno de los EE.UU. retiró el financiamiento de la fuerza el 31 de julio de 2002, a consecuencia de la presión política de un grupo de congresistas estadounidenses y criticas en el primer plano del Washington Post.

El rechazo popular a la creación de nuevas unidades llevó a una reevaluación del papel de las fuerzas armadas en los esfuerzos antidrogas, no sólo por parte de analistas políticos y defensores de los derechos humanos, sino también dentro de la propia institución.

B. Efecto de la política antidrogas de EE.UU. en las relaciones entre civiles y militares

Al principio, la participación militar en la guerra contra las drogas fue esporádica y limitada a misiones aisladas. Con el regreso a la democracia en 1982, las fuerzas armadas querían limpiarse el estigma antidemocrático de su participación en las dictaduras militares y la reputación de su implicación directa en el narcotráfico durante la dictadura de García Meza. Con el advenimiento de líderes democráticos, el presupuesto de las fuerzas armadas empezó a disminuir. La participación en los esfuerzos antidrogas fue percibido como una posibilidad para recuperar legitimidad y financiamiento a través de la ayuda antinarcóticos de Estados Unidos.

Junto con un renovado prestigio, la permanente inserción de las fuerzas armadas como pieza central del programa de erradicación forzosa acelerada del Pan Dignidad produjo fricciones. Se hizo clara una contradicción entre el estricto control del financiamiento por la Sección de Asuntos de Narcóticos de la Embajada de EE.UU. y las necesidades económicas del ejército. Aunque la Fuerza de Tarea Conjunta ganó reconocimiento público por la exitosa erradicación, también recibió duras críticas por sus violaciones de los derechos humanos. La influencia y control directos de los militares y autoridades antidrogas estadounidenses resultaron abundantemente claros: un papel difícil de tragar para fuerzas que se identifican a sí mismas como patrióticas. Un extenso estudio realizado en 1998 entre el personal militar boliviano halló que el 72,6% de ellos creían que las fuerzas armadas estaban participando en la lucha antidroga como consecuencia de la presión estadounidense. Más de un tercio de los militares interrogados creían que la participación en la lucha antidrogas obligó a las fuerzas militares a descuidar sus deberes tradicionales.[32] Sólo el 7,77% pensaba que la seguridad interna y la lucha antinarcóticos eran el rol militar más importante. El 66,45% dijo que la misión más importante es la que consta en la constitución boliviana, que no autoriza la participación militar en la represión antidrogas dentro del país, ni en tareas de cumplimiento de las leyes. [33]

La dependencia frente a los dictados de Estados Unidos y la ineficacia del Plan Dignidad resultaron evidentes para algunos comandantes. Un oficial de la erradicación dijo: "Somos completamente conscientes de que si erradicamos todo, nos quedamos sin trabajo". Y, bromeando, añadió: "A este paso, nosotros mismos deberíamos comenzar a sembrar coca".[34] La realidad es que los militares se sienten en parte culpables por ser tan eficientes, tan disciplinados en la erradicación. Son conscientes de que la erradicación, a la velocidad con que han actuado, ha creado un conflicto económico y social en el país.[35] Un oficial de la Fuerza de Tarea Conjunta dijo en 2002: "Sabemos que lo que estamos haciendo aquí causa hambre a esta gente y que los proyectos de desarrollo alternativo no brindan ingreso. Esto nos da mala imagen".[36] La conciencia de que la participación en programas antidrogas ha tenido un alto precio en términos de soberanía nacional ha crecido en círculos militares:

Hoy día, muchos oficiales están empezando a cuestionar la ocupación norteamericana de las Fuerzas Armadas en Bolivia-...: primero, que las FF.AA. no pueden mover un solo mientras la Embajada norteamericana no lo disponga; segundo, que las Fuerzas Armadas bolivianas han accedido, han favorecido una intervención descarada de los norteamericanos en las decisiones institucionales; tercero, hay un grado de intervención desde el grupo militar norteamericano en las decisiones más elementales de las FF.AA., desde la designación de sargentos hasta la designación de generales. Los oficiales están muy descontentos con la forma con que los norteamericanos han tratado a las FF.AA., porque inicialmente se creía que podían tener helicópteros, etc. [Pero la realidad es que] no tienen absolutamente nada....[37]

La participación militar en la lucha antidrogas conspira contra las misiones tradicionales de las fuerzas armadas y la policía

La creciente participación de las fuerzas armadas en funciones de represión legal interna, que va junto con una militarización de la policía antidrogas, UMOPAR, ha provocado conflictos y exacerbado la rivalidad tradicional entre las dos instituciones. La situación es empeorada por una competencia por los recursos antidrogas de Estados Unidos, que hace que las instituciones se enfrenten entre sí.

La participación militar en las funciones tradicionales de seguridad pública de va más allá de la lucha antidrogas. El 22 de agosto de 2002, las fuerzas armadas bolivianas empezaron a patrullar las calles de Santa Cruz como parte de un "plan de seguridad ciudadana" de cuatro meses.[38] La seguridad militar se expandió pronto a Cochabamba y La Paz. El gobierno anterior había usado frecuentemente a las fuerzas armadas y la policía militar para patrullar áreas urbanas, escuelas y parques. El 26 de agosto, el gobierno anunció la creación de una nueva "Fuerza de Tarea Conjunta" que patrullará áreas urbanas.[39]. Además, las empresas de seguridad privada, que suman varios cientos, están solicitando permiso para usar armas de fuego. A consecuencia de la crisis económica, los delitos se han vuelto más violentos. La Policía nacional se queja de que le falta el financiamiento necesario para funcionar. Un estudio realizado por la oficina del Defensor del Pueblo demuestra que el presupuesto de la policía ha crecido mucho en los últimos años, pero la eficiencia policial sigue disminuyendo. Debido a ello, el uso de militares y de empresas de seguridad privada para tareas de seguridad pública ha recibido considerable apoyo público. A pesar de la aprobación popular, la combinación de fuerzas diversas, públicas y privadas, ya ha provocado conflictos entre los grupos. Irónicamente, la proliferación de diferentes grupos en la preservación del orden público ha provocado mayor violencia e inseguridad.

Las FF.AA. se convierten plenamente en una institución de ocupación interna, con una lógica policial muy fuerte, pero que además está apoyada por el propio gobierno. Entonces, de unas FF.AA., que hasta el 97 habíamos tenido interviniendo solamente en la lucha contra el narcotráfico, empiezan a abrir un abanico de intervenciones en distintos ámbitos: pasan a participar en actividades de seguridad pública, de seguridad ciudadana, como apoyo a la Policía; intervienen en la lucha contra el contrabando; intervienen en la seguridad de las empresas transnacionales – increíble --, dan seguridad a la empresa privada; luego, por supuesto que desde el 97 para adelante, las FF.AA. intervienen con más frecuencia en el control del orden público frente a las marchas, las manifestaciones, los desbloqueos-.porque la Policía no tiene el poder suficiente como para controlar los motines en las cárceles y todo ello.

Entonces, prácticamente, las FF.AA. ocupan todo el espectro de la seguridad interna y del orden público, y [lo] ocupan en un momento en que la Policía empieza a experimentar la peor de sus crisis en la historia. Aquí encuentras un aumento del prestigio de las FF.AA. [40]

Los papeles contradictorios y la lucha de poderes provocan conflictos entre las dos instituciones

El 11 de febrero, la fuerza policial de La Paz se amotinó y decidió no salir de sus cuarteles. Aunque esta fuerza había sido un aliado tradicional del partido gobernante, el MNR, el poder creciente de las fuerzas armadas, a expensas del mantenimiento del orden interno y la crisis económica, habían exacerbado un resentimiento de raíces profundas. Al día siguiente, las fuerzas policiales de Cochabamba y Santa Cruz se unieron a la huelga. El "amotinamiento" fue en respuesta al anuncio del gobierno de Sánchez de Lozada de un nuevo impuesto de un promedio de 12,5% a ser deducido de los sueldos de la mayoría de empleados asalariados. Así, los impuestos combinados y las deducciones salariales de la mayoría de bolivianos se elevarían a más del 30%. El anuncio del gobierno, resultado de la presión por parte del FMI, vino justo después de la noticia de que los aumentos salariales de este año serían mínimos. Luego de casi cuatro años de una crisis económica asfixiante, la medida fue la gota que colmó el vaso. El clima político del país ya estaba candente. Más de dos semanas de diálogo con los sectores en protesta no habían conducido a conclusiones duraderas. Los cocaleros seguían reclamando que el gobierno solo utilizaba las negociaciones para ganar tiempo, seguían exigiendo una pausa en la erradicación de la coca y el derecho de cultivar una hectárea de coca legal por familia.

El líder cocalero y diputado Evo Morales y los empresarios privados se opusieron conjuntamente al alza del impuesto. Esta alianza inusual refleja la gravedad de la crisis y la incapacidad del gobierno de Sánchez de Lozada de implementar políticas de forma eficaz. Los sectores en protesta expresaron su frustración creciente, pues mientras ellos eran gravemente afectados por la medida impositiva, la parte de "fondos reservados" del proyecto de presupuesto, así como el presupuesto militar no sufrían cambios. Los fondos reservados no están sujetos a escrutinio público e incluyen bonos considerables no gravables para funcionarios del gobierno; a veces más de 10.000 dólares al mes. El hecho de que la familia del líder del partido de coalición UCS, Johnny Fernández deba más de 10 millones de dólares en impuestos atrasados, sólo sirvió para exacerbar el descontento popular.

El 12 de febrero un grupo de manifestantes y policías ingresaron a la Plaza Murillo, en La Paz. Más policías inundaron el sector. Empezaron a oírse disparos y se inició una confrontación masiva entre la policía y las fuerzas armadas, y francotiradores dispararon contra los manifestantes desde edificios circundantes. Más de 30 personas murieron y casi 200 resultaron heridas, la mayoría por heridas de bala.

Aunque el presidente suspendió el nuevo impuesto a las 4:30 de la tarde de ese día, la violencia continuó. Los manifestantes exigieron la renuncia del Presidente y Vicepresidente. La ola de violencia se podría haber evitado si el gobierno hubiera accedido antes a las demandas de los grupos en protesta. Los civiles empezaron a saquear la ciudad y prendieron fuego al Ministerio de Trabajo, oficinas de la vicepresidencia, oficinas del gobierno municipal y diversas sedes de los partidos de coalición. El gobierno llegó a un acuerdo preliminar con la Policía Nacional cerca de la madrugada, y estas fuerzas reiniciaron sus deberes de conservación del orden. A medida que la violencia escalaba en La Paz, la policía militar dispersó violentamente en Cochabamba a más de mil marchistas de diferentes sectores en protesta por el aumento del impuesto. Los cocaleros del Chapare comenzaron a bloquear la carretera principal y los militares le dispararon a dos manifestantes y mataron a otro.

Durante el caos que crecía rápidamente, los planes de los altos niveles del gobierno boliviano por terminar el conflicto brillaron por su ausencia. La ola de violencia podría haberse evitado si antes de anunciar un alza en los impuestos se hubiera efectuado un recorte en los gastos del gobierno y en los puestos ministeriales. Lamentablemente, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada esperó hasta el domingo 16 de febrero para anunciar que el gobierno disminuiría los gastos y crearía un nuevo presupuesto que no se vería influenciado por el FMI (Opinión, 17 de febrero de 2002). En respuesta a la violencia, los funcionarios del gobierno boliviano anunciaron que el FMI había disminuido su demanda de una reducción en el déficit fiscal de 8,6 a 6,3 por ciento para 2003, y prometió aproximadamente 80 millones de dólares para ayuda del balance de pagos (El Diario, 24 de febrero de 2003). La debilidad del gobierno y la fricción continua con el miembro principal de la coalición, el partido MIR, impidieron una acción rápida y decisiva.

Aunque la violencia y las protestas del 12 y 13 de febrero atrajeron la atención internacional a la crisis, las raíces de los problemas económicos de Bolivia y los patrones de protesta y violencia son más profundos, ya que están relacionados de manera compleja con la política de erradicación de coca financiada por los Estados Unidos.

Debido al fracaso del Presidente para responder de manera eficaz al levantamiento violento del 12 y 13 de febrero y a las demandas de los cocaleros, los sectores en protesta siguen insatisfechos y Goni no parece equipado para lidiar con sus demandas. La gran mayoría del público boliviano ha perdido la fe en la capacidad del Presidente de gobernar el país. Inclusive sectores del su propio partido han intentado distanciarse. El descontento público y la incertidumbre van en aumento, pero ningún líder importante de la oposición ha ganado un amplio apoyo. A pesar de las demandas populares de cambio de gobierno, no existen alternativas claras. La presión internacional impediría la renuncia del presidente. Cualquier líder nuevo heredaría los problemas económicos y sociales intensos que afronta este gobierno, así como la fuerte presión internacional de los Estados Unidos y de organismos financieros internacionales, lo que ha agravado la crisis. Es probable que el conflicto brote nuevamente.

Incierta subordinación militar ante el gobierno civil

A pesar de que las fuerzas armadas siguen cumpliendo las órdenes del ejecutivo, la permanente inestabilidad del actual gobierno, ha obligado a éste a hacer considerables concesiones a las fuerzas armadas. Las constantes luchas de poder entre partidos políticos han impedido un control civil efectivo y coherente sobre las fuerzas armadas.

Lo que no existe en Bolivia es un efectivo control civil sobre el comportamiento de las FF.AA., sobre un proyecto de modernización, y además no existe ningún liderazgo político que convierta la política de seguridad o la política de defensa en una política de Estado. Es decir, lo que existe [es que] cada gobierno tiene un enfoque particular sobre cómo va a evitar algún intento deliberativo de las FF.AA. Aquí se impone [esto]: todos los partidos políticos, sin excepción, asumen una conducta conspirativa; es decir, en lugar de usar los medios legales para subordinar a las FF.AA., lo que usan son las influencias políticas informales, por debajo de mesa se hacen todas las negociaciones para designar a los altos mandos, para que éste que cometió una violación a los derechos humanos....[41]

Durante el conflicto del 12 y 13 de febrero, funcionarios del gobierno dijeron que no declararían el Estado de Sitio – una forma modificada del estado de emergencia, que permite al gobierno realizar detenciones masivas, imponer el toque de queda, prohibir reuniones y otras medidas. La decisión de no declarar el Estado de Sitio (usado durante seis meses por el anterior gobierno de Sánchez de Lozada, en 1995), es probablemente consecuencia del temor del gobierno de que no sería capaz de hacerlo cumplir. En el pasado, Sánchez de Lozada ha expresado frecuentemente su desconfianza por los militares. En junio de 2000, declaró que "desde el gobierno, no eres tú quien cambia a los militares, ¡sino que son ellos los que te cambian a ti!"[42]

A mediados de abril, miembros de la Fiscalía General de la República anunciaron que no se requeriría a miembros de las fuerzas armadas que testificaran en las investigaciones de los asesinatos de febrero, diciendo que no se los podía forzar a participar en la justicia civil ordinaria.[43]

Derechos humanos

Violaciones repetidas

La creciente militarización de los programas antidrogas, a través de la inserción de las fuerzas armadas y la militarización de las fuerzas policías ha provocado ciclos de violación de los derechos humanos más intenso en la región del Chapare Durante los primeros seis meses de la presidencia de Quiroga, 37 crecieron los altos niveles de violencia y descontento. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos declaró que, durante ese período, hubo un promedio de una muerte por semana y un detenido y dos heridos por día.[44] La gran La gran mayoría de estas violaciones ocurrieron en las regiones del Chapare y Sacaba. Organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, WOLA y la Red Andina de Información, han denunciado permanentemente las violaciones de los derechos humanos en el Chapare desde mediados de los años 90. Una investigación de Human Rights Watch, realizada en 1995, halló que las detenciones arbitrarias, las palizas de pobladores del Chapare y el uso de violencia física excesiva por parte de la policía anti-drogas eran comunes.[45] Aunque los abusos durante las operaciones de interdicción y de erradicación han disminuido, la participación de los militares en los esfuerzos anti-drogas en el Chapare ha exacerbado la crisis de derechos humanos en períodos de conflicto cíclico. La presión para cumplir los objetivos de erradicación sigue siendo más poderosa que el respeto a los derechos humanos.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Mario Serrate reconoció sin rodeos la prioridad del gobierno en el momento pico del conflicto de 2001: "Los derechos humanos no son el tema principal. El tema principal es la erradicación en el Chapare, que es una ley de la república."[46]

Durante los conflictos de septiembre de 2001 a febrero de 2002 y en 2003, hubieron repetidos informes de uso de fuerza excesiva por parte de la policía, el Ejército y la FTE. Por ejemplo, durante ese período, la Red Andina de Información registró diez heridos graves y un muerto por el impacto de granadas de gas lacrimógeno. Decenas de otras personas sufrieron daños respiratorios por inhalación. Los informes repetidos de uso excesivo de la fuerza, y los asesinatos y disparos contra civiles desarmados durante los enfrentamientos, no han sido investigados a fondo por los representantes de las oficinas del fiscal del distrito en el Chapare.

Ataques a las fuerzas de seguridad

Desde la implementación del Plan Dignidad, algunos productores de coca han adoptado posturas cada vez más violentas. Desde mediados de los años 90, los sindicatos cocaleros formaron en sus comunidades comités de auto-defensa contra la erradicación forzosa. Estos pequeños grupos, armados generalmente con palos y machetes, funcionaron principalmente como disuasores. Desde 1998, algunos cocaleros empezaron a vengarse contra las fuerzas de seguridad. Durante varios meses de enfrentamiento en 1998, tres miembros de las fuerzas de seguridad fueron muertos. En octubre de 2000, durante el mes de bloqueos de caminos en el Chapare, desaparecieron cinco oficiales de seguridad y la esposa de uno de ellos. Al poco tiempo, el cuerpo de un policía anti-drogas de UMOPAR fue encontrado en la orilla de un río. Varios meses después, los cuerpos horriblemente mutilados del miembro de UMOPAR David Andrade y de su esposa Graciela Alfaro fueron hallados enterrados cerca de Shinahota; los cuerpos de los soldados Julio Veramendi y Juan Lazarte fueron descubiertos en la región de los Yungas; el policía Silvano Arroyo no se halló nunca. Cocaleros y dirigentes cocaleros fueron arrestados en relación a las muertes, pero los juicios no se realizaron. Una intensa cobertura de prensa de los incidentes generó indignación de parte de la opinión pública boliviana contra los productores de coca.

En 1998, los comandantes de la FTC y otros funcionarios del gobierno empezaron a informar sobre el descubrimiento de "cazabobos" colocados en zonas a ser erradicadas. El varios incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles sufrieron heridas en las piernas y en otras partes del cuerpo a consecuencia de las explosiones.

Además, las autoridades informaron de un aumento en los disparos esporádicos de armas de fuego dirigidos a los campamentos de erradicación, y hay varios casos de heridas de bala provocadas por francotiradores. A principios de septiembre de 2001, francotiradores no identificados dispararon a dos soldados, y en noviembre otros dos sufrieron heridas de bala. En el Chapare en 2003 murió un conscripto por disparo de arma de fuego y por lo menos 7 más fueron heridos.

Impunidad

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos ha documentado las muertes de sesenta y siete cocaleros a manos de las fuerzas de seguridad desde 1987.[47] Sólo cuatro de estos casos llegaron hasta la corte, y sólo uno de ellos llegó nunca a la fase de sentencia. Continúa la grave impunidad que rodea a las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de los esfuerzos anti-drogas financiados por EE.UU. No se ha concluido ninguna investigación legal de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante los bloqueos de septiembre y octubre de 2000, o durante los bloqueos de 2002 o 2003.

A pesar de los testimonios de testigos presénciales y de la documentación disponible, las oficinas del fiscal del distrito en el Chapare, a cargo de realizar las investigaciones preliminares con la ayuda de la policía judicial, no han terminado ninguna investigación, y las que se están realizando actualmente no han avanzado. Aunque técnicamente esta oficina debería ser autónoma, está sometida a una constante presión política y al control del poderoso Ministerio de Gobierno.

Los funcionarios del gobierno boliviano han reaccionado fuertemente ante los esfuerzos para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos. El fiscal Daniel Humérez recibió intensas críticas de los ministros del gobierno y los comandantes de las Fuerzas Armadas por haber confiscado seis rifles en un campamento militar de erradicación para realizar pruebas de.45 Altos funcionarios bolivianos declararon que obligarían al fiscal del distrito a presentarse ante una comisión del Congreso para explicar sus acciones y que la confiscación de armas es un insulto a las Fuerzas Armadas. El diputado Carlos Sánchez Berzaín, ex-ministro de gobierno, declaró a la prensa: "Le guste o no a la gente, las Fuerzas Armadas tienen un código militar legal y los fiscales u otras autoridades no pueden llegar y confiscarles las armas." También declaró que los militares tienen su tribunal y procedimientos legales propios.46 Las oficinas del fiscal del distrito en el Chapare siguen siendo el eslabón débil, pues los jueces investigadores de la región no pueden abrir casos sin disponer de informes completos. El pobre desempeño de estas oficinas ha permitido que la impunidad persista en la región y las críticas contra la lentitud del sistema de justicia civil han servido para justificar el uso de las cortes militares.

Los juicios militares en casos de derechos humanos violan las leyes bolivianas e internacionales

Desde marzo de 2001, el gobierno boliviano ha empezado a referir casos particularmente flagrantes de violaciones de los derechos humanos a su tribunal militar, pese a las estipulaciones de la Constitución y en el derecho internacional de que las cortes civiles deben procesar estos casos. No existen leyes que garanticen la transparencia en los procedimientos de las cortes militares, y es por esto que los activistas de derechos humanos y los miembros de las familias afectadas no tienen acceso a tales procedimientos. La Iglesia Católica, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y la oficina del Defensor del Pueblo han insistido repetidas veces que las investigaciones legales sean realizadas dentro del sistema de justicia civil. Sin embargo, los militares se han negado a cooperar en las investigaciones llevadas a cabo por los representantes del Fiscal General en la región, afirmando que son responsables solamente ante los investigadores militares internos.

Los tribunales militares son inadecuados en el contexto de la legislación boliviana e internacional, de la cual Bolivia es país signatario.47 Amnistía Internacional resaltó la impropiedad de la jurisdicción militar en una carta dirigida al Ministro de Gobierno en octubre de 2001:

Amnistía Internacional considera que la práctica de la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos por miembros de las fuerzas de seguridad genera una situación de impunidad y niega a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares el derecho a un remedio legal efectivo. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, han declarado en reiteradas ocasiones que el procesamiento por tribunales militares de miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional.[48]

Las leyes bolivianas tampoco autorizan la jurisdicción militar en casos de derechos humanos. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado dice: "Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o consintieren". El artículo 34 de la Constitución establece que "los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria". Además, el artículo 48 del nuevo Código de Procedimiento Penal establece que "en caso de duda sobre la jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexitud entre la jurisdicción especial y la ordinaria, corresponderá el conocimiento de los delitos a la ordinaria. En ningún caso los civiles serán sometidos a la jurisdicción militar".

A pesar de tales estipulaciones del derecho internacional y de las leyes bolivianas de que los casos de derechos humanos deben ser juzgados en cortes civiles, el sistema jurídico boliviano transfirió al tribunal militar los únicos casos en los que los comandantes militares enfrentaban acusaciones criminales. En 1999, el juez de Villa Tunari, Róger Triveño inició acciones legales contra el General Wálter Céspedes Ramallo y Teniente Coronel Vicente Ruíz Lira, comandante y sub-comandante respectivamente, por las muertes de los productores de coca Alberto Coca, Agustín Gutiérrez y Benedicto Martínez.[49] El juez recibió presión y amenazas de parte de altos funcionarios del gobierno y de oficiales de UMOPAR, que intentaron hacer que abandonara el caso.

En junio de 2001, la Corte del Distrito de Cochabamba transfirió los dos primeros casos a las cortes militares, mientras que el caso de Martínez seguía languideciendo en las cortes civiles. Los casos fueron abandonados por falta de evidencia, el 6 de junio de 2001. El investigador de la corte no había entrevistado a los testigos ni realizado ninguna indagación.[50]

Desde esa fecha, el tribunal militar ha absuelto a Juan Eladio Bora en el caso de los disparos contra Fructuoso Herbas y el asesinato de Casimiro Huanca. En un ejemplo paradigmático de impunidad, en sólo dos semanas, el tribunal militar boliviano concluyó que Bora, miembro de la FTE, había disparado a Huanca en defensa propia, aun cuando un video del incidente demuestra claramente la naturaleza pacífica de la protesta [en la que participaba Huanca cuando fue herido].[51] Los investigadores judiciales militares solamente interrogaron al personal militar implicado en el incidente, y no obtuvieron declaraciones de los cocaleros ni de otros testigos presenciales.[52]

Aunque se emitió una orden de arresto por un juez civil en junio de 2002, contra el Comandante de la FTE, Aurelio Burgos, sus abogados siguen argumentando que él ya ha sido enjuiciado por una corte militar, y que el procesamiento en las cortes civiles resultaría en cosa juzgada, convirtiendo en ilegal al procedimiento.[53]

Los miembros de las fuerzas armadas se han negado categóricamente a dar testimonio en las investigaciones civiles de los enfrentamientos del 12 y 13 de febrero. El abogado de las fuerzas armadas concluyó prematuramente: "... No hay ningún militar comprometido en actos delictivos", y sostuvo que efectivos de estas fuerzas no serán juzgados por la justicia ordinaria, sino por el tribunal militar.[54]

Ninguno de los casos que han sido remitidos a los tribunales militares ha resultado en una condena. En su Informe de las Prácticas de Derechos Humanos sobre Bolivia, el Departamento de Estado reconoce que los tribunales militares tienen problemas, y concluye: "El sistema de justicia militar es en general susceptible de influencias y corrupción de alto nivel y evita dictar sentencias que podrían provocar molestias a los militares."53 A pesar de esta observación, el Departamento de Estado afirmó que la decisión de llevar los casos al tribunal militar está de acuerdo con las leyes bolivianas.

Hasta ex oficiales militares critican fuertemente la falta de transparencia del Tribunal Militar y resaltan su función para asegurar la impunidad:

Los tribunales de justicia militar son básicamente una herramienta de encubrimiento, de dilatación de los procesos que se siguen contra oficiales que han cometidos violaciones de derechos humanos: muchos procesos han concluido absolviendo de culpa a quienes realmente tuvieron grandes responsabilidades, fundamentalmente a quienes abusan a los soldados, los que cometen muchos abusos contra los [conscriptos] del servicio militar obligatorio, casi ninguno de ellos tiene sanciones, y si tienen sanciones, son sanciones disciplinarias, internas. [55]

Las Fuerzas Armadas intentan extender la jurisdicción del Tribunal Militar para juzgar a civiles

A pesar de que algunos comandantes militares declaran que la jurisdicción militar en casos de derechos humanos y sobre los civiles es esencial para proteger a la institución, un estudio hecho en 1998 revela que la gran mayoría de los miembros de las fuerzas armadas no tienen fe en las decisiones y operaciones del tribunal militar. Por ejemplo, el 19,42 por ciento de los miembros interrogados creían que el tribunal militar no era de ningún modo imparcial. El 94,93 por ciento dijeron que el tribunal no era moderno o no era suficientemente moderno, y el 86,41 por ciento creía que las autoridades de la justicia militar no eran suficientemente competentes o eran completamente incompetentes.[56]

A fines de 2002, las fuerzas armadas presentaron sin mayor publicidad proyectos de leyes al Congreso boliviano para modificar el código penal militar vigente y la ley de organización judicial militar. Aunque el propósito declarado de los proyectos de ley era modernizar la legislación, las propuestas otorgaban mayor poder a los tribunales militares para juzgar a civiles. Aunque el artículo 11 del proyecto declara que "todos los miembros de las fuerzas armadas están sometidos a la jurisdicción militar, el artículo 14 del mismo proyecto dice que "se hallan bajo Jurisdicción Penal Militar, TODA PERSONA cuya conducta este tipificada y determinada por el Código penal Militar".[57] La expresión "toda Persona" significa que no interesa si uno pertenece o no a las Fuerzas Armadas, simplemente su conducta tiene que estar tipificada en el Código penal Militar. Analizando el Art. 13 referente a la competencia según el lugar, vale decir los lugares donde los Tribunales Militares ejercerían jurisdicción. Este artículo es demasiado amplio o poco explícito al señalar que es todos están bajo jurisdicción militar en campamentos, fortalezas, marchas, columnas, a bordo de vehículos, aviones, buques, embarcaciones, almacenes, granjas, oficinas, fabricas, empresas, fundiciones, maestranzas, parques y arsenales, sean o no sean estos militares ya que este artículo NO aclara tal situación y en materia penal nada se aplica por lógica.[58]

Según el Tribunal Supremo de Justicia Militar, los Tribunales Militares tiene jurisdicción y competencia en el juzgamiento de hechos punitivos por DELITOS MILITARES O QUE AFECTAN A MATERIAS MILITARES, y que un civil puede ser juzgado por la comisión de un DELITO MILITAR O QUE AFECTEN MATERIAS MILITARES.

Por otro lado, si son aprobados, estos proyectos de ley con seguridad garantizarán aun más la impunidad existente en el sistema penal militar, puesto que el fiscal es militar, el Juez es militar y el jurado será escogido de listas del personal destinado en la guarnición, enviadas por el Comandante de la misma, vale decir que también son militares (art. 154).

Preocupación internacional por la impunidad en Bolivia

El Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas subrayaron las ramificaciones de la falta de investigaciones de las violaciones de los derechos humanos y de la impunidad sistemática:

La impunidad acordada a las violaciones de los derechos humanos y, en particular, el uso de la tortura, que parece estar extendido, resulta de la falta completa de investigación de las denuncias y de la lentitud y la insuficiencia de tales investigaciones. Esto demuestra la falta de una acción efectiva por parte de las autoridades para erradicar estas prácticas y, en especial, el grave incumplimiento de sus deberes por parte de la oficina del fiscal del distrito y de los juzgados. La falta de investigaciones se agrava más por la incapacidad en destituir de sus funciones a los oficiales de policía responsables, reafirmando así su impunidad y alentándolos a continuar o a reincidir en estas prácticas.42

Amnistía Internacional está preocupada porque las autoridades bolivianas no parecen haber tomado ninguna clase de acción efectiva para erradicar el uso de la tortura y los malos tratos. La organización sigue preocupada porque la mayoría de las acusaciones de tortura y malos tratos no son investigadas y que, en los casos en que se abren investigaciones, los avances son lentos. En muchos casos en los que se abre una investigación, incluso en aquellos que fueron denunciados hace muchos años, hay poco o ningún avance, y a menudo las investigaciones llegan a la parálisis total.43

El Comité de Derechos Humanos ya ha expresado su preocupación [porque] "la actual legislación para combatir la impunidad ha probado ser inefectiva en la identificación, enjuiciamiento y castigo de los responsables por violaciones de derechos humanos, y en el pago de indemnizaciones a las víctimas". El Comité expresó también preocupación por los retrasos y las fallas del proceso legal y el incumplimiento por parte de la Policía de las normas mínimas de las Naciones Unidas.44

Los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y la enmienda Leahy

La enmienda Leahy brinda medios al gobierno de Estados Unidos para asegurar que el dinero estadounidense no financie a fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones de los derechos humanos. Exige que estos abusos sean investigados y que las partes responsables sean enjuiciadas, al establecer que

Ninguno de los fondos disponibles a través de esta Ley podrá ser provisto a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Secretario de Estado dispone de evidencia creíble de que tal unidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos, a menos que el Secretario determine e informe al Comité de Asignaciones [del Congreso estadounidense] que el gobierno de tal país está tomando medidas efectivas para llevar a la justicia a los miembros responsables de la unidad de las fuerzas de seguridad.

La aplicación de la enmienda facilitaría mucho la lucha contra la impunidad endémica por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad bolivianas. Durante el conflicto de 2001-2002, y de 2003 las organizaciones del gobierno y no-gubernamentales de derechos humanos recogieron considerable documentación sobre abusos, incluyendo fotografías, testimonios de testigos presénciales y certificados médicos oficiales emitidos por el Ministerio de Justicia. Las cámaras de televisión captaron los eventos que rodearon a la muerte de Ramón Pérez y los eventos que condujeron al asesinato de Casimiro Huanca. En dos casos, el miembro de las fuerzas de seguridad responsable de los disparos ha sido claramente identificado pero no se llevó ante la justicia. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos todavía no retiene los fondos como ordena la enmienda Leahy.

La sustitución del sistema legal civil por los tribunales militares y las medidas disciplinarias internas en casos de violaciones de derechos humanos no se adecua ni a la enmienda Leahy ni a las leyes internacionales. Siete miembros de la Cámara de Representantes [Diputados] de Estados Unidos le dijeron esto mismo al Embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, el 15 de noviembre de 2001: "Como usted sabe, ni las medidas disciplinarias internas tomadas por las fuerzas de seguridad, ni la indemnización económica a las familias de las víctimas, satisfacen [los requerimientos de] las leyes estadounidenses. Consideramos también que la jurisdicción militar en estos casos no es satisfactoria-"54

La enmienda podría resultar una herramienta poderosa para identificar y enjuiciar a los violadores de los derechos humanos en Bolivia y asegurar que el financiamiento estadounidense no contribuya a la comisión de abusos contra los derechos humanos. Lamentablemente, los funcionarios de la embajada estadounidense adoptan normalmente la versión que dan las autoridades bolivianas de los eventos sin mayor investigación. Aunque los funcionarios de la Embajada declaran que consultan diversas fuentes al ocuparse de casos de derechos humanos, rutinariamente citan al gobierno y a las fuerzas de seguridad bolivianas como su fuente principal. Human Rights Watch enfatizó el mismo problema en 1995: "Los funcionarios estadounidenses desestiman o disminuyen los abusos cometidos por las fuerzas anti-narcóticos financiadas por Estados Unidos" y "dan excusas o tratan de justificar las violaciones de los derechos humanos."55

La contradicción entre la presión estadounidense para cumplir los objetivos anti-narcóticos y el discurso formal de la embajada respecto de los derechos humanos, al tiempo que no cumple con sus propios requisitos de derechos humanos provoca la reacción airada de los defensores de los derechos humanos. En marzo de 2001, Waldo Albarracín, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, dijo a la prensa: "[Estados Unidos] habla de derechos humanos y presiona al estado boliviano para llevar a cabo la erradicación forzosa, que es sinónimo de violencia, muerte, campesinos asesinados, y militares y policías torturados. Ellos ponen la plata y nosotros ponemos los muertos."57

El futuro

Como predijo UDAPDE en 1999, la aplicación rigurosa de las metas de erradicación e interdicción del Plan Dignidad llevaron a "una ruptura del inestable equilibrio entre el gobierno y los sindicatos cocaleros, provocando una espiral de conflicto social que podía amenazar la gobernabilidad del país."58

Dado los costos económicos, políticos, y sobre todo humanos que los conflictos por la coca han representado en los últimos años, muchos bolivianos, desde los cocaleros hasta miembros del Parlamento, protestaron con vehemencia por la presión estadounidense.

La censura de los informes INCSR (Internacional Narcotics Control Strategy Report) de 2001 y 2002 del Departamento de Estado norteamericano de los esfuerzos anti-drogas de los gobiernos de Quiroga y Sánchez de Lozada han brindado una lección invalorable a los gobernantes bolivianos. Los gobiernos de Banzer y Quiroga prometieron ambiciosamente a Estados Unidos que podrían erradicar una gran cantidad de cultivos de coca en un período de tiempo irrazonablemente corto sin garantizar fuentes de ingreso alternativo a los productores de coca. Aunque durante su campaña electoral Gonzalo Sánchez de Lozada llegó a decir que él se había opuesto firmemente a la erradicación forzosa y la participación militar, se ve obligado a continuar la misma política. Los esfuerzos para cumplir con los objetivos anti-narcóticos estadounidenses condujeron a mayores presiones y demandas, sin que, en contrapartida, Bolivia recibiera las esperadas compensaciones en concesiones comerciales y beneficios económicos. A medida que arrancaba la campaña electoral presidencial y parlamentaria, el Plan Dignidad recibió fuertes críticas en la arena política y el rechazo de los militares. Las fuerzas armadas "repudiaron al partido gobernante [ADN] con la votación en junio de este año [2002]: la mayor parte de los oficiales tenían una lealtad política, una simpatía por lo que era el general Banzer y por lo que era el presidente Quiroga, pero hubo una migración masiva del voto militar hacia este nuevo candidato [Manfred Reyes Villa], (quien) empezó con el discurso: "vamos a desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico, vamos a sacar a las FF.AA. de las tareas de seguridad ciudadana".[59] El partido de Quiroga, ADN, se desempeñó muy pobremente, mientras que la candidatura presidencial de Evo Morales lo hizo mucho mejor de lo que se esperaba.

No es probable que la política anti-narcóticos estadounidense vaya a cambiar mucho durante los próximos años. Los Estados Unidos sigue presionando para que se logren las exageradas expectativas y demandas, basándose en la participación permanente de las Fuerzas Armadas bolivianas. El Embajador Manuel Rocha declaró que las decisiones de financiamiento dependerían de las políticas fijadas por el nuevo gobierno: "Lo más importante es lo que piense el presidente electo y lo que hará cuando se posesione. Si no quiere ayuda, entonces nosotros no vamos a ayudar a alguien que no quiere ayuda. Yo nunca obligo a una dama a bailar un tango si ella no quiere bailar conmigo."60 No es probable que esta imagen pública de flexibilidad se vaya a traducir en una política menos represiva, ya que cualquier gobierno enfrentará una fuerte presión de Estados Unidos para continuar con el "éxito boliviano". Pero el éxito se mide términos de coca erradicada y no por el bienestar de la población boliviana. Los repetidos ciclos de protesta, represión y conciliación temporal seguirán indefinidamente hasta que se alcancen soluciones duraderas, concretas y pacíficas.

Kathryn Ledebur es directora de la Red Andina de Información y es estadounidense y trabaja en Bolivia desde 1991. Actualmente trabaja como la consultora sobre Bolivia del proyecto sobre políticas de control de las drogas de WOLA. La Red Andina de Información es una organización no gubernamental internacional, independiente y sin fines de lucro que se dedica a la investigación, análisis, educación y diálogo sobre los impactos de la política anti-narcóticos y la militarización financiada por los Estados Unidos.

Traducido por Ricardo Eid