EXPERIENCIA - GUATEMALA

TEMA: LA CONTRAINSURGENCIA EN GUATEMALA

Ponente: Alfonso Morales, del Comité de Seguimiento y la Comisión de Verificación.

Nativo de Colotenango, departamento de Huehuetenango, indígena Mam. Luchador contra la impunidad militar, especialmente de los expatrulleros involucrados y defensor de DDHH.

Tema: Caso: Juan Chanay Pablo

Fue asesinado en la masacre ocurrida el 3 de agosto de 1992. Chanay era miembro del comité de Unidad Campesina CUC y el hecho fue perpetrado por patrullas de autodefensa civil.

En los años 82 el ejército de Guatemala empezó una campaña de masacre en las comunidades de Huehuetenango, amenazas, intimidaciones, acusaciones a líderes comunitarios de varias organizaciones populares, civiles, campesinos, mujeres, hombres, profesionales; entonces así empezó los problemas pero especialmente el caso de la aldea ICAL fueron masacrados 34 familias, quemaron sus casas, violaron a las mujeres acusándolos de ser guerrilleros.

Controles por todos lados de parte del comisionado militar, el ejército y otros aparatos clandestinos. De todo eso así se formó la organización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), obligando a la población bajo amenaza de muerte de controlar sus propias comunidades, mientras la población se fue organizando para defender los derechos como indígenas, como mames; mientras que en varias comunidades y municipios fueron secuestrados, tales como: maestros, consejos de ancianos, dirigentes de organizaciones populares, especialmente las mujeres y ellos empezaron a organizarse a defender de no organizar las Patrullas de Autodefensa Civil, pero el ejército llegó a obligar forzosamente: si no se quieren organizar los vamos a masacrar. La respuesta de la comunidad es organizarse más fuerte, se hizo una coordinación con las organizaciones existentes en las comunidades como son: comité pro-mejoramiento, trabajos comunales, grupos religiosos, juveniles, organizaciones populares, como el caso del Comité de Unidad Campesina CUC y otras.

Hubo mucha resistencia del pueblo pero bajo muchas amenazas militares aceptaron organizar las patrullas, los líderes están claros de solo cumplir las órdenes de los jefes militares mientras ellos siguen organizando clandestinamente para que los militares no sepan dicho movimiento de la población; en algunas comunidades no quieren aceptar las PAC es donde mataron a líderes selectivamente mientras que la G-2 anda sacando informaciones de cómo está organizada la población para que ellos toman otra medida de hecho contra el pueblo.

En algunas comunidades se fueron totalmente entregados con el ejército cumpliendo las órdenes de controlar a la población, con las amenazas, acusaciones y a masacrar a la gente. Esto se dio lugar a las divisiones en varias comunidades de no tener coordinación cómo organizar para no aceptar las PAC.

Mientras que la población donde existe organización ellos empezaron a prepararse, recibir talleres, cursillos, intercambio de ideas para dar una respuesta a las injusticias, violaciones de Derechos Humanos de cómo protestar y cancelar las patrullas y el CUC empezó una campaña de preparación y estudiar un artículo 33 de la Constitución Política de la república en donde dice que nadie está obligado a asociarse o a formar grupos paramilitares. Entonces hubo una coordinación de varias comunidades de empezar a luchar y sacar firmas a la población, elaboraron materiales para entregar con el presidente de la república, Ministro de la Defensa Nacional, en las iglesias, organizaciones de Derechos Humanos y en medios de comunicaciones nacionales e internacionales para que conozcan los hechos y cancelación de las patrullas de autodefensa civil.

Después de la cancelación de las PAC se empezó más control, amenazas, acusaciones, los que no patrullan son guerrilleros y son masacrados, entonces las otras aldeas que no quitaron las PAC ellos son los que siguieron cometiendo violaciones a los Derechos Humanos.

Un caso especial masacraron a dos familias de la aldea XEMAL de Colotenango, Huehuetenango. El CUC organizó a las aldeas para exigir juicio y castigo a los responsables de dichas masacres y al mismo tiempo: cancelación de las PAC. Especialmente el día 3 de agosto de 1993 fue organizada una manifestación pacífica donde participaron más de 5.000 campesinos y fueron convocadas las autoridades competentes: principalmente representantes de la zona militar No. 19 de Huehuetenango, a dicho diálogo no llegaron los militares, solo las autoridades civiles, pero ellos fueron muy claros de que no son los responsables de las patrullas, entonces el CUC formó una comisión para entregar un memorial donde contiene varias peticiones de violaciones de Derechos Humanos y fue acompañado de las autoridades civiles, medios de comunicaciones. Cuando llegamos a la zona militar no nos atendió el comandante, mientras el jefe de las PAC fueron a pedir órdenes de atacar a los manifestantes. Nosotros regresamos en la zona para dar una respuesta negativa o positiva a la población; que está esperando en el salón municipal, en ese momento informamos de que no había una respuesta, después los campesinos regresaron a sus casas, mientras que cuando pasaron en el puente de Los Naranjales estaban esperando las PAC con sus armas de fuego, palos, machetes para atacarnos, la población dialogó con ellos, que no están provocando problemas (violencia) pero ellos no nos entendieron, abrieron fuego contra los manifestantes, así fue como murió el compañero Juan Chanay Pablo, más dos heridos: Miguel Morales Mendoza y la menor Julia Gabriel Simón.

Así empezó el caso judicial, se tomó el Ministerio Público, La Corte Suprema de Justicia, Organización de Estados Americanos (OEA), durante todo un mes se tomó el parque central de Huehuetenango a la capital de Guatemala. Solo así hubo una respuesta positiva pidiéndole 30 años de cárcel a las PAC, pero en ese momento se estaba negociando el proceso de paz, mientras el caso llegó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en CEJIL de San José de Costa Rica para dar una condena al Estado de Guatemala, mientras las condiciones no se daban en este momento.

El gobierno convocó a los dirigentes populares para negociar dicho caso y nosotros hicimos una consulta a la población de cómo pedir al Estado resolución inmediata.

Se pidió una recompensa social, resarcimiento a las víctimas como: a la viuda de Juan Chanay, los testigos del caso. Y así fue como se logró los 15 proyectos y ayuda económicamente a los testigos y víctimas.

Ahora los EXPAC están libremente aprovecharon el cambio de la Policía Nacional Civil para coordinar su fuga.

El Estado no quiere recapturar, mientras nosotros como organizaciones se ha ganado el caso y está reconocido a nivel internacional los 30 años de cárcel.

Actualmente el gobierno está pagando a los EX PAC, en lugar de recapturar a los violadores de los Derechos Humanos, los van a resarcir con la cantidad de Q20.000.oo mientras nosotros no podemos quedarnos callados de la justicia, vamos a seguir denunciando los hechos y las violaciones que cada día comete el Estado.

Preguntas del público.

P: ¿Cuántos paramilitares hay en Guatemala?

R. Si hablamos actualmente a nivel nacional en las últimas estadísticas que sacó el gobierno ya casi llegan a los 150.000 paramilitares, pero en tiempos de la guerra podrían dar más. Yo creo que ese tema que tocaron los compañeros de la mesa dos: ¿por qué el pueblo de Guatemala elige al general Ríos Montes? Yo creo que muchos no entendemos la situación, yo creo que muchos pueblos sin querer queriendo aceptaron las patrullas de autodefensa civil y muchos si fueron entregados totalmente con el ejército, cumplieron las funciones así al pie de la letra, pero actualmente repito, que hay un número de 150.0000 que el gobierno ya esta semana aproxima a dar sus primeros cheques, y reconocerles su tiempo que estuvieron en la patrulla civil.

P: Yo tengo una pregunta en cuanto al apoyo internacional que ustedes habían recibido referente al juicio que han presentado a la Corte Internacional Interamericana en Estados Unidos y en Costa Rica ¿sigue este apoyo internacional?

R: Si, en cuanto el apoyo de la Corte Interamericana de Washington si tenemos vigente este pacto, también en CEJIL de San José de Costa Rica está vigente el pacto porque se trata ahora que en las organizaciones nosotros queremos que recapturen a los señores inmediatamente, pero el problema está en las autoridades Guatemaltecas. Apoyos internacionales siguen vigentes, compañeros.