LA CONTRAGUERRA A LA "GUERRA DE RED SOCIAL" DEL MOVIMIENTO ZAPATISTA: LA NUEVA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE DEL PENTÁGONO.

 

Dr. Juan Manuel Sandoval Palacios,

Coordinador General del Seminario

Permanente de Estudios Chicanos

Y de Fronteras (DEAS-INAH).

 

Una versión de este ensayo se presentó como ponencia en el Panel sobre "Historical Perspectives on Armed Struggles in 20th Century Mexico and Guatemala", durante el XXIII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), realizado del 6 al 8 de septiembre de 2001, en la ciudad de Washington, D. C., U. S. A.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, los grupos étnicos y pueblos indios de diferentes regiones del Continente Americano llevan a cabo una serie de luchas en defensa de sus derechos plenos y de sus territorios, bajo distintas condiciones y valiéndose de estrategias variadas, frente a las empresas petroleras, las fuerzas armadas y policíacas, los ganaderos y sus grupos armados particulares; las empresas forestales y mineras, así como las empresas fraccionadoras y consorcios hoteleros, en un marco reivindicativo que -como el caso de México- desborda el ámbito, jurídico-político agrario y afecta el ámbito de la cultura.

  De acuerdo con diversos autores (Barabas, 1998; Barabas y Bartolomé, 1999; Bartolomé, 1998. Burguete y Ruiz, 1999; Cardoso de Oliveira, 1998; Coelho Dos Santos, 1998; Cunningham, 1998; De la Peña, 1999; Hidalgo, 2000; Iturralde, 1991, 1997, 1998; Pérez Archibold, 1998; Ramos, 1998; Tischler, 2000; entre otros), la emergencia de los pueblos indios como nuevos sujetos sociales y políticos se caracteriza actualmente por un conjunto de dinámicas: a) la territorialización de la presencia de estos pueblos indios; b) el desarrollo de estructuras cada vez más complejas de organización; c) la dimensión política y nacional de sus demandas; d) las nuevas formas de inserción en la economía; y e) el curso que están tomando sus relaciones con el Estado. Estas características se pueden encontrar hoy en día, en mayor o menor medida, en casi todos los países con población indígena en el Continente Americano, y si bien no aparecen siempre simultáneamente, existe ya una tendencia de las mismas a aparecer cada vez de manera más evidente.

Según Iturralde, como una parte y un resultado de las dinámicas mencionadas, las relaciones entre pueblos indios y los Estados nacionales en las últimas décadas se transforman e intensifican. Se hacen más complejas y directas, se politizan y llegan a desbordar la normatividad e institucionalidad que las contenía tradicionalmente. Las organizaciones indígenas se multiplican y llevan sus reclamos hasta las dependencias gubernamentales directamente; los gobiernos no producen respuestas creativas con la misma rapidez. En este contexto las relaciones se vuelven más tensas y los indios emergen (en ocasiones violentamente) como un actor en el escenario nacional que interpela al conjunto de la sociedad y demanda nuevas formas de interlocución. 

Así, a partir de 1990 se inauguran en el continente una serie de levantamientos indígenas que son el resultado de dos momentos históricos: el primero iniciado en la década de los 1970s, cuando los movimientos indígena-campesinos impulsaron una serie de luchas por la tierra y por su reconocimiento como indígenas; y, el segundo iniciado a fines de los 1980s y principios de los 1990s, cuando los pueblos indígenas se organizaron para hacer frente a los festejos oficiales que conmemorarían el quinto centenario del "encuentro de dos mundos" desde la perspectiva hegemónica de los gobiernos ibéricos y americanos. En este último momento, los indígenas fueron acompañados por los movimientos afroamericanos y populares principalmente en América Latina.

El levantamiento indígena en Ecuador en 1990, que se replicó varias veces a lo largo de la década en esa nación, hasta llegar a un levantamiento indígena y popular con apoyo de algunos sectores progresistas del ejército, y que tomó momentáneamente el poder político de esa nación a principios de 2001, para después ser traicionado por los militares, es uno de los extremos en el espectro de tales movimientos, puesto que su lucha ha sido por la toma del poder del Estado nacional, como lo mostró al haber llevado al Coronel Lucio Gutiérrez a la presidencia con el apoyo total de las organizaciones indígenas en noviembre de 2002. En el medio se ubican los movimientos que luchan por sus derechos como pueblos indios, su cultura, su autonomía y su territorio, así como por el acceso a los recursos naturales. Y en el otro extremo se ubicaría el movimiento zapatista, que no lucha por el poder, y que si bien incluye en sus demandas los derechos y cultura indígenas, demanda también cuestiones que afectan a toda la población nacional y que se inscriben en el marco de las luchas globales. Sin embargo, para algunos autores, aunque el componente mayoritario del EZLN es indígena, la defensa de la cultura y derechos indígenas por parte de éstos ha sido instrumental, así como su alianza con el movimiento indígena, que en un primer momento fracasó. Así, de acuerdo con Lee Van Cot (1996),

"La retórica y la táctica del EZLN fueron influidos en su etapa formativa por el socialismo revolucionario. Sólo después de las ofensivas de enero de 1994 –en tanto el EZLN vino a depender del apoyo físico y moral de las comunidades indígenas como un amortiguador entre ellos y el ejército mexicano- los zapatistas abrazaron totalmente la agenda indianista y bajaron el tono a la retórica pasada de la revolución socialista. Esto puede ser demostrado al analizar el contenido de los comunicados oficiales de los zapatistas y los planteamientos de combatientes desde antes del levantamiento hasta el presente. Dada la naturaleza multiétnica de la constitución de los rebeldes y la ideología socialista de sus líderes, parecería que el grupo originalmente se esforzó para minimizar el factor étnico como divisivo e irrelevante. Entonces, la atención generada por la movilización del Quincentenario en San Cristóbal, conjuntamente con la amplia cobertura de prensa del componente étnico del levantamiento inmediatamente después de que comenzó, persuadió al EZLN de adoptar la bandera indígena más explícitamente (p. 74).

El tardío descubrimiento del EZLN de las demandas culturales puede ser demostrado al analizar su propios planteamientos, comenzando con el manifiesto "El Despertador Mexicano" que fue promulgado como un llamamiento a las armas el 1° de diciembre de 1993 (...) En ninguna parte de este documento se menciona la cultura indígena o a los indígenas mayas de Chiapas (...) Más aún, faltan símbolos étnicos o culturales (p. 75).

(...)algunas semanas después del levantamiento, los zapatistas comenzaron a levantar lo indígena como bandera (p76).

(..) A fines de febrero, el Subcomandante Marcos comenzó a articular las demandas de las organizaciones indígenas que habían marchado en apoyo a las demandas de los zapatistas (pero no a sus métodos armados) en las semanas que siguieron al levantamiento" (p.77).

Para esta autora, que escribió a finales de 1996 su ensayo,

"Entonces, mientras que el EZLN ha tenido problemas movilizando un amplio movimiento político de base detrás de sus promesas de "todo para todos", las organizaciones indígenas mexicanas están convergiendo detrás de un movimiento que se enfoca sobre una demanda específica que define al movimiento indígena en el Hemisferio Occidental –una reconceptualización y reorganización de las relaciones entre las naciones indias y las comunidades y los gobiernos no indios que construye una esfera de autonomía cultural y jurisdicción territorial libre de interferencia estatal. Mientras que la marca de socialismo popular y de vago lemas del EZLN ha sido eclipsado por la irreversible integración económica internacional y las fuerzas democráticas más allá de su control, el movimiento indígena está conectándose a un impulso mundial parta reexaminar el ideal de Estado-nación y reinterpretar el concepto de soberanía nacional de acuerdo con un ideal emergente de pluralismo cultural y la realidad de muchas naciones coexistiendo dentro de los límites del estado.

El matrimonio de conveniencia entre el EZLN y el movimiento indígena mexicano es entonces un matrimonio del pasado revolucionario de México y el futuro revolucionario" (p 87).

Sin embargo, como apunta Mellucci, todo movimiento tiene en sí mismo un proyecto, y los zapatistas lo tenían desde antes del levantamiento armado y lo han venido desplegando. Y como los acontecimientos lo muestran, desde que se iniciaron las negociaciones de San Andrés Larraínzar, los vínculos entre el EZLN y el movimiento indígena (principalmente el agrupado en el Congreso Nacional Indígena –CNI-, pero también muchos otros en el país) han venido fortaleciéndose, y su destino ha estado estrechamente ligado en la lucha por el respeto a los Acuerdos de San Andrés, como lo mostró la marcha del EZLN, acompañado por el CNI y otras organizaciones indígenas desde Chiapas, pero también de otros estados por los que cruzó la caravana zapatista hasta llegar a la Ciudad de México en marzo de 2001 para hablar ante el Congreso y demandar que se aprobara la Ley de Derechos y Cultura Indígena presentada por la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación creada en la Cámara en el Congreso en 1994). Sin embargo, ambos (el EZLN y el movimiento indígena) fueron traicionados por el gobierno de Fox al aprobarse a mediados de 2001 en el Congreso una Ley de Derechos y Cultura Indígenas que niega, entre otros derechos, la autonomía y territorios a los indígenas. Esta postura quedó convalidada por la resolución negativa de la Suprema Corte de Justicia frente a las controversias constitucionales que presentaron cientos de comunidades indígenas en contra de dicha ley.

En esta perspectiva, y de acuerdo con un informe difundido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos el 18 de diciembre de 2000, los movimientos indígenas de resistencia en América Latina serán uno de los principales desafíos a los gobiernos nacionales en los próximos 15 años, "Tales movimientos se incrementarán, facilitados por redes transnacionales de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados", señala la CIA. "Las tensiones -añade- se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas" (Cason y Brooks, 2000).

Como lo pone de manifiesto el análisis de la CIA, los nuevos sujetos sociales y políticos que vendrán a poner en riesgo no sólo los intereses nacionales sino también los estadounidenses en el Continente, y por ende su "seguridad nacional", son los movimientos indígenas, como en su momento lo fueron los movimientos campesinos, los movimientos obreros, los movimientos populares y los movimientos guerrilleros armados. Pero a diferencia de éstos, los movimientos indígenas tendrán el apoyo internacional gracias a redes transnacionales de activistas, por lo que para enfrentarlos se requerirá de una nueva estrategia contrainsurgente, la cual ya la tiene preparada el Pentágono estadounidense: la Contraguerra a la "Guerra de Red Social".

Esta estrategia fue desarrollada por John Arquillas y David Ronfeldt de la Corporación RAND (muy vinculada al Pentágono), sobre todo a partir del levantamiento zapatista. Este movimiento ha sido considerado por los mencionados estrategas como el nuevo paradigma para caracterizar a los conflictos sociales en el Nuevo Orden Mundial, una vez que la Guerra Fría llegó a su fin (Arquilla and Ronfeldt, 1996; 1997ª; 1997b; 2001; Arquilla, Ronfeld and Zanini, 1999; Ronfeld and Martínez, 1997; Ronfeldt, Arquilla, Fuller and Fuller, 1998).

Pero si lo que caracteriza a este movimiento, es que a pesar de haber recurrido a las armas para iniciar su lucha y hacerse oír, no busca la toma del poder, ¿qué hace entonces tan novedoso y tan importante al movimiento zapatista, como para que los estrategas del Pentágono lo tomen como paradigma de las luchas sociales del nuevo siglo, y para que la CIA considere que los movimientos indígenas rebeldes (incluyendo por supuesto a los zapatistas) se volverán el principal reto para los gobiernos en el continente por la red de apoyo que tienen?.

¿Se vinculan estos dos hechos con las luchas que buscan poner en jaque a la globalización, y que se han vuelto más y más importantes a partir de las movilizaciones de Seattle en contra de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio en diciembre de 1999, y que después de otras movilizaciones más, llevó a la policía italiana a hacer a un lado los Acuerdos de Schengen, para cerrar sus fronteras a los activistas europeos, y para reprimir brutalmente a los manifestantes, asesinando a uno de ellos en Génova durante la Cumbre del Grupo de los Siete países más ricos del mundo (G-7), en junio de 2001?

Sin duda, ya que como apunta la periodista Pepa Roma:

"Chiapas es el vivo ejemplo de revolución que no existiría sin una red de colaboración internacional. Pero posiblemente "la red" tampoco existiría sin la experiencia de Chiapas. Aquí es donde, de forma más clara, se configura el modelo: la revolución es la red, conectarse no a Internet, sino a una red de disidencia mundial. El zapatismo es el que antes que José Bové en Francia o Vandana Shiva en la India, expone de forma más clara el principio de unidad a partir de la diversidad: ser un indígena de Chiapas no le impide a uno luchar por lo mismo que un campesino blanco del cono sur. El mismo zapatismo ya está formado por una conjunción de fuerzas: indígenas e intelectuales que llegan de la capital, como el subcomandante Marcos.

Todos los caminos llevan a Chiapas. Se diría que aquí vienen a bautizarse disidentes de todo signo, cuando todavía ni siquiera existe un designio para aunar voluntades a nivel global (...) Como el Narmada o el Amazonas para los ecologistas, Chiapas se convierte en centro de peregrinación, santuario de la revolución que hay que proteger. Y no sólo, o no tanto en el espacio geográfico que ocupa en un país llamado México, sino principalmente en Internet, Chiapas se defiende tanto con guerrilleros indígenas en la selva Lacandón (sic), como con los ciberguerrilleros apostados junto a la terminal de un ordenador por todo el mundo, lo que durante mucho tiempo le convierte en una especie de paso obligado, primera lección, y punto de encuentro y confluencia de tantos navegantes que se quieren conectar a la red de la ‘antiglobalización’.

Casi todos los movimientos de lucha actuales han aprendido de Chiapas la importancia de conectarse en "la red". Y no sólo a través de Internet, sino de cualquier canal de comunicación con el exterior. Sean mensajeros de las ONG, de viajes, de una simple carta que permita comunicarse con grupos afines, buscar alianzas, dentro y fuera del país, dentro y fuera de la propia sociedad (Roma, 2001: 256-257).

En esta perspectiva, es claro el interés del Pentágono, de la CIA y otras dependencias de seguridad de Estados Unidos, así como de otros gobiernos, para enfrentar abierta o soterrada, individual o colectivamente a estos movimientos "antiglobalización" empresarial. Frente a los hechos de Génova, el gobierno italiano se suma a la propuesta alemana de crear una policía antidisturbios europea con adiestramiento y enrolamiento común y en coordinación con las diversas policías de los diversos Estados. Frente a los movimientos en América Latina, el gobierno boliviano envía a un militar que participó en la captura y asesinato del Ché en 1967 en ese país como embajador en México, con una importante misión, la de analizar los movimientos insurgentes de este país (léase principalmente el EZLN) que pudieran influenciar o ser tomados como ejemplos por los indígenas de esa nación andina. Los ‘hackers’ (del Pentágono) buscan destruir o interferir las comunicaciones entre las redes de solidaridad con virus cada vez más destructivos, y con la saturación de mensajes. El gobierno estadounidense considera la posibilidad de cobrar por el uso de la "supercarretera de la información". Y el gobierno de México busca aislar cada vez más a los zapatistas, secuestrándole sus banderas y demandas, minando sus bases de apoyo, expulsando a los extranjeros que los apoyan, y cercándolo militar y paramilitarmente, enfrentando a indígenas versus indígenas, con mecanismos que se inscriben claramente dentro de la estrategia contrainsurgente de la Contraguerra a la "Guerra de Red Social".

En este ensayo se analizan algunos aspectos de la estrategia político-militar que utiliza el gobierno mexicano para enfrentar el movimiento zapatista, particularmente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la cual se inscribe en la perspectiva de la Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense, a la cual el gobierno mexicano ha ido acercando y subordinando su propia política de seguridad nacional y su soberanía, y que implica, por ende, la aplicación de una estrategia de contrainsurgencia en sus facetas de "Guerra de Baja Intensidad" y de Contraguerra a la "Guerra de Red Social".

2. LAS ESTRATEGIAS POLITICO-MILITARES DEL ESTADO MEXICANO EN CONTRA DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN).

En una correlación de fuerzas claramente desfavorable para su parte, el primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró la guerra

"al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas De Gortari". (El Despertador Mexicano, Órgano Informativo del EZLN. N° 1, diciembre de 1993).

Con un audaz primer golpe que incluyó la difusión de sus objetivos a través de los medios informativos nacionales y extranjeros, y que le valió una victoria político-militar, el EZLN ponía en práctica su estrategia desarrollada a lo largo de muchos años de organización entre las comunidades indígenas de Los Altos y la Selva chiapanecos. Las tácticas militares que emplearon, se dice en uno de los primeros comunicados de los zapatistas,

"no fueron aprendidas de la insurgencia centroamericana, sino de la historia militar mexicana, de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Mina, de la resistencia a la invasión yanqui en 1846-47, de la respuesta popular a la intervención francesa, de las grandes gestas heroicas de Villa y Zapata, y de las luchas de resistencia indígena a todo lo largo de la historia de nuestro país." (Comunicado del CCRI-CGEZLN, 6 de enero de 1994)

El EZLN no actuó como una guerrilla, sino como un ejército en forma, que no practica el asedio y guerra de desgaste, sino una toma de posiciones y ataque frontal. El EZLN rompe con los esquemas de la Guerra Popular Prolongada (GPP) y tampoco sigue las líneas clásicas de una Guerra Popular Revolucionaria de corte socialista. Se enfrentan a batallones de elite del Ejército mexicano fuertemente pertrechados, y no sólo pudieron resistir sino que tomaron también la ofensiva, según un análisis de Jaime Laguna Berber, excombatiente de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en los primeros días de enero de 1994. (Reveles, 1994)

Sin embargo, en términos realistas, la desventaja material de los zapatistas era evidente y de acuerdo con Laguna Berber (1994), a primera vista la ofensiva de éstos y en caso de prolongarse la guerra podría parecer una solución sin perspectiva; pero no era así, ya que se buscaba que el escenario de la guerra y el terreno de la confrontación política abarcara otros espacios del territorio nacional, otros sectores e incluyera otras formas de lucha. Es por ello que inmediatamente se hacen llamados urgentes a la sociedad civil por parte del EZLN para organizarse y asumir un papel protagónico en la solución al conflicto. Para Laguna Berber,

"La ofensiva logró de tal manera el éxito propuesto que cuando los insurgentes consolidaban la retirada y preparaban la resistencia al asedio, se decretó el cese al fuego, se ofreció amnistía y se habló de iniciar negociaciones. La ofensiva militar logró acercarse a los objetivos políticos propuestos. El gobierno federal tuvo que ceder ante la eventualidad de enfrentarse a una costosa guerra interna, cuyo desenlace, pese a la superioridad de fuerzas, no resultaba previsible a corto plazo. El costo sería enorme en términos políticos. Por fortuna para todos, la opción política se impuso ante la militar." (Ibid, p. 112)

Pero no por mucho tiempo. El fracaso de las negociaciones de paz (¿fracaso premeditado por parte del gobierno?), y la imposición de un gobernador priísta electo en el marco de un proceso electoral plagado de irregularidades, llevaron a que el EZLN decretara nuevamente el inicio de las hostilidades, pero ahora bajo un cerco preparado con suficiente tiempo por los militares.

2.1 LA GUERRA O CONFLICTO DE BAJA INTENSIDAD (GBI O CBI) EN CHIAPAS.

En la preparación de la contraofensiva político-militar gubernamental se contó con asesoría extranjera, principalmente de los Estados Unidos. En 1994 el General Gordon Sullivan, jefe del Estado Mayor del ejército de los Estados Unidos realizó dos visitas al entonces secretario mexicano de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, semanas después del alzamiento armado del EZLN, para recopilar información sobre el conflicto chiapaneco y para la venta de artículos "no letales" para el Ejército Mexicano, pero además para ofrecer un incremento de los recursos del Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar, destinado a México, que pasó de 400 mil a 700 mil dólares de 1994 a 1996. Sullivan jugó un papel fundamental en el mejoramiento de las relaciones que en años anteriores se habían caracterizado por una marcada "desconfianza" de los militares mexicanos hacia sus homólogos estadounidenses, lo cual obstaculizó la cooperación bilateral y multilateral en materia castrense. (Cope, 1996)

Lo cierto es que se registró también la presencia de "agregados militares" estadounidenses en la zona ocupada por el ejército a los zapatistas el 9 de febrero de 1995. El asesoramiento mencionado también provino de otros países latinoamericanos como Guatemala (entrenamiento a los soldados mexicanos por parte de kaibiles), y de especialistas de Argentina, denunciados en medios informativos de ese país. Y aún de israelíes o con técnicas israelíes aprendidas y aplicadas por los militares guatemaltecos. Hay que mencionar que la presencia israelí en Guatemala data desde mediados de los años 1970s, asesorando y entrenando a los militares y policías en tácticas contrainsurgentes probadas contra los palestinos (proyectos de pacificación rural por medio de programas agrícola-militares; reubicación forzosa de la población a campos o aldeas estratégicas; tortura; asesinatos y encarcelamiento), así como fabricando armamento (Hunter, 1987; Peña, 1988).

En la preparación de la estrategia militar del gobierno mexicano, también se ha mencionado el uso de programas de contrainsurgencia elaborados en computadora. Y sabemos que Israel también le ha proveído a Guatemala de computadoras que han sido usadas en la contrainsurgencia (se estima que se tiene computarizados datos de más del 80% de la población adulta guatemalteca). Otras técnicas de computadora en este sentido han sido desarrolladas por los militares argentinos y chilenos quienes han asesorado a los guatemaltecos en técnicas muy sofisticadas (Ibid).

Durante casi un año también se incrementaron los efectivos militares en Chiapas para lograr completar el cerco alrededor de los zapatistas, con miles de kaibiles estacionados a lo largo de la frontera guatemalteca con México. Por muchos puertos marítimos y aeropuertos entraron al país tonelada tras tonelada de armamento adquirido por el gobierno mexicano en Estados Unidos y otras partes del mundo, para ser trasladado a la zona de conflicto y a otras regiones del país.

Y para la ofensiva final se preparó por parte de los organismos de seguridad nacional mexicanos (pero en la que se ve claramente la mano de asesores extranjeros), una estrategia derivada de la Doctrina de Seguridad Nacional, y que establecía por un lado el esquema francés de la desmovilización o desactivación de las fuerzas beligerantes. Y, por el otro el esquema israelí, de acción directa, intensa. ¿Cómo se desactivan a esas fuerzas? De acuerdo con fuentes de seguridad nacional:

"Primero actuando en los tres niveles de gobierno. En los municipios en conflicto se inyectan recursos económicos para satisfacer las necesidades más apremiantes, junto con el ofrecimiento de repartir lo repartible y garantizar el resto de la tierra. A nivel estatal y federal se ofrecen posiciones en el gobierno y Poder Legislativo a interlocutores del EZLN (PRD). O sea, en Tuxtla Gutiérrez y el Distrito Federal. ¿Qué se quiere con esto?, muy sencillo, la caja de resonancia en la capital del país pierde fuerza. Y por añadidura se divide a la oposición no leal. Además, se echa mano del PAN, una fuerza opositora al PRD y al gobierno y, por tanto, imparcial. Es decir, que la Procuraduría General de la República va a tener más participación en el conflicto." (Ortega 1994.)

De acuerdo con estas mismas fuentes, semanas antes de realizar las maniobras que permitirán tomar la iniciativa en el conflicto, se prepara el terreno y se colocan las respuestas SI y las NO en el diagrama de la ruta crítica del conflicto en Chiapas.

"Cuando el gobierno fija su posición se llenan los rombos (del diagrama): respeto a la Constitución (vigencia de la ley), mantenimiento de la tregua unilateral (el ejército no disparará primero) y una salida negociada. Así, el EZLN sólo tenía una salida: amagar con el reinicio de hostilidades en la variante del rompimiento de la tregua."

En caso de no funcionar este marco analítico como estaba previsto, entonces entraría el esquema israelí, es decir, la acción directa que es contundente, relámpago, a profundidad e intensiva. En otras palabras, la guerra sería contundente, breve e intensa de parte de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el EZLN volvió a sorprender con la instrumentación de una nueva fase de su estrategia, al romper silenciosamente y sin disparar un solo tiro el cerco militar el 19 de diciembre, desplegándose en 38 municipios y ampliando así la zona de influencia y por ende de conflicto (Perfil de La Jornada, 20 de diciembre de 1994). La respuesta gubernamental consistió en estrechar el cerco militar y preparar el asalto final, tratando de descabezar al EZLN con las ordenes de aprehensión en contra de sus dirigentes cuya supuesta identidad se puso al descubierto el 9 de febrero -algunos de los cuales fueron detenidos-, en una virtual declaración de guerra, al ordenar a las Fuerzas Armadas que se movilizaran para apoyar a la Procuraduría General de la República (PGR) en el acatamiento de dichas órdenes. Cuestión que sin embargo, agarró un tanto fuera de balance al ejército el cual no tenía aún una estrategia de ofensiva bien definida (Fazio, 1996).

Sin embargo, el avance militar se detuvo una vez ocupadas todas las regiones de influencia zapatista, ya que antes que llevar adelante una ofensiva final para aplastar a los insurgentes -lo cual hubiese sido muy costoso en términos políticos para el gobierno zedillista-, se quería realizar una labor de cercamiento y de aniquilamiento de la dirección del EZLN.

Pero esta detención se logró no para dar tiempo a que se discutiera una propuesta de amnistía para los alzados en armas en un período extraordinario del Congreso, como lo planteara el gobierno zedillista, sino debido principalmente a las fuertes presiones internas y externas, ejercidas por la sociedad civil organizada (marchas, manifestaciones, tomas de consulados y embajadas, etc.), por parte de congresistas (de México, Estados Unidos y del Parlamento Europeo), por cartas de personalidades de la cultura e intelectuales (italianos, españoles, etc.) exigiendo la salida del ejército del territorio zapatista y el respeto a los derechos humanos; y por la preocupación del propio Departamento de Estado de la Unión Americana.

Aunque también fue un factor determinante para la detención del avance de febrero, el que se presentaran complicaciones en el Congreso estadounidense para el otorgamiento del paquete de apoyo económico a México de 20 mil de los 50 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis económica desatada por la fuerte devaluación del peso en diciembre de 1994; apoyo que había sido impulsado por el poder ejecutivo de Estados Unidos y por las instituciones financieras internacionales para evitar el colapso del sistema capitalista mundial, rescatando a la economía mexicana que es la más ficticia y por tanto el eslabón más débil de la cadena.

Todo esto contribuyó a que Ernesto Zedillo aflojara la posición que fue forzado a tomar por dichas condiciones y por los sectores "duros" de su gobierno, incluyendo -según una fuente de inteligencia de Estados Unidos (Gallegos y Aponte, 1997)- a militares, quienes le plantearon que si no actuaba con decisión contra el EZLN tenía sus días contados como presidente de México. Algunos articulistas plantearon que posiblemente otra de las razones que llevó a Ernesto Zedillo a tomar la decisión de lanzar dicha ofensiva haya sido la sugerencia del Chase Manhattan Bank, una de las diez principales instituciones financieras de Estados Unidos, de que el gobierno mexicano debía "eliminar" a la insurgencia zapatista a fin de "demostrar su efectivo control del territorio nacional y de la política de seguridad" (Beltrán del Río, 1995).

Zedillo se vio así obligado a proponer la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas que fue aprobada por el Congreso en el mes de marzo bajo la cual se establecieron nuevamente, a principios de abril, las negociaciones entre ambas partes, bajo el acuerdo de que no se detendría a ninguno de los mencionados en las listas de la PGR mientras el EZLN se mantuviera en las mesas de negociación. Sin embargo, uno de los presuntos líderes zapatistas, Fernando Yañez Muñoz (a) Comandante Germán, fue aprehendido el 21 de octubre en la Ciudad de México, violándose de esta manera dicho acuerdo. Esta aprehensión, junto con nuevos vuelos rasantes y movilización de tropas militares en la selva chiapaneca durante los días subsiguientes, hicieron que el EZLN se declarara en "alerta roja", y que pusiera en duda las negociaciones. La liberación de Yañes una semana después, por desistimiento de la PGR a petición de la COCOPA, y por presiones de la sociedad civil organizada en México y en el extranjero, evitó no sólo una grave crisis política sino también económica del país, como se apuntaba ya con la caída de valores mexicanos en New York y la devaluación del peso ante el nerviosismo provocado por la "alerta roja" del EZLN, la cual fue levantada poco después de conocerse que Yañes fue puesto en libertad.

La solución militar al conflicto chiapaneco en febrero de 1995 era previsible, sobre todo desde que se agotaron las negociaciones realizadas entre el Comisionado para la Paz, Manuel Camacho Solís y el EZLN en 1994. Y aunque en abril de 1995 se inició el nuevo diálogo, el gobierno mexicano no canceló la vía militar en Chiapas, como se puede apreciar por las continuas acciones de hostigamiento militar, y también de acuerdo con expertos analistas militares de dentro y fuera del gobierno estadounidense que han venido siguiendo muy de cerca este conflicto (Cason y Brooks, 1995). La vuelta al diálogo por parte de los zapatistas no significó que éstos bajaran la guardia, lo que quedó de manifiesto cuando decretaron la "alerta roja" por la detención del presunto Comandante Germán.

La ofensiva de febrero de 1995 se basaba en una nueva estrategia militar de las fuerzas armadas mexicanas, las cuales se habían venido reestructurando y preparando en la perspectiva de la contrainsurgencia denominada "Guerra de Baja Intensidad" (GBI).

Pero aunque el uso de este concepto al que también se le denomina como Conflicto de Baja Intensidad (CBI) se ha generalizado en diversos medios, aún existe mucha confusión acerca de su significado y contenido. Y ello es precisamente por la ambigüedad con la que la idearon los estrategas del Pentágono estadounidense durante el régimen de Ronald Reagan, para impulsar nuevamente su política intervensionista político-militar, que había sido frenada hasta cierto punto a partir de su derrota en la guerra de Viet Nam. Viet Nam inspiró una resistencia pública muy profunda al involucramiento militar estadounidense en otros conflictos del Tercer Mundo, lo que generó el llamado Síndrome de Viet Nam (Klare, 1981). Los estrategas militares idearon entonces la Doctrina del Conflicto de Baja Intensidad, la cual ofreció a los Reaganautas una solución irresistible a este dilema. Esta doctrina presentaba el prospecto de sostener una guerra no definida como tal: no sería necesario el reclutamiento forzoso, pocos soldados serían enviados al teatro de operaciones bélicas y aún menos serían regresados a casa en "bolsas de cuerpos" (body bags). Ahí es donde se encuentra el atractivo de esta doctrina: la capacidad de rebasar límites sobre el poder de Estados Unidos, mientras se persiguen los objetivos contrarrevolucionarios de un presidente determinado a restaurar el dominio estadounidense.

Así, los fundamentos del CBI o GBI se encuentran en los programas de "contrainsurgencia" –la integración coordinada de asistencia económica con operaciones sicológicas y medidas de seguridad-, desarrolladas para América Latina después de la revolución cubana de 1959, y para Viet Nam del Sur en los primeros años de la década de los 1960s. "Contrainsurgencia" es el viejo nombre del Conflicto de Baja Intensidad, según el jefe militar estadounidense en El Salvador en la década de los 1980s. Bajo Reagan, la doctrina del CBI o GBI se institucionalizó en la burocracia de la seguridad nacional, estableciéndose como la nueva estrategia político-militar de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

El término mismo deriva de la imagen del pentágono del "espectro de conflicto", una división teórica de los conflictos armados en niveles "bajo", "medio" y "alto", dependiendo del grado de fuerza y violencia. Las guerras de guerrilla y otros conflictos limitados peleados con unidades irregulares se denominan "Conflictos de Baja Intensidad", aunque el impacto de tales guerras en países tercermundistas, como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, etc. puedan ser devastadores. Las guerras peleadas con armas modernas, tales como la guerra entre Irak e Irán en los 1980s, son consideradas "Conflictos de Mediana Intensidad"; y las conflagraciones globales no nucleares (como la primera y segunda guerras mundiales) o inclusive un encuentro nuclear caen en la categoría de "Alta Intensidad" (Klare y Kornbluh, 1988).

Pero para el Pentágono, la definición de CBI o GBI incluye más que una categoría de violencia: es en primer lugar, un medio ambiente en donde el conflicto ocurre; y, en segundo lugar, una serie de diversas actividades y operaciones cívico-militares que son conducidas en ese medio ambiente. Tan deliberadamente amplia y ambigua es la descripción oficial el CBI o GBI que va desde las actividades antinarcóticos en Bolivia, la ocupación de Beirut por los israelíes, la invasión de Grenada, los ataques aéreos a Libia, o la invasión a Panamá, y aún acciones antinarcóticos, antiinmigrantes y antiterroristas en su propia frontera sur (Dunn, 1996; Sandoval, 1996). También incluye un amplio rango de operaciones políticas o sicológicas encubiertas descritas como "operaciones especiales", "actividades especiales" o "guerras no convencionales".

Pero mientras los estrategas militares estadounidenses dibujan al CBI o GBI como una guerra para todas las estaciones, en esencia es una doctrina para la contrarrevolución. Las acciones de esta doctrina están divididas en operaciones de contrainsurgencia y proinsurgencia, las cuales son descritas por un informe del pentágono como el "apoyo diplomático, económico y militar para un gobierno bajo ataque por insurgentes o una fuerza insurgente que busca liberarse de un gobierno adversario" (Klare y Kornbluh, op. cit.). Esta postura la sigue defendiendo el gobierno estadounidense. Recientemente, al comenzar la reuniones oficiales en la sede de la Organización de las Naciones Unidas sobre estrategias y medidas para controlar el tráfico ilícito en armas pequeñas y ligeras, John R. Bolton, subsecretario de Estado para Control de Armas, declaró en la sesión inicial de la conferencia a principios de julio de 2001 que Estados Unidos rechaza cualquier medida internacional que intente prevenir al gobierno de George W. Bush de enviar armas a grupos insurgentes en otros países que intenten derrocar a gobiernos soberanos (Cason y Brooks, 2001).

La versión militar oficial mexicana de la actual estrategia de Guerra de Baja Intensidad desarrollada por los Estados Unidos como parte de su Doctrina de Seguridad Nacional, se encuentra plasmada en el Manual de Guerra Irregular: Operaciones de Contraguerrilla o Restauración del Orden, editado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 1995. Este manual es la expresión de una profunda metamorfosis militar que como resultado directo de este conflicto, la cúpula militar puso en marcha en 1995, y cuya máxima prioridad es integrar comandos de elite adiestrados para realizar operaciones en áreas urbanas y suburbanas, así como para actuar en desierto, montaña y selva. Aunque en realidad, esta transformación se inscribe en la Gran Estrategia estadounidense de seguridad hemisférica, que asigna a los ejércitos latinoamericanos un papel subordinado a las Fuerzas Armadas estadounidenses y con funciones de contención interna y de policía principalmente en la lucha antinarcóticos (Fazio, op. cit.; Saxe-Fernández, 1994).

En esta perspectiva de metamorfosis, y según un documento confidencial elaborado por la SEDENA en 1995, en el corto y mediano plazos las Fuerzas Armadas del país centrarían sus tareas básicamente en la contrainsurgencia y la lucha antinarcóticos. En el Programa de Desarrollo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y su anexo –un texto de 14 cuartillas donde se plantean las tareas concretas- se definen los objetivos a corto y mediano plazos:

• "Establecer una escuela de operaciones especiales (con el Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales –GAFE) y la unidad de operaciones especiales del primer Cuerpo del Ejército, a fin de adiestrar a tropas en operaciones urbanas y suburbanas, así como organizaciones especiales en cuatro regiones del tipo desérticas, en montaña y dos en selva.
• La conformación de un verdadero sistema de inteligencia militar.

• Adiestrar a los integrantes de las fuerzas especiales en técnicas y tácticas de armas especiales y asalto en vehículos; localización, activación y desactivación de artefactos explosivos, protección a funcionarios; antiterrorismo e intervención de edificios.
• Creación de unidades aeromóviles, con prioridad al sureste con fuerzas especiales.
• Creación de grupos aerotransportados de Fuerzas Especiales regionales en Guerrero y Chiapas.
• Adiestramiento de todas las unidades en operaciones especiales.
• Intensificar el entrenamiento de los miembros de la Fuerza Aérea en las operaciones aerotácticas.
• Continuar con los cursos de carácter especial para conductores, tiradores, explosivos, aparatos de visión nocturna;
• Intensificar el adiestramiento mediante simuladores para infantería, blindaje, fuerza aérea.
• Incrementar el adiestramiento en actividades de patrulla de combate.
• Redefinir radicalmente el concepto de seguridad nacional que había asumido la jerarquía castrense". (Camp, 1999; Rodríguez, 1995, pp. 42-43)

Para esta reestructuración se contó con el apoyo material, asesoría y adoctrinamiento de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de México. Por ejemplo, bajo la supervisión y con entrenamiento del Pentágono se crearon entre 1996 y 1997, con 1800 elementos, los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), unidades de elite especializados en asalto aéreo, lucha antinarcóticos y de contrainsurgencia y cuyo entrenamiento finalizaría en 1999 (Aponte, 1997; Benavidez, 1997).

Hay que mencionar también que muchos de los mandos superiores han recibido educación militar también en Estados Unidos; y que a partir del primero de enero de 1994 un número creciente de militares mexicanos han recibido entrenamiento contrainsurgente en la famosa Escuela de las Américas y en otras instalaciones militares estadounidenses (El Financiero, 26 de enero de 1998; Isacson and Olson, 1998; 1999; 2000; Rodríguez, 1998).

Esta capacitación, además del apoyo material y la asesoría estadounidense a las Fuerzas Armadas mexicanas, ha sido posible en el marco de un mayor acercamiento entre los militares de ambos países, el cual comenzó a darse a partir de la negociación entre México y Estados Unidos del TLCAN, además de Canadá. Así, para John A. Cope (op. cit.), exmilitar, experto en cuestiones militares mexicanas y profesor en asuntos de seguridad hemisférica en el Institute for National Strategic Studies de la National Defense University, y quien fuera asesor militar del Subsecretario de Estado para Cuestiones Interamericanas: "Un ámbito, restringido y limitado, donde el espíritu de cooperación del TLCAN ha impulsado iniciativas bilaterales tentativas es el de las relaciones entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y México." Y después de mencionar que si bien la relación entre ambas fuerzas fue durante mucho tiempo distante y mal comprendida en los círculos gubernamentales, sin embargo,

"México, en particular, no sólo está acoplándose al TLCAN sino también a la presión reciente de Estados Unidos para que colabore más vigorosa y eficazmente contra el narcotráfico, a la rebelión en Chiapas y a los disturbios internos de tipo político y económico que aumentan día con día. El estado actual y el potencial futuro de la relación bilateral militar es mucho más importante que antes para una naciente relación de seguridad."

Durante los años de negociación del TLCAN se fortalecieron los vínculos entre los jefes de las fuerzas armadas de ambos países, de acuerdo con Cope,

"Después de viajar a México en por lo menos cuatro ocasiones y de recibir a su homólogo en Estados Unidos varias veces en un lapso de tres años, se podría decir que el general Gordon Sullivan –jefe del Estado Mayor del ejército estadounidense- pasó con creces la "prueba" (de demostrar la sinceridad de su interés en mejorar los contactos entre los militares de ambos países). Sullivan cultivó una buena relación personal con el General Antonio Riviello, secretario de Defensa Nacional y por ende jefe del ejército y la fuerza aérea; asimismo, después de iniciarse la rebelión zapatista en enero de 1994, reafirmó la amistad y cooperación de Estados Unidos en un momento en que el ejército mexicano estaba dándose cuenta de las insuficiencias de sus doctrinas militares, del equipo obsoleto y del mundo intrusivo de hoy, conformado por grupos de interés no gubernamentales, medios de comunicación internacionales y la tecnología de la información."

Gracias a dichas relaciones, y durante los primeros meses después del levantamiento zapatista, militares de ambos lados viajaron en varias ocasiones a uno y otro país. Generales mexicanos llevaron a cabo diversas visitas a instalaciones y escuelas del ejército estadounidense, con el fin de investigar temas tales como relaciones públicas y entrenamiento militar. El General Sullivan y una pequeña delegación visitaron al General Riviello en México dos veces a principios de 1994 y, durante uno de esos viajes, por primera vez pudieron ver las operaciones de combate al narcotráfico del ejército mexicano. Estas reuniones con Riviello dieron como resultado las visitas ya mencionadas de militares mexicanos a Estados Unidos, el apoyo a la venta de varios artículos "no letales" del ejército estadounidense y el apoyo de Washington a los incrementos en la asignación para México de los fondos del IMET (International Military Education and Training), destinados a educación y entrenamiento militares en 1994, 1995 y 1996 (aunque el apoyo militar se ha incrementado en los últimos años, pero bajo otros rubros, véase Isacson and Olson, op.cit.).

La búsqueda de convergencia en las relaciones militares transfronterizas entró en una nueva etapa (cuarta de acuerdo con la estrategia estadounidense), a finales de octubre de 1995, cuando un secretario de Defensa estadounidense visitó México por vez primera. El viaje de William J. Perry, organizado a raíz de una invitación del general Cervantes, fue considerado por el gobierno estadounidense como un paso natural tras la firma del TLCAN y la reunión en julio de ese año de los ministros de Defensa americanos en Williamsburg, Virginia (que se enmarcaba en los planteamientos de la Cumbre de las Américas realizada en Miami en diciembre de 1994, para acordar la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas para el año 2005), a la cual no asistió el secretario mexicano. Perry puso el acento en las relaciones bilaterales en materia de seguridad más que en las relaciones militares. El principal objetivo de la visita de Perry fue generar una mayor cooperación militar para combatir el tráfico de drogas a través de la frontera, pero también intentó, en sus propias palabras, "montar el escenario para que nuestras naciones hicieran más en el área de seguridad, a niveles más altos y más profundos" (Los Angeles Times, 25 de octubre de 1995). Perry invitó al Ejército Mexicano a conformar un "tercer vínculo" -la relación de seguridad- dada la "cercanía" ya existente entre ambos países en política y economía (Fazio, op. cit.; Fuentes y Estevez, 1995).

Y aunque el Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Enrique Cervantes, manifestó que en estas relaciones debe respetarse la soberanía, por la vía de los hechos, el Estado mexicano está cada vez más inmerso en el ámbito geopolítico y de seguridad nacional estadounidense. En esta perspectiva, dice Saxe-Fernández (1994), la estrategia de Estados Unidos, "no sólo para México sino también para el resto del hemisferio, es garantizar su absoluta primacía militar, por lo cual se encamina a inducir cambios en las funciones y misiones, de lo propiamente militar a lo policiaco." De hecho, en muchos países latinoamericanos existe ya un traslape entre los militares y las policías (Demarest, 1995).

En este marco se ubica el creciente apoyo de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas y policías de México y otros países de América Latina y el Caribe, en rubros tales como: donaciones de equipo militar; ventas de equipo militar; entrenamiento; cursos militares; etc. (Isacson and Olson, op.cit); y específicamente en el caso de Chiapas, un mayor involucramiento militar en tácticas y equipo de contrainsurgencia, de acuerdo con exmilitares veteranos de Vietnam como Brian Wilson (1998) y militares como Donald Schulz, un experto en América Latina en el U.S. Army War College (Burke, 1998).

Al cumplirse tres años de la rebelión indígena en Chiapas en enero de 1997, la opción militar gubernamental al denominado conflicto chiapaneco volvió a mostrarse de manera clara y contundente. Esto se dio a partir de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazara la "contra"propuesta sobre Derechos y Cultura Indígena del Presidente Ernesto Zedillo y su equipo, misma que trataba de sustituir a la propuesta presentada a las dos partes en noviembre de 1996 por la Comisión para la Concordia y la Pacificación (COCOPA) y que había sido aceptada plenamente por el EZLN, ya que recogía el espíritu de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados el 16 de febrero de ese año por los zapatistas y el Gobierno Federal.

Estos Acuerdos que incluían pronunciamientos y propuestas a las instancias de debate y decisión nacional y compromisos para el estado de Chiapas, habían sido el resultado de largas negociaciones entre ambas partes, afectadas por un sinnúmero de problemas hasta que el 29 de agosto de 1996, en la víspera de la plenaria final del Foro Especial sobre Democracia y Justicia -organizado por el EZLN con el apoyo de la COCOPA-, los zapatistas declararan suspendido el diálogo con el Gobierno Federal planteando condiciones mínimas para su reanudación. Esto llevó a la COCOPA a buscar los mecanismos para coadyuvar al propiciamiento de las condiciones políticas que permitieran la reanudación del diálogo, lo cual derivó finalmente en una propuesta para el cabal cumplimiento de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, y que fue inmediatamente avalada por los zapatistas ya que ofrecía a los pueblos indígenas que tendrían el derecho a la libre determinación y a la autonomía para organizar su convivencia social, económica, política y cultural y para aplicar sus propias leyes para la solución de sus conflictos internos.

Por su parte, el gobierno reaccionó presentando una serie de comentarios al documento de la COCOPA, lo que de facto significaba una "contra"propuesta, que fue rechazada por el EZLN como inadmisible y violatoria de los Acuerdos de San Andrés. Sin embargo, un poco antes de la salida del Presidente Zedillo a Japón a principios de marzo, el gobierno anunció que retiraría su "contra"propuesta para hacer avanzar el diálogo nuevamente, lo cual pareció ser más una cuestión publicitaria, ya que en Japón planteó que su gobierno apoyaba una salida pacífica del conflicto entre el gobierno peruano y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) por los 72 rehenes mantenidos en la residencia del embajador japonés en Lima, pero al mismo tiempo dijo que "es deseable una solución que no aliente actos terroristas similares en el futuro" (Gallegos y Aponte, op. cit.). Después del ataque militar a la embajada japonesa, Zedillo aplaudió la solución.

Lo mismo sucedió cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno guatemalteco y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), donde Zedillo habló a nombre de los países apoyadores del proceso de paz planteando que los conflictos deben tener una salida pacífica; y también cuando el Canciller Gurría ofreció como sede nuestro país a los colombianos para negociar la paz. Al poco tiempo Zedillo presentaba su "contra"propuesta.

A partir del rechazo mencionado, se instrumentó desde los círculos oficiales una campaña para distorsionar las implicaciones de la propuesta de la COCOPA, planteando entre otras cuestiones que la autonomía indígena llevaría a una balcanización del país. Y a través del Ejército Federal, de las policías estatales, de los grupos paramilitares, guardias blancas, militantes priístas y de dependencias paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad, se incrementaron las actividades de la Guerra de Baja Intensidad por medio del hostigamiento, la intimidación, la agresión, la violencia y la presión física y sicológica sobre la población de las comunidades consideradas zapatistas en la llamada zona de conflicto. Pero también en otras regiones como el norte de Chiapas donde habitan mayoritariamente los indígenas Ch'ol -Salto de Agua, Sabanilla, Tila, Tumbalá, Chilón, Yajalón y Palenque-, a través de grupos paramilitares apoyados por el PRI, como el denominado Paz y Justicia, integrado por algunos ex-soldados retirados y que continúan siendo entrenados por militares en activo (CONPAZ, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Convergencia, 1996).

Efectivamente, no es que la opción militar hubiera estado relegada a un segundo plano desde la firma de los Acuerdos de San Andrés, sino que ésta se mantuvo en un bajo perfil, pero constante, buscando dividir, desgastar y atemorizar a las comunidades de apoyo y de simpatizantes de los zapatistas; y preparando las condiciones para poner en ejecución acciones quirúrgicas en contra de los comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) y en particular de su dirigente militar, Subcomandante Insurgente Marcos, en el momento considerado apropiado por el gobierno. Además, la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el mes de julio, durante la conmemoración del asesinato de 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), masacrados un año antes por las fuerzas públicas en Aguas Blancas, Guerrero; así como las posteriores acciones de este nuevo grupo armado en otras entidades (Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, etc), contribuyeron a que el gobierno federal militarizara estas y otras regiones del país, aplicando diversas fases de la Guerra de Baja Intensidad.

De acuerdo con los zapatistas, el gobierno se mantuvo durante 1997 en campaña premilitar, pues el Ejército Federal "saturó" sus cuarteles de tropa y armamentos a discreción, las patrullas militares doblaron el número de sus componentes y llevaron a cabo prácticas de "emboscamientos" en algunos sitios, y se incorporaron a estas patrullas a perros adiestrados para el rastreo, además los aviones y helicópteros "ensayan una y otra vez el golpe quirúrgico" sobre comunidades zapatistas como La Soledad, La Sultana, Patihuitz, Emiliano Zapata y La Garrucha. La orden de ataque se mantuvo en las mesas de los Estados Mayores Divisionales de la Llamada Fuerza de Tarea Arcoíris", con una promesa presidencial "esta vez no habrá marcha atrás" una vez que comenzara el asalto final. Con ello se querían evitar los errores militares de un febrero de 1995. (Enrriquez, 1997; Avilés, 1997ª; 1997b; Bellinhausen, 1997)

A fines de 1997 otra cara del conflicto hizo su aparición dentro de la llamada Guerra de Baja Intensidad, la masacre perpetrada por un grupo de paramilitares en Acteal contra miembros de la organización "Las Abejas", y donde murieron bajo las balas 45 indígenas, principalmente mujeres y niños. Esta acción nos muestra cómo la nueva ofensiva involucraba otra fase de la contrainsurgencia, como las aplicadas en el caso guatemalteco principalmente, y esto es debido a que se trata de población indígena simpatizante de los insurgentes (Arias, 1988). Son operativos tendientes a desestructurar a las comunidades étnicas, buscando desenraizarlas de sus tierras tradicionales y romper los lazos identitarios que les permiten reproducir sus relaciones tradicionales y de identidad comunitaria, 0buscando con ello –por medio del terror- desterrar las bases de apoyo del zapatismo, y romper los vínculos comunitarios en las regiones en que se lucha por la autonomía (Sandoval, 1998a).

Con ello se buscaba también, por un lado, pasar completamente la estafeta de las acciones punitivas del ejército y las policías, a los paramilitares (entrenados y formados por aquellos y que venían actuando impunemente desde hacia tiempo) para evitar que se siguiera culpando de la violencia a aquellos; y, por otro lado, incrementar el número de desplazados de las comunidades de bases zapatistas o de organizaciones pacifistas que simpatizaban con los zapatistas, cantidad que llegó en los últimos años hasta más de 20 mil personas. (Hidalgo y Castro, 1999)

2.2 LA CONTRAGUERRA A LA "GUERRA DE RED SOCIAL" EN CHIAPAS.

La ofensiva gubernamental que se inició en febrero de 1995, y que se incrementó a partir del ataque paramilitar en Acteal en diciembre de 1997, así como con la eliminación de la CONAI y la marginación de la COCOPA para poder actuar más libremente, tenía como objetivo cercar, aislar, desestructurar, inmovilizar, y posiblemente aniquilar, al EZLN y sus organizaciones y frentes de apoyo, en el marco de una nueva estrategia político-militar denominada por los analistas y estrategas estadounidenses John Arquillas y David Ronfeldt de la Corporación RAND (muy vinculada al Pentágono) como Guerra de Red (Netwar), y particularmente como Guerra de Red Social en el caso del movimiento zapatista (Arquilla and Ronfeldt, 1996; 1997ª; 1997b; 2001; Arquilla, Ronfeld and Zanini, op. cit.; Ronfeld and Martínez, op. cit.; Ronfeldt, Arquilla, Fuller and Fuller, op. cit.), y es que este movimiento ha sido considerado por los mencionados estrategas como el nuevo paradigma para caracterizar a los conflictos sociales en el Nuevo Orden Mundial, una vez que la Guerra Fría llegó a su fin. Al proponer el término de Guerra de Red, estos analistas plantean que se requiere de un nuevo término para enfocar la atención en el hecho de que actualmente se están incrementando los conflictos y los delitos basados en estructuras de redes.

En esta perspectiva, el término de Guerra de Red se relacionaría a la Guerra de Baja Intensidad en el extremo social de los conflictos. Como se ha mencionado en el apartado anterior, el concepto de Guerra o Conflicto de Baja Intensidad se desarrolló durante el régimen de Ronald Reagan (dentro del nuevo impulso que le dio al militarismo en la Guerra Fría), para caracterizar a las guerras de contrainsurgencia en el Tercer Mundo. La doctrina de la contrainsurgencia, derrotada en Vietnam, dejó, por un lado un sentimiento antibélico entre la población estadounidense que exigía ya no involucrarse en un conflicto más, a lo cual se le denominó "Síndrome de Vietnam". Y, por el otro, una enseñanza a los militares, quienes planteaban "Ya no más Vietnams", y es que en VietNam todas las decisiones militares estratégicas fueron tomadas por los civiles.

Los grandes conflictos armados que fueron caracterizados como Conflictos de Alta Intensidad (la guerra entre Irán e Irak, por ejemplo), han sido redefinidos por los analistas y estrategas militares estadounidenses, en la Post Guerra Fría, como Cyberwar, o Guerra Cibernética (Arquilla and Ronfeldt, 1992), la cual se refiere a las operaciones militares basadas en las tecnologías de la informática y designadas para destruir o desorganizar a un adversario (como en el caso de las guerras contra Irak en 1991 y 2003, o los bombardeos de la OTAN encabezados por Estados Unidos a Yugoeslavia a principios de 1999).

Pero estas nuevas estrategias militares son, a su vez, resultado de una Revolución en la Doctrina Militar. En este caso, la situación actual de las relaciones civiles-militares en Estados Unidos es una en la cual los civiles han cedido claramente muchas de sus prerrogativas, y se han vuelto demasiado deferentes al punto de vista de los militares. El paradigma militar actual sanciona, en las mentes de los militares, el deber de decidir no sólo cómo pelear sino también cuándo pelear. Entonces, en una manera burocráticamente significativa, los militares están dictando la política de defensa (Johnson, 1997).

Esta "revolución" en la doctrina militar también vino acompañada de una "revolución en cuestiones militares" (Revolution in Military Affairs-RMA), en la cual los militares estadounidenses han abrazado la transformación de sus fuerzas a través de la rápida adopción de las avanzadas tecnologías de la informática, con el objetivo de preparar a estas fuerzas para las nuevas contingencias del Nuevo Orden Mundial, principalmente la proliferación de armas de destrucción masiva (químicas y biológicas, y aún nucleares) en manos de Estados truhanes (Rogue States). En esencia, RMA se manifiesta en rápidos despliegues de fuerzas, el empleo decisivo de las mismas y en la reducción de la vulnerabilidad. Por otro lado, RMA transforma tiempo y espacio, dos elementos sustantivos de las estrategias militares. Comprime el tiempo al acelerar el paso del movimiento y la lucha. Y reduce la importancia del espacio, no sólo por las operaciones y depliegues rápidos, sino porque las armas de largo alcance son tan precisas como la artillería de corto alcance, los disparos de los tanque y las bombas. Bajo la mayoría de las circunstancias, las fuerzas de RMA pueden derrotar a fuerzas mucho más grandes pero menos ágiles (Gompert, Kugler and Libicki, 1999).

En suma, estas revoluciones en doctrina y en cuestiones militares, también han ido acompañadas de nuevas definiciones de los conflictos en este Nuevo Orden Mundial: Guerra de Red y Guerra Cibernética.

En este marco, la Guerra de Red se refiere a los conflictos en los cuales un combatiente está organizado a lo largo de líneas de redes o emplea redes para el control y otras comunicaciones operativas. Las redes pueden ser en forma de cadena, estrella o de comunicación entre todos. Cada diseño está abocado a diferentes condiciones y propósitos, y las tres se pueden encontrar entre los adversarios relacionados a la Guerra de Red: por ejemplo, la red de cadena se usa en operaciones de contrabando de drogas; la red de estrella entre pandillas delincuenciales; y la red de comunicación entre todos se encuentra en los grupos de militantes que están altamente descentralizados y conectados entre sí principalmente por Internet. También puede haber híbridos de los tres tipos, con tareas organizadas alrededor de diferentes tipos de redes. Las comunicaciones entre los miembros de estas redes (individuos, organizaciones y redes) pueden ir desde formas verbales de persona a persona, correo, telégrafo, teléfono y fax, hasta conferencias telefónicas múltiples vía satélite e Internet.

De acuerdo con estos estrategas, en una guerra de red arquetípica, los protagonistas pueden ser grupos ("nodos") diversos, dispersos y, con frecuencia, pequeños, que comparten una serie de ideas e intereses y están de acuerdo en comunicar, coordinar y actuar de manera altamente entrelazada mediante redes ("encadenadas"). Idealmente, este actor –o conjunto de actores- carece de un liderazgo principal, cuartel general o comando central; no se puede identificar un corazón o cabeza precisos. El diseño general de la organización carece de jerarquías, es plano y heterojerárquico, tanto policéfalo como acéfalo. Funciona a la manera de lo que podría denominarse una "panarquía", en el sentido de que todos sus miembros comulgan con una doctrina común que refleja sus ideales y objetivos compartidos, y que guía sus estrategias. Las operaciones y toma de decisiones tácticas están descentralizadas: pueden involucrar consultas mutuas, pero hacen hincapié en la iniciativa local. El resultado es un diseño distintivo, flexible y adaptable, con fuerza para el ataque y la defensa, que difiere de los modos tradicionales de conflicto (o delitos) en que los protagonistas prefieren organizaciones jerárquicas, doctrinas y estrategias como, por ejemplo, en los intentos por organizar movimientos de masas centralizados, sindicatos y, a la larga, partidos conforme a líneas leninistas. En pocas palabras, la guerra de red tiene más relación con los zapatistas mexicanos que con los fidelistas cubanos, con Hamas más que con la OPL, con las tríadas asiáticas más que con la mafia siciliana clásica.

El término Guerra de Red se refiere entonces a un modo de conflicto (y delito) en el nivel social, cuyos protagonistas dependen tanto de formas fe organización con topología de redes como de las doctrinas, estrategias y tecnologías relacionadas con ésta. El término fue acuñado, dicen sus autores, para atraer la atención hacia la probabilidad de que los delitos y conflictos sociales basados en redes, que involucraran aspectos que no fueran bélicos, se incrementaran y convirtieran en un fenómeno importante y extendido en las décadas venideras. Por ende, el término es tanto una herramienta como una predicción. Refleja las distintas opiniones respecto a que la revolución de la información se relaciona con el diseño organizativo y con la capacidad tecnológica, y que esa revolución favorece a quienquiera que domine la forma de red. Los actores de la gran diversidad de conflictos y delitos en todo el mundo –que incluyen terroristas, fundamentalistas, etnonacionalistas, grupos militantes que defienden un problema específico y organizaciones criminales- están avanzando en dirección de la guerra de red. Algunos defensores de ésta aún encajan dentro del concepto estándar de conflicto de baja intensidad (LIC, por sus siglas en inglés), operaciones distintas de la guerra (OOTW, por sus siglas en inglés) y actividades criminales. Sin embargo, no es el caso de los actores cuya diversidad incluye una nueva generación de militantes transnacionales que abrazan ideologías propias de la era informática recién constituidas, y en las cuales la identidad y la lealtad pueden dejar de relacionarse con la nación-estado y pasar a un nivel de "sociedad civil global". Asimismo, están surgiendo nuevos actores de la guerra de red como, por ejemplo, ligas anarquistas o nihilistas de "piratas" informáticos.

En esta visión, para dichos estrategas y analistas militares la Guerra de Red será probablemente la forma de conflicto más prevaleciente y desafiante en la emergente era de la informática y merece un estudio cuidadoso y sostenido.

En el análisis que hacen estos autores sobre el movimiento zapatista, la estrategia de la Guerra de Red Social se enfoca no solamente en el EZLN, sino en todas las organizaciones, frentes, redes e individuos que forman parte de una amplia red de apoyo al zapatismo, en la cual de comunican todos o casi todos entre sí ( y en la cual se diluye el liderazgo). Y es que , de acuerdo con ellos mismos, el abarrotamiento físico -y electrónico- de ONG de activistas a México, transformó rápidamente el contexto y conducta del conflicto zapatista. En unos cuantos días, una guerrilla insurgente tradicional cambió a una Guerra de Red de la era de la informática.

En efecto, para estos estrategas los zapatistas son insurgentes. Sin embargo, el argumento generalizado de que son los primeros insurgentes posmodernos y poscomunistas del mundo ignora un hecho: sí, su insurgencia es novedosa, pero la dinámica que la hace novedosa –principalmente los vínculos con ONG nacionales y transnacionales que afirman representar a la sociedad civil- saca el tema fuera del marco de referencia de la "insurgencia" clásica y lo coloca dentro de un marco de "guerra de red" de la era informática. Sin la afluencia de los activistas de las ONG, iniciada horas después de comenzar el levantamiento, la dinámica en Chiapas probablemente se habría deteriorado hasta convertirse en una insurgencia y contrainsurgencia convencionales, y el pequeño y mal equipado EZLN podría haber corrido con poca fortuna. El activismo transnacional de las ONG, a tono con la era de la información y no con la insurgencia zapatista per se, es lo que cambió el marco de referencia, aunque se requirió del profundo sentido estratégico de Marcos para que estos cambios funcionaran.

Para dichos estrategas, el EZLN se mostró totalmente receptivo a la atención que las ONG prestaron a México, y el hábil subcomandante Marcos aclaró que estaba surgiendo y probándose un nuevo modelo de conflicto y transformación. En esta emergente doctrina, el elemento estratégico clave es la movilización de la sociedad civil y no la expansión del movimiento insurgente. De hecho, una vez que la lucha terminó en enero y se iniciaron las negociaciones, Marcos subrayaría, en marzo de 1994, la expectativa de que la guerra se exorcizara mediante la presión que ejerciera la sociedad civil en todo el país para que se cumplieran los acuerdos, y que surgirían problemas si la sociedad civil se agotara, se cansara y cayera; en ese caso, las cosas se dispersarían y saltarían encima de ellos por la vía militar. Desde entonces, el subcomandante Marcos y otros líderes del EZLN han trabajado incesantemente por mantener la atención y la presencia de periodistas, intelectuales y activistas extranjeros en la zona de conflicto. Los zapatistas se han servido de "operaciones de información" para impedir y contrarrestar las operaciones militares del gobierno. Se han esforzado por dominar el "espacio de la información" (en los medios de información, por ejemplo, mediante faxes, y en Internet) de manera que compense su incapacidad para ocupar mucho territorio físico. Los activistas de ONG, por su lado, perciben que están moldeando una nueva estrategia basada en la formación de redes. Para muchos de ellos resulta crucial tomar medidas no violentas pero apremiantes y, para ello, requieren comunicaciones rápidas y de largo alcance, así como libertad de información y desplazamiento. Gran parte de la Guerra de Red la han librado a través de los medios de comunicación, tanto tradicionales –periódicos, revistas y televisión- como modernos –fax, correo electrónico, tableros y sistemas para conferencias computarizados. (La antigua comunicación personal y telefónica también es importante).

En suma, apuntan Ronfeldt y los otros autores, las ONG lograron alterar la dinámica de la confrontación en Chiapas y ayudaron a convertir un enfrentamiento militar en una confrontación política. También lograron que lo que antes podría haber quedado como un suceso local adquiriera dimensiones nacional e internacional; afectó el contexto de la toma de decisiones en la Ciudad de México; fue un factor para obligar al gobierno a dialogar y a negociar con el EZLN; ayudó a mantener a raya a los militares e impuso una fuerte presión al sistema político para que se democratizara. En este sentido, la guerra de red no ha sido negativa para México (ni ha puesto en peligro los intereses de Estados Unidos). Sin embargo en el corto plazo, sí ha acentuado la incertidumbre nacional e internacional sobre la estabilidad y las perspectivas futuras del país.

Pero ¿cómo se inscribe la Guerra de Red Social en el marco de las estrategias contrainsurgentes?

Si bien es cierto que los autores del concepto de "Guerra de Red" (Netwar) (Arquilla y Rondfeldt, 2001) plantean que éste es la contraparte a nivel societario y de más baja-intensidad, respecto a su concepto anterior de "cyberwar" de carácter mayormente militar; y que aquélla tiene una doble cara ya que está compuesta de conflictos llevados a cabo, de un lado, por terroristas, delincuentes y extremistas etnonacionalistas (miembros de la "sociedad-incivil"), cuyo rostro es violento y negativo; y, del otro lado, por activistas de la sociedad civil, cuyo rostro puede ser militante pero con frecuencia es pacífico y aún promisorio para las sociedades; de cualquier manera, ambos deben ser confrontados y contrarrestados. Para estos autores, los estrategas y funcionarios aún tienen mucho trabajo que hacer para dominar al brillante potencial de construcción de la sociedad civil por parte de los actores no estatales organizados en redes. Así, un desafío fundamental en la próxima década será el de enfocarse en las oportunidades que puedan surgir de una colaboración más estrecha con organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otros actores no estatales. Se volverá crucial para los gobiernos y para las instituciones militares y del orden comenzar a organizarse ellas mismas en redes. Quizá esto devendrá la más grande amenaza planteada por el ascenso de la "guerra de red".

En esta perspectiva, el concepto de "Guerra de Red" no sólo involucra la caracterización de los nuevos conflictos sociales, por la forma de organización y de lucha que toman, sino la forma en que deben ser confrontados, ya que para enfrentar a un adversario organizado en redes, apuntan Ardilla y Rondfeldt, es importante evaluar las fortalezas y debilidades del oponente en los niveles tecnológico, social y discursivo.

Así, considero que éste es un concepto estratégico-militar, y que en el espectro social, su caracterización y aplicación tiene una clara perspectiva contrainsurgente. Y que así como el concepto de Guerra o Conflicto de Baja Intensidad (GBI o CBI) vino a intentar sustituir al de Contrainsurgencia (desarrollado en la Guerra de Vietnam), para acabar con el "Síndrome de Vietnam", el de Guerra de Red Social intenta sustituir al de CBI, para abarcar a otros conflictos sociales que, de otra manera, no podrían ser enfrentados abiertamente con tácticas contrainsurgentes.

Así, Guerra de Red o Netwar, no puede verse sólo como la acción desarrollada por un nuevo actor social o antisocial, sin que haya una Contraguerra de Red o Counternetwar, para confrontar a aquella. Este concepto, de acuerdo a Arquilla y Rondfeldt (2001:3) fue acuñado por el Subcomandante Insurgente Marcos del EZLN, en 1999 cuando afirmó que Netwar describía al movimiento zapatista, y que Counternetwar instruía la estrategia de sus oponentes militares y paramilitares. De acuerdo con ambos autores, tanto los zapatistas como el liderazgo del ejército mexicano habían leído el informe de Rand (Rondfeldt, et al, 1998) analizando al movimiento zapatista como un caso de Guerra de Red Social. Y que, por su parte el alto mando de los militares mexicanos expuso su admiración por el concepto en el año 2000.

Sin embargo, ya Ronfeld y Martínez (op. cit.) y Ronfeldt, Arquilla, Fuller and Fuller, op. cit.) habían empleado esta perspectiva de Contraguerra a la Guerra de Red Social antes. Así, las posibilidades de una guerra –y una contraguerra de red (counternetwar)- depende de una serie de propuestas sobre redes frente a jerarquías. Por consiguiente, la revolución informática favorece y fortalece a los actores que emplean formas de organización con topología de red y le dificulta las cosas a las jerarquías tradicionales. En general, puede decirse que es muy difícil para las jerarquías combatir a las redes. Se requieren redes para luchar contra redes, es decir, una jerarquía gubernamental tendría que formar sus propias redes para prevalecer frente a adversarios conectados en red. Quien domine mejor la forma de red desde un punto de vista de organización, doctrina y tecnología, obtendrá importantes ventajas en la era de la información.

Por ende, un gobierno necesitará mucha agilidad y adaptabilidad para enfrentar amenazas y desafíos relacionados con una guerra de red. Librar una contraguerra de red podría requerir el desarrollo de mecanismos y operaciones muy eficaces entre dependencias dado que la vinculación mediante redes funciona mejor dentro del ámbito gubernamental cuando de aplica a las actividades entre dependencias. Esto también implica mejorar la formación de redes entre civiles y militares, entre las diferentes fuerzas armadas y dentro de éstas.

En esta perspectiva, se preguntan los estrategas estadounidenses: ¿Con qué grado de éxito pueden aplicarse estas propuestas en el caso de México? El caso de México confirma que las jerarquías –como el gobierno, el ejército y el PRI (y ahora el PAN)- enfrentan dificultades al combatir a un actor (o conjunto de actores) enlazados mediante redes. Asimismo, muestra que el gobierno ha tenido que organizar sus propias redes entre dependencias e intergubernamentales para prevalecer frente a las redes prozapatistas. En el caso de los militares en Chiapas, éstos han respondido innovadoramente, refinando la organización y la actuación de pequeñas unidades y vinculándolas en redes en toda la zona.

Y éstos mismos estrategas plantean que para asegurarse de que la Guerra de Red no afecten la estabilidad o capacidad de transformación de México, el gobierno deberá mejorar su capacidad para librar una Contraguerra de Guerra de Red, así como atender la imperiosa necesidad de mantener un ritmo creíble de reformas.

En esta perspectiva, consideramos que la Contraguerra a la Guerra de Red Social que lleva a cabo el gobierno mexicano, está enfocada a analizar y contener, aislar, desestructurar e inmovilizar y aún para aniquilar a las redes sociales que forman parte del llamado movimiento zapatista; y en contra de las cuales se llevan a cabo diversas acciones y tácticas que van desde las clásicas de corte contrainsurgente del Conflicto de Baja Intensidad (hostigamiento, ataques de grupos paramilitares y de seguridad pública, amenazas, acciones psicológicas, robos, secuestros, asesinatos y ejecuciones colectivas e individuales, etc.), hasta campañas desinformativas, de espionaje, creación de ONGs financiadas por el gobierno para contraponerlas a las ONGs independientes a las cuales se les intenta poner freno o controles, entre muchas otras más (Sandoval, 1999).

En este último aspecto, el gobierno de Estado de Chiapas, impulsó a lo largo de 1995 y 1996 la creación de numerosas organizaciones no gubernamentales, financiadas por el propio gobierno estatal; mientras que se hostigaba o bloqueaba el financiamiento a ONGs independientes, las cuales estaban involucradas en el apoyo a las comunidades indígenas no priístas. El 19 de abril de 1996, con la presencia del gobernador del estado Lic. Julio César Chávez Ferro y otros funcionarios de su gobierno, se dio inicio al acto inaugural del Encuentro Estatal de ONG’s-Chiapas 96, con la presencia de 85 miembros de 49 organizaciones agrupadas en el Consejo Estatal de Organismos No Gubernamentales del Estado de Chiapas, A.C. En su informe presentado al gobernador, el Consejo planteaba que:

"con el apoyo del gobierno federal y estatal se lograron financiar 20 proyectos, en 9 ámbitos diferentes, beneficiando a una población total de 35, 099 con una inversión de $ 1’719,615.00 De esta manera podemos constar que la sociedad civil organizada puede y tiene capacidad para sumarse al esfuerzo, de todos aquellos que preocupados por encontrar soluciones a los problemas, estamos en una lucha constante.

Con el trabajo realizado: no sólo se logró conjuntar esfuerzos, conocimientos y experiencias entre las ONG’s. sino que se logró estimular a gran parte de la población a participar, creando nuevas organizaciones e integrándose al Consejo estatal de Organismos no Gubernamentales" (...)

El apoyo gubernamental a estas organizaciones y a otras más se amplió durante la gestión del gobernador Roberto Albores. Por ejemplo, Solidaridad Campesina Magisterial (SOCAMA), es una organización formada por maestros rurales que sirvió para recibir cuantiosos recursos (37 millones de pesos) de programas oficiales como Solidaridad, Procampo y Alianza para el Campo, y promovieron la conformación de Paz y Justicia, considerado uno de los grupos de corte paramilitar más sanguinario de Chiapas (y al que se le vinculaba con algunos militares). Además integraron la Coalición de Organizaciones Productivas de Desarrollo del Estado de Chiapas, A. C., para expandir su control en áreas rurales y tramitar programas y recursos en los gobiernos federal y estatal. Dos de sus dirigentes, Germán Martínez Gómez y Julián Nazar Morales, encabezan la lista de candidatos plurinominales del PRI, y otros 12 de sus miembros ocupan candidaturas uninominales en ese partido para las elecciones a diputados en la entidad en septiembre de 2001 (Pensamiento, 2001)

Desde 1994, Socama delineó una estrategia para llevar a cabo acciones a través de Paz y Justicia contra el EZLN y la Iglesia Católica, en la región Ch’ol, que abarca los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua. Socama y Paz y Justicia se convirtieron en el modelo de organizaciones de los gobiernos priístas para frenar la expansión sociopolítica del EZLN (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 1996).

Después de la masacre de Acteal que significó un parteaguas en las acciones violentas en contra de los zapatistas y las comunidades simpatizantes, se instrumentó otra de las medidas dentro de la estrategia contrainsurgente de Contraguerra a la Guerra de Redes Sociales para intentar aislar al movimiento zapatista, enfocada en este caso a romper con la instancia de mediación entre los zapatistas y el gobierno federal. Para ello, se incrementaron los ataques verbales del Poder Ejecutivo Federal contra el Obispo Samuel Ruiz y otros miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), los obstáculos interpuestos por este poder a través de la Cancillería para que la CONAI no recibiera fondos de instancias financiadoras europeas, y otras medidas llevaron, finalmente, a la disolución de esta instancia el 7 de junio de 1998. Ese día, Don Samuel Ruiz pronunciaba estas palabras en la Catedral de la Paz, en San Cristóbal de Las Casas:

"Se constata, además de la interrupción del diálogo, no sólo el deterioro de la situación en Chiapas y en el país, sino una constante y creciente agresión gubernamental a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, a la Mediación y su presidente mismo, puesta en marcha por distintas instancias oficiales y recientemente llevada a cabo, con signos y palabras, por el propio titular del Ejecutivo en diversas ocasiones" (Castro e Hidalgo, 1999).

El mismo día, los titulares y el Secretariado de la CONAI ratificaron el fin de la mediación con estas palabras:

"Exigimos al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado que por la vía de los hechos acrediten su voluntad de resolver, mediante el diálogo y la negociación con el EZLN, las causas que originaron el conflicto, y renuncien a su actual estrategia de guerra". (Ibid)

Pero los gobiernos de Zedillo y de Albores no renunciaron a esta estrategia, manteniendo hasta el final de sus respectivos mandatos una serie de acciones de hostigamiento contra el movimiento zapatista.

En 1999 se incrementaron las acciones político-militares en Chiapas en contra de los zapatistas y sus simpatizantes: en el mes de junio, el secuestro y posible ejecución de José Hidalgo, miembro de una familia de luchadores sociales sancristobalenses, simpatizantes del zapatismo, y en cuya acción participó un exteniente de infantería, experto en inteligencia militar; en el mes de agosto, la ocupación militar de la comunidad de Amador Hernández ubicada en la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules, corazón de la retaguardia zapatista y epicentro de la mayor reserva de hidrocarburos del país, a cuya sierra entraron también más de cinco mil soldados con el pretexto de "reforestar" la selva; en ese mismo mes, la confrontación entre indígenas zapatistas y militares en San José-La Esperanza con varios militares heridos con piedras, palos y machetes, dos indígenas heridos de bala por los militares y tres indígenas detenidos; la agresión de indígenas priístas a zapatistas en el Ejido Morelia; así como la campaña xenofóbica, de amenazas y de linchamiento por parte del gobernador Albores y otras autoridades menores en contra de Ofelia Medina, estudiantes de la UNAM, de la ENAH y observadores nacionales y extranjeros que participaron apoyando a la comunidad de base zapatista de Amador Hernández; y la creación de una fundación de empresarios priístas -asesorados por estrategas militares estadounidenses- para aislar al EZLN; entre las principales acciones, fueron todas ellas parte de la creciente ofensiva lanzada contra el EZLN, sus bases de apoyo, y las organizaciones nacionales e internacionales solidarias con los zapatistas, por parte del gobierno zedillista con el apoyo material y la asesoría estadounidenses.

El cambio de gobierno, con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2000, vino a dar un poco de aire al conflicto que se había empantanado en la salida autoritaria. Durante su campaña electoral Vicente Fox planteó que daría prioridad a dos cuestiones al iniciar su gestión como presidente, acabar el conflicto chiapaneco en 15 minutos, y solucionar el problema de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, cuyos derechos humanos y laborales se veían constantemente violentados tanto en la frontera al cruzar, como dentro del territorio estadounidense.

El EZLN aprovechó la coyuntura y puso tres condiciones para iniciar nuevamente el diálogo de paz: libertad a los presos políticos zapatistas, desalojo de algunas bases militares en la zona zapatista, y puesta en marcha de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Además el EZLN se colocó nuevamente de los titulares de los medios informativos nacionales e internacionales al manifestar su decisión de marchar al centro del país y del poder político, la Ciudad de México, para demandar el reconocimiento de los derechos de los indígenas. El EZLN lanzó una amplia convocatoria a los pueblos indios y a la llamada sociedad civil para acompañarlos a lo largo de su trayecto en varios estados de la República,.

El prestigiado diario español, El País, manifestó que "El ‘subcomandante’ Marcos logra el apoyo de la Red en la marcha hacia la capital"

"La travesía de la marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hasta la Ciudad de México, que persigue el reconocimiento de los derechos de 10 millones de indígenas, está descrita en Internet. El carismático subcomandante Marcos no ha perdido un ápice de atractivo para este medio, en el que siempre busca apoyo a la causa indígena. Incluso el presidente de México, Vicente Fox, dijo hace días que Marcos sostiene su liderazgo en Internet. Mientras, universidades como la de Nueva York mantienen programas para que los indígenas difundan al mundo su lucha, por medio de videos que divulgan en la red la guerra de baja intensidad del Ejército mexicano."

Después de una serie de discusiones y debates entre congresistas para permitir a los zapatistas hacer uso de la tribuna en la Cámara de Diputados, a lo cual el PAN se oponía, los 14 comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, hicieron presencia en la misma y en la voz de la Comandante Ester, dieron a conocer su postura. Otros que hicieron uso de la tribuna para aclarar cuestiones respecto a los derechos y cultura indígena, fueron los representantes del Congreso Nacional Indígena, que acompañó a los zapatistas desde su lugar de salida en la Selva Lacandona, hasta la Ciudad de México y de regreso.

Pero las condiciones puestas por los zapatistas para reiniciar las negociaciones de paz nunca se cumplieron cabalmente: aún quedan algunos presos zapatistas, las bases militares que fueron desalojadas mantienen en su cercanía retenes y vigilancia estrecha y la ley de la COCOPA, presentada como suya por el presidente Fox al Congreso, no fue aprobada en el mismo; en su lugar quedó una ley que para nada reconoce derechos indígenas de autonomía, territorialidad, etc.

El ejército ha retomado posiciones en la zona zapatista. Las patrullas militares recorren los caminos, instalan controles, se internan en las comunidades, interrogan a campesinos. Los helicópteros y aviones militares siguen sobrevolando las comunidades. Las comunidades en resistencia viven entre los patrullajes y la amenaza continua de grupos de priístas o de paramilitares.

Con ello se muestra que el régimen de Fox sigue manteniendo la salida militar como

una opción de gobierno. Y es que para Fox el problema de los zapatistas es mil veces menos importante que su Plan Puebla Panamá, como lo mencionó en El Salvador al reunirse con los mandatarios centroamericanos para poner en marcha dicho plan en junio de este año. Este consiste en integrar los países de Centroamérica y los estados del sur sureste de México en un proyecto de desarrollo regional, aprovechando los recursos naturales y energéticos que existen en la zona para abrirlos a las inversiones extranjeras. De hecho, bajo la zona ocupada por los zapatistas existe uno de los yacimientos petrolíferos más grandes de México. Por su parte, Florencio Salazar, coordinador general del Plan Puebla Panamá, señaló el 12 de julio de 2001 en Madrid, España, que el futuro de este proyecto regional no está supeditado a la pacificación de Chiapas, y que el hecho de que el diálogo entre el EZLN y el gobierno mexicano se encuentre roto "no preocupa" a inversionistas europeos. Salazar, quien presentó el PPP a empresarios españoles en la Casa de América en Madrid, advirtió que la "columna vertebral" del plan es "la integración energética" de la región. El PPP es uno de los proyectos emblema del nuevo gobierno de Fox, con el que pretende fomentar la libre circulación de mercancías desde Puebla hasta Panamá, una zona que supera el millón de kilómetros cuadrados, habitada por 64 millones de personas, de las cuales 14 millones son indígenas. Salazar, mencionó que "la intención del proyecto es llevar bienestar" a la región más castigada de nuestro país: el sur-sureste, y consolidar a Mesoamérica como receptora de capital privado. (Tejeda, 2001)

Así el Plan Puebla Panamá se muestra como una de las principales estrategias para establecer un control hegemónico sobre la región y sus recursos naturales, para lo cual se hace necesario el desplazamiento forzado de comunidades y poblaciones de las zonas consideradas más importantes para el desarrollo de grandes proyectos geoeconómicos por parte de los grandes capitales transnacionales, y que han estado ocupadas por comunidades campesinas (indígenas y mestizos) y grupos armados (insurgentes y narcotraficantes) durante mucho tiempo (Sandoval, 2002). Actualmente se están poniendo en marcha planes (bajo el pretexto de erradicar el crimen de áreas naturales, ya que si no se recuperan esas regiones de alta ingobernabilidad no llegará inversión privada, según altos funcionarios del gobierno mexicano) para desplazar a las comunidades indígenas asentadas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules en Chiapas, muchas de ellas consideradas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), utilizando a choles y lacandones para ello (Bellinghausen 2003ª, b, c y d; Henriquez y Mariscal, 2003; Roux, 2003); y a las comunidades indígenas asentadas en la región de los Chimalapas, en la Selva Zoque, ubicada en los linderos de Chiapas y Oaxaca (la cual trata de ser arrancada de manos de los indígenas para decretarla como reserva de la biosfera) (Ruiz, 2003). Ambas zonas son consideradas entre las más ricas del mundo en biodiversidad, importantísimas para el establecimiento de bancos genéticos (Enciso, 2003).

En esta región del PPP también se busca desplazar a una gran cantidad de comunidades por la construcción de represas, para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y el aprovechamiento del agua dulce de las cuencas hidrológicas. Además, se considera el desplazamiento de comunidades y poblaciones dispersas para concentrarlas en zonas más adecuadas (dotadas de infraestructura) para su aprovechamiento como mano de obra barata en industrias maquiladoras, grandes plantaciones, agroindustrias, embotelladoras y otros proyectos productivos.

Para el desplazamiento de estas comunidades se cuenta con el ejército y diversas policías, principalmente la Policía Federal Preventiva (PFP), la cual está compuesta en su mayoría por militares "prestados" para esta fuerza. Además, los grupos paramilitares que actúan en Chiapas también tienen un papel importante que jugar en estos nuevos desplazamientos, como lo hicieron principalmente a partir de la matanza de Acteal en diciembre de 1997.

Así, mientras que por un lado avanzan los mecanismos para instrumentar el Plan Puebla Panamá, y se hacen planteamientos por parte del gobierno federal para que el EZLN vuelva a la mesa de negociaciones; por el otro lado, crece el hostigamiento militar en Chiapas, realizándose una gran cantidad de operativos desde que el ELZN rechazara la ley indígena aprobada en la Cámara de Diputados en 2001. Dentro de estas acciones, el Ejército federal se ha reposicionado; quitó siete retenes durante la marcha, pero instaló otros 12, de acuerdo con la información proporcionada por los organismos no gubernamentales (ONGs) Global Exchange, la Red Comunitaria de Defensores por los Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC). Desde entonces las comunidades indígenas han denunciado acciones de hostigamiento, retenes permanentes, patrullajes, sobrevuelos, reposicionamientos militares, entrenamiento castrense e interrogatorios a la población (Balboa, 2003; Herrera, 2001).

Pero también se reactivó la presión paramilitar en la zona de conflicto, a partir de dicho rechazo por el EZLN, de acuerdo con la Caravana Mexicana para Todos Todo, después de un recorrido que llevaron a cabo después del rechazo durante 15 días por el área de influencia zapatista, y durante el cual encontraron que los campamentos militares desmantelados han dado paso a la instalación de retenes en lugares cercanos,; y que hay indicios de que el grupo paramilitar Paz y Justicia está armando nuevamente a indígenas contrarios al EZLN (Becerril, 2001).

Se puede decir que la situación en la zona de conflicto en Chiapas es cada vez más tensa ya que se mantiene la presencia castrense y se ha intensificado la actuación de los grupos paramilitares, porque en los hechos el gobierno de Vicente Fox ha adoptado la misma estrategia de contrainsurgencia y endurecimiento contra el EZLN que se puso en práctica durante el gobierno zedillista.

El cerco militar impuesto en la zona de conflicto al EZLN y a las comunidades de bases de apoyo zapatistas y de otras organizaciones independientes, está siendo acompañado de una táctica de saturación militar, estableciéndose cercos a cada una de las comunidades con retenes, puestos y bases militares que controlan no sólo el tránsito de personas y vehículos, sino el acceso a las fuentes de abastecimiento de agua. La construcción de caminos y el mantenimiento de los ya existentes para el traslado de tropas en la zona de conflicto, se complementaría con el camino que se construiría de San Quintín a la comunidad de Amador Hernández, puerta de entrada a la reserva de la biósfera de Montes Azules, donde además de establecerse un control sobre los recursos naturales, se estaría ya en condiciones de asestar golpes de aniquilamiento a la retaguardia armada del EZLN que se encuentra en dicha reserva.

La saña que ha mostrado el gobierno mexicano (apoyado y asesorado por los Estados Unidos) contra del zapatismo es, entonces, muestra de una intolerancia hacia un movimiento que en sustancia contiene gérmenes de una verdadera democracia participativa, del ejercicio de soberanía popular, y de un proyecto económico alternativo al modelo neoliberal. Por lo cual se considera que debe ser eliminado, porque es un movimiento que pone el mal ejemplo y hay que evitar a toda costa que se extienda.

5) A MANERA DE CONCLUSIONES.

Hemos intentado mostrar en este ensayo, a partir del análisis de la perspectiva del gobierno mexicano para enfrentar el conflicto chiapaneco, que la salida al mismo no puede darse desde un enfoque de la seguridad nacional ya que la esencia de esta concepción es de un carácter autoritario y no refleja los intereses nacionales, sino los de las elites tecnócratas en el poder, quienes están al servicio de los intereses transnacionales y del Estado norteamericano.

El riesgo bélico, con consecuencias impredecibles ha estado presente durante los años que lleva de duración el conflicto chiapaneco, ya que las tropas del gobierno mantienen sus posiciones en la Selva y en los Altos, pues la salida militar siempre ha sido una opción del gobierno, el cual sigue reforzando su visión autoritaria de considerar este conflicto como un problema de seguridad nacional

El utilizar una estrategia militar basada en la seguridad nacional (en sus facetas de Guerra de Baja Intensidad y de Guerra de Red Social), no hace más que alinear al ejecutivo y a las Fuerzas Armadas mexicanas con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. En este marco, la argumentación que hizo en su momento el Presidente Zedilllo de enfrentar al EZLN para recuperar la soberanía sobre todo el territorio nacional, reducía este concepto a dos aspectos: la supremacía territorial, en la cual un país es soberano absoluto sobre su territorio en cuanto ejerce su supremacía sobre él; y el segundo al estrecho ámbito de la seguridad interna, donde se considera implícitamente la existencia de un "enemigo interno", cuestión central a la Doctrina de la Seguridad Nacional que fue asumida por muchos países latinoamericanos en décadas pasadas y que tantas víctimas cobró entre combatientes y población civil.

Todo esto, mientras que se deja fuera del concepto mismo de soberanía, el aspecto de la independencia del Estado frente a otros Estados o instancias internacionales que se imponen por la fuerza a los Estados (como las corporaciones transnacionales multinacionales o las instituciones financieras mundiales).

Por otra parte, la posición asumida por el EZLN después de haberse manifestado inicialmente por la vía armada, abrió la posibilidad de soluciones pacíficas para un cambio democrático en nuestro país, al involucrar en este proceso a un sector importante de la sociedad civil organizada, después de que ésta lograra con su accionar detener la guerra y la nueva ofensiva militar en enero y febrero de 1994 y 1995, respectivamente, y de que mantuvo su presencia en las pláticas de paz entre las dos partes, y aún después de que éstas se suspendieran en agosto de 1996, actuando de manera decidida en otros momentos difíciles hasta hoy en día.

Las convocatorias lanzadas por el EZLN para realizar la Convención Nacional Democrática en agosto de 1994, para la conformación de un Movimiento de Liberación Nacional en febrero de 1995 (lo cual no tuvo éxito); para llevar a cabo una Consulta por la Paz y la Democracia a niveles Nacional e Internacional entre junio y septiembre de 1995, cuyos resultados llevaron a la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) en 1996; así como para la realización del Foro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en ese mismo año, y otras acciones posteriores hasta llegar a la gran marcha que realizó en marzo de 2001 hasta la Ciudad de México, dan cuenta de esta actitud de buscar salidas pacíficas y democráticas. El hecho de haberse establecido el diálogo entre ambas partes sobre aspectos específicos de las demandas del EZLN, con una gran participación de organizaciones e individuos de todo el país como invitados y asesores de los zapatistas, es el ejemplo más claro de los esfuerzos del EZLN para mostrar que la solución está en manos de esta sociedad civil (Sandoval, 1996b).

Y es que esta perspectiva del EZLN se basa, como lo planteara en su Primera Declaración de la Selva Lacandona el 1º de enero de 1994, en el contenido del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Así, el pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y este cambio no necesariamente tiene que ser violento.

Así podemos plantear, y esta es la tesis central de este ensayo, que las estrategias político-militares del Estado mexicano y del EZLN que se enfrentan en el llamado conflicto chiapaneco, se sustentan en dos perspectivas históricas diferentes, antagónicas e irreconciliables: la perspectiva de SEGURIDAD NACIONAL en la que el Estado ha enmarcado dicho conflicto, se ha ido definiendo específicamente desde fines de la década de los 1970s y principios de los 1980s a partir de la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL estadounidense, aunque referida sólo al aspecto de la seguridad del Estado, dejando fuera el aspecto geopolítico de expansionismo de esta doctrina por razones de carácter histórico de nuestra nación. Y en el caso de la estrategia del EZLN -la cual ha logrado atraer a importantes sectores de la sociedad mexicana tanto en nuestro país como residiendo en Estados Unidos, y con apoyos en todo el mundo-, ésta se ha sustentado en la tradición nacionalista y patriótica desarrollada en nuestro país desde principios del Siglo XIX con la independencia de México de España, de la DEFENSA DE LA SOBERANIA E INDEPENDENCIA NACIONALES, plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Sandoval, 1998b).

Es importante señalar, sin embargo, que tanto el gobierno como muchos analistas políticos intentan integrar ambas concepciones al plantear que la seguridad nacional de México implica la defensa de la soberanía, de la integridad territorial y la independencia del país (véase, Aguayo, et al, 1990; Piñeiro, 1994; Saxe Fernández, 1994; Herrera-Lasso, 1988; y González, Chauvet, 1994 entre otros). Consideramos además, que los conceptos de seguridad nacional y soberanía nacional no pueden ser utilizados como sinónimos o, incluso, tampoco darle al primero el contenido del segundo, como algunos autores lo manejan (véase Modesto Suárez, 1995).

En este sentido, coincidimos con Lorenzo Meyer en que uno de los problemas centrales de las ciencias sociales y políticas, es la definición de sus conceptos. Y que la "importancia del concepto no es sólo teórica sino también práctica, pues con él se puede intentar dar o restar legitimidad a políticas nacionales fundamentales". Así, "la definición práctica de la seguridad de México como sociedad nacional depende y va a seguir dependiendo mucho de cuál sea la visión que de su propia seguridad tenga Estados Unidos, y el lugar que se le asigne a México en la agenda norteamericana." (Meyer, 1990)

Y como se ha podido constatar en los últimos años, la visión estadounidense otorga a México un lugar prioritario en la seguridad económica y, por ende, en la seguridad nacional de la Unión Americana. De hecho, el gobierno estadounidense considera que México es una "pieza vital" para el éxito o fracaso de la "Gran Estrategia" de Estados Unidos sobre cooperación en materia de seguridad para todo el continente (Dziedzic, 1996). En esta perspectiva, resulta una realidad ineludible que la estabilidad política en México es esencial para el éxito de las pretensiones estratégicas de Estados Unidos, tanto económicas (por el petróleo principalmente), como políticas y militares (Saxe-Fernández, 1990; 1995). Para ello, el gobierno estadounidense busca establecer un control absoluto de las regiones fronterizas de nuestro país, militarizándolas y aplicando en ellas las estrategias de la Guerra de Baja Intensidad y de la Guerra de Redes Sociales: en el norte, bajo el pretexto de detener el cruce del narcotráfico, la migración indocumentada y el terrorismo (Dunn, op cit., Sandoval, 1993); y en el sur -asesorando a las Fuerzas Armadas de nuestro país- para intentar acabar con el EZLN y proteger las regiones petroleras, tan importantes para su reserva estratégica (Sandoval, 1997).

En esta perspectiva, hemos visto que el Estado mexicano, y específicamente el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, han llevado a cabo una serie de acciones para enfrentar el conflicto chiapaneco como un problema de "seguridad nacional" que pone en riesgo la soberanía del país, aunque para ello hayan tenido que acercarse más a los Estados Unidos en términos militares y asumiendo la concepción estadounidense de seguridad nacional, lo cual desde nuestra perspectiva sí afecta los intereses de la soberanía mexicana. Y aunque se ha intentado incorporar y amalgamar estos dos conceptos, no se ha logrado aún cuajar en la práctica a pesar de los intentos teóricos de algunos intelectuales y analistas políticos, pues hasta ahora ha prevalecido -por la vía de los hechos- el carácter autoritario del primer concepto.

Y es que en el afán militarista hegemónico de los Estados Unidos, la estrategia del Pentágono para nuestro continente implica, en aparente contradicción, la "desmilitarización" de los ejércitos del mismo, y su subordinación a las Fuerzas Armadas estadounidenses. En esta nueva perspectiva, nuestros ejércitos cumplirán funciones policíacas y de seguridad pública (principalmente en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada) y de fuerzas de ocupación en sus propios territorios nacionales para contener a los movimientos sociales e insurgentes. Y de este modo, dichas fuerzas apoyarán también la consolidación de las economías de libre mercado y de democracias de "baja intensidad", acorde a los intereses estadounidenses.

La solución aplicada por el gobierno mexicano al conflicto chiapaneco desde la perspectiva de la seguridad nacional, por lo tanto, sólo implica una salida autoritaria, con una serie de acciones policíacas, paramilitares y aún militaristas para acabar con el EZLN, bajo el pretexto de recuperar la soberanía sobre todo el territorio nacional. Cuando lo que se requiere es aplicar una salida política, que reconozca en las demandas del EZLN y del pueblo en general una necesidad de ejercer la soberanía por parte del pueblo mismo, y que para ello existen las soluciones pacíficas a dicho conflicto, algunas de las cuales han sido ya planteadas por el EZLN y la sociedad civil organizada.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, HEMEROGRÁFICAS Y DOCUMENTALES

Aguayo, Sergio, Bagley, Bruce M. y Stark, Jeffrey, 1990. "Introducción. México y Estados Unidos: En Busca de la Seguridad." en, En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana. Sergio Aguayo y Bruce M. Bagley (Comp.) Siglo XXI Eds., México. Pp.17-42.

Aponte, David, 1997. "En el Ejército, fuerzas de élite entrenadas por Estados Unidos. Los Capacitarán hasta 1999, revelan informes" La Jornada, 6 de octubre.

"Aquí estamos nosotros, los muertos de siempre, murieron otra vez, pero ahora para vivir." Comunicado del CCRI-CGEZLN, Subcomandante Marcos. 6 de enero de 1994.

Arias, Arturo, 1988. "La respuesta del poder: 1982-1986. Población indígena militarizada, acelerada desestructuración de la cultura e identidad étnicas". En, Guatemala. Polos de Desarrollo. El Caso de la Desestructuración de las Comunidades Indígenas. Centro de Estudios Integrados de Desarrollo Comunal; Cd. Guatemala, Centroamérica. Pp. 169-220.

Arquilla, John, and David Ronfeldt, 1992. Cyberwar is Coming!. Published by RAND (P-7791). Santa Monica, California.

Arquilla, John, and David Ronfeldt, 1996. The Advent of Netwar. Prepared for the Office of the Secretary of Defense under Contract Nº DASW01-95-C-0059/T001 by the National Defense Research Institute, RAND. Santa Monica, California. Reimpresa en 1997 en Aquilla, John and David Ronfeld (Editors), In Athena´s Camp. Preparing for Conflict in the Information Age. National Defense Research Institute, RAND. Santa Monica, California. Pp. 275-294.

Arquilla, John, and David Ronfeldt, 1997a. "A New Epoch-and Spectrum-of Conflict". In, Aquilla, John and David Ronfeld (Editors). In Athena´s Camp. Preparing for Conflict in the Information Age. National Defense Research Institute, RAND. Santa Monica, California. Pp. 1-22.

Arquilla, John, and David Ronfeldt, 1997b. "Looking Ahead: Preparing for Information-Age Conflict". In, Aquilla, John and David Ronfeld (Editors). In Athena´s Camp. Preparing for Conflict in the Information Age. National Defense Research Institute, RAND. Santa Monica, California. Pp. 439-501.

Arquilla, John, and David Ronfeldt, 2001. Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime, and Militancy. Prepared for the Office of the Secretary of Defense. Published by The National Defense Research Institute, RAND. Santa Monica, California.

Arquilla, John, David Ronfeldt, and Michele Zanini, 1999. "Networks, Netwars and Information-Age Terrorism". In, Lesser, Ian, Bruce Hoffman, John Arquilla, David Ronfeld, and Michele Zanini, Countering the New Terrorism. Prepared for the United States Air Force by RAND, Project Air Force. Santa Monica, California. Pp. 39-84. Publicado también en, Khalilzad, Zalmay M. and John P. White (Editors), 1999. The Changing Role of Information in Warfare. Strategic Appraisal. Prepared for the United States Air Force by RAND, Project Air Force. Santa Monica,. California. Pp. 75-112.

Avilés, Jaime (enviado), 1997a. "Consolida el Ejército su despliegue en las cañadas. Una patrulla se "emboscó" cerca de La Realidad." La Jornada, 27 de enero.

Avilés, Jaime, 1997b."Perros en la selva." La Jornada, 25 de enero.

Badillo, Miguel, 1995. "Cercado el EZLN", El Financiero, 21 de febrero.

Balboa, Juan, 2003. "Denuncian instalación de retenes en zona zapatista. Autoridades autónomas señalan actos de provocación." La Jornada, 21 de abril.

Barabas, Alicia, 1998. Reorganización etnopolítica y territorial: caminos oaxaqueños para la autonomía". En, Autonomías Étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (Coord.) CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp. 343-366.

  Barabas, Alicia y Bartolomé Miguel, 1999. "Los protagonistas de las alternativas autonómicas". Mecanoescrito.

  Bartolomé, 1998. "Procesos civilizatorios, pluralismo cultural y autonomías étnicas en América latina". En, Autonomías Étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (Coord.) CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp. 171-194

Becerril, Andrea, 2001 "Presión castrense y reactivación paramilitar en la zona de conflicto en Chiapas, denuncia ONG". La Jornada, 13 de agosto, p. 7.

Beltrán del Río, Pascal, 1995. "Recomendación del Chase Manhattan al Gobierno Mexicano: Hay que eliminar a los Zapatistas." Proceso, No. 954, 13 de febrero. P.9.

Bellinhausen, Hermann, 1997. "Soldados difunden rumores sobre enfrentamientos en Las Cañadas. Guerra psicológica contra comunidades." La Jornada, 1º de marzo.

Bellinghausen, Hermann, 2003ª, ".Autoridades federales y choles quisieron desalojar a zapatistas de Montes Azules." La Jornada, 14 de abril.

Bellinghausen, Hermann, 2003b, "Lacandones y choles amenazan de muerte a tzotziles en Montes Azules". La Jornada, 16 de abril.

Bellinghausen, Hermann, 2003c. "Lacandones y comuneros atacaron El Paraíso y destruyeron cien casas".La Jornada, 23 de abril.

Bellinghausen, Hermann, 2003d. "Amenaza comunidad lacandona con expulsar a habitantes de 30 localidades." La Jornada, 27 de abril.

Benavidez, Ortiz, Carlos, 1997. "Bajo la supervisión de EU crea el Ejército mexicano los GAFE. Grupos especializados en asalto rápido e inteligencia". El Financiero, 6 de octubre.

  Burguete, Araceli y Ruiz, Margarito, 1999. "La experiencia de la lucha por la autonomía en los pueblos indios de México". Mecanoescrito.

Burke, Garance, 1998. "U.S. Admits Role in Chiapas Conflict. U.S. Army War College Professor Tells of Counterinsurgency Trainings and ‘Private Diplomacy’". El Financiero International, Vol. 8, Nº 07, August 3-9 (Front page).

Camp, Roderic Ai, 1999. "Militarizing Mexico. Where is the Officer Corps Going?" Policy Papers on the Americas. Volume X Study 1. The Center for Strategic and International Studies (CSIS) Americas Program. Washington, D.C. January 15.

  Cardoso de Oliveira, Roberto, 1998. "Etnicidad, eticidad y globalización". En, Autonomías Étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (Coord.) CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp. 31-48.

Cason, Jim y Brooks, Davis, 1995. "No ha Cancelado el Gobierno la Vía Militar en Chiapas: Expertos de EU." La Jornada, 14 de julio.

  Cason, Jim y David Brooks, 2000. "Movimientos Indígenas, principales retos para AL en el futuro: CIA. La resistencia se incrementará facilitada por redes transnacionales de activistas". La Jornada, martes 19 de diciembre.

Cason, Jim y David Brokks, 2001. "Defiende EU su derecho a armar a grupos que intenten derrocar a gobiernos soberanos." La Jornada, 11 de julio. P. 31.

Castro, Gustavo y Onécimo Hidalgo, 1999. La Estrategia de Guerra en Chiapas. Primera Parte. Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A. C. y Consejería de Proyectos. México.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 1996. Ni paz ni justicia ó informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los Ch’oles en la zona norte de Chiapas. Diciembre 1994 a octubre de 1996. San Cristóbal de Las casas, Chiapas.

Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz (Conpaz); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, 1996. Militarizacion y violencia en Chiapas. Producción editorial: Servicios Informativos Procesados (SIPRO); México, D.F.

Cope, John A., 1996. "In Search of Convergence: U.S.-Mexican Military Relations into the Twenty-first Century." In, Strategy and Security in U.S.-Mexican Relations Beyond the Cold War. John Bailey & Sergio Aguayo Editors. Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego. Pp. 179-210.

Coelho Dos Santos, Silvio, 1998. "Pueblos indígenas de Brasil: derechos constitucionales, tierras y luchas presentes." En, Autonomías Étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (Coord.) CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp. 215-230.

Consejo Estatal de Organismos No Gubernamentales del Estado de Chiapas, A.C., 1996. Informe de actividades. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de abril.

  Cunningham, Myrna, 1998. "La autonomía regional multiétnica en la Ciosta Atlántica de Nicaragua". En, Autonomías Étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (Coord.) CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp. 275-306.

Chauvet, Michelle, 1994. "Los Flancos Expuestos de la Seguridad Nacional: La Soberanía Alimentaria y la Bioseguridad." Sociológica: "Seguridad y Soberanía Nacionales en América Latina". Año 9, Número 25, pp.231-242.

  De la Peña, Guillermo, 1999. "Territorio y ciudadanía étnica en la Nación Globalizada". Alteridades (Revista de Antropología Social del CIESAS). N° 1, primavera. P. 13-27.

"Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos ¡Basta!". El Despertador Mexicano, Órgano Informativo del EZLN, México. Nº 1, diciembre 1993.

Demarest, Geoffrey LTC, 1995. "The Overlap of Military and Police in Latin America". United States Army, Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, Kansas, USA. April (http:/leav.www.army.mil/fmso).

Dziedzic, Michael J. 1996. "Mexico and U.S. Grand Strategy: The Geo-strategic Linchpin to Security and Prosperity." In, Strategy and Security in U.S.-Mexican Relations Beyond the Cold War. John Bailey & Sergio Aguayo editors. Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego. Pp.63-86.

Dunn, Timothy J., 1996. The Militarization of the U.S.-Mexico Border, 1978-1992. Low-Intensity Conflict Doctrine Comes Home. The Center for Mexican American Studies; The University of Texas at Austin.

Enciso, Angélica, 2003. "En la mira de trasnacionales, la biodiversidad del istmo y el sureste." Reportaje: Desarrollo sustentable. La Jornada, 22 de abril.

Encuentro Estatal de Organismos o Gubernamentales, Relatoría. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 y 20 de abril de 1996.

"Entrenan en EU a Militares Mexicanos en Tácticas Antiinsurgentes." El Financiero, 26 de enero de 1998.

Estevez, Dolia, 1995. " 'Solución en Chiapas', demandan en México y Estados Unidos." El Financiero, 11 de febrero.

Fazio, Carlos, 1996. El tercer vínculo. De la teoría del caos a la teoría de la militarización. Editorial Joaquín Mortiz; México , D.F.

Fuentes, Victor y Estevez, Dolia, 1995. "Seguridad Nacional 'Tercer Vínculo' entre México y EU: Perry; Respetar la Soberanía, advierte Cervantes." El Financiero, 24 de octubre.

Gallegos, Elena y Aponte, David (enviados), 1997. "México, por salida pacífica al caso de rehenes en Perú. Deseable, una solución que no aliente actos terroristas similares: Zedillo". La Jornada, 12 de mayo.

Gomper, David C., Kugler, Richard L. And Libicki, Martin C., 1999. Mind the Gap. Promoting a Transatlantic Revolution in Military Affairs. National Defense University Press, Washington, D.C.

Henríquez, Elio (corresponsal), 1997. "EZLN: inició la campaña premilitar en Chiapas. El Ejecutivo ordenó el ataque y "no habrá marcha atrás", asegura." La Jornada, 24 de enero.

Henríquez, Elio y Angeles Mariscal, 2003. "ONG reportan patrullajes del Ejército en la reserva de la biosfera de Montes Azules". La Jornada, 27 de abril.

Herrera Beltrán, Claudia, 2001. "Crece hostigamiento militar en Chiapas: ONG. Denuncian la realización de al menos 104 operativos |en los últimos 4 meses." La Jornada, 17 de agosto, p. 5.

Herrera-Lasso M., Luis, 1988. "Democracia y Seguridad Nacional." En, México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra. Rolando Cordera Campos, Raúl Trejo Delarbre, Juan Enrique Vega (Coordinadores). Siglo XXI Editores e Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. México, D.F. Pp. 280-302.

  Hidalgo, Francisco, 2000. "Contrahegemonía y Bloque Popular en el levantamiento Indígena-Militar de enero del 2000". Ponencia presentada en el Coloquio sobre Gramsci, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la International Gramscy Society, en la Ciudad de Puebla, febrero.

  Hidalgo, Onécimo y Gustavo Castro, 1999. Población Desplazada en Chiapas. Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria y Consejería de Proyectos. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; México.

Hunter, Jane, 1987. "La Segunda Década de Israel en América Central." Noticiero Palestino (Noticiero Nacional del Comité Latino del Comité 29 de Noviembre por Palestina), San Francisco, California, Vol. 1, No. 1, Otoño. Pp. 1 y 8-9.

Isacson, Adam and Olson, Joy, 1998 (1999 y 2000). Just the Facts. A Civilian's Guide to U.S. Defense and Security Assistance to Latin America and the Caribbean. The Latin America Working Group, in Cooperation with the Center for International Policy. Washington, D.C.

Iturralde, Diego, 1991. "Los pueblos indios como nuevos sujetos sociales en los Estados latinoamericanos". Nueva Antropología, Vol. XI, No. 39. Pp. 27-40.

  Iturralde, Diego, 1997. "Demandas indígenas y reforma legal: retos y paradojas". Alteridades, "Estado Nacional, autodeterminación y autonomías". Revista de Antropología (UAM-Iztapalapa). Año 7, N° 14, pp. 81-98.

  Iturralde, Diego, 1998. Movimientos indí genas y contiendas electorales (Ecuador y Bolivia". En, Autonomías Étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (Coord.) CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp. 231-242.

Johnson, David E., 1997. Modern U.S.-Military Relations: Wielding the Terrible Swift Sword. McNair Paper 57, Institute for National Strategic Studies, National Defense University, Washington, D.C.

Klare, Michael T., 1981. Beyod the ‘Vietnam Syndrome’. U.S. Interventionism in the 1980s". Institute for policy Studies; Washington, D.C.

Klare, Michael T. y Peter Kornbluh (Editors), 1988. Low Intensity Warfare. Counterinsurgency, Proinsurgency and Antiterrorism in the Eighties. Pantheon Books; New York.

"La crisis chiapaneca en 10 comunicados del EZLN y un manifiesto a la nación". Perfil de La Jornada, 20-XII-94.

Laguna Berber, Jaime, 1994. "Elementos para un Análisis de la Lógica Militar del EZLN." En, Chiapaz y la Transición Democrática. Grupo Parlamentario del PRD. México. Pp.105-122.

Los Angeles Times, October 25, 1995.

Manual de Guerra Irregular. Tomo II. Operaciones de Contraguerrilla o Restauración del Orden. Publicaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Enero de 1995.

Meyer, Lorenzo, 1990. "Prólogo" a, En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana. Sergio Aguayo Quezada y Bruce Michael Bagley (Compiladores). Siglo XXI Editores; México, D.F. Pp. 11-16.

Ortega, Miguel Angel, 1994. "La negociación en Chiapas, casi agotada." El Financiero, 14 de diciembre.

Pantaleón, Ana y Lucía Enguita, 2001. "El ‘subcomandante’ Marcos logra el apoyo de la Red en la marcha hacia la capital. La Universidad de Nueva York ‘arma’ a los indígenas con Internet y cámaras de video". El País, viernes 9 de marzo, p. 23.

Pensamiento, Daniel, 2001. "Dan apoyos oficiales a candidatos priístas. Provienen los beneficiados de una organización de presunto corte paramilitar en Chiapas. Recibieron de la gestión de Albores 37 millones de pesos". Reforma, domingo 26 de agosto. P. 16 A.

Peña, Leticia, 1988. "Israel y Guatemala: La Conexión Militar". Noticiero Palestino (Noticiero Nacional del Grupo de Tarea Latino del Comité en Solidaridad con Palestina), San Francisco , California, Vol. 2, No. 2, Otoño-Invierno. Pp.9-17.

Pérez Archibold, Juan , 1998. Autonomía kuna y Estado panameño". En, Autonomías Étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (Coord.) CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp. 243-274.

Piñeyro, José Luis, 1994. "Geopolítica y Seguridad Nacional en América Latina: Visión Histórica y Teórico-Política". Sociológica: "Seguridad y Soberanía Nacionales en América Latina." Año 9, Número 25, pp. 75-94.

Ramos, Alcida Rita, 1998. "Convivencia interétnica en Brasil: los indios y la nación brasileña." En, Autonomías Étnicas y Estados Nacionales, Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (Coord.) CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp. 195-214.

Reveles, José, 1994. "Tiene el EZLN claro perfil de Ejército Revolucionario en forma: Siete ex-guerrilleros analizan la composición de la organización rebelde." El Financiero, 7 de enero.

Rodríguez, Ignacio, 1995. "El enemigo también está adentro. El ejército de rangers y boinas verdes". El Financiero, 25 de septiembre, pp. 42-43.

Rodríguez, Ignacio, 1998. "Chiapas: Los Muchachos de la Escuela de Las Américas." Milenio, 19 de enero.

Ronfeld, David y Armando Martínez, 1997. "Comentarios sobre la Guerra de Red Zapatista." En, Aguayo, Sergio y John Bailey (Coordinadores). Las seguridades de México y Estados Unidos en un momento de transición. Siglo XXI Editores, México. Pp. 320-346. Una nueva versión de este artículo se publicó en inglés: "A Comment of the Zapatista "Netwar"." In, Aquilla, John and David Ronfeld (Editors), 1997. In Athena´s Camp. Preparing for Conflict in the Information Age. National Defense Research Institute, RAND. Santa Monica, California. Pp.369-394.

Ronfeldt, David, John Arquilla, Graham E. Fuller and Melissa Fuller, 1998. The Zapatista Social Netwar in Mexico. Prepared for the United States Army by RAND Arroyo Center under Contract Nº DASW01-96-C-0004. Santa Mónica, California.

Roma, Pepa, 2001. Jaque a la globalización. Cómo crean su red los nuevos movimientos sociales y alternativos. Editorial Grijalbo Mondadori, S.A. Colección Arena Abierta; Barcelona, España.

Roux, Helena, 2003. "¿Enfrentamientos intercomunitarios, pretexto para intervención de la fuerza pública en Montes Azules?" Artículo enviado vía electrónica a la lista de correo electrónico de Biodiversidad-1 por Helena Roux, periodista independiente (Francia), el 23 de abril.

Ruiz, Victor, 2003. "Plantea José Murat que se declare reserva natural a los Chimalapas." La Jornada, 24 de abril.

Sandoval, Juan Manuel, 1993. "La Frontera México-Estados Unidos en la Perspectiva de la 'Seguridad Binacional'." En, Las fronteras nacionales en el umbral de dos siglos. Juan Manuel Sandoval (Comp.), Instituto Nacional de Antropología e Historia; México, D. F. Colección Científica No. 267. Pp.65-84.

Sandoval, Juan Manuel, 1996a. "Integración Económica y Militarización de la Frontera México-Estados Unidos". El Cotidiano, N° 77, julio-agosto, pp. 24-32.

Sandoval, Juan Manuel, 1996b. "Seguridad Nacional versus Soberanía Nacional". En, Documento Síntesis del Cuerpo de Asesores e Invitados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por una Paz Justa y Digna, y Selección de Ponencias de la Mesa de Trabajo 2: "Democracia y Justicia" Primera Fase. Diálogo de San Andrés Sacam Ch’en, Mesa 2, Fase 1, del 21 al 25 de marzo. Publicación de Ce-.Acatl, A. C. Pp. 131-141.

Sandoval, Juan Manuel, 1997. "La Región Fronteriza del Sur de México en la Perspectiva de la Seguridad Nacional Estadounidense." En, Las Fronteras del Istmo. Phillip Bovin (Ed.) Centro de Estudios Mesoamericanos y de Centro América y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México.

Sandoval, Juan Manuel, 1998a. "La Guerra de Baja Intensidad en Chiapas". Cuadernos de Análisis y Discusión del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH). Serie: Documentos para la discusión N° 14, 21 de enero. México, D.F.

Sandoval, Juan Manuel, 1998b. "Las estrategias político-militares del Estado mexicano y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: Seguridad nacional versus soberanía nacional". En, El Zapatismo y la política, Dora Kanoussi (Coordinadora), Plaza y Valdés Editores y Gramsci International Society. México. Pp. 105-168.

Sandoval, J. Manuel, 1999. "La "Guerra de Red Social", nueva estrategia contrainsurgente contra el movimiento zapatista." Ponencia presentada en el Foro "Por la Recuperación de la Nación y Contra la Militarización". Centro Cultural San Angel; México, D.F. 4 de septiembre.

Sandoval, Juan Manuel, 2002. "El Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia: Proyectos geoestratégicos para la conformación de las nuevas fronteras geopolíticas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)". Ponencia presentada en el III Congreso Europeo de Latinoamericanistas "Cruzando Fronteras en América Latina", organizado por la Asociación Holandesa de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (NALACS), y celebrada en la Ciudad de Ámsterdam, Holanda, del 3 al 6 de julio de 2002.

Saxe-Fernández, John, 1990. "Estrategia Militar e Integración de América del Norte" Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Año XXXVI, Nueva Época, Julio-septiembre, Nº 141. Pp. 49-66.

Saxe-Fernández, John, 1994. "Seguridad Nacional Mexicana en la Posguerra Fría." Sociológica. "Seguridad y Soberanía Nacionales en América Latina." Año 9, No. 25, pp. 149-170. Mayo-Agosto

Saxe-Fernández, John, 1995. "El Gas Natural Mexicano: Su Integración Vertical a Estados Unidos y la Seguridad Nacional." El Cotidiano, Año 12, No. 71, pp. 31-42. Septiembre.

Suárez, Modesto, 1995. "El Cuidado de la Nación: La Seguridad Nacional en México." Este País. Tendencias y Opiniones, Número 49, abril. pp.3-5

Tejeda, Armando, 2001. "El PPP no está "supeditado" a la paz en Chiapas." La Jornada, 13 de julio, p.11.

Tischler, Sergio, 2000. "Rigoberta Menchú: Memoria y Sujeto. El tiempo roto de la nacionalización revolucionaria del indígena y el campesino en Guatemala." Revista Chiapas (Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM y Ediciones Era, S. A. de C. V.), N° 10, pp. 103-126.

Van Cott, Donna Lee, 1996. Defiant Again: Indigenous Peoples and Latin American Security. Institute for National Strategic Studies, National Defense University, McNair Paper 53, October. Washington, D.C.

Wilson, Brian, 1998. The Slippery Slope. U.S. Military Moves into Mexico. U.S.A. 58 pp.

PREGUNTAS DEL PUBLICO

P: ¿Por qué Estados Unidos interviene en Irak con otro tipo de guerra?

R: La nueva estrategia norteamericana, después del fin de la guerra fría se puso a implementar mecanismos de dominio sobre todo para tener control sobre los recursos, recursos naturales sobre todo el petróleo, en los próximos 50 años el petróleo domina los mercados del mundo. Entonces vamos a entender que en una guerra como la de Irak vamos a mencionar este cambio de concepción porque es buscar el dominio de una región importantísima en términos de recursos, pero el verdadero enemigo no es Irak para Estados Unidos, para los Estados Unidos el verdadero enemigo es la Unión Europea porque resulta el principal competidor en los términos de la lucha hegemónica a nivel mundial por los mercados. Entonces Estados Unidos busca limitarle al acceso a los recursos a la Unión Europea, sobre todo el petróleo y con esto limitar y disminuir la posibilidad de una competencia en los mercados, entonces efectivamente lleva a cabo una acción directa que en la terminología anterior se llamaba guerra de alta intensidad. En países de otras partes del mundo llevaba a cabo guerras de baja intensidad, como son las guerras de contrainsurgencia, el caso de guerras como la de Irak son de alta intensidad para destruir al enemigo con una saturación tecnológica. Tiene que ver mucho la forma con la cual va a buscar dominar el mundo. Por un lado detener el acceso a los grandes recursos y para ello se requiere de este tipo de guerras y también bajo esta concepción le llaman la "ciber war", la guerra cibernética porque toda la aplicación de la alta tecnología, los misiles de aire y tierra, el rayo láser de los satélites en esa guerra de alta intensidad. Tiene que ver con los mecanismos para apropiarse de grandes recursos petroleros o de recursos de ciertas regiones en las cuales los enemigos no son los gobiernos, son los grupos sociales indígenas que están en las regiones donde están los recursos importantes para ellos y a los cuales hay que desplazar de alguna manera. El caso de Chiapas, de la amazonía, el caso de Montes Azules en donde hay que desplazar a las poblaciones indígenas para permitir la entrada de corporaciones a una zona rica en biodiversidad pero también una zona rica en problemas. El gobierno Mexicano está subordinado al Norteamericano, en el caso del problema en Chiapas le impide apropiarse de estos recursos entonces no necesita bombardear a México para apropiarse de estos recursos, simplemente meter este tipo de doctrina y hacer a un lado a esas organizaciones. Aquí la cuestión es cómo el gobierno de México va subordinándose a los Estados Unidos y a sus políticas económicas y también a sus propias políticas de seguridad nacional. El gobierno Mexicano ha ido acercándose a esas doctrinas de seguridad nacional, y el hecho de llevar a cabo acciones como la guerra en contra los zapatistas lo acerca a esa concepción de seguridad nacional. Y sabemos pues que la esencia del concepto de seguridad nacional de los Estados Unidos es una esencia autoritaria. Entonces el hecho de plantear una salida vía a la seguridad nacional va a tener una salida autoritaria necesariamente, cuando por el otro lado el planteamiento es que la salida debería ser una salida política, una salida en la que el gobierno asuma su carácter soberano de decisiones propias y no supeditado a los Estados Unidos pero en función de su subordinación es que está aplicándola para poder desplazar, para poder acabar con este conflicto y que pueda abrirse a esa estrategia, a las inversiones bajo el pretexto que las comunidades allí están poniendo en riesgo los recursos, la deforestación, etc., etc., se busca su desplazamiento y por otro lado para acabar finalmente con el conflicto buscar su desarticulación y su desaparición a través de todos sus mecanismos.