México- Guerrero

Militarización en Guerrero

PONENTE: GABINO SANTIAGO JIMENEZ

Estudios: Licenciatura en Historia, egresado de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Organización: Centro de Derechos Humanos de la Montaña "TLACHINOLLAN" que trabaja en la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos ante los pueblos Nahuas, Mixtecos y Tlapanecos de las regiones de la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero.

Cargo: Labora en el área de Difusión de "Tlachinollan" desde 1999

Es encargado de la producción y conducción del programa de radio "Tlajtoltlapalehuilistli" (La palabra que ayuda) en la radiodifusora indigenista "La voz de la montaña" cuya cobertura abarca los 17 municipios de la región de la Montaña de Guerrero

TEMA: MILITARIZACION EN GUERRERO

La guerra sucia de los 70s en nuestro Estado, es el surco sanguinario que atraviesa la Sierra Madre del Sur, y que quiso enterrar las utopías campesinas e indias de nuestros pueblos. Desde esas fechas el ejército es utilizado para enfrentar los conflictos sociales y políticos. Estas actuaciones hablan de una línea política al margen de la legalidad que se fue gestando como una concepción construida desde las altas esferas del poder, de que los enemigos del partido de estado, son también enemigos de la seguridad nacional. Esta visión nebulosa de identificar a fuerza de represión y de desapariciones forzosas los intereses de la sociedad con los intereses del régimen erigió las pirámides de la impunidad y la corrupción de los aparatos de procuración y administración de justicia.

Estos aparatos fueron puestos al servicio del régimen político sin importar tanto el respeto a la legalidad y a los DDHH. En este contexto político la impunidad es un elemento consubstancial del régimen que desborda todos los márgenes de la legalidad y debilita la vida institucional y la autonomía de poderes con tal de permanecer y de controlar corporativamente a la sociedad.

La visión militarista de la seguridad nacional implementada desde los 70s con la guerra sucia donde se dio una sistemática violación a los DDHH, fue también la época que marcó la génesis de la descomposición militar y policíaca. Esta barbarie desatada contra la guerrilla y los disidentes políticos fueron bien recompensados por el régimen. Los militares demostraron que eran imprescindibles para controlar a la población organizada que exigía más democracia y justicia. Desde esa fecha se utiliza al ejército para imponer el orden violentando el estado de derecho.

En la década de los 80, al ser aparentemente derrotada la guerrilla, el régimen incorporó a miembros del ejército para desempeñar cargos dentro de corporaciones policíacas, conformando cotos de poder que vinieron a ser parte del botín de la guerra sucia. Estos cargos fueron las compensaciones políticas de la represión. Se da manos libres a los militares y jefes policíacos que cobran la factura, cara al régimen al estrechar lazos y realizar negocios con el crimen organizado.

Es de especial preocupación la reticencia de la procuraduría General de la República para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del ejército Mexicano. Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, tenemos registrados de julio de 1996 a abril de 2003, 81 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército Mexicano. Todas estas violaciones se han mantenido en la impunidad a causa de que la Comisión Nacional de derechos Humanos ha turnado todas las investigaciones de los casos presentados al Fuero Militar que funge como Juez y parte a la vez.

Uno de los casos graves que persisten como práctica sistemática entre los miembros del ejército mexicano, es la tortura, que sigue siendo utilizada como el principal método de investigación. Esta situación ilegal es avalada posteriormente por el Ministerio Público que afecta sustancialmente el proceso penal que se sigue ante el Juez, ya que la declaración hecha ante el Ministerio Público sigue teniendo valor probatorio en los juicios del orden penal. Es decir, si el inicio de la Averiguación Previa es ilegal y no apegada a derecho, en consecuencia todo juicio penal que se derive de dicha averiguación, también lo será.

Guerrero ha sido el escenario privilegiado para implementar acciones contrainsurgentes y operativos policíaco-militares con el fin de enfrentar a los grupos armados y exhibir a presuntos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como terroristas y como los verdaderos causantes de la violencia en el estado. Esta estrategia de guerra irregular deja entrever en rostro verdadero del autoritarismo que busca restaurar la ley de terror, con la fuerza destructiva y contenedora del Ejército Mexicano, la Policía Federal preventiva y el incremento de los cuerpos de elite del Ejército, conocidos como grupos aerodinámicos de fuerzas especiales (GAFES), que son comandos aerotransportados y adiestrados en contrainsurgencia y labores de inteligencia. Su poder destructor lo dejaron plasmado en la escuela primario "Caritino Maldonado" de El Charco, municipio de Ayutla.

El caso paradigmático es el de la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que por el mismo motivo de defender el bosque, fueron detenidos y torturados Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera por miembros del Ejército Mexicano acusándolos de narcotraficantes y guerrilleros.

Con el fin de encubrir las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el ejércitos y proteger los intereses forestales de los caciques, el aparato gubernamental pone todo su empeño para criminalizar la lucha legítima y legal de los campesinos ecologistas negándoles el derecho constitucional de acceder a la justicia de manera expedita.

En este contexto donde los campesinos se han organizado y movilizado para defender sus recursos naturales, la respuesta oficial ha sido desproporcionada; se aumenta el número de efectivos en la región y lo paradójico es que a pesar de su presencia ostentosa, al narcotráfico "le hacen lo que el viento a Juárez"; continúa el tráfico de armas, aumenta la violencia y el clima se enrarece con la aparición de grupos paramilitares que empieza a tomar el control de enclaves geográficos estratégicos para la diversificación de sus actividades ilícitas. Una realidad compleja que se cruza con una estrategia de guerra contrainsurgente de contención social, a través de la represión selectiva de sus dirigentes, de su encarcelamiento, del hostigamiento a los campesinos organizados y del cerco de sus comunidades para apagar la hoguera de la inconformidad social y de la reivindicación de sus derechos colectivos.

Otro caso paradigmático es la violación sexual por parte de elementos del ejército contra Valentina Rosendo Cantú de 17 años en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Ayutla el 16 de febrero de 2002 y de Inés Fernández Ortega de 26 años de la comunidad de Barranca Tecuani, Municipio de Acatepec el 23 de marzo de 2002, el terror fundado de los pueblos indígenas hacia el ejército mexicano ha ido en aumento. La simple presencia es suficiente para infundir temor entre las comunidades, cuando se sabe que hay patrullas del ejército cerca, los hombres prefieren no ir a cultivar la milpa, las mujeres se encierran en sus casas y los niños no van a la escuela. Tlachinollan también tiene documentada la denuncia de las autoridades el Caxitepec, comunidad tlapaneca del municipio de Atlixtac que en agosto de 2001 denunció que durante un mes se sintieron sitiados por elementos del ejército mexicano quienes los interrogaban, revisaban sus pertenencias y se enojaban si no se les respondía a alguno pregunta, siendo que muchos de los habitantes no podían responder a preguntas que no entendían por su escaso dominio del español, esta situación provocó que los hombres ya no salieran a sus milpas a trabajar por temor a ser agredidos por los militares. Se pidió en su momento la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH quien mediante el oficio No. CVG/DGA/019930, declara que: "Del estudio efectuado a las constancias que integran el expediente de queja en que se actúa, se deduce que no se evidenciaron conductas que pudieron constituir transgresiones a los Derechos Humanos de los agraviados atribuibles a personal del Ejército Mexicano" (Oficio CVG/DGA/019930 CNDH 30 de octubre de 2001 expediente 2001/2108-4)

Así pues la militarización en el Estado de Guerrero ha provocado numerosas violaciones a los derechos humanos, sobre todo, en la búsqueda de presuntos elementos de los autodenominados: Ejército Popular Revolucionario y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, donde se da la detención arbitraria y la tortura como práctica para conseguir mayor información, inculpar a personas de pertenecer a grupos guerrilleros, o "verificar" las "listas negras". Sin embargo, también en la búsqueda de presuntos narcotraficantes encontramos violaciones a los derechos humanos, efectos sociales y económicos negativos en las comunidades.

La mayor parte de las violaciones a los derechos humanos, y en especial la tortura, ah sido ocasionada en contra de presuntos eperristas que pueden ser desde personas pertenecientes a organizaciones sociales o familiares de las mismas. En pocas ocasiones, de los hechos registrados y documentados se tortura a presuntos narcotraficantes. El que a las personas se les procese y sentencie basándose en testimonios bajo tortura implica que más allá de la actuación de las fuerzas armadas, existe una conexión con los Ministerios Públicos del fuero Federal y los Jueces. Lo anterior se deriva no sólo de una dependencia de las procuradurías de justicia hacia el ejecutivo, sino de una subordinación de los jueces. En Guerrero, es más fácil que una persona inocente sea procesada por un delito que dijo cometer bajo tortura, que un torturador sea consignado y aún más sentenciado.

La violación al derecho a la verdad y la justicia en Guerrero es la base de la impunidad. Aún cuando las investigaciones de los organismos civiles de DDHH, la Comisión Nacional y la valentía de los sobrevivientes de la tortura hayan denunciado número de batallones, cargos e incluso en algunos casos- hasta nombres, no es suficiente. La CNDH ha cerrado sus investigaciones para las recomendaciones sin poder investigar en la mayoría de los casos quienes fueron los torturados dejándole esta tarea al Ministerio Público Militar. En el caso de tener conocimientos de ellos, se desconoce si estos han sido sentenciados o no por la procuración de justicia militar. De aquí, la impunidad con las fuerzas armadas es mayor.

Al parecer, la identificación de elementos del ejército y las ulteriores denuncias, provocó que dichas fuerzas se escudaran en civiles anónimos. Las detenciones arbitrarias y posteriores torturas perpetradas por presuntos "civiles" se relaciona con los objetivos de los elementos de las fuerzas de seguridad por el patrón de los interrogatorios y tipo de torturas. Así, la impunidad está siendo impulsada no solo desde la Procuraduría de Justicia Militar (Que ha negado los hechos de violaciones a los DDHH, intimidando a denunciantes y falsificando datos en algunos de los casos) sino por los propios comandantes de las zonas militares que al parecer permiten que elementos del ejército se vistan de civiles para detener y torturar a presuntos eperristas.

Así pues, mientras el ejército se ocupa de hostigar, perseguir e intimidar a la población, el cultivo y tráfico de drogas aumenta alarmantemente en Guerrero, el fracaso de la lucha contra el narcotráfico en el estado se debe a que para la inteligencia militar el principal objetivo es la detención y lucha contra posibles grupos armados, riesgo que para su entender está latente en la organización. La lucha contra el narcotráfico, es para ellos, un pretexto para criminalizar la organización civil.

PREGUNTAS DEL PUBLICO

P: ¿Yo quisiera saber su opinión acerca del asesinato de la abogada Digna Ochoa, si ustedes piensan que esto tiene que ver con los militares que están en Guerrero, si tiene que ver lo de los ecologistas, los militares en la muerte de la abogada?

R: Si las autoridades encargadas quieren resolver planamente el asesinato de la abogada Digna Ochoa, una de las principales investigaciones se tiene que remitir por fuerza mayor a Guerrero. Digna Ochoa llevaba la defensa de los campesinos ecologistas, hizo caer muchas veces en contradicciones a los fiscales del Ejército Mexicano y gracias a la defensoría que ella llevo se pudo lograr que los campesinos ecologistas pudieran salir libres En esta región de la Sierra de Tecatlán en Toluca es la parte de Guerrero donde todavía hay muchos bosques, pero estos bosques están en manos de Caciques que junto con una empresa canadiense han explotados desde la década 60 con el auspicio de un gobernados que se llamó Rubén Figueroa, y bueno y nosotros sabemos en nuestra tierra lo que el nombre de Rubén Figueroa significa. Para esto los campesinos o las comunidades estábamos pensando para defender los bosques y uno de los caciques coludidos con el gobierno del Estado, porque también hay intereses ahí, piden que el Ejército entre a estas comunidades precisamente para desorganizar esa organización, la organización de los campesinos. Es por eso que es de una manera muy forzosa que las autoridades que están encargadas tengan que ir a Guerrero a levantar testimonios, porque ahí donde están, estamos en esa línea que fue la inteligencia militar la que perpetró ese asesinato por los intereses que afectaba en el Estado de Guerrero.

P: Las personas que trabajan en el narcotráfico son personas de Guerrero o que han emigrado a Guerrero o y han aceptado trabajar en el narcotráfico?

R. El cultivo de estupefacientes es hecho por indígenas de estas regiones, Guerrero entre los muchos deshonrosos primeros lugares que tenemos, es el primer productor a nivel nacional de amapola. Esta economía del narcotráfico, llegan los carteles del narcotráfico, implementan esta producción, esta siembre de estupefacientes haciéndole ver a los campesinos ver que es más productivo, a pesar de todos los riesgos que esto conlleva, es más productivo sembrar amapola o marihuana que sembrar maíz. Bueno en un escenario donde está la pobreza extrema, a los campesinos e indígenas no nos queda más remedio que entrar en esa dinámica. Pero bueno ellos se llevan, pues en la escala del narcotráfico ellos son la parte inferior y son los que menos beneficios reciben de esto.

P: Siguen llevando a cabo prácticas militares similares a las de la guerra sucia de los años 70s

R: Todavía hay infiltraciones principalmente cuando ellos ven que las comunidades se empiezan a organizar, y como sabemos Guerrero tiene sus paraísos turísticos entonces al estado tanto a nivel federal como a nivel estatal no le conviene que se tenga la imagen de inconformidad en el estado de Guerrero, entonces precisamente se infiltran en las organizaciones y esa información la pasan a mandos militares, a mandos policiales. Ellos se encargan de desarticular estos movimientos con allanamientos, desapariciones forzadas, encarcelamiento.

P: La gavilla que actualmente tiene en el problema en Guerrero sigue siendo la misma que perseguía a Lucio Cabañas y Genaro Vásquez o ¿es otra gavilla independiente?

R: Cuando en los años 70s se desarticuló los movimientos de Lucio Cabañas y Genaro Vásquez quedaron células, aunque fue tal la destrucción de esos movimientos que tardó mucho tiempo en volver a recomponerse, pero ellos siguen teniendo esa misma visión, la visión de Lucio, de las armas, de tomarse el poder, pero ya con los cambios actuales. Pero sigue esa herencia desde los años 70s.

P: Lo que quiero saber si los que persiguieron a Lucio Cabañas y Genaro Vásquez fueron los Figueroa y toda esa gente... ¿Es esta misma gente que sigue persiguiendo a los compañeros de Guerrero?

R: Principalmente cuando se dice que en México ha habido un cambio democrático, porque el tipo este que está en la presidencia es de otro partido...pero en Guerrero no, todavía está el priísmo con todo lo que conlleva, es la forma del partido de estado. Y por eso en este momento ellos se han endurecido más porque han visto que en otros estados hay un cambio democrático y a nivel nacional y ellos lo que no quieren es perder su poder, entonces también se están endureciendo.

-Tengo un comentario sobre lo que decía el compañero, yo también soy de una zona indígena. El solo habló de la zona indígena, pero la zona mestiza, en la zona caliente está la mera mata de la siembra, entonces yo creo que la entrada de militares a la zona indígena justificados con la siembra de enervantes, eso es otra cosa, trata de justificar eso, pero nosotros sabemos que están persiguiendo a los grupos guerrilleros y no a los narcotraficantes como ellos dicen. Eso nada más lo dicen ellos para poder justificar su presencia en la zona indígena, porque yo también soy de la zona indígena y no hay siembra de enervantes pues. En los periódicos eso es lo que sale en realidad de la zona no existe, existe más en la zona mestiza que en la zona indígena.

P: Cuál ha sido la dinámica que las organizaciones de DDHH han llevado y si hay una especie de silencio, de complicidad con el gobierno. En qué lugares se pudieran contactar para el apoyo como comunidad víctimas de la militarización.

R: A nivel de estado hay toda una serie de organizaciones que han luchado por reformas sociales, pero en estos últimos años también las organizaciones sociales indígenas, campesinas han hecho todo lo posible por denunciar estos acosos militares, estos hostigamientos Lo que pasa es que siempre la mala información que se da sobre los casos y Guerrero también es un estado que hablando en comunicaciones es muy plano, muy apático, no se da la discusión que se requiere y bueno a veces las organizaciones están en cómo poder hacer trabajos para poder tener el pan de cada día, que estas cuestiones se quedan en el segundo plano.

P: Ante la falta de respuesta de las organizaciones, de las instancias que ustedes han recurrido y ante el aumento y el fortalecimiento de las iniciativas de militares o de fuerzas armadas, cuáles son los retos y las estrategias que se plantean los habitantes de Guerrero, hacia el futuro.

R: Bueno es un poco difícil si no estamos en el contexto de lo que es Guerrero a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué si Guerrero tiene muchas violaciones a los derechos no hay toda una campaña de observadores internacionales, de organizaciones que vayan y denuncien, que vengan y sean testigos de lo que pasando en Guerrero? Lo que nos queda como organización, siempre hemos recurrido a las instancias legales que tenemos a las manos, desde ministerios públicos, la comisión estatal de DDHH, la CHDH, hemos llevado un caso a la Comisión Internacional de DDHH, pero la respuesta, como lo mencioné antes ha sido nula, no ha habido nada a favor de las víctimas, todo se queda pues en los archivos. Entonces el único papel que nos queda es hacer la difusión nacional e internacional de lo que está pasando y con la argumentación de los casos, llamarle la atención a la opinión pública nacional e internacional de que es necesario se haga observación de lo que está pasando actualmente en Guerrero.