San Cristóbal de las Casas, Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 7 de mayo de 2003.

Fuerzas Armadas y contrainsurgencia en América Latina

Jorge Luis Sierra*

Las neoguerrillas latinoamericanas

Con el levantamiento indígena en Chiapas y el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas (1994) y la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero y Oaxaca (1996), México tuvo que volver su vista hacia una historia que creía olvidada. El asunto contrainsurgente se pensaba resuelto, salvo algunos brotes que se suponía podían ser controlados fácilmente. La realidad latinoamericana, y en ella la mexicana, caminaba en sentido opuesto.

Con excepción de las revoluciones cubana y nicaragüense, las guerrillas latinoamericanas siguieron dos derroteros principales: uno de ellos fue la desaparición y el aniquilamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado; otro fue el desarme y la integración a la sociedad mediante la firma de acuerdos de paz. En el primer caso, las fuerzas de seguridad estatales impusieron su superioridad militar y lograron destruir físicamente a las organizaciones guerrilleras. En el segundo, el empate militar condujo a negociaciones prolongadas y a un conjunto de acuerdos políticos que culminaron con reformas del Estado y de las instituciones militares y policiacas, como ocurrió en El Salvador y Guatemala.

Pero esta supresión de los movimientos guerrilleros, forzada o negociada, no significó la desaparición de las condiciones estructurales que propician la creación de movimientos armados. La situación económica latinoamericana parece agravarse progresivamente con la política neoliberal que impone la austeridad y grandes sacrificios a la población mientras favorece la acumulación de grandes capitales financieros y especulativos.

Las cifras macroeconómicas proporcionan cierta idea acerca de la magnitud continental de la desigualdad en América Latina. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, la cuarta parte de todo el ingreso nacional en América Latina está en las manos de sólo el 5 por ciento de la población. Si medimos la riqueza del 10 por ciento más privilegiado de la población de latinoamericana, nos encontramos con que sólo este segmento absorbe el 40 por ciento del ingreso nacional de la región. En cambio, el 30 por ciento de la población, localizado en el sótano de la pobreza latinoamericana recibe únicamente el 7.5 por ciento del ingreso nacional[1].

Esta crisis económica para las grandes mayorías latinoamericanas se agudiza con la debilidad de los partidos políticos, la dependencia de los poderes legislativos y judiciales y la exacerbación de las atribuciones y poderes presidenciales.

Aunque en todos los 35 países de la región, con excepción de Cuba, los dirigentes gubernamentales se eligen mediante el voto popular, la fragilidad democrática en Latinoamérica se advierte en la persistencia de violaciones a los derechos humanos, las políticas represivas de muchos gobiernos electos democráticamente, la debilidad e ineficacia de instituciones gubernamentales, así como en la ausencia de mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas de sus instituciones militares y policiacas.

Amnistía Internacional[2] reportó que en 2001 la tortura y el maltrato cometidos por fuerzas de seguridad persistieron en al menos 20 países de la región. En países como Brasil y México, el uso de la tortura para obtener confesiones sustituía al debido proceso de investigación policiaca. Las desapariciones forzadas siguieron cometiéndose como una práctica generalizada en Colombia, aunque existieron denuncias sobre esta práctica en México y Venezuela. Al menos en 20 países, incluidos México y Estados Unidos, se reportó la persistencia de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. El caso extremo fue Brasil con 481 ejecuciones extrajudiciales tan solo en el estado de Sao Paulo. Los datos de Colombia fueron quizá los más dramáticos del continente: 300 desaparecidos; 4 mil civiles asesinados, principalmente por grupos paramilitares apoyados por el gobierno; más de mil 700 secuestrados, en su mayoría por la guerrilla, así como un sinnúmero de desplazados.

Si bien la pobreza no produce por sí misma movimientos armados, la formación de grupos de poder transnacionales y el proceso acelerado de globalización han actuado en contra de aspiraciones nacionales de modernidad y desarrollo, que amplios sectores latinoamericanos no desean abandonar y por los que, históricamente, han mostrado su disposición a recurrir a la fuerza y a la violencia organizada[3].

El neoliberalismo ha generado un vacío relativo de legitimidad en aquellos Estados que perdieron su capacidad de protección social y dirigen procesos acelerados de desnacionalización de la economía y liquidación de los servicios públicos[4]. La pérdida de legitimidad se vuelve más grave aún con la narcocorrupción que impera entre funcionarios de todos los niveles de la pirámide del poder político. Las nuevas guerrillas latinoamericanas han sabido actuar en este espacio y lograr para sí mismas la legitimidad perdida por los gobiernos.

En los umbrales del siglo XXI , los fenómenos del neoliberalismo y la globalización fueron acompañados por un resurgimiento de las insurgencias armadas en México y por la persistencia de las guerrillas en Colombia y Perú. La insurgencia pareció limitarse a esos tres países, aunque se observaron indicios de actividad guerrillera en Chile, luego de que un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) liberó a 4 de sus líderes en una fuga espectacular a bordo de un helicóptero en una prisión de máxima seguridad en Santiago de Chile en diciembre de 1996[5]. Existen también evidencias recientes de una reorganización del Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR – EGP).

En un documento secreto de la Conferencia de Estados Americanos, revelado por un diario chileno en mayo de 2002, se reportó que “los principales grupos subversivos, el MIR y FPMR, se encuentran actualmente desarrollando un trabajo proselitista y de infiltración en conflictos sociales, dentro de ellos, en el conflicto de la etnia mapuche. Sin embargo, se descarta conforme a los antecedentes actuales, la probabilidad de guerrilla de tipo rural en la zona”.[6]

El documento afirma que "actualmente la subversión a nivel nacional, se encuentra en una etapa primaria de agitación y propaganda, orientada principalmente a la reorganización y a la captación de militantes, junto con la elaboración de sus nuevas propuestas político-militares de acuerdo a la realidad social actual".[7]

Según el diario chileno, el documento describe la presencia de organizaciones insurgentes en toda la región, situando a las guerrillas colombianas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) como las más antiguas y numerosas del continente, y a Ecuador con gran número de grupos emergentes como el Partido Comunista Marxista-Leninista, "Sol Rojo", "Montoneras Patria Libre", "Movimiento Popular Democrático" y "Grupos Combatientes Populares", entre otros.

Colombia tiene dos grupos insurgentes, las FARC y el ELN. En Perú aún persiste la actividad de Sendero Luminoso, mientras el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) se considera casi extinto, luego de la muerte de los miembros del comando que tomó la embajada de Japón en Lima.

En México, tres grupos insurgentes muestran organización político-militar, poder de fuego y realizan acciones armadas: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario Popular Insurgente. Sin embargo, otros grupos guerrilleros han dado muestras de existencia a través de comunicados y se presume que están en un periodo de acumulación de fuerzas[8].

En esos tres países la violencia estatal se muestra incapaz para desaparecer a las guerrillas. Hacia los primeros meses del año 2002, el Ejército colombiano, a pesar de sus 146 mil efectivos, no había logrado imponer su superioridad militar sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sobre el Ejército de Liberación Nacional. Además, el Ejército ha mostrado su incapacidad para recuperar 20 por ciento de territorio en poder de las FARC. Eso ha favorecido la alianza del Ejército con grupos paramilitares en la contrainsurgencia, con lo que la espiral de violencia se elevó a niveles extraordinarios.

La permanencia de estos grupos demuestra que no es viable la política de exterminio de las guerrillas contemporáneas en América Latina. En 1992, Sendero Luminoso tenía de 5 a 6 mil militantes armados y una red de apoyo activa de cerca de 50 mil peruanos[9]. Con la captura del máximo dirigente senderista, Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, el Ejército peruano se jactó del desmantelamiento del 80 por ciento de la cúpula guerrillera[10]. El resto de Sendero Luminoso realizó acciones armadas esporádicas e intentó el reagrupamiento de sus filas, luego de la guerra fronteriza en la que se enfrentaron Perú y Ecuador en febrero de 1995.

Sendero Luminoso se resistió a morir como movimiento armado. El Instituto de Investigación para la Defensa Nacional (Ineden) señala que, entre marzo y abril de 1995, ocurrieron 150 acciones senderistas en 13 de los 23 departamentos del país, la mayoría en el departamento de San Martín, una gran zona cocalera[11]. Sin embargo el 14 de junio de 1999, Sendero volvió a tener otro revés de alcance estratégico con la detención de Oscar Ramírez Durand, Feliciano, quien había quedado como nuevo responsable de las fuerzas senderistas.

Un carro bomba que explotó el 20 de marzo de 2002 frente a la embajada estadounidense en Lima, Perú, llevó a los expertos en terrorismo a analizar la posibilidad de que Sendero Luminoso mantuviera aún una estructura mínima de organización. El ataque ocasionó la muerte de nueve personas y heridas a 30. Según el Instituto de Política Internacional contra el Terrorismo, a pesar de la captura de su fundador y de la mayoría de sus líderes, Sendero Luminoso mantiene aún su capacidad operativa.[12]

La muerte del líder Néstor Cerpa Cartolini y de los 14 miembros de su comando en la crisis de la embajada de Japón en Lima en abril de 1997 representó también un golpe casi definitivo para el MRTA. Según el general Nicolás Hermoza Ríos, ex comandante general del Ejército de Perú, el MRTA “quedó reducido a una mínima expresión y virtualmente descabezado”. El MRTA, dice el general peruano, fue desarticulado en su estructura y le quedó como último reducto una columna guerrillera que opera en las provincias de Chanchamayo (Junín) y Oxapampa (Pasco), departamento de la ceja de la Selva[13]. Otros observadores destacan la presencia de destacamentos del MRTA en la región central del piemonte amazónico y en la selva (Oxapampa, Villa Rica, valle del Perené entre La Merced y Satipo), que cobran impuestos a la producción de café y fruta[14].

Todas las organizaciones guerrilleras contemporáneas en América Latina adaptaron sus operaciones a los contextos urbano y rural indistintamente y mostraron una evolución significativa en su estructura, organización y estrategia militares. Quizá la guerrilla que alcanzó la mayor fuerza militar y territorial ha sido la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante las conversaciones de paz celebradas en el departamento de Caquetá durante los primeros días de enero de 1999, los dirigentes de las FARC aseguraron en privado a los observadores internacionales provenientes de Cuba, El Salvador, Nicaragua y México, que su guerrilla ya contaba con la fuerza, organización y estructura necesaria para la toma del poder.

El mando de las FARC se ha descentralizado hacia los comandantes de cada uno de los 66 frentes de batalla en todo el territorio nacional. Estos frentes operacionales están integrados cada uno por 100 o 200 efectivos y algunos alcanzan hasta los 600. Estos frentes son económicamente autónomos y tienen la estructura y sofisticación de una fuerza militar moderna.

Según Zackrison y Bradley, las operaciones tácticas de las FARC incluyen incursiones sobre campamentos e instalaciones militares para adquirir armas, municiones, uniformes y equipo de comunicaciones. Estas operaciones son generalmente ataques y emboscadas nocturnas, caracterizadas por una excelente recolección y análisis de inteligencia, preparación secreta, ejecución, rapidez y sorpresa. Los insurgentes viajan a pie, capitalizando su conocimiento preciso de las áreas de operación y de sus redes de informantes[15].

Durante las conversaciones con el gobierno colombiano, cuya delegación la encabezó directamente el presidente Andrés Pastrana, las FARC exhibieron su capacidad de organización y recursos para realizar las pláticas con medidas máximas de seguridad. Los vehículos empleados para transportar a las delegaciones, la disciplina de los soldados de la FARC, el armamento ostentado, hacían pensar a los visitantes internacionales que las FARC contaban con el carácter de un Ejército regular, control de territorio, y una fuerza muy superior al resto de las organizaciones guerrilleras latinoamericanas anteriores. Quizá esa sea la razón por la que los observadores estadounidenses compartan la idea de que en Colombia existe el riesgo inminente de la “desintegración del Estado”:

“Colombia podría, de hecho, colapsarse como nación. Las instituciones gubernamentales son débiles, especialmente en las áreas ocupadas por las guerrillas o los cárteles de la droga. El colapso está ya ocurriendo en algunas áreas donde la presencia del gobierno es insignificante” [16]. Más adelante, los analistas estadounidenses urgían a elaborar reformas para fortalecer a las instituciones nacionales y alertaban sobre la posibilidad de que el gobierno comenzara una guerra sucia para evitar la desintegración de Colombia.

Presencia del narcotráfico

La situación de los países con actividad insurgente, como Perú, Colombia y México se ha agravado con la proliferación del narcotráfico. Por ejemplo, los narcotraficantes han sacado provecho del aparente equilibrio de fuerzas entre la guerrilla y el Ejército colombianos[17]. Richani asegura que el narcotráfico se beneficia de la existencia de un sistema de guerra en Colombia en el que tanto la guerrilla, el Ejército como el crimen organizado sacan ventaja de una economía política de escala.

Así, el narcotráfico favorece el equilibrio militar entre la guerrilla y el Ejército y entabla alianzas temporales con alguna de las partes beligerantes según las circunstancias[18]. Esto ha propiciado grandes dificultades para la lucha antinarcóticos, especialmente cuando los gobiernos han decidido militarizarla. La consecuencia más funesta es quizá la penetración del narcotráfico en las filas y mandos del Ejército.

El investigador estadounidense Donald J. Mabry afirma que la estrategia andina del presidente George Bush (1989-1993) favoreció la militarización de la lucha antidrogas a pesar de que los ejércitos de Bolivia, Colombia y Perú no estaban entrenados para el combate a narcotraficantes sino para la lucha contra los grupos insurgentes. Había por otra parte, fuertes signos de que algunos jefes militares estaban comprometidos con el negocio de las drogas. Ese había sido el caso del régimen militar que encabezó el general Luis García Meza (1980-1982) en Bolivia. A pesar de que las presiones estadounidenses lograron la destitución del jefe de la inteligencia militar boliviana, no parecía haber en la región andina fuerzas de seguridad confiables, sin compromisos con narcotraficantes[19].

La estrategia antinarcóticos de Estados Unidos en la región andina buscaba, entre sus objetivos principales, combatir el suministro de cocaína desde sus centros de producción, infligir un daño significativo a las organizaciones de narcotraficantes que predominaban en los tres países, y reducir la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos en un 60 por ciento para finales de 1999.

Ninguno de los tres objetivos fue cumplido cabalmente. Análisis del Congreso estadounidense estimaron que la superficie cultivada de la hoja de coca en la región andina creció en un 15 por ciento, de 186 mil 240 hectáreas en 1988 a 214 mil 800 en 1995[20]. Aunque la superficie total de cultivo de la hoja de coca se redujo a 183 mil hectáreas en 1999, habría que destacar que Colombia se convirtió en el país con los cultivos más extensos de hoja de coca (122 mil 500 hectáreas en 1999), en comparación con la declinación evidente de Perú, que pasó de 115 mil 300 hectáreas en 1995 a 38 mil 700 hectáreas en 1999. Bolivia también redujo su superficie cultivada con hoja de coca de 50 mil 900 hectáreas en 1995 a 21 mil 800 hectáreas en 1999[21].

La disponibilidad de cocaína en Estados Unidos se mantuvo intacta pues la producción potencial de la droga en esos tres países (Bolivia, Perú y Colombia) aumentó de 750 toneladas métricas en 1989 a 765 toneladas en 1999. La producción anual de cocaína alcanzó su pico en 1996 con 950 toneladas. Según las cifras de la Casa Blanca, Colombia concentró de nuevo la producción andina de cocaína en 1999 con 520 toneladas, cifra varias veces superior a la Perú, 175 toneladas, y Bolivia, 70 toneladas[22].

Investigaciones de organizaciones europeas daban cuenta de cifras más elevadas. El Observatorio Geopolítico de las Drogas indicaba que hacia 1996, la superficie cultivada con la planta de coca era de 250 mil a 310 hectáreas en Bolivia, Perú y Colombia, mientras que las plantaciones de coca y laboratorios de procesamiento se habían extendido a Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador. La producción de clorhidrato de cocaína, según la organización francesa, se incrementó de una cantidad estimada entre 400 y 700 toneladas en 1988, a otra estimada entre mil y mil 500 en 1996[23].

Más allá de este crecimiento estadístico, el problema de las drogas y su combate dejaban un lastre de tragedia e inestabilidad en todas las sociedades involucradas. Lejos de reducir la disponibilidad de la cocaína y desmantelar a las organizaciones criminales, la militarización de la lucha antidrogas produjo mayor inestabilidad en las sociedades andinas y acercó a las Fuerzas Armadas con los cárteles del narcotráfico en un esfuerzo común para terminar con las organizaciones guerrilleras.

Mabry afirma que la militarización de la lucha contra las drogas ocurrió a pesar de que la lucha contrainsurgente era una prioridad más importante para algunos gobiernos latinoamericanos: “A pesar de algunos ejemplos aislados de cooperación entre uno o más movimientos guerrilleros por un lado, y capos de la droga por el otro, los dos no están íntegramente relacionados ni el gobierno colombiano los considera como tal. De ambos, el gobierno colombiano ha visto a los movimientos guerrilleros como la amenaza más grande[24]”.

Las drogas también han dejado dividendos a la guerrilla cuando ésta mantiene control territorial. Parte del poderío económico de la guerrilla colombiana obedece al impuesto del 10 por ciento sobre el precio de cada kilo de cocaína base o pasta que pasa por sus territorios controlados. Con el colapso del apoyo cubano y soviético, dicen investigaciones de Estados Unidos, las operaciones insurgentes colombianas han sido parcialmente financiadas por el negocio de la cocaína y la heroína que les provee cerca de la mitad de los ingresos anuales estimados entre 500 y mil 500 millones de dólares[25].

Los analistas coinciden en que la relación entre la guerrilla y el narcotráfico en Colombia está basada en el poder y el control territorial[26]. Según este análisis, las FARC obligan a los cárteles a pagar impuestos y protección en las zonas controladas como Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, lo que no ocurre en las zonas controladas por los narcotraficantes, como Córdoba, sur de Magdalena Medio, Ariari y la mayor parte de las zonas urbanas. Ambas fuerzas, guerrillas y narcotraficantes están en estado de combate permanente en zonas donde ninguna prevalece sobre la otra: norte de Magdalena Medio y el Valle del Norte.

Según los analistas, en los últimos años, las FARC y el ELN han entrado gradualmente en el negocio cultivando, procesando y vendiendo marihuana, cocaína y heroína. La mayor parte de las ventas, aseguran Zackrison y Bradley, son para colombianos de clase media aunque hay reportes de ventas de supuestos grupos de las FARC a traficantes de Panamá, Venezuela, Perú y Ecuador[27].

El narcotráfico ha creado situaciones de gran complejidad en Colombia. En algunas ocasiones, los grupos paramilitares colombianos han participado en operativos conjuntos contra la guerrilla. La militarización de la lucha antidrogas en Sudamérica, sobre todo en Perú y Colombia, ha generado que los ejércitos sean incapaces de enfrentar con éxito a la guerrilla y terminen aliados con el narcotráfico. En México la experiencia fue distinta pues, desde su nacimiento a finales de los 70, las fuerzas contrainsurgentes estaban profundamente integradas con el narcotráfico y se apoyaron en él para exterminar a la guerrilla urbana[28].

La política adoptada por Estados Unidos privilegió de nuevo el fortalecimiento del Ejército colombiano como el medio de combatir al narcotráfico. El paquete de ayuda que aprobó el Congreso estadounidense en mayo del año 2000 convirtió a Colombia en el tercer país receptor en el mundo de ayuda estadounidense. Con el paquete de 954 millones de dólares para el año fiscal 2000 y 318 millones de dólares en el año fiscal 2001, Estados Unidos promovió la creación de dos batallones antinarcóticos que, junto con un tercero ya creado, darían lugar a la creación de una Brigada Antinarcóticos, reforzada con 30 helicópteros UH-60 BlackHawk y 15 UH-1N Huey. En noviembre de 1999, Estados Unidos había entregado a Colombia 18 helicópteros Huey[29]. Según Estados Unidos, la expansión más grande del mundo en la superficie de coca cultivada ocurre en el territorio controlado por las FARC en el sur de Colombia[30].

Paramilitarización de la contrainsurgencia

En la medida en que los Ejércitos eran incapaces de resolver por sí mismos el problema de la guerrilla, los gobiernos latinoamericanos comenzaron a aprovechar a los grupos paramilitares para combatir a la insurgencia armada. Estos grupos paramilitares se asociaron directamente con el narcotráfico y con grupos de poder político y económico local para el combate a la guerrilla.

Además de que los paramilitares tienen estructura, entrenamiento y equipamiento militar, además de que comparten las mismas misiones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas, su funcionamiento se basa en una delegación de la fuerza punitiva del Estado. Esto ha llevado a la creación de grupos de civiles armados que en ocasiones llegan a retar hasta a la misma soberanía del Estado.

Quizá el ejemplo más acabado del uso militar de civiles – paramilitares en América Latina sea Colombia. En este país se distinguen a los Grupos de Autodefensa y a los ejércitos privados, como dos formas distintas de violencia reaccionaria. Sin embargo, el paramilitarismo en un sentido amplio abarca a ambos. Una caracterización de estos grupos paramilitares se encuentra en el informe 1997-1998 del Observatorio Geopolítico de las Drogas[31]:

Según el informe del OGD, lo que en Colombia llaman «paramilitarismo» se organiza en torno a dos familias: los Castaño, por una parte, y los hermanos Carranza, por otra. La Autodefensa de Córdoba y Urabá (ACCU), que dirigen los Castaño –aliados coyunturales del cártel de Cali. Los paramilitares colombianos controlan parte de la región de Urabá que cubre los departamentos del Choco y Antioquía, desde la frontera panameña hasta sus límites marítimos en el Caribe y el Pacífico, además de los departamentos de Córdoba y Sucre, y una parte del departamento de César. Según el OGD, los Castaño dirigen las principales bandas criminales y la industria del secuestro de Medellín y aprovecharon la desaparición del cártel de Cali, para extender su influencia al norte del departamento del Valle.

Los Carranza, por su parte, propietarios de minas de esmeraldas y ganaderos, ejercen su poder en el Meta, Vichada, Boyacá, la región del Magdalena Medio en el departamento de Santander y al sur de los departamentos de Bolívar y Sucre. Ambos grupos, dice el informe del OGD, tienen un solo objetivo en común: la lucha contra las FARC.

El alcance de estos grupos paramilitares es único, en comparación con otros países de América Latina. Según la organización francesa, la unión de estos dos frentes forma un cinturón de control político y administrativo que va de la región amazónica (en las fronteras con Venezuela y Brasil) hasta la costa atlántica. Se trata de una zona tradicional de contrabando de drogas y armas, en la cual se proyecta la construcción de un canal interoceánico. Este cinturón estratégico ha permitido a los Castaño y a los Carranza, gracias en particular a asesinatos y masacres, apoderarse de 3 a 3.5 millones de hectáreas, según los cálculos de especialistas, es decir un tercio de las mejores tierras agrícolas del país, fenómeno que ha sido calificado de «contrarreforma agraria»”[32].

El grupo paramilitar de Carlos Castaño, se encuentra aliado con el nuevo Cártel del Norte del Valle dirigido por los hermanos Henao, un nuevo grupo de barones de la droga que surgió después del desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali. Esta alianza hizo posible la extensión de control paramilitar al conjunto del litoral pacífico, de la frontera con Panamá a la de Ecuador, lo que facilita el uso de las mismas rutas para el abastecimiento de armas para los narcotraficantes y los paramilitares[33].

Human Rights Watch, una organización internacional de derechos humanos con sede en Washington, DC, ha documentado ampliamente la relación del gobierno colombiano y sus Fuerzas Armadas con las poderosas organizaciones paramilitares. Entre estos vínculos se encuentran la integración de los paramilitares al sistema de inteligencia militar en 1991, por recomendaciones de asesores estadounidenses.

En ese año, el Ejército lanzó un plan secreto de reorganización de la inteligencia militar colombiana llamado Directiva 200-05/91 Organización y Funcionamiento de las Redes de Inteligencia[34]. En la segunda página del Plan mencionado se lee textualmente: “El Ministerio de Defensa con base a las recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los EEUU, ha ordenado la reestructuración de la Inteligencia Militar en todos sus niveles”[35].

Se supo que la comisión de asesores había sido integrada en 1990 e incluía a representantes del Grupo Militar de la embajada estadounidense en Bogotá, así como a integrantes del Comando Sur, la Agencia de Inteligencia Militar (Defense Intelligence Agency, DIA) y la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA)[36].

El Plan ordenó la creación de redes de inteligencia urbanas y rurales, compuestas por civiles o militares en situación de retiro y dirigidas por oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Se dice textualmente en el documento que:

“(a) El estudio, selección, instrucción, entrenamiento, ubicación y la organización de una red de inteligencia tanto urbana como rural, se hará en forma cubierta y bajo responsabilidad de los comandantes de división y brigadas o sus equivalentes en las otras fuerzas y de los comandantes de red.

“(b) Los comandos de división y brigada con base en el conocimiento de las jurisdicciones asignadas proponen la relación de candidatos, sean civiles o militares en situación de retiro para integrar los cuadros de la red”[37].

Con este plan, la fuerzas paramilitares, bajo las órdenes del Estado Mayor Conjunto, se integraron en redes de inteligencia junto con unidades militares para vigilar a personajes y grupos de la oposición política legal y luego realizar ataques contra los blancos elegidos por el Alto Mando[38]. Los paramilitares se movían en los medios de transporte militar a diferentes localidades del país para cumplir las ordenes de asesinar a opositores políticos.

La doctrina estadounidense de integrar a civiles como informantes de redes de inteligencia militar en operaciones contrainsurgentes se extendió a numerosos países de América Latina. El ejemplo mexicano se encuentra en el Manual de Guerra Irregular que contiene pasajes como los siguientes, muy semejantes a la directiva colombiana:

“531. las operaciones de contraguerrilla forman parte de las medidas de seguridad que adopta un comandante de teatro de operaciones en su zona de retaguardia, para evitar que las operaciones regulares sufran interferencias ocasionadas por la acción de bandas de traidores y enemigos, para lo cual el comandante de un teatro de operaciones deberá emplear a todos los elementos organizados y aún a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas adversarias[39].

“551. Por todo lo antes expuesto, se puede definir que las operaciones de contraguerrilla, son aquellas que se conducen con unidades de personal militar, civil o militarizado en terreno propio para hostigar y destruir a las fuerzas integradas por enemigos y traidores a la patria que conducen operaciones militares con tácticas de guerrilla”[40].

El narcoterrorismo y la revisión del concepto de insurgencia

A pesar de que la realidad latinoamericana indicaba una poderosa tendencia de alianza ente los ejércitos nacionales y el narcotráfico, Estados Unidos quedó atrapado entre su visión de una alianza inminente entre grupos insurgentes y bandas de narcotraficantes. El hecho de la corrupción que corroía a las instituciones militares era innegable, pero la estrategia estadounidense se dirigió contra las guerrillas y su posible unidad con el narcotráfico.

Con el objeto de apuntalar políticamente la militarización de la guerra contra las drogas en América del Sur, el presidente Ronald Reagan (1981-1989) acuñó el término narcoterrorismo para referirse a lo que él y sus estrategas consideraban como una de las amenazas más serias a su seguridad nacional. Fue hasta el gobierno de George Bush (1989-1993) que el concepto de narcoterrorismo comenzó a funcionar como la nueva racionalidad del empleo de los militares contra el narcotráfico[41].

Esta racionalidad, no obstante, hallaba poco asidero en la realidad andina: La conjunción de intereses entre el narcotráfico y los militares latinoamericanos fue perturbadora para el cumplimiento de los objetivos en el combate a las drogas. En ocasiones Estados Unidos no distinguía con precisión dónde se encontraba el enemigo. Esa desorientación alcanzó su grado máximo cuando la Fuerza Aérea Peruana derribó el 24 de abril de 1992 a un avión antinarcóticos estadounidense C-130 que realizaba un vuelo de reconocimiento en territorio peruano. El incidente provocó una crisis diplomática grave entre ambos países aunque no se suspendió la ayuda antinarcóticos estadounidense a Perú[42]. No obstante, la pérdida de la confianza en los militares peruanos parecía un hecho irreversible.

Para Mabry, la guerra contrainsurgente en Colombia y Perú, incluso con la ayuda de Estados Unidos, no terminará con el comercio de las drogas en la medida en que las guerrillas de izquierda y los empresarios de derecha son oponentes naturales que sólo ocasionalmente han cooperado entre sí por conveniencia mutua.

Mabry lo explica de esta manera: Los narcotraficantes quieren a las guerrillas destruidas; las guerrillas elevan el costo de hacer negocios y atraen demasiada atención del gobierno, complicando las operaciones normales del narcotráfico. En varios grados, los ejércitos de esas naciones están plagados de narcocorrupción. En Colombia, las Fuerzas Armadas han sido acusadas de abuso de la población, pues se afirma que el Ejército, en alianza con escuadrones de la muerte derechistas, aterroriza y mata a gente inocente en el estado de Uraba. En Perú, asegura Mabry, los comandantes militares en el Valle del Alto Huallaga han sido acusados de ser aliados de los narcotraficantes[43].

El concepto de narcoterrorismo no sólo fue utilizado por el gobierno de Estados Unidos con el fin de justificar su política antinarcóticos, sino también como parte de las explicaciones académicas sobre la realidad de la insurgencia latinoamericana. Para la investigadora peruana Gabriela Tarazona, el narcoterrorismo nació como “la unión de los terroristas de Sendero con la industria floreciente de la hoja y pasta base de cocaína en el Alto Huallaga” y como un fenómeno que no ocurría sólo en Perú.

Visualizar a la guerrilla y al narcotráfico como un solo fenómeno era parte de la tendencia contemporánea para unificar en el plano conceptual a los problemas que emergieron después del fin de la Guerra Fría.

Después del fin de la Guerra Fría algunos teóricos resaltaron la necesidad de revisar la vigencia de las doctrinas contrainsurgentes de Estados Unidos. Steven Metz, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de Estados Unidos, sugiere que los nuevos contextos estratégicos en la posguerra fría llevarán a una mutación de los grupos insurgentes.

Estados Unidos, asegura Metz, no está preparado para enfrentar a las nuevas insurgencias pues su doctrina se quedó fija en las enseñanzas de Vietnam y El Salvador, los dos casos paradigmáticos donde Estados Unidos aplicó a fondo toda la evolución de su doctrina contrainsurgente[44].

Metz considera que el desempleo, la fragmentación nacional, la incapacidad de las políticas económicas para sustentar los procesos democráticos, junto con la “rutinización de la violencia y la inefectividad y corrupción de las policías, son contextos que favorecen fácilmente la expansión de la insurgencia. Sin embargo, el autor iguala en el plano conceptual a la insurgencia con diferentes tipos de violencia como la terrorista, la religiosa e, incluso, la criminal. Metz sintetiza lo que él considera que sin los nuevos tipos de insurgencia que Estados Unidos enfrentará después en la posguerra fría:

· Insurgencia reaccionaria, en la que un grupo inspirado en motivaciones religiosas aspira a derrocar a un gobierno secular y modernizador. En la mayoría de los casos estas insurgencias serán urbanas y enfatizarán el terrorismo en lugar de la guerrilla urbana para la consecución de sus fines.

· Insurgencia defensiva, en la que un subgrupo dentro de un Estado, sea étnico, tribal, racial o religioso, busca la autonomía o la independencia. Estas guerrillas secesionistas – separatistas serán la forma dominante durante la próxima década, asegura Metz. Esta será también la forma más parecida a estrategia maoísta de la guerra del pueblo dado el énfasis en la creación de zonas liberadas. “Como las luchas amargas de Perú y Guatemala así lo demuestran – dice Metz – los gobiernos tenderán a considerar a todo aquel que apoye a la insurgencia como un enemigo y, desde una perspectiva regional, las insurgencias secesionistas–separatistas serán particularmente peligrosas porque fácilmente pueden rebasar las fronteras estatales”.

· Las insurgencias comerciales, asegura Metz, están integradas por poderosos grupos criminales que tiene una veta política y que amenazan la seguridad nacional y no solamente la ley y el orden. “De hecho, las insurgencias comerciales pueden ver alianzas entre aquellos cuyos objetivos políticos son preeminentes y la dimensión criminal es simplemente un mal necesario y aquellos para los cuales el objetivo primario es la acumulación de riqueza a través del crimen, mientas que la política es simplemente una manera para ganar apoyo que de otra manera no podrían obtener. Esto es lo que distinguiría a las insurgencias comerciales del crimen organizado –según Metz–. Sin embargo, las insurgencias comerciales probablemente no buscarán tomar el Estado sino obtener un gobierno complaciente que los deje seguir su actividad criminal sin problemas”.

· Metz define otro tipo de insurgencia dirigida contra organizaciones políticas multinacionales y fuerzas militares que intentan estabilizar Estados en crisis. Estas insurgencias emularán las luchas anticolonialistas de Argelia, Angola y la primera parte de la guerra de Vietnam, jugando con el nacionalismo y, hasta cierto grado, con las divisiones raciales. Somalia es un prototipo para este tipo de insurgencias.

A pesar de la amplitud de sus nuevos conceptos de insurgencia, Metz no alcanza a definir la variedad de grupos insurgentes que han aparecido recientemente en América Latina, especialmente en México. La guerrilla chiapaneca podría parecer una insurgencia defensiva, en las categorías de Metz, pero su demanda de autonomía para las comunidades indígenas no tenía nada que ver con una estrategia secesionista.

La expansión conceptual de la contrainsurgencia que propone Metz tiende a asimilar en una sola categoría a las organizaciones revolucionarias y a los grupos del crimen organizado. En el contexto de la posguerra fría, la contrainsurgencia comprendería una lucha general contra la violencia insurgente sin distinción de sus variedades específicas.

Para Estados Unidos, la contrainsurgencia está ahora asimilada en la nueva doctrina militar que se denomina “operaciones militares distintas a la guerra” (military operations other than war; MOOTW, por sus siglas en inglés). Esta nueva doctrina ha ampliado el concepto de “defensa interna”, como se le entendía a la defensa de un país que recibe ayuda de Estados Unidos para combatir a una amenaza insurgente. El Manual del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para las MOOTW establece que la defensa interna extranjera comprende “la totalidad del apoyo económico, político, informativo y militar que se otorga a una nación para ayudarla en su lucha contra la subversión y la insurgencia”[45].

Ahora, la defensa interna puede incluir disturbios sociales, narcotráfico o terrorismo. Dice el Manual:

“El involucramiento militar de Estados Unidos en la defensa interna se ha enfocado tradicionalmente en la ayuda prestada a otra nación para derrotar a un movimiento organizado que busca derrocar al gobierno. Los programas de la defensa interna extranjera pueden encarar otras amenazas como la estabilidad interna del país anfitrión tales como disturbios civiles, el narcotráfico o el terrorismo. De hecho, estas amenazas pueden predominar en el futuro en la medida en la que cambien los centros tradicionales de poder, emerjan rivalidades étnicas y culturales latentes y continúen los incentivos económicos del tráfico ilegal de drogas”[46].

Más adelante, el Manual detalla que el apoyo prestado a otras naciones en una programa de defensa interna puede incluir entrenamiento, material, asesoría y otro tipo de asistencia como las operaciones directas de apoyo y combate. La defensa interna extranjera, agrega, es una de las misiones principales de las fuerzas especiales[47].

Metz propone entonces que “para trascender los límites conceptuales de la Guerra Fría, las insurgencias deben ser consideradas simplemente como una violencia organizada y prolongada – sea revolucionaria o no, política o apolítica y abierta o clandestina – que amenaza a la seguridad y requiere una respuesta gubernamental”[48].

La primera forma específica que Metz sugiere para confrontar a estas “nuevas” amenazas de la posguerra fría es el multilateralismo; es decir, una coalición internacional para fortalecer el apoyo disponible para el Estado amenazado por la insurgencia. La segunda resalta la tendencia ya experimentada en Africa, consistente en la formación de corporaciones de seguridad transnacionales, integradas por ex militares expertos en contrainsurgencia que son contratados por los gobiernos para organizar el combate contra las fuerzas rebeldes.

La privatización de la contrainsurgencia

Con la privatización de la contrainsurgencia, Estados Unidos y los países occidentales buscarían evitar costos políticos o diplomáticos, eludir controles legislativos y reducir las bajas en sus respectivos ejércitos. El Centro de Información Militar, con sede en Washington, menciona la existencia de por lo menos tres grandes corporaciones privadas que prestan sus servicios de seguridad a gobiernos afectados por grupos insurgentes, a cambio de la concesión para explotar recursos naturales o sumas importantes de dinero[49]. Los efectivos de estas corporaciones transnacionales están permanente disponibles para prestar sus servicios de asesoría o combate por medio de una lista de exmilitares especializados en la lucha antiguerrillera.

Estas corporaciones trabajan con sus propias armas, cuentan con su fuerza aérea privada, tienen vehículos blindados y venden las habilidades de sus hombres para el combate con el objeto de reforzar o sustituir a fuerzas armadas regulares. Entre las armas y el equipo que poseen estas compañías privadas se pueden hallar vehículos blindados con cañones de 30 milímetros, vehículos anfibios, ametralladoras de 7.62 milímetros, artillería antiaérea, sistemas de interceptación radiofónica, helicópteros artillados, aviones 727, bombarderos, tanques M60-A3, cañones howitzer de 155 milímetros, rifles M-16, teléfonos tácticos[50].

La tendencia a reducir los ejércitos que predomina en el periodo de la posguerra fría favorece que estas corporaciones se multipliquen rápidamente. Isenberg destaca que a escala mundial, los ejércitos reunían a 28 millones 320 mil tropas en 1987. Siete años después, en 1994, el número mundial de efectivos se había reducido a 23 millones 500 mil tropas. Un número aún desconocido de estos casi 5 millones de soldados desmovilizados ha pasado a las filas de las corporaciones privadas que venden sus servicios a gobiernos aquejados por la insurgencia armada[51].

Estas corporaciones abundan en el mundo. Tan sólo en Africa, se tienen identificadas a 90 firmas privadas de seguridad que protegen instalaciones petroleras o mineras. Executive Outcomes, una de las más exitosas, es una compañía sudafricana que se ha encargado de tareas como la recuperación armada de instalaciones petroleras en Angola, tomadas por tropas insurgentes de la UNITA en 1992. El gobierno angoleño pagó más tarde cerca de 60 millones de dólares para que Executives Outcomes entrenara al Ejército de ese país y derrotara a las tropas de Jonás Savimbi, jefe de UNITA. La compañía obligó a Savimbi la firma de un protocolo de paz en noviembre de 1994.

En 1995, Executives Outcomes recibió 60 millones de dólares y una cuota de las explotaciones futuras de diamante en Sierra Leona como pago para derrotar al Frente Unido Revolucionario (FUR), entrenar al Ejército de ese país africano, entregar información de inteligencia, asesorar a los soldados de Sierra Leona en el combate y prestar sus radares para ataques nocturnos. El FUR fue expulsado de Sierra Leona y al año siguiente el gobierno estuvo en condiciones de organizar las elecciones.

Las misiones de corporaciones como Sandline International parecen las de cualquier ejército regular en la posguerra fría. Esta corporación, integrada con ex oficiales de Estados Unidos y el Reino Unido, ofrece los siguientes servicios: Asesoría en planeación estratégica, análisis e investigación operacional, evaluación de amenazas y desarrollo de proyectos; entrenamiento en operaciones especiales, inteligencia, guerra electrónica y operaciones de desminado; operaciones de fuerzas de reacción, fuerzas especiales y aéreas; servicios de asistencia humanitaria y acción cívica; negociación en crisis de rehenes, e integración de fuerzas beligerantes; revisión, evaluación y reestructuración de fuerzas de la policía y el Ejército; entrenamiento en lucha antinarcóticos, antiterrorismo y combate a la proliferación de armas nucleares y biológicas; operaciones de apoyo marítimo; apoyo al combate en ambientes hostiles.

Estados Unidos también cuenta con cerca de 35 empresas privadas que prestan servicios militares[52]. Uno de esos ejércitos privados se llama Recursos Militares Profesionales Incorporados (MPRI, Military Professional Resources Incorporated). Dirigida por ex jefes militares estadounidenses y con fuertes vínculos con el Pentágono, esta compañía se ha encargado de todos los servicios de apoyo militar a Croacia y Bosnia, durante el conflicto armado con Serbia desde 1993.

Otras compañías militares privadas estadounidenses creadas en los 90 son Cubic, DynCorp, Logicon, Science Applications International Corp. (SAIC) y Vinell Corp[53]. Colombia y Ecuador han contratado ya a estas compañías recientemente. DynCorp y MPRI han tenido contratos para proveer apoyo logístico y entrenamiento militar a la policía colombiana y otras fuerzas contrainsurgentes. En el año 2001, la organización MRPI cumplió con un contrato de 6 millones de dólares con el Pentágono para asesorar a la policía y al Ejército colombianos en materias de logística, planeación y organización[54].

Se ha producido ya algunos fiascos de la actuación de las empresas privadas militares. A principios del 2001, un avión espía de la CIA, tripulado por pilotos de la compañía privada Aviation Development Corporation, confundió a una avioneta de misioneros estadounidenses con una avioneta operada por narcotraficantes. La Compañía informó inmediatamente a la Fuerza Aérea Peruana, quien respondió abatiendo el avión[55]. Dyn Corp,por ejemplo, está aparentemente vinculada con la prostitución de mujeres en los Balcanes, mientras que al MPRI se le asocia con la muerte de más de 100 mil civiles serbios en la región de Karjina, durante operativos de asistencia al Ejército croata entre 1994 y 1995[56].

Según la investigadora Lora Lumpe, el Congreso estadounidense limitó a 400 el número máximo del personal de contratistas militares privados estadounidenses que participan en el Plan Colombia. Sin embargo, las empresas evaden este obstáculo mediante la subcontratación de militares latinoamericanos. De acuerdo con Lumpe, Estados Unidos carece de mecanismos para supervisar el comportamiento de estos ejércitos privados. El Departamento de Estado, por ejemplo, sólo está obligado a registrar contratos militares privados que superan los 50 millones de dólares. No hay, dice la investigadora, ningún mecanismo para supervisar el comportamiento en materia de derechos humanos o el cumplimiento con leyes internacionales en contratos de entrenamiento militar con organizaciones privadas[57].

Algunos investigadores piensan que el gobierno de George W. Bush reforzará su cruzada global contra el terrorismo mediante empresas privadas, sin necesidad de elevar el número de militares estadounidenses. Avant reporta que el Pentágono planea contratar a compañías militares privadas para entrenar al nuevo Ejército de Afganistán, surgido tras la destrucción del gobierno Talibán[58].

La tendencia de privatizar fuerzas armadas está ligada indisolublemente con el paramilitarismo en América Latina. Los paramilitares colombianos no se distinguen en lo esencial con sus contrapartes europeas, estadounidenses o africanas, aunque éstas actúen en ambientes corporativos, atiendan oficinas establecidas en distritos financieros. Quizá la única diferencia sea el alcance de sus acciones, pues hasta el momento el paramilitarismo latinoamericano es una expresión de fuerzas locales de poder, especialmente agrarias. Sin embargo, nada imposibilita que las fuerzas paramilitares se internacionalicen en el futuro. Los vínculos con el narcotráfico abrirían la puerta para esta internacionalización del paramilitarismo.

A largo plazo, la tendencia de la insurgencia en América Latina mostrará a fuerzas guerrilleras cada vez mejor equipadas y con mayor poder de fuego. La falta de una política estratégica de los Estados latinoamericanos para desmantelar paso a paso las condiciones estructurales que alimentan la creación de insurgencias armadas, lleva a pensar en que la contrainsurgencia será una política multinacional de alcance hemisférico y gozará de una enorme ayuda financiera y militar de Estados Unidos.

Mientras los gobiernos latinoamericanos persistan en una estrategia militar de aniquilamiento sin disminuir las condiciones estructurales que favorecen la creación de grupos guerrilleros, la violencia insurgente será aún mayor tanto en capacidad de fuego como el alcance territorial. La necesidad de sobrevivencia llevará a algunos movimientos armados a una alianza temporal con grupos de traficantes ilegales de armas y narcóticos. En tanto, los gobiernos se verán involucrados en el riesgo de acudir de nuevo al expediente de la guerra sucia, tal cual la vimos en países de prácticamente todo el hemisferio.

Si bien los ejércitos privados han sido usados principalmente en Africa y Europa del Este, el empeoramiento de las condiciones latinoamericanas y la corrupción de los ejércitos nacionales ha sido una circunstancia muy tentadora para que los gobiernos recurran a estos servicios mercenarios legalizados.

PREGUNTAS DEL PUBLICO

P: Todo esto que estás diciendo pone en terrible crisis el concepto de lo que entienden los pueblos y Estados Unidos como democracia. Parece ser que ahora la democracia no admite discensos, no admite preguntas. ¿No crees que este nuevo modelo de democracia tiene que ver con esta doctrina que aglutina todos los movimientos sociales ...

R: Está implícita en América Latina, la ayuda militar que no ha sido solamente en entrenamiento y las armas que se transfieren a América Latina, junto con las armas y el entrenamiento va un modelo, que va en contra de las aspiraciones democráticas de los países latinoamericanos. Mientras en EUA existen instituciones dedicadas al control del presupuesto militar, en los países de América Latina la debilidad en el control de los presupuestos militares es débil, no hay control del presupuesto,...Nosotros en América Latina entendemos la democracia de una manera distinta, no puede haber democracia sin derechos humanos, sin el respeto, eso algo marginado de la ayuda militar de Estados Unidos, porque busca condiciones de estabilidad que sean favorables a EUA, que por lado tiene instituciones que llaman al fortalecimiento de valores democráticos en el mundo, y por otro lado comete acciones que minan esas aspiraciones de democracia.

P: Yo soy de Puerto Rico, para los que no conocen la historia de la isla, el 1 de enero del 2003 se repelió la presencia de la marina de Estados Unidos. ¿Para nosotros en Puerto Rico se nos limita mucho la información, de lo que está ocurriendo en América Latina, como si no fuéramos parte de América Central, ¿qué mecanismos podemos utilizar para conocer las situaciones que pasan en otros pueblos...Qué podemos hacer?

R: Un primer paso me parece que es este encuentro, que estuvo pensado para reunir representantes de ONG y los objetivos de este encuentro van a ser encaminados en este sentido, las necesidades que tú planteas: información rápida y de calidad entre los movimientos sociales de América Latina, quizás utilizando un página de Internet en la que las diferentes organizaciones divulguen sus trabajos y también sus problemas.

* Jorge Luis Sierra es un periodista especializado en asuntos militares y de seguridad nacional. Ha trabajado como profesor e investigador visitante en la Universidad Iberoamericana y ha sido becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington; del Programa de formación de civiles en políticas de la defensa, de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires, Argentina; y del Centro de Periodismo Internacional de la Universidad del Sur de California, en Los Angeles. mailto:jlsierra@hotmail.com

[1] Inter-American Development Bank Report, Economic and Social Progress in America Latina: Facing up to Inequality in Latin America. En: New World Coming: American Security in the 21^st Century. Supporting Research and Analysis. The Phase I Report on the Emerging Global Security Environment for the First Quarter of the 21^st Century. September 15, 1999. The United States Commission on National Security/21^st Century. P. 105.

[2] Ver: Amnistía Internacional. Informe 2002: Ahora que es la hora del saber. Junio 18, 2002. En: http://www.edai.org/centro/infoanu/2002/info02.htm.

[3] Elguea, Javier. Seguridad internacional y desarrollo nacional: la búsqueda de un concepto. En Aguayo, Sergio y Bagley, Bruce Michael. En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana. Siglo XXI editores. México, 1990. P. 84.

[4] Joxe, Alain. Siete características de las guerrillas latinoamericanas. Revista Chiapas. Número 4. México, 1998. P. 43.

[5] Turbiville, Graham H. Mexico´s other insurgencies. Military Review, June-July. USA, 1997.

[6] Apreciación combinada de la situación subversiva en el continente. XXIV Conferencia de Ejércitos Americanos. 2000-2001. Secretaría Ejecutiva Permanente. Ejército de Chile. Publicado en el Diario Primera Línea. Lunes, 13 de Mayo de 2002. http://www.primeralinea.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticias.asp?id_noticia=51820. Acceso: Mayo 14, 2002.

[8] Para un análisis detallado de las nuevas organizaciones guerrilleras mexicanas ver: Sierra, Jorge Luis. El enemigo interno. Fuerzas Armadas y contrainsurgencia en México. Editorial Plaza y Valdés, Universidad Iberoamericana y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. En prensa.

[9] Scott Palmer, David. Peru, drugs and Shinning Path. En: Bagley, Bruce M. and Walker III, William O. Drug Trafficking in the Americas. North South Center Press. University of Miami. USA, 1996. P. 187.

[10] Hermoza Ríos, Nicolás de Bari. Operación Chavín de Huantar. Rescate en la residencia de la Embajada de Japón. Perú, 1997. P. 6.

[11] Observatorio Geopolítico de las Drogas. The World Geopolitics of Drugs. 1997-1998. Annual Report. Peru. Francia, 1998. Página Web http://www.ogd.org. Consultada el 15 de octubre de 1998.

[12] Car Bomb Explodes outside U.S. Embassy in Peru. The Internacional Policy Institute for Counter-terrorism. www.ict.org.il. Acceso: Mayo 11, 2002.

[14] Observatorio Geopolítico de las Drogas. Op. Cit.

[15] Zackrison, James L. and Bradley, Eileen. Colombian Sovereignty Under Siege. Institute for National Strategic Studies. Strategic Forum. Number 112, May, USA, 1997.

[17] Richani, Nazih. The Political Economy of Violence: The War – System in Colombia. Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Spring, 1997. P. 57.

[19] Mabry, Donald J. The US Military and the war on Drugs. En: Bagley and Walker. Op. Cit. P. 47.

[20] Drug Control: Long-Standing Problems Hinder US-International Efforts. General Accounting Office. GAO/NSIAD-97-75. Pp. 6-7.

[21] McCaffrey, Barry. Office of National Drug Control Policy. Executive Office of the President. Washington, DC. Feb. 14, 2000.

[23] Daniel, Laurent. Contexto Internacional de las Drogas. El caso de Europa. Ponencia del Observatorio Geopolítico de las Drogas en la VII Reunión Anual del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre el Narcotráfico y la Estabilidad Democrática. México, mayo de 1997. P. 5-6.

[28] Aguayo Quezada. Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional mexicana, 1946-1990. En Aguayo y Bagley, Bruce Michael. En busca de la Seguridad Perdida. Aproximaciones a la seguridad mexicana. México, 1990. P. 121.

[29] McCaffrey, Barry. Office of National Drug Control Policy. Statement before the House Appropiations Foreign Operations Subcommitee. Emergency Supplemental Request foe Assistance to Plan Colombia. February 29, 2000.

[30] Office of National Drug Control Policy. US Support for Plan Colombia and the Andean Region. February 2000.

[31] Observatorio Geopolítico de las Drogas. Op. Cit.

[34] Human Rights Watch Americas. Colombias’s Killer Networks. The Military – Paramilitary Partnership and the United States. EU, 1996. Ver capítulo III, La Reorganización de la Inteligencia. Pp. 27-41.

[35] Ibid. Ver copia del documento original en las páginas 120-150.

[39] Manual de Guerra irregular. Operaciones de Contraguerrilla o Restauración del Orden. Tomo II. Secretaría de la Defensa Nacional. Enero de 1995.

[44] Metz, Steven. A Flame Kept Burning: Counterinsurgency Support After the Cold War. Parameters, Autumn 1995, pp. 31-41

[45] Joint Pub 3-07, Joint Doctrine for Military Operations Other Than War. Washington: The Joint Staff. US Armed Forces, June 16, 1995, III-10. P. 38.

[49] Isenberg, David. Soldiers of fortune Ltd. A profile of today´s private sector corporate mercenary firms. Center for Defense Information Monograph. November, 1997. (Ver: http://www.cdi.org/isssues/mercenaries).

[52] Deborah Avant. Privatizing Military Training. Foreign Policy in Focus. Vol.. 7. Núm. 6. Mayo 2002. p. 1.

[53] Lora Lumpe. US Foreign Military Training: Global Reach, Global Power and Oversight Issues. Special Report. Foreign Policy in Focus. Washington DC, May, 2002. p. 12.