CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.C.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
BOLETÍN DE PRENSA, 23 DE AGOSTO DE 2000
EL DERECHO AL VOTO Y LOS DERECHOS PENDIENTES EN CHIAPAS
La ciudadanía chiapaneca ratificó en la jornada electoral del 20 de agosto su voluntad de cambio democrático. Este logro adquiere un significado mayor por el hecho de que el proceso electoral, antes y durante la jornada electoral, no estuvo exento de los tradicionales intentos de influir y controlar la voluntad de la ciudadanía por medio de diversos mecanismos, particularmente aquellos que trafican con el hambre del pueblo para poder controlar el voto.
Ante la esperanza suscitada por el resultado de las elecciones y el hecho de que afortunadamente no hubo "incidentes mayores" que lamentar, se corre el riesgo de que se diluyan o se olviden la multitud de incidentes que lesionan la dignidad ciudadana al pretender coercionar el derecho al voto. Desgraciadamente no se puede afirmar que estén superadas las prácticas del acarreo (Chenalhó, Oxchuc, Chilón), violación del secreto al voto (generalizada), compra del voto con programas sociales (PROCAMPO en Trinitaria, Altamirano, Yajalón, Venustiano Carranza) en efectivo (Palenque) y "en especie" (despensas en Chamula y tamales en el barrio de San Diego). También hubo control directo de votantes, haciéndolos pasar a la urna mediante riguroso "pase de lista", manipulación del analfabetismo, sobre todo de las mujeres, asignándoles niños previamente instruídos sobre el emblema que habrían de cruzar, intimidación y agresión directas, como el caso del representante de la Alianza por Chiapas en Miguel Alemán, Tila que fue golpeado y expulsado de la casilla, la presencia de personas armadas en casillas de Simojovel y de varias localidades del la Zona Norte o el hostigamiento de militares contra votantes en San Quintín. Un caso particularmente grave es el de Chenalhó, donde se suprimieron las casillas que en la elección federal se instalaron en los campamentos de los desplazados, poniéndolos en el dilema de no votar o exponerse a votar en sus comunidades de origen, de donde precisamente salieron por las amenazas de los paramilitares. En la comunidad de Canolal se dieron situaciones de gran tensión por este motivo.
El enorme derroche de mañas y de recursos (cuya auditoría sería una tarea pendiente) en un desesperado esfuerzo de impedir que se mostrara la voluntad de cambio de la ciudadanía chiapaneca, muestra por un lado el grado de descomposición del sistema, pero por el otro, realza la magnitud del esfuerzo ciudadano para manifestar libremente su voluntad en las urnas.
El recuento de todas estas irregularidades, que son otros tantos atentados a la dignidad y los derechos ciudadanos, nos recuerda que el ejercicio del derecho al voto no es sino uno de los muchos derechos humanos cuyo pleno respeto todavía es tarea pendiente en el estado de Chiapas. Los derechos humanos no se agotan en los derechos civiles y políticos. Incluyen también los derechos económicos, sociales y culturales, que en Chiapas tienen manifestación concreta en los temas urgentes de los derechos de los pueblos indios y del derecho a la tierra, entre otros. Las elecciones del 20 de agosto representan un paso adelante en la lucha por los derechos humanos. Este paso fue posible por el esfuerzo de la ciudadanía chipaneca apoyada por la observación y la solidaridad nacionales e internacionales. Un esfuerzo análogo será necesario para resolver con paz, justicia y dignidad lo que queda pendiente de la agenda de los derechos humanos en Chiapas.
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