En el contexto de las investigaciones que la Procuraduría General de la República  realiza en la zona norte del estado de Chiapas, con el objeto de integrar las averiguaciones previas e intervenir en los procesos por la posible comisión de delitos en que grupos civiles armados estén involucrados, así como encontrar el origen y procedencia de las armas con las cuales hubieren cometido tales ilícitos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos informan a la opinión pública lo siguiente:

Como es del conocimiento público, recientemente la existencia de grupos paramilitares o grupos civiles armados en Chiapas ha tomado relevancia por la evidencia en que estos han quedado después de hechos como Acteal, El Paraíso y Los Chorros, así como por las innumerables denuncias de pobladores de los municipios en donde estos grupos operan, hasta ahora, con casi total impunidad.

Dada la importancia y gravedad de acciones de terror y guerra sucia cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia en contra de población civil en la zona norte del estado de Chiapas, la Procuraduría General de la República a través de la Unidad Especializada Para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados ha realizado, desde abril del año 2000, importantes investigaciones de carácter penal y ha logrado esclarecer ciertos hechos respecto a la existencia de la organización Desarrollo Paz y Justicia como grupo civil armado. Igualmente, como un avance sustancial en su objeto, ha establecido ante el Poder  Judicial de la Federación la probable responsabilidad penal de algunos de sus líderes, tal es el caso del ex diputado priísta Samuel Sánchez Sánchez y del ex regidor del ayuntamiento del municipio de Tila Marcos Albino Torres López.

Al continuar las indagatorias, nuevos elementos que merecen atención de las autoridades y de la opinión pública han surgido últimamente. El viernes 2 de febrero del año en curso, este centro conoció de nuevos avances en las investigaciones que la PGR realiza en la zona norte del estado de Chiapas con el objeto de probar la existencia, origen y acción de grupos civiles armados.

Familiares de algunas personas desaparecidas entre 1995 y 1997 en el municipio de Tila por Paz y Justicia, comunicaron a este centro de derechos humanos que la Unidad Especializada Para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados les informó de la aparición de restos  de tres personas en las inmediaciones de un poblado bastión de Paz y Justicia, en el municipio de Tila y que según los indicios, denuncias, testimonios y evidencias, mostraban claras señas de tortura y muy probablemente corresponden con personas que, en esos años, habrían sido desaparecidas por el grupo paramilitar, con la complicidad de servidores públicos.

De las denuncias con que cuenta este Centro de Derechos Humanos, se puede establecer que hay al menos  26 personas desaparecidas, así como más de 29 asesinatos,  de los cuales en 6 casos no fueron recuperados los cuerpos, ocurridos entre 1995 y 1999 bajo la probable responsabilidad de Paz y Justicia.

La gravedad de los actos cometidos por los grupos paramilitares en Chiapas, que van desde amenazas y agresiones que provocaron desplazamientos forzados de población, hasta homicidios y desapariciones, ponen de relieve la importancia de profundizar, hasta sus últimas consecuencias el origen, existencia, modo de operar y responsables de los grupos paramilitares. Asimismo es imprescindible resolver todos los casos de los que existen denuncias sobre delitos, que en el contexto de las acciones de grupos paramilitares, parezcan delitos del fuero común o de delincuencia común.

En estas circunstancias es necesario determinar el número e identidad de muertes, el número e identidad de desapariciones, el número e identidad de desplazados y el monto de los daños causados por las acciones de Paz y Justicia y juzgar y sancionar a quienes resulten responsables de la ejecución material, encubrimiento u omisión de las acciones de Paz y Justicia, así como de la planeación y formación de este grupo paramilitar.

Sin duda, los actos delictivos de esta naturaleza que tengan alguna relación con el actuar de este grupo deben ser analizados y valorados en su conjunto e integridad para evitar que sean interpretados como hechos aislados, como conflictos intercomunitarios o como simples actos de coparticipación.  Es imprescindible encontrar probatorios firmes de la existencia de esa organización, constituida con claros fines delictivos y de contrainsurgencia que generan sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Valoramos los resultados y avances que la Procuraduría General de la República ha logrado en el esclarecimiento histórico y penal de esta herida abierta en la memoria del pueblo que lucha por sus derechos. La verdad de los hechos a través de la investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación a las víctimas y sociedad de crímenes como los que ahora constatamos, son un paso fundamental en cualquier proceso de paz. Por ello, urgimos al Procurador General de la República a fortalecer la indagatoria y seguir todas las líneas de investigación que sean relevantes para que prevalezca la justicia, por encima de intereses y presiones que se le opongan.

Solicitamos a la PGR que requiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la información sobre quejas, investigaciones y demás datos concretos que ayuden al esclarecimiento de asesinatos y desapariciones forzadas en el Estado de Chiapas, particularmente los ocurridos en la zona norte.

Este Centro de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, continuarán informando a la opinión pública de los avances que surjan del seguimiento de este trascendente caso, buscando en todo momento el respeto y garantía a los derechos humanos.