Reunidos en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, 250 representantes de 109 organizaciones de la sociedad civil y de productores de los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua; y de México de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, se llevó a cabo una intensa labor de información y análisis colectivo y construcción de propuestas alternativas a la problemática que enfrenta la región que pretende abarcar el llamado Plan Puebla Panamá.

Considerando que cualquier plan de desarrollo debe ser resultado de un proceso democrático, y no de un proceso autoritario, rechazamos firmemente el llamado Plan Puebla Panamá (PPP) porque es un renovado proyecto de colonización salvaje de centroamérica Sur-Sureste de México y países Centroamericanos, el arribo de los intereses del gran capital, las transnacional y de las oligarquías. Un plan que profundizará aun más el empobrecimiento de los pueblos y la destrucción de nuestras culturas y de la naturaleza.

Rechazamos categóricamente el intento de imponer estos planes pasando por encima de la voluntad de los intereses de nuestros pueblos.

Expresamos nuestra propuesta de impulsar procesos de integración de nuestros pueblos bajo principios democráticos, de equidad, justicia, sustentabilidad, pero emanados de las necesidades y diversidad cultural, social y económica de cada uno de ellos. La historia nos ha demostrado que solo a partir de un proceso de planeación e integración de abajo hacia arriba se puede asegurar el respeto a los derechos de los pueblos, comunidades y sociedad en su conjunto, a partir del respeto a la diversidad.

Los participantes demandamos abrir amplios espacios de participación, información, consulta, y debate publico con la sociedad civil y con todas las instancias gubernamentales.

Rechazamos cualquier simulación de consulta publica, como la que se ha realizado en algunos estados de la República mexicana. Estos procedimientos antidemocráticos son violatorios de la fracción sexta del Articulo 169 de la OIT, relativa a los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de diversos artículos del Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que nuestros gobiernos estan obligados a respetar y vigilar que sean respetados.

Afirmamos que, después de analizar y reflexionar sobre la grave crisis en que se encuentra la mayoría de los productores y pobladores de la region, producto de políticas públicas equivocadas y en su mayoría tomadas antidemocráticamente, repetir y profundizar esos esquemas bajo otro nombre no garantiza ningún crecimiento ni desarrollo a favor de la mayoría de la población, y por el contrario amenaza con agudizar la polarización social, la exclusión y la insustentabilidad.

Rechazamos la repetición de estrategia de inversión autoritarias que, como muchas de las sugeridas por los intereses de los organismos financieros internacionales multilaterales como el Banco Mundial y del Banco Interamericano Desarrollo, no solo no resuelven sino que empeoran la situación económica y solo sirven para dar garantía al gran capital, de las empresas transnacionales y de las oligarquías nacionales y locales.

Se consideró que el Plan Puebla Panamá, es el resultado de una estrategia de expansión del capital que responde a la llamada globalización neoliberal de la cual forma parte el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

El PPP se trata de un programa que quiere ser impuesto una vez más como lo fueron los Programas de Ajuste Estructural y los Tratados de Libre Comercio, con la situación agravante de que es promovido desde el Gobierno Mexicano y abarca a países centroamericanos, lo cual, en el mejor de los casos, es un abuso y una violación a la soberanía de los pueblos del Istmo centroamericano.

Denunciamos todas las estrategias orientadas a destruir la economía, nacional, campesina y popular sustento de la soberanía alimentaria y laboral. Y por ello exigimos que se fortalezcan las iniciativas de resistencia, tanto las de índole económica solidarias, equitativas y sustentables, como las que presentaron como ejemplo las organizaciones de productores cafetaleros y de bienes alimentarios básicos.

Rechazamos las acciones de biopiratería, de apropiación de la diversidad cultural a través de patentes que pretenden privatizar los saberes comunitarios. Exigimos seriedad por parte de las instituciones a la demanda de moratoria a todos los contratos de bioprospección.

Rechazamos la privatización de las Areas Naturales Protegidas, como se pretende y se ponen en riesgo bajo el Corredor Biológico Mesoamericano. Apoyamos las iniciativas de las Areas Naturales Protegidas Campesinas e Indígenas.

Rechazamos el comercio y la importación de alimentos transgénicos, entre ellos maíz, por los riesgos ambientales y de salud pública.

Rechazamos la pretensión de privatizar los servicios públicos de salud, educación, etc. Obligaciones internacionales de cualquier gobierno.

Llamamos a desarrollar y fortalecer todas las formas de resistencia y apoyar y alentar nuevas formas alternativas.

Condenamos enérgicamente la reproducción de la infame conducta de la política antiinmigrante que el gobierno mexicano instrumenta hacia los hermanos centroamericanos, como el gobierno estadounidense lo hace hacia los inmigrantes mexicanos y latinos en general. Por ello exigimos que cualquier política de integración debe combatir las raíces de la expulsión de nuestros compatriotas y en todo caso garantizar sus legítimos derechos humanos.

Demandamos la descriminalización de la migración tomando en cuenta la diversidad de grupos, por género, edad, y raza, requiriendo una especial atención a los mismos.

Los cetromericanos migrados en los EE.UU. somos parte de los pueblos mesoamericanos, y al tiempo que defendemos nuestros derechos como personas y migrados, debemos buscar la participación en el desarrollo de nuestros países de origen.

Nos sumamos al rechazo que el Congreso Nacional Indígena ha expresado hacia la distorsión de la ley de Derechos y Cultura Indígena que la mayoría del Poder Legislativo mexicano emitió, castrando el derecho de reconocerle a los Pueblos Indios el carácter de sujetos de derecho, la autonomía y el disfrute pleno territorios y de sus recursos naturales. Exigimos se retome la Ley Cocopa y se incorpore a la Constitución.

Manifestamos nuestro rechazo a la pretensión de garantizar procesos de integración subordinada y autoritaria de nuestro pueblos con el uso de los ejércitos, o la intimidación castrense. Exigimos la suspensión y cancelación definitiva de los operativos y bases estadounidenses en territorios de nuestro pueblos. Nos solidarizamos con la exigencia de los pueblos de Colombia de cancelar el Plan contrainsugente y de invasión del imperio estadounidense.

Exigimos la liberación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas presos de la Sierra de Guerrero, por defender sus bosques del saqueo que practican las empresas transnacionales.

Denunciamos la violación de los derechos reproductivos de las mujeres, mediante el control natal forzado y la esterilización impuesta, por programas públicos alentados desde los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial.

Frente a este panorama, urgimos un rechazo a los megaproyectos incluidos en el Plan Puebla Panamá, y exigimos a los gobiernos de nuestros países un debate público e informado que incluya los impactos, económicos, sociales, culturales y ambientales y la discusión de proyectos alternativos de desarrollo e inversión.

Los asistentes nos comprometemos a impulsar y construir un Plan Panamá México alternativo que represente los intereses de nuestros pueblos. Por ello llamamos a construir una Alianza Social Mesoamericana, en vías a fortalecer la Alianza Social Continental.

Tapachula, Chiapas, Mayo 12 del 2001

CHIAPAS: Global Echange; Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC); Centro de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada"; Jolom-Mayetik; Alianza Cívica; Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos; Caritas de San Cristóbal de Las Casas; Educación para la Paz (EDUPAZ); Comisión para la Unidad y la Reconciliación Comunitaria (CORECO); Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI); Colectivo de Educación para la Paz (CEPAZ); Pueblo Creyente; Area de Derechos Humanos de San Cristóbal; CoopCafé; Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ); Cooperatú; Sociedad Civil Las Abejas; Coordinadora de Contacto de los Altos; Parroquia de Guadalupe de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez; Red de Intercambio y Comercio Alternativo (RICAA); Parroquia de San Andrés; Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM); Cáritas de Tapachula, El Porvenir, Zona Pavencul, Mapastepec, Tres Picos y Motozintla; Organización de Mujeres de la Costa; Misión de Guadalupe; Sociedad Cooperativa "Iguana Sana"; Kay Kab; Centro de Derechos Humanos de la Sierra (CEDEHMAS); Sociedad Cooperativa de Cafetaleros San Pedro Apóstol (SOCOCASPA); Equipo Cristiano por la Paz; Parroquia El Triunfo; Comunidades Organizadas de la Sierra de Chiapas (COSICH); Organización Tzeltal de Productores de Café de San Juan Cancuc; Unión de Ejidos de la Selva; Comite Coordinadora de Integración (CIDECH); Parroquia de Bella Vista; Estación Libre; Cooperativa K"al Lu"um; Centro de Investigación y Acción de la Mujer (CIAM); Desarrollo Alternativo; PACEPIC; SSS Kulaktik Tenejapa; SSS-UREAFA; Familias Cultivadoras de la Vida; Promoción de la Mujer; Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR); Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdova; Fuerza Liberadora La Unidad; Parroquia San Gerónimo Belisario Domínguez; Productores Orgánicos de Chiapas; Organización Popular Indigena (OPI); Foro de la Mujer; Ixmacal Tvanil Vum Moiam; Mujeres Organizadas de San José Ixtepec; Frente Cívico Tonalteco; SSS Mulupro; Witness for Peace (WFP); Colegio Miguel Hidalgo; Productores Orgánicos de la Sierra "Posi"; Red Casa de Migrante-Casa Albergue Belen; Iglesia Santiago Pavencul; Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ); Organización Campesina Emiliano Zapata Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA); Comunidad Nuevo Momón, Margaritas; Federación Indígena Ecológica de Chiapas; Colegio de Michoacán; Mujeres Alternativas de la Sierra de Chiapas (MASICH); Pastoral de Salud Parroquia Escuintla; Productores Alternativos de Chiapas (PROALCH); Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH).

OAXACA: Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Centro de Derechos Humanos Tepeyac; Unión de Comunidades Indígenas de la Region Istmo (UCIRI); Consejo Indígena y Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magón" (CIPO-RFM); Maderas del Pueblo del Sureste; Coordinadora Estatal de Productores Cafetaleros de Oaxaca; Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios (CECIPROC); Frente Popular Obrero Campesino (FPOC); Convergencia Indígena Popular (CIP); Grupo de Trabajo del Istmo; CEDICAM Missioneros de Maryknoll; Instituto de Asuntos Mundiales Contemporáneos.

GUERRERO: Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable PRD del Congreso del Estado de Guerrero.

PUEBLA: Consejo Indígena Regional de la Sierra Negra de Puebla del Congreso Nacional Indígena (CNI); Organización de Pueblos Mixtecos de Puebla; Comisión TAKACHIUALIS; Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional "TOSEPAN TITATANISKE".

MEXICO D.F.: Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL; Departamento de Estudios de Antropologia Social (DEAS); Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM); Servicio de Iglesias; Equipo Pueblo; Instituto Maya; Seminario Permanente de Fronteras y Chicanos; Centro de Análisis Social Información y Formación Popular; Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD); Comunicación y Redes para la Educación Emocional (CORE).

TABASCO: Sociedad Cooperativa Grupo de Mujeres Despulpadores de Jaiba; Ishiktaj Ajushe’ Buka’ (Mujeres Moliendo Pozol); Asociación Ecológica Santo Tomás; SSS El Pueblo; Comité de Derechos Indígenas de Macuspana.

CAMPECHE: EDUCE, PAUAL.

YUCATÁN: Sociedad Cooperativa Chac-Lol; Sociedad de Solidaridad Social Dzocu Yaha Il Caji Te-Tiz.

GUATEMALA: CAL-DH; Instituto para la Superación de la Miseria Urbana (ISMU); Coordinadora de ONG y Cooperativas (CONGCOOP); Casa del Migrante; Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC); Unión de Productores Pequeños y Medianos; Centro de investigación y desarrollo de Centro América (CIDECA); Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Comité de Unidad Campesina (CUC); Asociación de Mujeres en Solidaridad; Centro de Investigación y Educación Popular (CIEP); Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG); COPIASURO R.L.; Catholic Relief Services; Rights Action.

EL SALVADOR: Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE); CONFRAS; CENTRA

NICARAGUA: FENACOOP; Asociación de Trabajadores del Campo (ATC); Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo (ASOCODE); Centro Humboldt; Unión Nacional de Productores Asociados (UNAPA); Centro Investigación Desarrolo Rural (CIPRES)

ESTADOS UNIDOS: Mexico Solidarity Network (MSN).