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Comunicado ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos y cultura indígenas en México
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México integrada por las organizaciones e instituciones alemanas Pan para el Mundo, CAREA, el Departamento de Derechos Humanos de la Obra Diacónica de las Iglesias Evangélicas, FIAN sección alemana, la Iniciativa para México de Colonia y Bonn, MISEREOR, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, la Central Misionera de los Franciscanos, la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia, y Pax Christi (Fondo Solidario Un Mundo), desean expresar su extrañamiento por la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada a las controversias constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígenas.
Desde la perspectiva de las organizaciones firmantes, las reformas realizadas por el Congreso en abril de 2001 a los artículos 2o y 4o de la Constitución Política de México son insuficientes para adecuar la legislación mexicana a los derechos reconocidos en favor de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por el Estado mexicano.
Los Acuerdos de San Andrés signados por ambas partes desde febrero de 1996, reflejados en la iniciativa presentada por la COCOPA contenían, asimismo, garantías más amplias en favor de las comunidades indígenas que tampoco fueron incluidas en las mencionadas reformas.
La desafortunada resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cerrado la vía jurisdiccional que legítimamente utilizaron las comunidades indígenas para combatir las reformas a dichos artículos constitucionales, distanciando aún más el proceso de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno de México y negando de forma sistemática los derechos a las comunidades indígenas del país.
Ante esta circunstancia, instamos a los distintos partidos políticos y al Ejecutivo Nacional a que revisen nuevamente el contenido de los artículos mencionados de cara a las obligaciones internacionales que en materia indígena el Estado mexicano se ha comprometido a respetar ante la comunidad internacional.
En caso de dudas al respecto, instamos al gobierno de México a que solicite a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de la actual legislación con las obligaciones internacionales en la materia.
Berlin, 16 de septiembre del 2002