9 de Septiembre de 2003

BOLETÍN DE PRENSA CONJUNTO

En el marco del III informe del Presidente de la República y frente a los cambios en su gabinete, queremos hacer del conocimiento de los nuevos titulares de las Secretarías de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas Jiménez, y del nuevo Director de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, José Luis Luege, hechos relevantes que han cuestionado la actuación de los funcionarios federales. Situación compleja que fue impulsada por sus antecesores en estas carteras y que han vulnerado los derechos colectivos de los pueblos indígenas que habitan principalmente la Reserva de la Biosfera de Montes Azules y zonas colindantes en el estado de Chiapas.

Reconocemos la necesidad de la preservación ecológica de esta importante región del país que es patrimonio nacional, pero sabemos de la existencia de grandes intereses económicos simulados con afán científico para explotar los recursos naturales dentro de la Biosfera. El gobierno y las empresas involucradas en su afán lucrativo se niegan a reconocer los derechos legítimos de los pueblos indígenas, ratificados por el Estado Mexicano hace más de una década al firmar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en lo que se refiere al derecho a la consulta integral y previa y, en su caso, otorgamiento de su consentimiento, que también contempla la Ley General del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

El pasado reciente muestra la ineficacia de las políticas públicas de las autoridades federales para atender las demandas de las comunidades indígenas allí asentadas. Es el caso de la comunidad "Lucio Cabañas". Esta población de indígenas choles ha sufrido cinco desplazamientos consecutivos, que se iniciaron el 29 de octubre del 2000, después de sufrir un violento ataque por parte del MOCRI que dejó un saldo de dos personas asesinadas y un niño gravemente herido. Luego de infructuosos intentos de asentamiento, seguidos de más expulsiones, a finales del año pasado cinco familias son desalojadas por cuarta vez en menos de 24 meses, sin reparación del daño por parte de las autoridades federales y estatales que les prometieron tierras fértiles a condición que abandonaran las que poseían en Montes Azules. Sin embargo, la gestión negligente por parte de los funcionarios de la Profepa y Semarnat se caracterizó por una serie de sucesivos engaños y una manifiesta falta de voluntad política para cumplir lo acordado. Es pertinente mencionar que actualmente están amenazadas de ser desalojadas de la zona de Montes Azules 44 comunidades indígenas tseltales, tsotsiles, choles y mestizas, que agrupan a cerca de 1680 familias.

Los defensores de derechos humanos que están presentes en la zona de la REBIMA han desarrollado su labor en medio de las amenazas, hostigamiento y el desprestigio por parte de los medios de comunicación y autoridades del orden federal. Por esto es importante señalar que de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores y aprobada en 1998 "Todo ciudadano o ciudadana que ejerce un compromiso con la justicia social y un proyecto de convivencia basado en la dignidad humana es reconocido como defensor o defensora de los derechos humanos. Su labor de defensa y promoción es una contribución a la construcción de un orden social democrático basado en el respeto de los derechos individuales y colectivos"

En palabras del Presidente Fox en su III informe: "El agua y los bosques son asuntos de seguridad nacional. Estamos dando pasos firmes para que, en 2006, las Áreas Naturales Protegidas constituyan el 10 por ciento del territorio nacional." Esta política gubernamental que busca la protección de áreas naturales que son baluarte de biodiversidad y recursos está permeada por la existencia de intereses de empresas transnacionales como la Ford Motor Company, su contra parte local Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. (del ex director General de Áreas Naturales Protegidas Javier de la Maza), Pulsar, Grupo Alquimia (agua - ecoturismo), Conservación Internacional, CEIBA, A.C. de la ex secretaria del medio ambiente Julia Carabias y sus contrapartes Institucionales, federales y estatales, que se agregan a los intentos de biopiratería pactada como el proyecto ICBG-Maya, ahora cancelado. Aparentemente el interés de funcionarios del gobierno estatal y federal radica en convertirse en los gestores de los recursos naturales (agua, tierra, biodiversidad, petróleo, etc.) excluyendo los derechos legítimos de la población indígena o reacomodándola a modo de las instrucciones transnacionales privilegiando la lógica de inversión librecambista cuando no de verdaderos enclaves geoestratégicos.

Se hace evidente que las dimensiones del problema son económicas y sociales, y en ese sentido políticas. La soberanía nacional está entonces coartada por los intereses transnacionales. Otro ejemplo de establecimiento de reglas comerciales que pueden limitar la soberanía nacional es la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Cancún. Estamos en contra de la OMC pues su único criterio es la ampliación del mercado. Esperamos que el Presidente Fox como Jefe de Estado anfitrión sea consecuente con lo expresado en el III Informe y actúe "en favor de la equidad social y de intercambios comerciales justos que propicien el desarrollo" en el marco de los principios de reciprocidad y desarrollo establecidos en nuestra constitución general.

Haremos uso de nuestro derecho y deber ciudadano de vigilancia y monitoreo del fiel cumplimiento de las funciones y deberes de sus cargos y exigiremos la observancia de la ley, ya que la responsabilidad histórica que tienen frente a los mexicanos no sólo es de parte del Ejecutivo Federal sino también los Secretarios de Estado recién designados y aún de las asociaciones implicadas. Hacemos un llamado a la sociedad civil mexicana, a los tres poderes de la Unión y a los medios de comunicación sobre la urgente necesidad de atender el reclamo legítimo de los Pueblos Indígenas, para el reconocimiento de su derecho de libre autodeterminación y autogestión a partir de sus propios valores y procesos, como una de las salidas no sólo a la situación de pobreza y marginación, producto de una situación ancestral de discriminación estructural a la que han sido orillados, sino a la estabilidad social en la zona. Por lo tanto creemos que:

1. El gobierno federal debe otorgar la seguridad jurídica a los Pueblos Indígenas con base al respeto a su tierra, territorio y derecho al control de sus recursos naturales de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los Acuerdos de San Andrés, que son de obligatorio cumplimiento y aún forman parte del Plan Nacional y del Estatal de Desarrollo que de acuerdo a nuestra ley fundamental conforman el cuerpo guía de la legislación administrativa a que deberán sujetarse las autoridades.

2. El gobierno federal debe aceptar, habilitar los recursos para la capacitación necesaria y la asistencia técnica de las comunidades indígenas que viven en la REBIMA y sus zonas colindantes, independientemente de su situación legal, para que se conviertan en protectoras permanentes de los recursos de la zona y ser quienes definan de inicio a fin su uso, aprovechamiento, manejo y conservación.

3. Rechazamos el Plan Puebla Panamá, el ALCA y las políticas de la OMC porque atentan contra la soberanía nacional, la identidad de los Pueblos Indígenas y la preservación de los saberes y recursos naturales de las culturas indígenas que conforman el rostro diverso de nuestra nación y es garantía constitucional de nuestra existencia nacional.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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Red de Defensores Comunitarios