RECLAMO DE LAS MUJERES ANTE LA VIOLENCIA LA IMPUNIDAD Y LA GUERRA EN CHIAPAS.
PRONUNCIAMIENTO.
Más de 600 mujeres indígenas y mestizas del Estado de Chiapas nos hemos reunido para analizar sobre bases jurídicas la situación de violencia estructural y la ocasionada por la guerra que padecemos desde 1994. A lo largo de este día trabajamos en 5 mesas:
Violencia sexual, violencia doméstica, violencia de la guerra, violencia de las políticas gubernamentales y violencia en la Procuración y Administración de Justicia.
Nos hemos dado cuenta de que las mujeres de Chiapas, aún siendo de diferentes etnias, compartimos los mismos problemas, que juntas podemos luchar contra la violencia, la impunidad y la guerra, que durante los últimos 6 años han asolado económica, física y moralmente a la población afectándonos de una manera especial a las mujeres y a nuestros hijos e hijas.
La extrema pobreza nos ha colocado en el límite entre sobrevivencia y extinción; dentro de esta situación la carga más fuerte ha sido para las mujeres ya que nos ha tocado mantener a los hijos, resolver problemas de salud, educación y seguridad familiar. Cada día más mujeres somos el sostén principal de la familia debido a la migración de los hombres a las ciudades o a Estados Unidos en busca de recursos, esto ha redundado en una sobrecarga de trabajo para nosotras y la necesidad de incorporarnos al sistema de mercado en condiciones de gran desventaja (analfabetismo, el no hablar español, la falta de conocimiento de las dinámicas del mercado) lo que ha acrecentado los niveles de explotación de que somos objeto.
La violencia gubernamental nos ha impuesto autoridades ilegales, nos ha negado el reconocimiento étnico y cultural a la autodeterminación y la esperanza surgida con los Acuerdos de San Andrés en 1996, ha sido cancelada por las intransigencias de los gobiernos federal y estatal.
Con políticas gubernamentales de limosnas institucionales como Progresa y Procampo han pretendido acallar nuestras protestas sin dar solución a la pobreza y ocasionando mayores divisiones al interior de las comunidades. Además se condicionan los servicios de las instituciones de salud a la aceptación de las políticas de control poblacional.
El sistema de Procuración de Justicia en Chiapas, principalmente para las mujeres, podemos afirmar que prácticamente no existe. Debido al sexismo y al racismo de los encargados de aplicar las leyes, pocas somos las mujeres que nos animamos a presentar denuncias y, cuando llegamos a hacerlo, en vez de seguir los procesos correspondientes, las autoridades cuando mucho, ponen castigos que son una burla a nuestros derechos o nos hacen ir de una oficina a otra sin darnos ninguna respuesta o nos exhiben públicamente como las culpables de las mismas agresiones de que somos objeto.
La concentración de la riqueza en manos de pocos y el incremento de la pobreza que las políticas neoliberales han causado, han agravado también la marginación de las mujeres y los niveles de desintegración social: aumento del alcoholismo entre los hombres, con graves consecuencias para las mujeres; prostitución que ha ido en aumento con la presencia militar en las comunidades; pérdida de los valores indígenas al imponerse la cultura del dinero, el individualismo y la violencia sobre el respeto a nuestras identidades étnicas y culturales. Todo esto se ha traducido en mayores índices de violencia doméstica contra las mujeres y los/las menores de edad. Los conflictos generacionales y de pareja han ido en aumento ocasionándonos con esto dolor, tristeza, frustración, miedo y culpa. Todo esto afecta permanentemente nuestra salud física y mental y nos convierte en personas vulnerables.
A todo esto se suma la creciente violencia institucional dado que el gobierno al no poder resolver los problemas de la población reprime sistemáticamente los movimientos sociales y ha venido aplicando en Chiapas una estrategia de guerra de baja intensidad contra los zapatistas, que tiene como principal arma el terror y la ocupación militar de las comunidades indígenas que consideran bases de apoyo del EZLN.
La guerra ha tomado como un objetivo importante a las mujeres en tanto que el gobierno sabe que somos las responsables de la reproducción social y cultural de la sociedad. Por eso dedica campañas especiales para controlarnos y mediatizarnos con consultas médicas, construcción de caminos, introducción de agua potable y otras acciones de la llamada "labor social" del ejército que en realidad ha sido el inicio de la militarización de los servicios públicos que por ley les corresponde brindar a las instituciones civiles.
La ocupación militar de caminos, fuentes de agua y aún de las propias comunidades se ha incrementado. El número de soldados en el estado sobrepasa los 70 mil; su presencia impide la libre movilidad de la población, obstaculiza la vida cotidiana de las comunidades, impide la comunicación y la toma de acuerdos por consenso en asambleas. La construcción de campamentos en terrenos de las comunidades sin autorización de sus habitantes es propiamente una invasión ilegal que va acompañada de la contaminación de los recursos naturales y la profanación de montes, lagunas y ríos que tienen un significado sagrado para la población indígena. Los soldados acosan sexualmente a las mujeres y las violan como parte de la estrategia de terror contrainsurgente.
Las mujeres indígenas de Chiapas, como en Centroamérica nos hemos convertido en un objetivo de guerra. Los estrategas de la guerra de baja intensidad piensan que nuestros vientres "solo paren guerilleros" y lanzan acciones "ejemplares" de exterminio atacando a quienes somos más vulnerables, con el objetivo de que el terror inmovilice a la población, como sucedió en Acteal.
En este foro, ante la violencia, la impunidad y la guerra que vivimos en Chiapas, hemos acordado exigir:
Que nuestros derechos y nuestra identidad de mujeres indígenas y mestizas sean reconocidos y respetados plenamente.
Que se detenga la violencia contra nosotras tanto al interior de la casa y la familia como en la calle y en todo espacio público donde participemos.
Que se ponga fin a la guerra de exterminio, a las políticas contrainsurgentes y a la ocupación militar de nuestros pueblos y comunidades.
Que la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres, sea reconocida como delito público y se castigue en la forma que merece.
Que las formas del derecho consuetudinario que violan nuestros derechos humanos sean eliminadas.
Que se cumplan los Acuerdos de San Andrés como condición indispensable para alcanzar la paz.
Que se reconozcan los derechos que tenemos como pueblo para autodeterminarnos, controlar nuestros recursos naturales y decidir las formas de gobernarnos y de decidir por nosotras mismas.
Que los gobiernos federal y estatal eliminen las políticas neoliberales que nos han sumido en la extrema pobreza, principalmente a las mujeres, y han deteriorado gravemente los niveles de vida de la población y originado un aumento significativo de la violencia social.
Que las diferentes instancias responsables de la administración y procuración de justicia apliquen las leyes justamente, sin sexismo ni parcialidad en contra de las mujeres.
En este foro, las mujeres hemos acordado emprender una lucha sin cuartel hasta alcanzar la paz y lograr que se respete nuestro derecho a vivir dignamente y a construir un mundo basado en la solidaridad y en el sentido humano de la existencia. También hemos acordado canalizar la defensa de nuestros derechos violados, aquí presentados y analizados por todas nosotras, en los distintos foros nacionales e internacionales de derechos humanos, a fin de que se nos haga justicia y se establezca el estado de derecho en nuestro país.