Chiapas Semanal (Resumen de noticias)
Centro de Información y Análisis de Chiapas A.C.
Del 12 al 18 de Noviembre de 2000

Operativo anunciado contra paramilitares

El día 10, el presidente municipal priísta de Chenalhó, informó los indígenas de su mismo partido, de la comunidad Miguel Utrilla Los Chorros de la realización de un operativo por parte de la PGR para buscar armas y detener a paramilitares. Pidió se organizaran para rechazar el operativo.

El mismo día, el gobierno del estado y la PGR invitaron a la prensa para que acompañaran a los policías en el operativo. El día 11, ochocientos elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y militares del Grupo GAFES llegaron a Chiapas, procedentes de la ciudad de México para realizar operativos contra paramilitares en los municipios de Chenalhó, Venustiano Carranza, Ocosingo, Yajalón, San Juan Chamula y en la región de Los Chimalapas, en el municipio de Cintalapa.

Al día siguiente, policías de la PFP y Ministerios Públicos guiados por indígenas desplazados de la organización Sociedad Civil Las Abejas, realizaron un operativo en la comunidad Miguel Utrilla Los Chorros, en busca de armas y para detener a paramilitares. Catearon casas pero únicamente encontraron una pistola calibre 38. Como la comunidad fue informada con anticipación, cuando los policías llegaron la población ya estaba organizada para impedir el operativo, por lo que, bloquearon con piedras el camino para impedir la salida de los policías, quienes golpearon a los indígenas y dispararon sus armas para poder salir del lugar, llevándose a un indígena detenido, porque le encontraron la pistola. Dejaron a varias personas golpeadas y a tres heridas de bala, entre ellas dos mujeres. Por su parte, los indígenas aventaron piedras y palos a los policías, golpeando a un Ministerio Público en la cara, mismo que dos días después la PGR informó que debido al golpe perdió el ojo.

Después de que los policías salieron de la comunidad, en el barrio Majomut, indígenas priístas, encabezados por el síndico municipal, tenían bloqueado el camino con dos camiones. Los policías para poder abrirse paso dispararon sus armas para dispersar a los indígenas.

Paramilitares desde el monte dispararon contra los policías. Los heridos fueron trasladados a San Cristóbal de Las Casas, donde fueron dados de alta cuatro días después. Ante la presión de los paramilitares, priístas y el presidente municipal, la PGR se vio obligada a pagar los gastos de curación. El indígena detenido tres días después fue liberado.

Después del operativo, que lejos de ser contra los paramilitares, fue un acto para generar inestabilidad política, confrontar a las comunidades aún más, generar más violencia porque es probable una venganza de los paramilitares contra los indígenas desplazados de las Abejas, porque los llevaron como guía, aprovechándose de la necesidad de justicia. También sirvió para incrementar la militarización en la región. En los Chorros la PGR y Seguridad Pública instalaron un campamento y se incrementaron los patrullajes policíacos y militares en la región.

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, manifestó su preocupación por el operativo, porque pueden darse venganzas y represalias de paramilitares contra los desplazados, particularmente contra la organización "Las Abejas".

Para diputados del PRD y PAN el gobierno del sustituto Albores provocó el enfrentamiento para generar un clima de inestabilidad previo a la entrada del nuevo gobierno. El legislador perredista Emilio Ulloa, integrante de la Cocopa, afirmó que el gobierno del estado filtró información a los habitantes de Los Chorros para que se prepararan y rechazaran el operativo de desarme.

Organizaciones sociales y centros derechos humanos manifestaron que en Chiapas operan al menos una docena de grupos paramilitares, los cuales siempre han contado con la protección e impunidad de los gobiernos priístas.

El líder del grupo paramilitar Paz y Justicia, Samuel Sánchez Sánchez, actualmente preso en el penal de Cerro Hueco, afirmó que la matanza de Acteal fue planeada por el gobierno federal para remover al gobernador sustituto Julio César Ruiz Ferro. Para los diputados y senadores integrantes de la Cocopa el operativo fue inoportuno e ineficaz.

En este mismo sentido, el día 13, la prensa nacional y local informó sobre la detención de Rafael Cevallos Cancino, exdiputado federal por parte del PRI y actual dirigente estatal de la CNC, por policías de la PGR de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos de Civiles Armado, acusado de formar, financiar y proteger a paramilitares Los Chinchulines, que opera en los municipios de Chilón, Nicolás Ruiz y Yajalón. Al día siguiente, en San Cristóbal de Las Casas, Cevallos Cancino dio una conferencia de prensa para desmentir lo publicado en la prensa.

La militarización en las comunidades

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos informó que pobladores y autoridades del municipio autónomo "Moisés Gandhi", prohibieron la entrada a los militares en las distintas comunidades por las amenazas constantes que reciben de los militares. Ante ello, pidieron a las autoridades estatales garantías de seguridad para los habitantes de la zona.

- La Red denunció que militares y policías de Seguridad Pública han intensificado el hostigamiento contra las comunidades de los municipios autónomos 17 de Noviembre y Che Guevara, ubicados en los municipios de Altamirano y Ocosingo. Señaló que en la comunidad 10 de Abril, durante el entrenamiento del ejército gritan "vamos a acabar con todos los zapatistas".

- El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" (CDHFBC) denunció que ha recibido en los últimos días muchas denuncias de comunidades de la zona Norte, de amenazas de ataques, por parte de paramilitares de Paz y Justicia en respuesta por la detención de sus líderes. Señaló que el comisariado ejidal (de filiación priísta y militante de Paz y Justicia) de la comunidad Mariscal Subicusky, municipio de Tumbalá, hostiga a la población en represalia por la detención de los líderes de dicho grupo. La población teme sean emboscados por paramilitares, por lo que piden la intervención de las autoridades estatales.

Denuncian intento de desalojo

Campesinos militantes de las Organizaciones Agropecuarias Autónomas de los Pueblos Indígenas de Chiapas (OAAPICH) denunciaron que funcionarios de Reforma Agraria y de Ecología Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) pretenden desalojarlos de sus tierras del ejido "Francisco Leyva", municipio de Jiquipilas.

Problemas en presidencias municipales

En Tuxtla Gutiérrez, la Contraloría General del gobierno del estado informó que por lo menos 32 presidentes municipales tienen problemas para comprobar recursos públicos. Mientras que un diputado del PRD afirmó que son 41 presidentes los que enfrentan serios problemas por desviar recursos públicos en los Ayuntamientos. Estos municipios son: Oxchuc, Yajalón, Mazatán, San Cristóbal de Las Casas, Pijijiapan, Ixtacomitán, Comitán, Altamirano, Palenque, Reforma, Acala, Jiquipilas, Arriaga, Chicomuselo, Acapetahua, Cacahoatán, Chilón, Frontera Comalapa, Ixhuatán, Ixtapa, Mazapa de Madero, Playas de Catazajá, Pichucalco, Sitalá, San Fernando, Siltepec, Solosuchiapa, Tapilula, Suchiate, Tila, Venustiano Carranza, Zinacantán, Coapilla, Huixtla, Tonalá, La Trinitaria, Jitotol, Zinacantán, Benemérito de las Américas, Ocosingo y Zamora Pico de Oro.

- En Tuxtla Gutiérrez, cuando el presidente municipal priísta de Tapilula, salía del Congreso fue detenido y regresado al interior por pobladores de su municipio para obligarlo a que firmará su renuncia ya que lo acusan de corrupción. Fue rescatado por policías de Seguridad Pública.

- En Tuxtla Gutiérrez, indígenas de Zinacantán acudieron al Congreso para exigir el reconocimiento de las nuevas autoridades nombradas por usos y costumbres. Exigen la destitución del presidente municipal priísta por profanar un templo y por desviar recursos públicos para su beneficio.

- En Altamirano, pobladores tomaron la presidencia municipal y detuvieron en el interior al síndico municipal, en protesta porque el Ayuntamiento priísta desvió más de 30 millones de pesos que debió haber entregado a la población para proyectos productivos.

- En Ixtapa, habitantes emplazaron a las autoridades municipales a entregar el resultado de la auditoría al Ayuntamiento. Señalan que existen desvíos millonarios de recursos por lo que advirtieron que si no se entregan cuentas claras iniciarán bloqueos carreteros y la toma de alcaldías.

- La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) informó que la Procuraduría General de la República (PGR) encontró evidencias suficientes que comprueban que los presientes municipales priístas de La Trinitaria y Tonalá desviaron recursos públicos a favor del PRI en las pasadas elecciones. Anunciaron que sólo esperan el desafuero de dichos munícipes para iniciar el proceso penal en su contra.

Panorama laboral

En Tuxtla Gutiérrez, trabajadores sindicalizados de la Procuraduría Agraria se manifestaron frente a las instalaciones de la dependencia para demandar la sindicalización de trabajadores y el pago del bono sexenal.

- En Reforma, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) bloquearon las instalaciones para exigir el pago de salarios caídos.

- Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizarán un paro laboral nacional para incremento salarial y prestaciones laborales.

- Trabajadores sindicalizados de 58 ingenios azucareros en la República Mexicana, se declararon en huelga para exigir aumento salarial y un nuevo esquema de jubilación.

- Trabajadores despedidos de la Mosca, informaron que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que sean reinstalados en sus centros de trabajo.

- En Tuxtla Gutiérrez, trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) bloquearon calles para exigir aumento salarial y el pago del bono sexenal.

Problemas urbanos

En San Cristóbal de Las Casas, habitantes de colonias y militantes de organizaciones sociales realizaron una marcha para exigir la regularización de terrenos recuperados en el área urbana, donde se han formado nueva colonias. Además exigieron el esclarecimiento del asesinato de José Hidalgo Pérez, ocurrido el 10 de junio del año pasado y una tarifa preferencial por el consumo de luz,

Productores exigen mejor precio por sus productos

Productores de soya y maíz de la Unión de Ejidos Emilio Zapata, bloquearon la carretera entre Huixtla-Tapachula, para exigir a las autoridades estatales un incremento en el precio de sus productos. Exigen un subsidio de mil 500 y mil pesos por tonelada.

Plantón de ahorradores

En Tuxtla Gutiérrez, quinientos ahorradores defraudados de las Cajas Populares instalaron un plantón frente a las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y frente a Palacio de Gobierno, en demanda de la devolución de su dinero.