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rafi@rafi.orgCOMUNICADO DE PRENSA-01/12/99
Organizaciones Indígenas Mayas denuncian
proyecto de biopiratería en Chiapas.
La Universidad de Georgia se niega a suspender el proyecto.
Once organizaciones indígenas exigen que se suspendan las actividades de un programa de bioprospección en Chiapas, México, financiado por el Gobierno de Estados Unidos con 2,5 millones de dólares. Pese a las protestas de organizaciones indígenas locales, la Universidad de Georgia (EE.UU) dice que no suspenderá el proyecto que tiene una duración prevista de 5 años y que se propone colectar y evaluar miles de plantas y microorganismos usados en la medicina tradicional de las comunidades mayas.
El Consejo Estatal de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Chiapas, compuesto de once organizaciones indígenas regionales, está impugnando públicamente este proyecto de bioprospección , aconsejando también a otras organizaciones indígenas en Chiapas que no acepten colaborar con los investigadores del proyecto. La dirección del proyecto está a cargo de la Universidad de Georgia, en cooperación con el instituto de investigación Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) de México y la empresa biotecnológica Molecular Nature Limited, con base en Gales, Reino Unido.
¿Qué es el proyecto ICBG en Chiapas?
El proyecto ICGB-Maya (denominado así por sus siglas en inglés), presentado en castellano como "Investigación, farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y biodiversidad en la región Maya de los Altos de Chiapas", está en su segundo año de operación y recibirá una donación total de 2,5 millones de dólares del Grupo Internacional Cooperativo en Biodiversidad (International Cooperative Biodiversity Group–ICBG), financiado por el gobierno de los Estados Unidos. El ICGB es un consorcio de agencias federales que incluye a los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Otorga donaciones a instituciones de investigación públicas y comerciales que realizan programas de bioprospección/biopiratería, en países del Sur. Según el propio ICGB, sus metas son la promoción del descubrimiento de farmacéuticos derivados de recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el crecimiento econónomico sostenido de los países en vías de desarrollo.
Utilizando el conocimiento indígena como guía de su investigación, el proyecto ICGB en Chiapas se propone descubrir, aislar y evaluar farmacológicamente componentes importantes de especies vegetales y microorganismos usados en la medicina maya tradicional. Los Altos de Chiapas son depositarios de una de las zonas más ricas en biodiversidad animal y vegetal del planeta. A través de los siglos, los mayas han desarrollado un conocimiento médico amplio y complejo. Se estima que existen más de 6000 especies vegetales en el área y miles de ellas son usadas tradicionalmente por los mayas para tratar enfermedades.
Todas las muestras promisorias serán analizadas para comprobar si pueden ser efectivas en enfermedades como cáncer, dolencias asociadas al VIH/SIDA, desórdenes del sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorias/pulmonares, cutáneas y como anticonceptivos. El proyecto también se propone realizar un extenso relevamiento botánico de los Altos de Chiapas y –según sus propias declaraciones- promover la producción y cosecha sustentable de especies seleccionadas que muestren potencial considerable para el desarrollo económico. El proyecto estima que podría identificar unos 2000 componentes únicos que serán perfilados químicamente por la Molecular Nature Limited, el socio comercial del proyecto, basado en en el Reino Unido. Un duplicado de todas las muestras colectadas serán depositadas en el herbario de la Universidad de Georgia-Athens.
La oposición local
Este programa de bioprospección ha provocado una fuerte reacción de organizaciones de médicos indígenas en Chiapas, que afirman que se está saqueando su conocimiento y sus recursos. En una declaración escrita distribuida en Chiapas, el Consejo Estatal de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Chiapas afirma:
"Nosotros, como médicos tradicionales organizados llevamos quince años trabajando para rescatar y mejorar nuestra medicina de la costumbre y no queremos que ahora nos vengan a engañar, pues lo que están haciendo con nuestras plantas es un negocio que les va a dejar a ellos millones y millones de pesos y a nosotros igual de jodidos. Recurrimos a las autoridades nacionales y estatales para que se suspenda este proyecto. Ahora recurrimos a todos los compañeros indígenas para que no acepten que los investigadores de ECOSUR puedan sacar información y plantas medicinales de nuestras comunidades".
Según Sebastián Luna, indígena tzeltal y uno de los voceros del Consejo, el proyecto "Es un robo de recursos y conocimientos indígenas tradicionales, con el objetivo producir fármacos que no beneficiarán en modo alguno a las comunidades que han gestionado estos recursos sustentablemente en forma milenaria."
"Además", continúa Luna, "el proyecto explícitamente propone patentar y privatizar recursos y conocimientos que han sido siempre colectivos … Esto, además de contradecir nuestras culturas y tradiciones, es una forma de crear conflictos dentro de las comunidades, ya que algunos individuos, llevados por las necesidades económicas que pasamos los indígenas, se pueden prestar a colaborar con este proyecto, a cambio de unos pocos pesos o algunas herramientas. Esto ya lo hemos visto en las comunidades de Oxchuc, Chenalhó, Simojovel, Cancuc, Huixtan y Las Margaritas, donde ya se están sacando muestras."
"El director del proyecto", agrega Luna "es el antropólogo Brent Berlin, de la Universidad de Georgia, que desde hace treinta años está saqueando muestras y conocimientos de las comunidades indígenas de Chiapas, sin retornar prácticamente nada a cambio". Brent Berlin que ha sido presidente y es miembro de la Sociedad Internacional de Etnobiología (ISE por su sigla en inglés) , será anfitrión del Congreso de esta institución en Georgia en Octubre del 2000, con el tema distribución de beneficios con comunidades indígenas. "Creemos que está violando abiertamente los principios del Código de Etica aprobados por esa organización" concluye Luna. El "Principio de Consentimiento Previo Informado y Veto" de dicho Código de Etica dice:
"Se debe obtener el consentimiento previo informado de todos los pueblos y sus comunidades antes de que se realice cualquier investigación. Los pueblos indígenas, las comunidades locales y las sociedades tradicionales tienen el derecho a veto sobre cualquier programa, proyecto o estudio que los afecte. La obtención del consentimiento previo informado presupone que se entrega a todas las comunidades potencialmente afectadas la información completa sobre la naturaleza y el propósito de las actividades de investigación y sus probables resultados, incluyendo todos los beneficios razonablemente previsibles y los riesgos de daños (tangibles o intangibles) para las comunidades afectadas"
(el subrayado es nuestro. El texto completo del Código se puede obtener en inglés en http://guallart.dac.uga.edu/ethics)
RAFI contactó a Brent Berlin en la Universidad de Georgia y le preguntó si las demandas de las organizaciones indígenas de Chiapas constituían una base para suspender el programa de bioprospección en Chiapas. Berlin, uno de los autores del Código de Etica de la ISE, rechazó la idea. "Estoy convencido de que el tema no hubiera sido ni planteado si esos grupos estuvieran plenamente informados sobre el Proyecto."
"Es realmente crucial" dijo Berlin a RAFI, "que destaquen nuestra disposición a resolver las diferencias [en Chiapas]. Las preocupaciones del Consejo no están siendo ignoradas. El tema es serio y debe ser resuelto de forma que cada uno sea conciente de cual es la solución. El problema principal es que no hemos podido sentarnos y hablar."
Según Rafael Alarcón, asesor del Consejo Estatal, el convenio firmado entre ECOSUR, la Universidad de Georgia y la Molecular Nature Limited, "está contra las leyes mexicanas, ya que no se ha realizado ninguna consulta previa e informada con las comunidades afectadas, y viola acuerdos internacionales de los que México es signatario, tales como el Convenio de Diversidad Biológica –y particularmente su artículo 8j- y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional de Trabajo"
Alarcón continúa "La ECOSUR invitó a OMIECH –Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, una de las integrantes del Consejo Estatal-, a participar de este convenio de bioprospección, pensando que con la promesa de un llamado "reparto de beneficios" futuro, los médicos indígenas aceptarían este proyecto. En las reuniones en que participamos planteamos nuestra desconformidad con los objetivos y métodos del proyecto, y se nos aseguró que el proyecto no sería iniciado, como mínimo hasta que no se cumplieran con todos los requisitos de la legislación mexicana. Sin embargo, ya se están sacando muestras en varias comunidades de Chiapas, y en junio de este año se nos presentó un Convenio ya firmado por las tres partes."
¿De quién es esa ONG?
"Según el convenio, los propios firmantes (laUniversidad de Georgia, ECOSUR, y la empresa Molecular Nature Limited) crean una ONG –organización no gubernamental- llamada PROMAYA AC (Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual de los Mayas Asociación Civil) , que sería la contraparte de la sociedad civil a quienes consultarían" También se creará un fideicomiso para las comunidades mayas, que serán quien decide como se desembolsarán los fondos provenientes de regalías que se supone que dejaría la venta de farmacéuticos resultados de la investigación del ICGB en Chiapas.
Según Alarcón. "Esto muestra el espirítu con que se mueven y las nulas intenciones de consultar ampliamente, respetando las culturas tradicionales y a las verdaderas autoridades de las comunidades. Básicamente, crean su propio interlocutor e invitan a participar allí a los que acepten su forma de trabajo y no cuestionen nada, seguramente a cambio de algunas migajas de los 2,5 millones de dólares que este proyecto ha recibido de fondos del gobierno estadounidense"
Fondos públicos para el lucro privado
Desde 1993, el fondo ICBG del gobierno de EE.UU ha otorgado 11 donaciones (incluyendo 3 renovaciones) para bioprospección, por un total de 18,5 millones de dólares, operando en 12 países del Sur (México, Perú, Chile, Argentina, Panamá, Suriname, Madagascar, Vietnam, Laos, Nigeria, Camerún y Costa Rica). Entre los socios comerciales que recibieron finaciamiento del ICBG están varias compañías transnacionales farmacéuticas y agroquímicas tales como Glaxo-Wellcome, Bristol Myers Squibb, Shaman Pharmaceuticals, Dow Elanco Agrosciences, Wyeth-Ayerst, American Cyanamid, y Monsanto.
También la ONG Conservation International ha recibido donativos de este fondo para bioprospección en conjunto con las empresas
México ya estaba representado anteriormente, en un contrato de 1993 con participación de Chile y Argentina, para la bioprospección de plantas de uso medicinal y agrícola de zonas áridas y semiáridas. Este contrato es dirigido por la Dr. Barbara Timmerman de la Universidad de Arizona, y tiene como contrapartes a la UNAM –Universidad Autónoma de México- el Instituto de Recursos Biológicos y la Universidad Nacional de la Patagonia de Argentina, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Purdue, EE.UU, y las divisiones de medicina y agricultura de la Wyeth-Ayerst/American Cyanamid. Fue renovado por cinco años en 1998.
"El uso de dinero público para subsidiar la biopiratería es una forma de bienestar empresarial de los Gigantes Genéticos" dice Hope Shand, Directora de Investigaciones de RAFI, refiriéndose a las empresas transnacionales gigantes que dominan las industrias farmacéuticas y de agronegocios.
"Estas empresas pretenden sintetizar y modificar los componentes biológicos activos que se derivan de los recursos y el conocimiento de las comunidades indígenas, ya que sus objetivos son el patentamiento, la privatización y el lucro de la biodiversidad." explica Shand. "El proyecto ICGB-Maya tiene un protocolo claramente definido de propiedad intelectual sobre cualquier producto farmacéutico que pueda resultar de la investigación realizada en Chiapas. Opera sobre el principio –al menos en papel- de que las muestras biológicas pertenecen a México y que una parte no revelada de las regalías volverán a los mayas de los Altos de Chiapas –vía PROMAYA. La realidad es que estos beneficios de largo plazo pueden no materializarse nunca, y que muchas organizaciones locales indígenas rechazan tanto la propiedad intelectual en sí misma, como el proceso establecido para la eventual distribución de beneficios a través de PROMAYA. El punto crítico ahora es que el proyecto se está realizando no solamente sin una consulta correcta a las comunidades afectadas, sino además contra la voluntad expresa de un sector significativo de esas comunidades" dice Shand de RAFI.
¿Biopiratería legal?
El Dr. Alejandro Nadal, Investigador del Programa de Ciencia y Tecnología de Colegio de México, ha denunciado públicamente otro contrato de bioprospección en México firmado por la UNAM (Universidad Autonóma de México). Se trata de un contrato con la empresa Diversa Corporation, a través del cual, los investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM se comprometen a entregar, por precios risibles (50 dólares por muestra) muestras de microorganismos únicos, extraídos de áreas naturales protegidas de México.
El Dr Nadal comenta sobre el contrato en Chiapas que "al igual que el contrato UNAM-Diversa, no tiene validez legal, ya que viola incluso las ya limitadas leyes mexicanas. Este tipo de contratos es una fuente de robo de recursos a las comunidades tradicionales y de recursos biológicos únicos de México que, según la ley, están bajo control del Estado mexicano. Tanto ECOSUR como la UNAM se adjudican la capacidad de decidir por un patrimonio colectivo, para lo cual no tienen ningún derecho"
El Dr Nadal continúa: "Estamos presenciando una preocupante variedad de estos convenios, con muchas similaridades jurídicas, todos con el objetivo de apropiarse y privatizar estos recursos que siempre han sido bienes comunales y para el bien público. Como México es una país biológicamente megadiverso, acompañado de enorme diversidad cultural, está en la mira de las empresas multinacionales de la farmacéutica y la agricultura, ansiosas por cosechar estos recursos. Estos proyectos deberían ser suspendidos inmediatamente ya que contradicen las leyes existentes"
El Consejo Estatal de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Chiapas reclaman que el proyecto se suspenda y que ningún proyecto de este tipo pueda ser iniciado, sin una previa y amplia revisión de las leyes mexicanas para proteger sus culturas y recursos, el cumplimiento de acuerdos internacionales tales como el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT, la reglamentación de los Derechos del Agricultor de la FAO y una discusión amplia con las comunidades y pueblos indígenas sobre la necesidad, los objetivos y a quién beneficia este tipo de proyectos. Asimismo, que se apoye la realización de proyectos de salud de las propias comunidades, a partir de prioridades definidas por ellas mismas, usando y produciendo localmente los conocimientos y recursos de la medicina tradicional indígena.
Por más información:
Consejo Estatal de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Chiapas,
contactos:
Sebastián Luna, Rafael Alarcón, Antonio Pérez Méndez, Margarito Ruiz, Isidro López Rodríguez.
Atención de OMIECH: +52-67-8 54 38
(desde Mexico 01-967-85438)
omiech@laneta.apc.org
Dr. Alejandro Nadal
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Hope Shand
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