San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Comunicado, 4 de enero de 2001
EN EL INICIO DE LOS NUEVOS GOBIERNOS: LUCES Y SOMBRAS DEL PROCESO DE PAZ
Introducción
Después de prácticamente cuatro años de estancamiento de las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal, los cambios electorales de julio y agosto empiezan a rendir los primeros frutos. Se ha dado un principio de diálogo, al responder los zapatistas de manera positiva a las incipientes señales de distensión del gobierno de Vicente Fox. Por pequeños que parezcan todavía esos pasos, no puede despreciarse su importancia, sobre todo si los comparamos con cuatro años, no sólo de estancamiento del diálogo, sino de activa contrainsurgencia que, entre otras hazañas, carga en su cuenta histórica las de la masacre de Acteal y las ejecuciones de El Bosque.
El retiro parcial del ejército de algunas de sus posiciones, la liberación de algunos presos, el anuncio del levantamiento de restricciones a los observadores extranjeros y el envío al Congreso por parte del Presidente de la iniciativa de la COCOPA sobre los Acuerdos de San Andrés, no pueden sino celebrarse como las primeras bocanadas de aire fresco para quien estaba a punto de morir de asfixia. Pero es importante ubicar estas acciones en su debida proporción y al mismo tiempo, alertar sobre los peligros que se ciernen sobre el incipiente proceso de diálogo a causa de un priísmo local resentido y beligerante.
El retiro del ejército de los retenes en carreteras y de las posiciones de Amador Hernández y Jolnachoj, así como las primeras liberaciones de presos zapatistas o simplemente miembros de alguna oposición al PRI, no son concesiones gratuitas del gobierno, sino actos de justicia largo tiempo esperados y pospuestos. Ahora se comienza a reparar esas injusticias, pero la reparación es aún incompleta.
En el caso de los retenes, las comunidades indígenas de la región, reportan al CDHFBC que siguen operando los retenes militares de Palenque (cabecera), Crucero Chancalá, Crucero Palestina, Frontera Corosal, Boca Lacantún, Pico de Oro Zona Marqués de Comillas y Roberto Barrios. Incluso señalan los indígenas que en algunos de éstos (como el de Palestina y el de Pico de Oro) las revisiones son más agresivas que antes.
En el caso de Amador Hernández, hay que recordar que estaba en curso un juicio entablado por los ejidatarios contra el Ejército Mexicano por violación de garantías constitucionales al ocupar ilegalmente sus tierras. Ante la falta de argumentos jurídicos, las autoridades habían recurrido, primero, a las maniobras dilatorias y después al decreto expropiatorio, a todas luces arbitrario e inconstitucional. La desocupación del predio ejidal se realizó sólo seis días antes de la audiencia que debía llevarse a cabo para que el juez examinara las pruebas presentadas por los ejidatarios. Queda la sospecha de si no se hizo así precisamente para evitar que se consumara la inminente sentencia contra el Ejército. Entre otras cosas quedan pendientes la reparación de daños patrimoniales y ecológicos y la restitución plena del carácter ejidal de las tierras, pues al no haberse derogado el decreto expropiatorio, los campesinos se encuentran en la anómala situación de custodiar unas tierras del gobierno…que en realidad son suyas.
En cuanto al reciente retiro militar de la comunidad de Jolnachoj, los medios de comunicación difundieron una agresiva protesta indígena contra el ejército, que precedió a dicho retiro. Ya algunos personajes políticos han declarado que ello demuestra la falta de voluntad del EZLN para el diálogo. Pero lo que no difundieron los medios, ni toman en cuenta estos políticos, es la realidad constantemente denunciada por las comunidades, como por ejemplo la denuncia enviada al CDHFBC el 21 de diciembre por los agentes municipales de Jolnachoj, Oventic, Bayalemo, Siquilhucum y otras comunidades de San Andrés Sakamch'en, donde se quejan de amenazas constantes, robos, hostigamiento y contaminación causada por el Ejército.
Tampoco toman en cuenta que, como en el caso de Amador Hernández (y otros muchos similares) las tierras ocupadas por el ejército eran de los indígenas. Esta situación, si no justifica, al menos explica el desahogo de los pobladores el 31 de diciembre.
Al momento de escribir estas líneas habían sido liberados 18 presos, todos ellos del fuero común; falta por concluir este proceso y está por iniciarse todavía el de la liberación de quienes están sometidos a la jurisdicción federal. También aquí se trata, no de concesiones gratuitas, sino de lo que es apenas un principio de reparación de la justicia. En la gran mayoría, por no decir en todos los casos en cuestión, personas que debían estar libres, se encontraban injustamente detenidas por un sistema que, más que de procuración de justicia, era de represión política.
Ciertamente nos congratulamos con los presos, sus familias y sus comunidades por la libertad recobrada y saludamos esta iniciativa de buena voluntad del Presidente Fox y del gobernador Salazar Mendicuchía.
Pero no podemos omitir que se trata apenas del principio de un acto de justicia, donde faltaría por resolver la reparación del daño y el castigo a quienes manipularon la ley por motivos políticos.
Finalmente, es loable la decisión presidencial de enviar al Congreso la iniciativa sobre Derechos Indígenas elaborada por la COCOPA e igualmente lo es la decisión del EZLN de no insistir, como algunos asesores le proponían, en que el Presidente hiciera valer su autoridad en el Congreso para asegurar su aprobación, sino de asumir plenamente los nuevos tiempos y dirigirse a los legisladores, a quienes corresponde constitucionalmente la decisión sobre el tema. En un clima más abierto que el del sabotaje de la pasada administración a los Acuerdos de San Andrés, incluso se podría esperar que la iniciativa de la COCOPA fuera mejorada, tras un proceso amplio de discusión, similar al que se dio en el curso de los Diálogos de San Andrés. Como ya lo habíamos sugerido anteriormente, la Oficina de Cooperación Técnica con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el gobierno de Ernesto Zedillo heredó al de Vicente Fox, podría contribuir a que la legislación mexicana en la materia reconozca, como mínimo, los avances de la normatividad internacional en cuestión de Derechos Indígenas.
El ámbito estatal chiapaneco Pero mientras el gobierno federal emprende todas estas acciones para restaurar la confianza y poder reanudar el proceso de diálogo, y mientras el gobernador Pablo Salazar manifiesta su deseo de contribuir dentro de la esfera de su competencia al proceso de paz, los grupos priístas de Chiapas hacen todo lo posible para sabotear el proceso, tal como hicieron en el pasado, y parecen decididos a hacer la vida y la gestión imposible al primer gobernador de Chiapas elegido verdaderamente por el voto popular.
Para comenzar, el Congreso Estatal, todavía controlado por priístas, aprobó al vapor una serie de reformas legales que, al imposibilitar las alianzas como la que le costó al PRI la gubernatura, pretenden conservar para este partido la mayoría legislativa en las próximas elecciones. De la mano de este intento por conservar el control del Congreso, va el intento paralelo de conservar el control de la mayor parte de los ayuntamientos que serán elegidos en la misma fecha. Y el broche de oro fue la decisión del Congreso de atarle las manos al gobernador por medio del presupuesto.
En su actual ofensiva, los priístas se han ajustado una y otra vez al mismo guión de invertir los papeles: los agresores se presentan como víctimas. En el acto de toma de posesión de Pablo Salazar, el líder priísta y presidente del Congreso pronunció un agresivo y hasta amenazante discurso contra el nuevo gobernador, discurso que provocó el espontáneo repudio de los presentes en el acto. La respuesta priísta al día siguiente fue acusar al gobernador de promover una campaña de desprestigio contra el Poder Legislativo. En los últimos días la historia se ha repetido con el Poder Judicial y ha sido también el mismo guión seguido en el caso de los grupos paramilitares.
A raíz de los, quizá bien intencionados pero tardíos e insuficientes operativos de la PGR contra los paramilitares de la Zona Norte y de Chenalhó en los últimos días del sexenio de Ernesto Zedillo, se desató en la prensa local una verdadera campaña de apología de dichos grupos y de ataque contra la Diócesis de San Cristóbal, el CDHFBC y otros organismos de derechos humanos. Más allá del desprestigio de quienes han denunciado y documentado sus atropellos, el objetivo de esta campaña era abogar por una amnistía para los paramilitaresy por un trato similar al dado a los zapatistas por la Ley para el Diálogo y la Conciliación. Bajo la apariencia de la equidad y la reconciliación, en realidad se busca la impunidad para los paramilitares y sus patrocinadores.
En el curso de esta costosa campaña de prensa, Samuel Sánchez, líder del grupo paramilitar Paz y Justicia, ahora encarcelado, secundado por sus voceros oficiosos en la prensa, exigió que se creara una comisión de la verdad para que esclareciera las denuncias, según él falsas, de los organismos de derechos humanos. El CDHFBC no sólo no se opone, sino que apoya esta demanda. Tenemos suficientemente documentadas nuestras denuncias y nada nos parecería mejor que el que una comisión de la verdad, de reconocida probidad y aprobada por las partes, pudiera examinarlas a fondo y dar fe de su contenido. Por otro lado, nunca nos hemos negado a que se aplique la ley y se reparen los daños, en el caso de que alguno de los llamados o presuntos paramilitares, haya sido víctima de una injusticia o se hayan violado sus derechos.
El último acto de la tragicomedia los agresores se convierten en víctimas, se representó hace apenas unos días por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Noé Castañón quien, el 2 de enero logró reelegirse para ese cargo. Según versiones periodísticas, en una entrevista privada, previa a las elecciones en el Tribunal, Pablo Salazar reclamó a Noé Castañón su participación al frente de la Comisión de Remunicipalización creada por el ex-gobernador Roberto Albores. El CDHFBC ya había denunciado con anterioridad que esta colaboración del presidente del Tribunal en un proyecto del Ejecutivo (proyecto que además tenía una clara intencionalidad contrainsurgente) violaba el principio constitucional de la división de poderes y ponía en evidencia la falta de independencia del Poder Judicial. La respuesta priísta ahora ha sido como en el caso del Congreso: el gobernador quiere interferir con la autonomía del Poder Judicial y pretende llevar a cabo una campaña de desprestigio contra el mismo. Si no fuera trágico, sería cómico ver a los jueces acostumbrados a actuar por consigna, junto con los diputados que se hicieron famosos por el regaño de Roberto Albores cuando no apoyaban bien a su candidato presidencial, convertidos en paladines de la dignidad de sus altas investiduras y de la independencia de sus respectivos poderes.
Conclusión Hasta ahora el nuevo Presidente y el nuevo Gobernador han actuado hacia el conflicto de Chiapas haciendo honor a la voluntad ciudadana de cambio democrático que se manifestó en las urnas el 2 de julio y el 20 de agosto. Pero como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, el partido derrotado en esas elecciones no lo está del todo. En Chiapas el PRI conserva el control del Congreso, de la mayoría de las presidencias municipales y del Tribunal Superior de Justicia. Cuenta además con los paramilitares, estrecha u ostensiblemente coordinados con la Seguridad Pública Estatal y cuenta con el control de los principales medios de difusión en el estado. Este conglomerado de intereses pretende obstaculizar, y si es posible sabotear, no sólo el ejercicio del nuevo gobernador, sino el proceso mismo de paz que ahora se retoma desde el ámbito federal. Para sortear estos obstáculos será necesaria la participación decidida de los tres Poderes a nivel federal y del Poder Ejecutivo Estatal. Este a su vez no podrá hacer gran cosa sin el apoyo, no sólo de los partidos que lo llevaron al poder (que deben superar sus propias crisis internas e inter-alianza), sino de las organizaciones indígenas y sociales independientes y de la sociedad civil y sus diversos organismos. La solidaridad nacional e internacional sigue siendo indispensable. Y por supuesto también es crucial la participación del EZLN que debe evitar caer en provocaciones, sabiendo que el proceso de paz transita por todos lados por un terreno minado y que no faltan grupos dispuestos a aprovechar cualquier desliz para volver a interrumpirlo.
Las acciones gubernamentales tendientes a restablecer la negociación para la paz son un rayo de luz en medio de las sombras que nos hereda el sexenio anterior. Aunque pequeño todavía, el rayo de luz es esperanzador.
Hay quienes quisieran apagarlo de nuevo y aunque ellos mismos quisieran actuar desde la obscuridad, su actuación es bastante evidente. No podemos permitir que las tinieblas prevalezcan sobre la luz.