En estos días toca el turno al Congreso del Estado de Chiapas decidir sobre el dictamen de la Ley de Derechos y Cultura Indígena que ya ha sido aprobada por el Congreso de la Unión y 8 legislaturas estatales y rechazada por dos (Oaxaca y Zacatecas). La decisión de los legisladores chiapanecos reviste una gran importancia incluso si se diera el caso de que un eventual rechazo del dictamen no tuviera repercusión en la cuenta de legislaturas que se necesitan para que la ley sea aprobada definitivamente por el poder legislativo y promulgada por el ejecutivo. Más que cuantitativa la importancia de la decisión del Congreso de Chiapas es cualitativa.

La aprobación en el Senado y la Cámara de Diputados federales de un dictamen que se aleja de la iniciativa de la COCOPA, empobreciendo su contenido, hizo que el EZLN decidiera suspender los incipientes contactos con el gobierno federal para reanudar el diálogo. No se puede negar el derecho que jurídicamente asiste al poder legislativo para discutir, modificar y, si es el caso, rechazar las iniciativas del ejecutivo. Pero el hecho político que no tiene vuelta de hoja es que un acuerdo que se logró para retomar el camino de la paz entre el ejecutivo y el grupo armado que le declaró la guerra, fue rechazado por el poder legislativo. Serían más respetables los diputados y senadores si asumieran plenamente la responsabilidad de su acción en lugar de tratar de justificarla con argumentos como "más vale algo que nada".

Ahora los legisladores de Chiapas tienen la oportunidad de mostrar que están más cerca de la realidad del conflicto y de las demandas indígenas y no sólo en términos geográficos. Quizá ellos puedan apreciar más que sus colegas de otras latitudes la importancia que tienen los Acuerdos de San Andrés para alcanzar la paz y decidan, más que aferrarse a su independencia ante el ejecutivo o a compromisos partidistas, asumir la solidaridad con un acuerdo de Estado, cuyo fin es la paz y la reconciliación. Ellos saben que el rechazo a la propuesta de ley no ha sido sólo de los zapatistas, sino de una amplia gama de organizaciones, comunidades y pueblos indios de Chiapas. Y saben que, para el contexto de guerra en Chiapas, lo que está en juego es la posibilidad de establecer si el diálogo es la forma más eficaz para dirimir las diferencias o si, por el contrario, que la guerra siga ensombreciendo la realidad en las comunidades indígenas del estado y del país.

Es posible que haya personas y grupos de interés a quienes no les importa la guerra con tal de no conceder a los pueblos indios derechos que ponen en riesgo sus planes de enriquecerse a costa de su sujeción política y de la explotación de los recursos de sus territorios. Pero los representantes populares tienen la obligación de poner ante todo los intereses del pueblo y de no escatimar voluntad política para que se logre una paz justa, digna y duradera. Un botón de muestra de lo que no es voluntad política para atender las demandas indígenas lo da la diferencia entre el proyecto de la COCOPA y el dictamen del Senado sobre el punto de las demarcaciones de distritos electorales y municipios. Donde la "Ley COCOPA" dice que "deberá tomarse en cuenta" la ubicación de los pueblos indios, a fin de "asegurar" su representación, el dictamen del Senado dice simplemente que tal ubicación será tomada en cuenta "cuando sea factible".

El CDHFBC exhorta a los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso local a que, tomando en cuenta el contexto de guerra que vive Chiapas y para beneficio del diálogo y la reconciliación, no acepten el dictamen de Ley de Derechos y Cultura Indígena que está sometido a su consideración. Quizá no logren revertir la tendencia en dirección contraria de las legislaturas estatales, pero podrían reabrir de nuevo las perspectivas de diálogo que parecieran escapársenos cuando estaban al alcance de la mano. Además demostrarían a México que la dignidad no es sólo patrimonio de los indígenas de Chiapas, sino también de sus representantes en el Congreso.

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