Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Boletín de prensa, 29 de junio de
2001
Tras la decisión del Congreso de Chiapas, obligada reconsideración de la Iniciativa de la COCOPA
El día de ayer el Congreso del Estado de Chiapas rechazó por mayoría abrumadora las reformas en materia de derechos indígenas aprobadas por el Congreso de la Unión. Dicho con mayor precisión: El Congreso del Estado aprobó el dictamen elaborado por las Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e Indigenismo, dictamen que proponía no aprobar las reformas remitidas por el Congreso de la Unión. La precisión tiene algo más que importancia técnica, pues al aprobar el dictamen la Legislatura del Estado aprobó las consideraciones que fundamentan el rechazo. Por la trascendencia que pueden y deben tener dichas consideraciones, el CDHFBC se permite reproducir íntegramente una parte central de las mismas:
"En…la Reforma que aquí nos ocupa, el legislador federal se olvida que la Iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal y formulada por la COCOPA, tiene su fundamento en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, firmados entre el Estado Mexicano y el EZLN, y cuyo objetivo era precisamente que se concluyera la beligerancia en el Estado, en tal razón es menester recalcar que la presentación de la citada reforma no logra la disolución del movimiento beligerante, ya que para el EZLN la reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés, en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierra, territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre, otros, pronunciamiento apoyado por diversas organizaciones indígenas del país…"
El mismo día de la decisión del Congreso chiapaneco, otras 3 legislaturas estatales emitieron su voto en el mismo sentido, de modo que la cuenta en la votación de los estados en estos momentos es de 12 a favor de las reformas, 9 que no las aprobaron y 10 aún pendientes. Sin embargo, y esto lo asume el mismo dictamen, el voto de Chiapas necesariamente tiene un valor que rebasa el meramente cuantitativo. Plantea una cuestión insoslayable para las legislaturas que todavía no se pronuncian y, eventualmente, para el Congreso de la Unión y el mismo Ejecutivo Federal.
Toda esta gran movilización legislativa, estatal y nacional (hasta hace poco inédita en un régimen donde el pronunciamiento de los Congresos estatales era un mero trámite burocrático), se originó en el levantamiento zapatista de 1994, al que los Acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la COCOPA le ofrecían un camino para incorporarse a la vía política institucional y deponer las armas. Si ahora el Congreso del Estado de Chiapas (un Congreso que ciertamente no es zapatista, pues el PRI es el partido que tiene la indiscutible mayoría) declara formalmente que el dictamen no satisface las demandas, no sólo de los zapatistas, sino de los indígenas chiapanecos ¿qué sentido tienen las reformas? ¿qué legitimidad puede tener una ley que se ofrece como una respuesta a una demanda si el mismo demandante dice que no le satisface? Después de esta decisión del Congreso chiapaneco, el presidente Vicente Fox difícilmente podrá seguir afirmando que se han cumplido las condiciones para la paz en Chiapas.
En otra parte del dictamen se incluyen como "Antecedentes" para la decisión de los legisladores los foros organizados por el Congreso del Estado con "una participación aproximada de 10, 000 personas, tanto indígenas como no indígenas" y más de 50 organizaciones, foros en los cuales "aproximadamente el 90% de las personas participantes, manifestaron un total rechazo a la Reforma Constitucional". Frente a estos datos ¿podrá mantener el gobierno federal que el EZLN es intransigente o que por culpa de los zapatistas solamente no se pueden llevar a cabo las acciones de gobierno en las comunidades?
La verdadera democracia es inseparable del respeto a los derechos humanos y de la existencia de leyes justas que respondan a las demandas y necesidades del pueblo. Como dice el dictamen del Congreso chiapaneco, no basta la legalidad de las normas, "es necesaria la legitimación, la cual será otorgada por el pueblo que se regirá bajo dichas normas". Por estas razones, no puede reducirse la democracia a la mera suma de votos. La decisión de la Legislatura de Chiapas plantea así un grave problema frente a una eventual mayoría de los congresos de los estados a favor del dictamen del Congreso de la Unión. Sea que se trate como una asunto de "derechos de las minorías negados por la mayoría" o como la crítica a una formalidad vacía de contenido, el hecho es que no sería democrático el imponer a Chiapas una decisión contra su voluntad.
El problema que se plantea a las legislaturas de los demás estados es el de aprobar o no una legislación que no cumple con uno de sus principales objetivos. Y más allá del resultado final de las decisiones estatales, cuestiona gravemente al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. No pueden mantener la ficción de que las reformas constitucionales son un paso hacia la paz y la reconciliación en Chiapas cuando el órgano legalmente representativo de los chiapanecos dice que no es así. Es posible que el veto presidencial no sea el mejor camino para subsanar las deficiencias de la reforma constitucional, entre otras razones, porque aun así todavía volvería a necesitarse la aprobación del Congreso de la Unión. Pero de cualquier manera la decisión histórica del Congreso de Chiapas obliga a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación a buscar nuevos caminos, si es que en realidad les conceden la debida importancia a los derechos indígenas y a la paz en el país.
La sociedad civil que ha tenido un papel tan importante en la búsqueda de una paz justa y digna, deberá exigir que se tome en cuenta la decisión del Estado de Chiapas; también tendrá que proponer alternativas políticas y jurídicas para que los derechos de los pueblos indios queden adecuadamente reconocidos en la legislación nacional.
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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas