24 de abril de 2004
John Burstein y Joaliné Pardo
FORO para el Desarrollo Sustentable, A.C.

Frente los acontecimientos recientes en el municipio de Zinacantán, vemos con preocupación la politización fácil del tema del agua, que es un derecho humano y una responsabilidad social-gubernamental de asegurar su abastecimiento sustentable. ¿Están peleándose los zinacantecos por el agua o el agua es mera excusa por una pelea política?

Hay que acordarnos que ha habido bases zapatistas en Zinacantán durante más de diez años navegando en la complejidad política de ese pueblo indígena tan dramáticamente dividido entre PRI y PRD. Esa división se ha llevado hasta la violencia y la muerte, y ha ocasionado la edificación de dos estructuras gubernamentales y religiosas a nivel del municipio. Las bases zapatistas zinacantecas anteriormente estaban aliadas con el PRD local, hasta que fuera este dominado por caciques locales de la vieja escuela. Y ahora hay un desequilibrio generalizado por el período pre-electoral.

¿Y el agua? Los vastos recursos hídricos del estado de Chiapas se concentran en sus presas mientras la infraestructura no permite el abastecimiento de agua a las comunidades campesinas. La violencia perpetrada el 10 de abril en Zinacantán es prueba viva de esta contradicción. Las mujeres de Apas, por ejemplo, informan de un surtimiento del líquido durante media hora por día, o menos.

Zinacantán es un Pueblo Indígena complejo en el que conviven estructuras autonómicas tradicionales, con la estructura de gobierno municipal constitucional que otorga la tenencia de la tierra a manera de ejidos y comunidades Opera en un momento crucial en que falta definición de autonomía. El proceso político-legal se abortó ya que la Ley Indígena del Congreso no tuvo frutos, dejando más bien a los pueblos seguir construyendo su autonomía propiamente, desde "abajo", pero desamparados de instrumentos legales que reduce diferencia de opinión a nivel de conflicto social.

El Artículo Constitucional 27 todavía inicia "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas-corresponde originariamente a la Nación" y establece el derecho de todos los ciudadanos a su acceso. Es el municipio, coordinado con el ejido, la instancia responsable de la infraestructura hídrica y abastecimiento del agua. Desde 1999, con el cambio del Artículo 115 constitucional, el municipio ha obtenido atribuciones de gobierno, además de las administrativas que anteriormente eran las reconocidas a esta instancia. Los recursos financieros descentralizados han sido insuficientes; la política ambiental también ha sido insuficiente, y Zinacantán - entre muchos otros municipios más - ha sido embarcado y abandonado a responder al derecho ciudadano al agua, sin tener del todo el cómo hacerlo.

Hubo la decisión de las autoridades locales de cortarles la provisión de agua a las familias que constituyen bases zapatistas. Frente el hecho de no pagar las tarifas, ¿es justificable la acción? En términos administrativos, adelante. En términos del derecho ciudadano y humano, imposible.

Los antecedentes son claros. Igual que ha habido expulsiones de miles de protestantes durantes décadas, cortar el agua a una familia campesina es una "expulsión-lenta". La postura gubernamental, obviamente, es que los pueblos indios tienen la facultad de definir quienes forman parte: su autonomía de facto. Cuando va la manifestación zapatista, el 10 de abril, a llevar tinacos de agua a sus correligionarios sitiados en Zinacantán, muestra una solidaridad inter-municipal simbólica, desde la Junta de Buen Gobierno zapatista, de que no se vale abrogar un derecho humano por una falta administrativa.

Fue leído como una provocación, lo cual transformó lo ocurrido inexorablemente en un hecho de la guerra-lenta en la cual Chiapas está inmerso. Pero los pueblos originarios chiapanecos también están, a fuerza, en la construcción de su propia autonomía - significando tanto la libertad para actuar con base en los derechos colectivos como acuerdo en las relaciones legítimas con el gobierno externo. El agua es pieza clave en esta construcción, desde adentro y desde afuera. Autoridades que tienen que responder incluyen:

Presidente municipal: El municipio es el nivel más local de gobierno oficial, el más accesible a la gente, aquel que debería ser depositario de la confianza de diversos grupos para presentar propuestas, generar debates y sacar conclusiones sobre la forma en que se van a conducir asuntos internos, es decir las políticas públicas municipales. ¿Cómo se maneja la inclusión en la definición de estas políticas?, ¿existe una participación real de todos los sectores que viven en el municipio?, ¿cómo se garantiza el acceso a los servicios básicos a todos los sectores de la población?, El agua no es para siempre, ¿existen políticas ambientales para su uso sustentable?

Secretario de Desarrollo Rural: Desde hace tres años existe una Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la que de manera se reconoce al pueblo, bajo los esquemas por ustedes diseñados como capacitado para formular políticas y planes de desarrollo en cuatro niveles de consejos: municipal, regional, distrital y estatal. En teoría estas instancias han de funcionar para recoger las opiniones y puntos de vista de todos los actores respecto a las mejores formas de aprovechamiento de los recursos naturales para restaurar la productividad de los ecosistemas y asegurar su continuidad. ¿Cómo funcionan en la realidad estos consejos? ¿Consideran que con ello basta?

Partido de la Revolución Democrática: Sabiendo que a nivel nacional intentan reestructurar el partido, hacen falta mecanismos de revisión de comportamientos de las instancias locales. Sabiendo que la tecnología apropiada puede reforzar la agenda de justicia social, ¿cómo dar su lugar a las propuestas que permitan el abastecimiento del agua en forma sustentable manejado desde los pueblos indígenas?

Organizaciones de la Sociedad Civil: La política ambiental - el control de los recursos naturales de forma justa y sustentable - adquiere un papel clave para cuidar el agua y defender su uso como derecho ciudadano. Las organizaciones sociales, de desarrollo, de derechos humanos, tenemos una responsabilidad para promoverla en la práctica y en las políticas públicas.