Chiapas, la impunidad que se anuncia.
Gabriel García, EAPSEC A. C.
Aunque ya se avizoraba ahora es algo público, como parte de "aportar todo" para que quede resuelto el conflicto armado en Chiapas, el próximo Primer Empresario del país, "promoverá una amnistía general para los involucrados en el conflicto de Chiapas".[1]
Si bien este asunto de las amnistías no es nuevo, ya que desde el inicio de la guerra el Estado mexicano ha ofrecido el perdón a las fuerzas zapatistas "hecho que dio lugar una memorable respuesta en el comunicado del 18 de enero de 1994 "żDe qué nos van a perdonar?", también el "croquetas" como parte de su estrategia de "armar la paz en Chiapas" a los pocos días de recibir el encargo federal de "gobernar" promovió la implementación de una Ley de Amnistía y Desarme, en la cual se establece el perdón a las personas que integren grupos armados de los delitos de posesión, portación y acopio de armas de fuego, y se les apoye con proyectos productivos y aperos de labranza.
Sin duda dentro de ese marco se encuentran los "10,000 zapatistas que desertaron y se integraron nuevamente a la vida institucional", que tanto alardeo el "croquetas" y que dio lugar a varias representaciones coreográficas de supuestos zapatistas entregando armas, uniformes, pasamontañas y hasta calzones "no se tiene información si entregaron algo más", al interino a cambio de tierras, proyectos productivos y un pedazo de cielo. Tan falso resulto el asunto que recientemente algunos de los "reintegrados" hicieron una huelga de hambre para exigir el cumplimiento de las promesas del hombre de las "buenas vibras".
El ofrecimiento del señor Fox hay que enmarcarlo dentro de los últimos sucesos que han ocurrido en el estado y seguramente es parte de su "propuesta integral" para solucionar el conflicto.
Pero resulta inquietante que se pretenda equiparar la lucha zapatista, que ha sido reconocida como justa por todos, con el accionar de los grupos paramilitares y es un insulto igualar a los presos zapatistas "muchos de ellos detenidos y encarcelados por acusaciones de los mismos paramilitares" con los integrantes de Paz y Justicia o de Los Chinchulines o Mascara Roja o MIRA o Alianza San Bartolomé o Los Degolladores o Los Puñales o Los Aguilares o Los Tomates o Los Chentes o el Frente Civil o la Organización Clandestina Revolucionaria o Los Carrancistas o Los Quintos o Los Plátanos o las Fuerzas Armadas del Pueblo o grupo Tomás Munzer o cualquiera de los guardias blancas que pueblan Chiapas.
Que el Primer Administrador del país considere que con una amnistía general se avanza hacia la resolución del conflicto en dar pie a que la impunidad siga siendo el premio para quienes han hecho del asesinato, del robo y del terror su "aporte" a la resolución del mismo.
Ante esta situación quiero recordar el esfuerzo que algunos hicimos durante cerca de un año para elaborar la propuesta de Tribunal Civil Contra la Violencia y Impunidad (TCCVI), propuesta que si bien no cuajo no deja de tener elementos fundamentales para rechazar la pretensión de perdonar los crímenes que el Estado mexicano ha cometido a través de sus fuerzas armadas irregulares (y regulares también).
"No es posible seguir analizando los graves hechos de violencia aisladamente...()... éstos fenómenos son parte de una política de estado deliberada y autoritaria"[2]
En una pasada comunicación asumía que las acciones de fines de sexenio implementadas por el doctor en economía Zedillo no eran ocurrencias de última hora, sino que obedecían a una estrategia bien planeada y concertada con su sucesor en la Gerencia General del país.[3]
Lo anterior ha sido puesto a la vista con la información proporcionada por López y Rivas en donde se dan a conocer parte de las estrategias propuestas por el "futuro", no en balde había sido, hasta el momento, superficial y pueril el manejo público que por parte del Primer Gerente del país y los integrantes de su equipo de transición han dado al "asunto Chiapas".
En el documento se inscriben 5 puntos fundamentales dentro de la estrategia de "quitar las banderas a los grupos de poder, en especial al EZLN"[5]:
Como se puede observar la estrategia a desarrollar por el próximo gobierno panista no presenta diferencias con la que desarrolló el agónico gobierno priísta.
Y seguramente en esta misma lógica debemos inscribir tantos llamados a la "reconciliación" hechos por actuales y próximos presidentes, gobernadores, obispos preocupados por "la paz que vamos construyendo", diputados, exdiputados, líderes partidarios, etc., dejando de lado un derecho humano fundamental "la justicia".
Tal vez pensarán que al aplicar "la justicia" se están metiendo en bolas y que es mejor "hacer acciones positivas", como nos dijo alguien cuando le presentamos la propuesta de TCCVI.
"Ignorar que el derecho a la justicia es un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado , de carácter universal, del cual depende la seguridad jurídica de las personas, el orden social y la paz sería desconocer que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que no pueden, en ningún caso ser objeto de amnistía".[6]
"La impunidad es el camino más seguro para la perpetuación de las conductas delictivas y sólo genera delincuentes. La historia ha demostrado que graves hechos de barbarie en contra de la humanidad se han efectuado y repetido en la medida que sus autores tienen la garantía de que no serán castigados"[7].
"La impunidad es la que hace posible que muchos crímenes se vuelvan a repetir. Pero tambien asegura a los que gobiernan la aplicación del plan económico y la continuidad en el poder."[8]
El TCCVI se regiría bajo una serie de principios éticos[9], de los cuales me parecen fundamentales tres y que son necesario recordar, asumir y defender ante la amenaza de que la impunidad sea la respuesta a las demandas de los pueblos indios y de la sociedad mexicana.
"VERDAD. Consideramos que la sociedad mexicana en su conjunto tiene el derecho a conocer la verdad de los hechos violatorios a los derechos humanos, así como las razones y circunstancias en que se cometieron, como un deber moral hacia las víctimas, los familiares y deudos; para descubrir y sancionar a los culpables; para construir la posibilidad de controles ciudadanos ante las instituciones del Estado y como mecanismo para evitar que dichos actos se repitan.
La verdad tiene que ser completa, oficial, pública e imparcial.
El conocimiento pleno de la verdad y la aplicación estricta de la justicia son pasos anteriores al perdón y a la reconciliación.
El derecho a la verdad es parte de la reparación del daño causado por los agentes del Estado a las personas, comunidades y sociedad en su conjunto.
El conocimiento pleno de la verdad de los hechos, sus razones y circunstancias, debe así mismo reivindicar la memoria de las víctimas y aliviar en parte la tragedia y el dolor ocasionado a los familiares afectados.
Sin embargo, el papel reparador de la verdad puede ser puesto en entredicho si no se acompaña de la justicia. Si al conocimiento de los hechos le sigue el silencio y la impunidad, la verdad puede convertirse en un insulto para las víctimas, en un recordatorio de los hechos y del dolor. Si la verdad es sólo para la historia, hace sentir el dolor de la injusticia aún más."
"JUSTICIA. La justicia es un derecho humano anterior y superior a la autoridad del Estado, de carácter universal y del cual dependen la seguridad jurídica de las personas, el orden social y la paz.
La justicia es uno de los valores básicos de toda sociedad, en la medida que los crímenes o delitos queden sin castigo, tarde o temprano perderán su carácter de crimen y la justicia y la ley pierden su papel de reparación simbólica, normatividad y cohesión social, si la justicia falla sistemáticamente con los valores básicos de la sociedad, éstos quedan irreconocibles, primero para los perpetradores, que pierden su mala conciencia, y después para las víctimas que pierden su fe.
Sin sanción social y penal, la posibilidad de que se reproduzcan hechos de violencia es mucho mayor, dado que se rompen las normas básicas de convivencia social. Sin un sentido ético claro de condena a las atrocidades cometidas, la violencia corre el riesgo de convertirse en un patrón de conducta habitual con impacto en los jóvenes y el futuro de la sociedad.
La justicia no es sólo una cuestión de castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Es también una cuestión de reconocimiento de los sufrimientos de las víctimas. Y para muchas personas afectadas, este reconocimiento es parte esencial de su rehabilitación.
No es venganza lo que se busca, sino que es precisamente la impartición estricta de la justicia y la reparación del daño, con la reivindicación y dignificación de las víctimas, sus familiares y comunidades ofendidas lo que impide el ejercicio de la venganza."
"SOLIDARIDAD. Cuando ocurre una violación a los derechos humanos, no son solamente el alma y el cuerpo de la víctima los que se han violado, son los derechos de tod@s nosotr@s los que se violan en un individuo violado, por lo que de ninguna manera es un problema privado entre víctima y victimario.
Un violador de los Derechos Humanos debe ser llevado a juicio penal, no porque haya dañado a determinadas personas, sino porque su delito pone en peligro a la comunidad como entidad entera.
Por ello es necesario acusar esos crímenes y delitos ante la justicia, incluso si la parte dañada está dispuesta a perdonar y olvidar. Porque el daño simbólico a la norma valórica, no pertenece a una relación particular entre víctimas y victimarios, es asunto de toda la sociedad."
Por lo anterior es claro que promover una amnistía no sólo no apunta a dar respuesta a las condiciones que plantearon l@s zapatistas para reanudar el diálogo, sino que tampoco permitirá que las heridas sociales y humanas que ha generado la contrainsurgencia sanen.
San Cristóbal de Las Casas a 23 de noviembre de 2000.