Correo ilustrado, La Jornada, 21 de febrero de 2000Defiende los trabajos herbolarios del doctor Brent Berlin
Señora directora: Quiero expresar mi desacuerdo con los juicios y la información parcial vertida por Matilde Pérez en su artículo del 4 de febrero pasado, sobre el supuesto saqueo de la riqueza herbolaria de Chiapas realizado por el doctor Brent Berlin y algunas instituciones nacionales e internacionales. Durante sus 25 años de investigación sobre lingüística y etnobiología, el doctor Berlin y sus colaboradores han colectado cerca de 50 mil especímenes botánicos, la mayoría de los cuales tienen duplicados en los principales herbarios de México. El doctor Berlin ha establecido jardines etnobotánicos en la región y ha desarrollado una base de datos sobre los usos medicinales de las plantas de los Altos de Chiapas. Esta es la materia prima para una enciclopedia en Español, Tzeltal, Tzotzil y Tojolabal, la cual estará dirigida a la población local y servirá para la conservación y divulgación del conocimiento herbolario indígena.
El proyecto representa un avance. Equivocadamente, los ataques de la Fundación Internacional para el Progreso Rural y del señor Rafael Alarcón y otros asesores de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas contra el proyecto, se basan en el supuesto de que el conocimiento que se quiere recopilar es el especializado y secreto de los médicos tradicionales y que son ellos los poseedores de todo el conocimiento etnomédico maya. En realidad, el proyecto se enfoca al estudio del conocimiento etnobotánico médico más generalizado que utiliza el resto de la población indígena y que es compartido abiertamente en el seno de las familias y las comunidades mayas para el tratamiento de las enfermedades comunes. Contrario a lo que afirman los asesores de OMIECh y CEOMPI, el proyecto es respetuoso de los acuerdos internacionales y la legislación nacional actual sobre acceso a los recursos naturales, así como de los principios de respeto a los derechos de propiedad intelectual. De acuerdo con un convenio que incluye la formación de un fideicomiso y una organización no gubernamental (PROMAYA), las regalías que se puedan generar en el futuro de este proyecto se distribuirán en partes equitativas entre los cuatro participantes: la Universidad de Georgia, la compañía farmacéutica, ECOSUR y los individuos o comunidades mayas agrupados en PROMAYA. Las regalías recibidas por PROMAYA se destinarán prioritariamente a proyectos de desarrollo rural comunitario. Es posible que el proyecto ICBG-Maya tenga que ser modificado en algunos aspectos, o que deba ajustarse mejor a los lineamientos de una todavía incipiente y confusa legislación sobre los derechos de propiedad intelectual del conocimiento etnobiológico tradicional. Esto no justifica, sin embargo, los virulentos ataques de RAFI y el reclamo de los asesores de OMIECh de que el proyecto sea cancelado. Me pregunto en qué medida, los reclamos de los asesores de OMIECh pueden estar motivados por intereses comerciales, ya que es conocido que dicha organización está involucrada en la fabricación y venta de medicinas a base de cápsulas de hierbas medicinales. Me pregunto también por qué una organización como RAFI, supuestamente dedicada a promover el desarrollo rural, se dedica con tanto esfuerzo a combatir proyectos de colaboración norte-sur, en México y en otros países, bajo el argumento de que estas son acciones de saqueo y biopiratería. Resulta paradójico que una organización internacional financiada, al menos en forma parcial, por Iglesias y organizaciones religiosas protestantes conservadoras se muestre tan radical. El problema descrito por Matilde Pérez en su artículo es mucho más complejo de lo que parece. En beneficio de la objetividad considero que tanto la citada reportera, como los medios que han difundido los ataques contra el proyecto ICBG-Maya deberían permitirle al doctor Berlin exponer también su punto de vista.
Atentamente
Doctor Javier Caballero,
Jardín Botánico, UNAM
jcnieto@servidor.unam.mx
Respuesta de la reportera al doctor Javier Caballero
Señora directora:
El doctor Javier Caballero acepta que la actual legislación sobre derecho de propiedad intelectual es incipiente y confusa, este es uno de los aspectos que los médicos indígenas organizados en la OMIECh insisten en que se aclare en el convenio firmado entre el doctor Berlin, como representante de la Universidad de Georgia, la empresa inglesa molecular Nature Limited y Ecosur. La molestia de los indígenas, a quienes el doctor Caballero parece descalificar por defender sus derechos, es porque el convenio lo conocieron meses después de su firma.También señala que la OMIECh rechaza los "beneficios" del proyecto ICBG-Maya, porque la organización defiende sus intereses comercia- les. Lo que no dice el doctor es que el proyecto respectivo que presentaron los indígenas fue inicialmente aprobado por el gobierno mexicano y poco tiempo después prácticamente cancelado, ya que les redujeron significativamente el presupuesto solicitado.
El pasado 20 de enero, la OMIECh volvió a solicitar al Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental se separe la colecta para fines científicos y para los comerciales y agrega que de no existir la primera, los patrocinadores del proyecto ICBG-Maya tendrían que estudiar bioquímicamente todas las plantas mayas e invertir varios millones de dólares, monto muy superior al del proyecto. Después de la publicación, la titular de la Semarnap aceptó escuchar a los indígenas, aunque éstos habían solicitado su intervención desde el año pasado. ¡Claro que es un asunto complejo! Y al parecer el interés "científico" de la Universidad de Georgia, que en este proyecto recibe financiamiento de 4 instituciones del gobierno de EU, está por encima de quienes alzan la voz para demandar equidad.
Atentamente
Matilde Pérez U.
Reportera