Nuevo Pichucalco, Ocosingo, Chis. Abr. 2.- Representantes de 12 comunidades tzeltales de la ARIC-ID, ubicadas dentro de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA) y en la periferia de la Comunidad Lacandona con esta Reserva, se reunieron en este poblado para reiterar su postura de continuar viviendo en la zona con un plan de protección a los recursos naturales de la Selva Lacandona, así como para refutar la etiqueta de "delincuentes ecológicos" que les han adjudicado las autoridades en una campaña de desprestigio para justificar su reubicación forzosa o desalojo violento, lo cual forma parte de la.estrategia de contrainsurgencia para facilitar el acceso del Ejército Federal a cañadas selváticas que hasta ahora le han sido inaccesibles.
De acuerdo a fuentes oficiales de la Comisión Interinstitucional que preside los trabajos de la Mesa Agraria-ambiental, en la Reserva de Montes Azules (conformada por 331 mil 200 hectáreas de tierra) se han detectado unos 22 asentamientos irregulares, y otros lo en la periferia de la Comunidad Lacandona con la Reserva. Los primeros han afectado por lo menos 30 mil hectáreas comprendidas en la RIBMA.
El decreto de Echeverría
Cabe explicar que la RIBMA se ubica dentro de la Comunidad Lacandona, dotada por decreto del presidente Luis Echeverría Alvarez con 614 mil hectáreas de tierras selváticas para usa comunal.
Según la comisión Interinstitucional, los asentamientos irregulares están integrados por comunidades miembros de la ARIC-ID, Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), ARIC Unión de Uniones (ARIC-UU) y bases zapatistas.
Luego de caminar durante horas por las montañas y cañadas de la selva, los delegados de las 12 comunidades de la Asociación Rural de Interés Colectivo fracción Independiente y Democrática (ARIC-ID), localizadas en las regiones (cañadas) Candelaria o Río Negro y Agua Azul o Río Perla de la Selva Lacandona, se concentraron aquí el pasado fin de semana, para analizar la crítica situación por la que atraviesan ante la intención de los gobiernos federal y estatal de reubicar a sus poblados "por las buenas o por las malas".
12 comunidades
Jorge Rafael Girón López, Ruperto Gurieta Zepeda y Lucas Rodríguez Jiménez, representantes de la ARIC-ID en las cañadas de Río Negro y Río Perla, manifestaron que las autoridades ecológicas y agrarias argumentan para la reubicación o desalojo de las comunidades, que muchos de los asentamientos irregulares detectados dentro de la RIBMA y en la periferia de la Comunidad Lacandona con la Reserva se constituyeron con grupos de indígenas desplazados por el conflicto armado de 1994, "y que nosotros tratamos de aglutinarlas para oponernos a la reubicación, pero la ARIC-ID solo tiene adheridas 12 comunidades en esta zona, con las que hemos venido trabajamos desde hace más de 20 años y con las que actualmente hemos tomado acuerdos para negociar en bloque con el gobierno por una solución justa a nuestras demandas, ya que nos han amenazado con reubicarnos a la fuerza o desalojarnos violentamente".
Asamblea permanente
Las otras comunidades amenazadas con el desalojo y las organizaciones que las representan tienen su propia estructura y plan de acción para evitar o aceptar la reubicación, según sea el caso.
Tras deliberar durante varias horas, los delegados tzeltales de la ARIC-ID decidieron declararse en asamblea permanente de comunidades "para ver como libramos el problema que está creando el gobierno".
Entre otras cosas, las comunidades de la ARIC-ID acordaron rechazar la oferta de reubicación propuesta por autoridades del sector agrario y ecológico, porque en la misma se les da un tratamiento igual que a otros núcleos de desplazados que se llegaron a asentar en la Reserva Montes Azules y Comunidad Lacandona después del conflicto armado de 1994.
"Nos ofrecen tan solo una hectárea por familia cuando lo que actualmente tenemos trabajando son más de cinco hectáreas por jefe de familia... es más, sobre nuestras demandas complementarias para el desarrollo integral comunitario ni siquiera se comprometen a resolverlas, sino simplemente a coadyuvar ante otras instancias para ver si las autorizan", reprocharon.
Asentamientos anteriores al 94
Aclararon que las comunidades de la ARIC-DI (Santa Elena, Jardín, Villa Las Rosas, Ocotal, El Suspiro, Guadalupe Tepeyac Ojos Azules, Salvador Allende, Corozal, Israel, San Gregorio, San Antonio Miramar y Buen Samaritano) se asentaron dentro de la Reserva Montes Azules y en la periferia de la Comunidad Lacandona mucho antes del conflicto armado, e incluso la mayoría desde hace más de 30 años llegaron a colonizar esas abruptas tierras selváticas, o más antiguas como la comunidad Salvador Allende que se estableció ahí desde 1934, sin que ninguna autoridad las molestara hasta después del fallido intento del gobierno del estado de construir una carretera del poblado San Quintín (donde está el cuartel militar más grande de la selva, según la ARIC-ID,) a la comunidad prozapatista Amador Hernández de este municipio.
En estas 12 comunidades ariqueras viven un total de 729 familias, que en conjunto agrupan más de siete mil personas, si se toma en cuenta que estas familias tzeltales están integradas por entre ocho y 12 miembros cada una, las cuales se dedican a labores agrícolas de siembra de maíz, frijol y café principalmente, así como en menor porcentaje a pecuarias porque prácticamente carecen de ganado vacuno.
La verdadera devastación
Desmintieron que con esas actividades productivas causen grave daño a la ecología, ya que por tradición ancestral "defendemos a la naturaleza como nos enseñaron nuestros antepasados mayas", pues sola desmontan pequeñas áreas para trabajar- las con sus cultivos, pero no afectan zonas boscosas o de montaña.
Denunciaron que la verdadera devastación de la Selva Lacandona y la Reserva de la Biosfera se ha dado, y se sigue dando, a través de la tala inmoderada de árboles, porque el tráfico ilegal de maderas preciosas es ampliamente conocido y en muchos de los casas cuenta con la tolerancia y participación de las propias autoridades del sector, así como de corporaciones policiacas y militares.
En cuanto a un posible comercio maderero en las comunidades de la ARIC-ID establecidas dentro y en la periferia de la Reserva Montes Azules, descartaron por completo esa posibilidad, ya que "para empezar no contamos con aserraderos, ni tenemos caminos para sacar la madera... solo que digan que la sacamos por aire".
Relación con la fauna
Cabe señalar la veracidad de esta aseveración, pues para llegar hasta este intrincado poblado ubicado en plena montaña, fue necesario trasladarnos en avioneta desde la ciudad de Comitán, en un vuelo de 30 minutos.
El punto carretero más cercano a este poblado (de donde inician -hacia el Sur Oriente- las 12 comunidades ariqueras) se localiza en San Quintín, ubicado montañas abajo a unos 30 kilómetros al norte Poniente.
Para llegar de este poblado hacia las 12 comunidades ariqueras, se emplean desde tres horas hasta tres días de camino, por caminos de herradura en plena montaña y cruzando numerosos arroyos.
Los delegados destacaron que las comunidades tzeltales de la región tienen por norma tradicional no matar las aves y animales silvestres para alimentarse, ya que esto lo hacen mediante aves de corral. "Tampoco tumbamos los árboles en el cerro, donde no se puede producir, porque el acuerdo es proteger la naturaleza y dejar sus reservas, porque sino donde van a vivir nuestros hijos y nietos si acabamos con los bosques y los animales, como ya ha pasado en otros lugares", subrayaron.
San Quintín, ejemplo
Pusieron como ejemplo a San Quintín, poblado habitado por indígenas priístas,. donde a raíz de la llegada del Ejército Mexicano y el crecimiento inusitado de las necesidades de esa comunidad, la flora, la fauna y los ríos han sido dañados tan gravemente que ahora "ya no tienen madera ni para hacer sus casas, ni agua pura de los ríos para beber como antes".
Los voceros apuntaron que "el pretexto que ahora maneja el gobierno para sacarnos de nuestras comunidades de la ARIC es que somos delincuentes ecológicos, que estamos acabando con la flora y la fauna, pero eso no es cierto, como lo puede comprobar cualquier ecologista que venga a recorrer nuestras comunidades".
Acusaron: "Los que están acabando con la selva son los aserraderos que funcionan con autorización del Gobierno o de manera clandestina pero que son tolerados con "mordidas", lo mismo que las personas que se dedican a la caza de especies en vías de extinción y que cuentan con la protección de las autoridades".
Reubicación del 50%: ARIC -ID
Nuevo Pichucalco, Ocosingo, Chis. Abr. 3.- Hasta estos intrincados parajes ubicados en las montañas y cañadas de la Selva Lacandona, por lo general no llegan con frecuencia los caxlanes (mestizos), mucho menos si son funcionarios de gobierno.
Sin embargo, recientemente arribaron -a bordo de tres helicópteros de la Policía Federal Preventiva (PFP)- miembros de la Comisión Interinstitucional para amenazar a indígenas tzeltales de la ARIC-ID con utilizar la fuerza para desalojarlos de sus comunidades, a menos que acepten la reubicación.
Los representantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo -Independiente y Democrática (ARIC-ID) en las cañadas de los ríos Negro y Perla, recordaron que el 14 de marzo del actual, Martín López Lazos, Octavio Guillén y Alejandro López Portillo, subcoordinador estatal de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario (SDA) y director de la RIBMA, en ese orden, así como otros funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Sernyp, Profepa, Semarnap y otras dependencias que integran la Comisión Interinstitucional, arribaron al ejido Candelaria a bordo de 3 aeronaves de la PFP para sostener una negociación armoniosa con los delegados comunitarios y llegar a acuerdos en torno al problema ecológico que supuestamente provocan los núcleos indígenas asentados irregularmente en la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules (RIBMA) y periferia de la Comunidad Lacandona con esta Reserva.
La amenaza
Dijeron que lejos de promover un diálogo cordial, desde el principio de las negociaciones los funcionarios trataron de imponerles la propuesta institucional de reubicación total, e incluso, al perder los estribos por su propia incapacidad de convencimiento, amenazaron con desalojarlos con elementos de la PFP si no abandonaban voluntariamente sus comunidades, empero no fijaron una fecha como ultimátum.
Como muestra de flexibilidad política para llegar a una solución aceptable con el Gobierno y de buena voluntad "para con nuestros hermanos lacandones", como medida para evitar confrontaciones intercomunitarias, revelaron, las 12 comunidades de ARIC-ID acordaron se acepte la reubicación de manera parcial o al 50 por ciento. O sea, en seis de las 12 comunidades ariqueras (Santa Elena, Jardín, Villa Las Rosas, Ocotal, El Suspiro y Guadalupe Tepeyac Ojos Azules) que se asientan en la Cañada de Río Perla y que colindan con los parajes lacandones Najá, Palestina y otros más.
Así mismo, acordaron que se regularicen las tierras que tienen en posesión las otras seis comunidades restantes: Salvador Allende, Corozal, Israel, San Gregorio, San Antonio Miramar y Buen Samaritano, ubicadas en la Cañada de Río Negro, donde sus habitantes permanecerán en los lugares originales.
Que se valore voluntad
En esa propuesta, precisaron, la ARIC-ID reclama menor extensión territorial, pues de las más de 15 mil hectáreas que actualmente tienen en posesión las 12 comunidades ubicadas dentro de la Reserva Montes Azules y en la periferia de la Comunidad Lacandona, se reduciría a 12 mil 314 hectáreas; correspondiendo 9 mil 480 hectáreas a las seis comunidades a reubicar y el resto (2 mil 843) a las comunidades a regularizar.
Destacaron que el Gobierno debe valorar la voluntad de las 12 comunidades, de llegar a una solución pacífica y tomar en cuenta que aceptan una reubicación parcial (al 50 por ciento) pese a que todas tienen antecedentes agrarios y cuentan con las correspondientes pruebas documentales, tal como actas precarias de posesión, medición topográfica y planos, entre otras, faltándoles únicamente el título de propiedad.
Derechos sobre la tierra
Como ejemplo, señalaron a la comunidad San Antonio Miramar, incluida en el aviso de deslinde de terrenos nacionales publicado el 27 de marzo de 1992 en el Diario Oficial por la Dirección de Terrenos Nacionales, dependiente de la Dirección de Procedimientos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta dependencia dice en el oficio número 451467, de fecha 13 de marzo de 1986, del expediente sin número: "se me ha autorizado para que de conformidad con lo que establece la Ley de terrenos Baldíos, nacionales y Demasías, del 30 de diciembre de 1950, proceda a efectuar el deslinde y medición del terreno de presunta propiedad nacional denominado San Antonio Miramar".
Externaron que por ser colonizadoras de estos agrestes lugares, las 12 comunidades ariqueras se han ganado "a pulso" el derecho a la tierra, pues se asentaron en la zona desde antes de la década de los 70's, en tanto que la Comunidad Lacandona fue dotada de sus tierras comunales por decreto presidencial de 1971, y posteriormente dentro de esas mismas tierras se creó el 8 de diciembre de 1977 la Reserva Montes Azules.
Como muestra un botón: En el año de 1934, una decena de familias tzeltales fundó la comunidad Salvador Allende, que hoy reclama su inamovilidad y permanencia en la Cañada de Río Negro, al igual que las otras cinco comunidades de la ARIC-ID que se localiza en la misma cañada.
Precisaron que la mayoría de las doce comunidades se conforman por más de un centenar de familias, mismas que desde hace más de treinta años iniciaron su lucha por la tierra en la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubstesel (Fuerza y Progreso en lengua tzeltal), organización que más tarde dio vida a la ARIC-ID.
Propuesta de la ARIC-ID
La propuesta de la ARIC-ID plantea que se otorguen cinco hectáreas de tierra a cada jefe de familia, tanto de las comunidades que aceptaron la reubicación, como de las que demandan la regularización, y para el desarrollo comunitario se autoricen programas de vivienda y proyectos productivos, se apoyen las labores pecuarias y de cultivos de maíz, frijol y café, y se les dote de enseres y equipos de labranza.
También solicitan infraestructura en servicios básicos (agua potable y luz), educativos y de salud, como la construcción de caminos, escuelas, clínicas comunitarias, las cuales se plantean a mediano plazo dadas las accidentadas condiciones geográficas de la zona.
"Lo que si demandamos con carácter inmediato es la tierra, el agua potable y las viviendas para nuestros compañeros que aceptaron la reubicación…porque arriesgan su destino al salir de buena fe de sus comunidades".
Al advertir que aceptan la reubicación y la regularización pero con apoyos productivos, servicios e infraestructura, los campesinos aclararon: "no queremos que el gobierno nos dé dinero, sino que realice una inversión productiva para el desarrollo y mejoramiento de las familias de nuestras comunidades".
Plan para conservar el medio ambiente
Las comunidades que optaron por la regularización ofrecen desarrollar intensivamente un plan de manejo, protección y aprovechamiento de los recursos naturales de la Selva Lacandona, y vigilar para que los forasteros no causen daños al medio ambiente. En esta zona, afirmaron, es factible la regularización de las comunidades ariqueras y la convivencia del ser humano con la naturaleza sin dañarla, como a ocurrido con este poblado y los de Amador Hernández, Calvario, San José, Acapulco, Agua Azul y Chapultepec, que también se encuentran dentro de la RIBMA y en la periferia de la Comunidad Lacandona, las que ya fueron regularizadas antes del decreto presidencial.
Qué ofrece la CI
En contrario a la disposición de las doce comunidades de la ARIC-ID por encontrar una solución justa, denunciaron que la comisión interinstitucional se cierra y mantiene inflexible su postura de reubicación forzosa o desalojo violento. "No aceptan nuestra propuesta y nos quiere dar migajas, cuando de hecho le estamos pidiendo lo mínimo…nos ofrece tan solo una hectárea por familia o 20 mil pesos para que nos vayamos a donde querramos. Nosotros le hemos respondido a la Comisión que no estamos mendingando dinero, que lo que queremos es que se respeten nuestros derechos", manifestaron.
Gobierno, principal obstáculo
Denunciaron que la postura más recalcitrante la han asumido los funcionarios de las dependencias del gobierno del Estado, como la Secretaría de Gobierno, SDA y la Secretaría de Ecología, Recursos Naturales y Pesca (SERNYP), que "obedecen al pie de la letra las órdenes del gobernador Roberto Albores de desalojarnos si no aceptamos las migajas". Acusaron al coordinador estatal de la SRA, Luis Enrique Pérez Mota, de servir más a los intereses de Albores Guillén que a los del titular de esa dependencia federal Eduardo Roblero Rincón, puesto que "no olvida su condición de cuando fue empleado agrario de Roberto Albores". Tras calificar al gobierno del Estado como "el principal obstáculo" para llegar a una solución concertada entre la Comisión Interinstitucional y la ARIC-ID, aseveraron: "la intensión del gobernador es continuar reprimiendo a los pueblos indígenas y a las organizaciones independientes".
El trasfondo
En el trasfondo del problema ambiental "creado por el gobierno" en torno a la Reserva de Montes Azules, aseguraron, existe una estrategia de contrainsurgencia, que como punto de partida promueve el desalojo de las comunidades de la ARIC-ID y de otras agrupaciones sociales, para despejar el área de organizaciones que luchan por el respeto a los derechos indígenas y así el Ejército Federal pueda instalar cuarteles donde se localizan las comunidades amenazadas.
Puntualizaron que el objetivo es que las tropas federales, que ya tienen cuarteles en los ejidos Ibarra y El Calvario, ubicados a 30 kilómetros de este poblado, y otro cercano al Ejido Amador Hernández -que el año pasado se opuso exitosamente a la construcción de una carretera proyectada por Albores Guillén - establezcan nuevas posiciones en las comunidades adheridas a las organizaciones independientes, asentadas en lo más intrincado de la Selva Lacandona a las que se llega solamente por aire o por caminos de herradura.