Venustiano Carranza, Chiapas, 26 de junio de 2000A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
ACCIÓN URGENTE
Yo, José Manuel Hernández Martínez, tengo 47 años de edad, mis padres son indígenas tzotziles, nativos y miembros de la comunidad indígena casa del pueblo, mi compañera, Rosa Pérez Coronel, vivimos en unión libre, tenemos 6 hijos y mi domicilio se encuentra ubicado en el bario de San Pedro Mártir en Venustiano Carranza, Chiapas; pero es el caso que el día 16 de junio del presente año, como a la una de la tarde, un grupo de más de 20 personas, a bordo de 4 camionetas entre guardias blancas y judiciales, encabezados por Jesús Orantes Ruiz, tomó por asalto mi domicilio con todo lujo de violencia saltaron por las bardas abriendo las puertas a patadas buscándome por todos lados para asesinarme, encañonando a mis menores hijo, a mi nuera, a mi nieto de 2 años de edad, amenazándolos contarlos a todos si decían algo, se llevaron objetivos de valor y dinero en efectivo. Quiero aclarar que pertenezco al grupo de expulsados de la casa del pueblo y desplazados al poblado La Gloria; ahí tenemos un campamento y que también está siendo hostigado constantemente por los cuerpos policiacos y por las guardias blancas al servicio de Orantes Ruiz.
ANTECEDENTES
¡¡Soy un luchador social!! Desde hace 23 años empecé a participar en la lucha de mi comunidad por la recuperación de nuestras tierras que se encontraban acaparadas por los latifundios encabezados por los Orantes y Castellanos, he sido preso en dos ocasiones, y en el 84, fui adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia. Desde los 80's hasta el momento he sufrido el hostigamiento y la persecución; es por eso que solicito acción urgente para detener la represión y el hostigamiento en la que estamos yo, mi familia y mis compañeros expulsados a causa de esta guerra sucia y de exterminio hacia los indígenas implementada por los gobiernos estatal y federal.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La comunidad se fundó en el año 1529 con el nombre de comunidad indígena San Bartolomé de los Llanos, con una superficie territorial de mil 600 caballerías, de las cuales 300 caballerías fueron donadas por La Corona española, y las 1300, fueron compradas con monedas de oro por nuestros antepasados.
Con el desarrollo de la ganadería, se formaron grandes latifundios y el caciquismo también se fue fortaleciendo y arraigándose en el poder político, y otra vez, a vivir como esclavos bajo el dominio de los ladinos en el poder, amparándose por las leyes, empezaron a repartirse las tierras, extendiendo títulos de propiedad entre ellos y despojándoles a la comunidad de casi la totalidad de las tierras, convirtiéndose los comuneros en peones acasillados en sus propias tierras.
Es, entonces que en la década de los 30's del siglo XX, dio inicio la gestoría de los comuneros ante el departamento agrario, por la restitución de los bienes comunales pero se negó ese derecho y nos cambiamos por la vía de la conformación y titulación de bienes comunales, y es en el año de 1965 en que el Gobierno de la República, decretó una resolución para la comunidad, donde sólo se le reconoce una superficie territorial de 50 mil 152 hectáreas, quedando las mejores tierras para los latifundios.
Los terratenientes no estuvieron conformes y empezaron a juntar a sus compadres, sobornándoles para desviar la lucha por la recuperación de las tierras a cambio de un crédito de ganado de alto registro, que posteriormente se murió en el cerro por estar caminando en las piedras; pero la mayoría de los comuneros no desistieron en la lucha por las tierras.
El grupo de compadres de los caciques encabezados por Bartolo Martínez Güeshte y Bartolo Mendoza Ocosingo, formaron la primera división, los "Güeshte y los pelones". En ese mismo año, es asesinado el primer comisariado José Córdoba Ayar en su propio domicilio. Sus dos pequeños hijos salieron gravemente heridos. Los responsables son los pistoleros a sueldo de los Orantes, Castellanos y Domínguez.
En 1971, es asesinado en su domicilio el asesor de la comunidad, Profr. Gaspar Díaz Reyes, también por los pistoleros a sueldo de los mismo caciques. En ese mismo año, cae asesinado otro comisariado cuando iba rumbo a la oficina de la comunidad, llamándose este Manuel Gómez Ortega.
En 1973, son asesinados René Vázquez, Tiburcio Alvarez y otros fueron asesinados y quemados sus cadáveres en la milpa; los responsables directos son el grupo que comandaba Güeshte y Gómez Mendoza, así como caciques para subir a la presidencia municipal al Dr. Jesús Domínguez Herrera y también encarcelaron al comisariado y varios compañeros perseguidos.
En 1974, la policía de seguridad pública y judiciales, atropellan a los comuneros en sus milpas, torturándolos y encarcelándolos acusados de guerrilleros.
DESAPARECIDOS
Javier Coutiño Gordillo, Bartolo Pérez Hernández y Sebastián Vázquez Mendoza, que hasta la fecha no sabemos sus paraderos. En 1974, es ejecutada la resolución presidencial, el acta de posesión, deslinde y amojonamiento a favor de la comunidad con una superficie de 42 mil hectáreas, y una expropiación de 5 mil 45 hectáreas, para la construcción de una presa hidroeléctrica de las cuales indemnizan 2 mil 545 hectáreas.
En 1975, cae en una emboscada el comisariado Bartolomé Martínez Villatoro y Guadalupe Mendoza. Los responsables, los mismo caciques y las autoridades del Gobierno. Viendo en todo esto que el gobierno nomás protege a los caciques ganaderos, y a los pobres no nos hace justicia, decidimos ser independientes de todos los organismos gubernamentales y decidimos recuperar nuestras tierras porque a pesar que los papeles estaban en nuestras manos, las tierras seguían en manos de los ricos.
En 1976,cuando estábamos recuperando nuestras tierras y despojando a los caciques, el gobierno del estado nos reprimió con el ejército mexicano y se dio un enfrentamiento, muriendo dos compañeros nuestros y más de un centenar fueron torturados y encarcelados.
En 1979, el gobierno compra dos dirigentes que habían caído presos por el ejército. Estos dos corruptos, tenían sueldo de gobierno y dividieron a la comunidad, llevándose una gran parte al lado del gobierno y el PRI. Este grupo se conoce como Los Coras.
En 1984, son masacrados nueve compañeros, entre ellos tres niños y ocho compañeros más heridos, de los cuales vieron todo y cómo quemaban los camiones de tres y ocho toneladas donde se encontraban cuatro compañeros muertos, así los responsables cenecistas encabezados por Bartolomé y Manuel Güeshte, Bartolomé Gómez Mendoza (los pelones) como responsables del grupo de asesinos; a pesar que se demostró toda su culpabilidad, el gobierno de estado, en lugar de aplicarles la ley, como premio de sus asesinatos, les compra 200 hectáreas de tierra en el distrito de San Gregorio ubicado en el municipio de Frontera Comalapa y 830 más en el predio La Herradura, ubicado en el municipio de Acala. Además, les condonó muchos millones de pesos que tenían de deudas, proporcionándoles todos los tipos de créditos que ha tenido el estado el entonces gobernador Absalón Castellanos Domínguez, no importándoles la masacre de los nueve campesinos comuneros, dando por concluido o cerrado el caso del asesinato de los nueve campesinos.
En 1989, recuperamos 3 mil 120 hectáreas de tierras que nos adeudaba la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) por resolución presidencial del 65, así como la indemnización de 2 mil 500 que adeudaba la CFE. En esta acción logramos que nos legalizaran las tierras y logramos que la CFE nos indemnizara las 2 mil 500 hectáreas con la cantidad de 4 mil 776 pesos, pero ese dinero se quedó en manos del gobierno.
En 1993, una nueva ofensiva del gobierno, a través de la presidencia municipal. Empieza a comprar a un grupo de gentes adentro de la comunidad a través de créditos y regalos se fortalecen como grupo de choque exigiendo que la comunidad se convirtiera en pequeñas propiedades; pero la mayoría de los comuneros y por acuerdo de la asamblea, se acordó seguir conservando la propiedad comunal, al no lograr su objetivo, fueron expulsados de la comunidad.
En 1994, el diputado local Eucario Orantes Ruiz y el presidente municipal priísta, une a todos los grupos divididos para formar al grupo paramilitar "Alianza San Bartolomé de los Llanos", en coordinación con las corporaciones policiacas y el financiamiento a través de la presidencia municipal para la compra de armas; su principal función es hostigar a la comunidad; 500 compañeros fueron despojados de sus parcelas y materiales de labranza así como secuestros.
En 1995, recuperamos mil 120 hectáreas de tierra para presionar al gobierno a que pague el dinero que le quedó de la indemnización de la CFE; pero la policía y paramilitares en defensa de los terratenientes, haciendo disparos en contra de nuestros compañeros, dos resultaron muertos y tres heridos; a pesar de esto, nos posesionamos de los predios.
En 1996 la policía de seguridad pública y los paramilitares pretenden tomar por asalto a la Casa del Pueblo; pero la comunidad resistió y no lograron su objetivo. Al día siguiente, se intensificó los enfrentamientos, paramilitares y policías en contra de la comunidad. La policía se retiró junto con los paramilitares, llevándose 13 compañeros presos y dejando un muerto.
En 1997, el pueblo es militarizado con patrullajes permanentes, retenes en todos los barrios y en el campo; campamentos y patrullajes en el terreno para proteger a los terratenientes para que nos robaran toda la cosecha de maíz y nos desalojaron de los predios.
En 1999, retomamos nuevamente las tierras a pesar del patrullaje de la policía y el hostigamiento de los paramilitares. El 21 de septiembre y con la misma estrategia del gobierno y los caciques, compran un numeroso grupo de comuneros y toman por asalto el poder político de la comunidad y someten a la mayoría mediante el terror y la amenaza con ser despojados de sus parcelas y viviendas a todos los que no se alínien a esa política de entrega a la política del gobierno y de la Alianza San Bartolomé de los Llanos y de los terratenientes.
Es así como 75 familias, fuimos expulsados de la comunidad despojados de nuestros trabajaderos y viviendas (viviendas y cultivos da dañados) con un monto de 4 millones 303 mil 350.
Estamos desplazados en un poblado denominado La Gloria. Hoy no tenemos territorio, estamos a la intemperie e instalamos un campamento con techo de plástico. Los niños se nos están enfermando por las lluvias y por las condiciones del campamento, los alimentos se escasean, no podemos salir a trabajar porque no tenemos a dónde. Estamos sufriendo el hostigamiento constante de la policía de seguridad pública, judiciales y pistoleros al mando de Jesús Orantes Ruiz.
Ante la necesidad de sobrevivir con nuestras familias, decidimos recuperar el predio "El Relleno" y sus fracciones; pero fuimos recibidos a balazos por la policía de seguridad pública y guardias blancas, nos retiramos a nuestros campamentos a pesar de todos los métodos de hostigamiento militar en coordinación con los grupos paramilitares y pistoleros como medidas de contrainsurgencia, el gobierno no ha podido desactivar a la comunidad y dividir los terrenos comunales; pero al ser expulsadas las 75 familias, empiezan a hacer división de los terrenos comunales en coordinación con el gobernador Roberto Albores Guillén y el sector agrario, Néstor Aguirre, René Cartajena y Luis Enrique Pérez Mota, el grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos y los caciques de la región que comanda Jesús Orantes Ruiz y el grupo priísta que se encuentra a la dirección de la comunidad Ángel y Manuel Hidalgo Espinoza, Alfredo López Núñez, Antonio Martínez (oshla), Bartolo Pérez Martínez, Mariano Pérez Hernández, Bartolo Pérez y el presidente municipal Isaías Montes de Oca Rodríguez. A todos estos los responsabilizamos de los hechos ocurridos y de los que puedan ocurrir.
El gobierno no ha querido atender nuestros problemas, queremos ser reubicados fuera de terrenos comunales para evitar más agresiones.
Esperando que nuestra petición sea considerada y se le de, la atención necesaria antes de que sucedan hechos que lamentar.
A T E N T A M E N T E José Manuel Hernández Martínez
ORGANIZACIÓN CAMPESINA EMILIANO ZAPATA (OCEZ),
REGIÓN V. CARRANZANOTA: solicitamos la colaboración grupos solidarios y personas de la sociedad civil nacional e internacional para que enviando cartas al presidente Zedillo, al gobierno del estado, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitando su intervención para que atiendan nuestras demandas.
Además solicitamos su apoyo económico para comprar viveres para el sostenimiento de las familias expulsadas.
Para donaciones tenemos la siguiente cuenta:
Número de cuenta: 5001470-6
Bancomer, Sucursal 437
San Cristóbal de Las Casas
a nombre de Ricardo Magdaleno VelazcoPara mayor información al respecto, pueden comunicarse al siguiente correo electrónico:
expulsados_carranza@hotmail.com
o la dirección:
3ª Oriente Norte #11,
Venustiano Carranza, Chiapas, México.Para Presidencia de la República
Fax:
55-15-37-17
55-15-57-29
55-16-57-62
52-71-17-64
55-15-47-83
Ernesto Zedillo Ponce de León :
webadmon@oppresidencia.gob.mxSecretaría de Gobernación
Fax:
55-66-88-08
55-16-53-50
55-16-73-80
55-47-03-21
segob@rtn.net.mxProcuraduría General de la República
Fax:
56-26-44-26
56-26-44-78
http://www.pgr.gob.mx/frames/frames.html
(en esta dirección se obtiene acceso al correo)Gobernación del Estado de Chiapas
Lic. Roberto Albores Guillén
Tel. y Fax: (9)61 209-17 o 61 124-18Comisión Nacional de Derechos Humanos
Fax:
56-31-26-33
cndh@laneta.apc.orgOrganización de Concordia y Pacificación (COCOPA)
Fax: 1-40-32-88Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Fax: 52-55-00-95
bruno.guardialini@un.org.mxCámara d Diputados
Fax: 52-08-78-63
http://www.camaradediputados.gob.mx/buzon.htmlProcuraduría de Justicia del Estado de Chiapas
Fax: (9) 61 6-53-74