Comunicado de las ONGs de San Cristóbal

ELECCIONES BAJO AMENAZA

El fortalecimiento de las estructuras  ciudadanas y la decidida
participación ciudadana en el ejercicio pleno de sus derechos políticos
dieron por resultado las elecciones más competidas de la historia de
México el 2 de julio pasado y permitieron al país dar  un gran paso
adelante en el proceso de transición a la democracia.

Las elecciones del 2 de julio.
Sin embargo, ni la transición es todavía completa, ni la pulcritud
del proceso electoral fue la  misma en todos los aspectos y en todos
los estados de la República. Si las viejas tácticas de manipulación
electoral como las urnas embarazadas, ratones locos, carruseles,
rasurados, caídas de sistema etc. casi desaparecieron del
folclor electoral, no se puede decir lo mismo de las renovadas
tácticas de compra y coacción del voto a través de la manipulación y el
condicionamiento de programas sociales como el PROGRESA y el PROCAMPO,
tácticas que, si bien se presentaron en todo el país, adquirieron
dimensiones insólitas en las zonas más marginadas, como el estado de
Chiapas. 

Más aún, en Chiapas subsistieron, junto a la compra y coacción, muchas de
las tradicionales prácticas sucias del proceso electoral, tales
como la violación al voto secreto, la inducción al voto, la presencia de
personas ajenas a las casillas rondando cerca de mamparas y urnas; las
amenazas a observadores electorales, el manejo deficiente de la
documentación electoral por parte de los funcionarios de casilla.
Asimismo, hubo irregularidades que podrían achacarse no tanto a la mala
fe como a la falta de cultura político-electoral  de los ciudadanos
y de los funcionarios electorales. En varios lugares se reportaron casos
de personas a las que no se permitió votar porque no estaban en las
listas, lo cual podría deberse no tanto a la práctica del rasurado
sino a la confusión entre casillas especiales y extraordinarias,
situación presente de manera particular en los campamentos de
desplazados.  Una novedad fue que en numerosas casillas las
credenciales de elector fueron perforadas, no en el lugar correspondiente
a las elecciones federales, sino en el de las elecciones estatales, aún
por realizarse. Es de temer que esto haya sido resultado de algo peor que
la falta de capacitación de los funcionarios de casilla, ya que la
práctica parece haber sido constante y extendida. Solamente en el
municipio de Chilón, se registraron cerca de 900 casos*. 

En cuanto a los mecanismos de compra y coacción del voto, cabe recordar
que en Chiapas fue de tal magnitud y descaro durante el proceso interno
del PRI para la selección de candidato a la presidencia, que los mismos
priístas denunciaron al gobernador interino Roberto Albores por el uso
ilegítimo de los recursos públicos. Como era de esperarse, esta situación
se agravó en el proceso electoral federal. Los programas oficiales
como  PROGRESA y PROCAMPO fueron condicionados a la filiación
política de los beneficiarios; incluso se recogieron credenciales como un
requisito para tramitar los programas. Se aplicaron multas por no
asistir a mítines del candidato del PRI y hubo amenazas de expulsión por
parte de priístas a opositores que no votaran a favor de sus
candidatos.

Situación del estado de Chiapas en vísperas de la elección de
gobernador..

Los procesos electorales del presente año en el estado de Chiapas se
dan dentro de una situación que dista mucho de ser la más adecuada para
el ejercicio del derecho al voto. Una extensa y densa militarización, la
persistencia de los grupos paramilitares y su actuar impune y la
consecuente existencia de miles de desplazados, son condiciones que
obstruyen el ejercicio de las libertades fundamentales de los ciudadanos.
La intimidación constante que resulta de verse normalmente rodeados de
personas armadas, sean de las fuerzas regulares o irregulares, crea un
clima de miedo en las comunidades que dificulta y a veces prácticamente
imposibilita la manifestación libre de las ideas y el ejercicio de la
libertad de asociación, garantías individuales sin las cuales no es
concebible el libre ejercicio de un derecho tan fundamental como es la
elección de las autoridades. Es verdad que el Ejército Mexicano ofreció -
y cumplió - retirar los retenes durante la jornada electoral del 2 de
julio para no obstruir el libre tránsito de los ciudadanos (con lo cual
implícitamente se reconoce que normalmente ese libre tránsito se
obstaculiza).  Pero ese hecho aislado difícilmente compensa una
situación permanente en la que se forjan las actitudes, los temores y
hasta los compromisos forzados de la ciudadanía.



Sobre este telón de fondo, de una situación de conflicto que no se ha
resuelto a pesar de lo que afirma la propaganda de las autoridades, hay
que ubicar la serie de acontecimientos de violencia que se han sucedido
en el presente año y que difícilmente pueden considerarse meros casos
aislados. Entre estos hechos generadores de tensión se cuentan: el avance
militar sobre comunidades de la Selva Lacandona y la amenaza de desalojo
a varias de ellas, esgrimiendo pretextos ecológicos; las emboscadas en El
Bosque en febrero y en junio y la de Chenalhó (en las cercanías de
Pantelhó) en el mes de mayo. Es necesario recordar que en las dos últimas
emboscadas, las autoridades han intentado cargar la culpabilidad sobre
indígenas zapatistas con argumentos de muy cuestionable valor jurídico,
con lo cual se ponen en evidencia las motivaciones políticas y la
previsible intención de desatar una persecución sobre comunidades
zapatistas. Más recientemente hay que contar el violento desalojo y
detención de cerca de 70 personas en San Felipe Ecatepec (Mpio. de San
Cristóbal) que protestaban por los daños que causa a su comunidad la
construcción de una carretera.  Finalmente tenemos los últimos
hechos de violencia en Yajalón que venían siendo anunciados por una
creciente situación de tensión en la Zona Norte del estado, donde opera
impunemente desde hace por lo menos 4 años el grupo paramilitar "Paz y
Justicia", que con motivo de una disputa agraria, atacó la comunidad
Tierra y Libertad, quemó sus casas y obligaron a la población a
desplazarse hacia las montañas.

Existe un patrón en los hechos de violencia en Chiapas que fue denunciado
repetidas veces por la hoy desaparecida CONAI, a saber, que la violencia
es inducida y provocada en las comunidades con fines de
control político o militar. Durante este año, numerosas organizaciones
no-gubernamentales hemos denunciado y alertado a la opinión pública que
los hechos de violencia, como los que recordamos más arriba, podrían
obedecer a una estrategia de intimidación para inhibir la participación
ciudadana en las elecciones. Las probabilidades de esta hipótesis se
mantienen al constatar que en las pasadas elecciones federales los
distritos con mayor porcentaje de abstencionismo coinciden con las
regiones en donde se ha registrado una alta intensidad de la violencia
política y son además distritos donde el PRI obtuvo una votación
favorable.

Cabe destacar que, mientras que en el resto del país el nivel de
participación de la ciudadanía fue amplio y activo, en el estado de
Chiapas el abstencionismo alcanzó un porcentaje cercano al 50%. Esto
permite además, ubicar dentro de sus reales proporciones el tan
proclamado triunfo del PRI en Chiapas el 2 de julio. Aunque es verdad que
el Partido Revolucionario Institucional obtuvo la mayoría de votos frente
a las diversas oposiciones, consideradas por separado, su votación
solamente representa cerca del 22% del electorado, debido a la alta
abstención. Es claro que esta precaria representatividad podría también
afectar en un momento dado a la alianza opositora. Esta realidad, junto
con las otras señaladas anteriormente, indica, sin lugar a dudas, que las
condiciones para un verdadero ejercicio democrático del derecho al voto
difícilmente están dadas en Chiapas. Si llega a darse un verdadero avance
democrático, será, no gracias a, sino a pesar de las condiciones
existentes en el estado. Cualquiera de los candidatos que triunfe deberá
tomar en cuenta que las elecciones son apenas un paso para la
normalización de la vida institucional de Chiapas. Las tareas pendientes
son múltiples y siguen pasando por lo establecido en la Ley para el
Diálogo y la Conciliación, ley que las actuales administraciones, federal
y estatal, han preferido ignorar por completo: a través del "diálogo y la
conciliación =85atender las causas que originaron el conflicto (iniciado el
1º. de enero de 1994) y promover soluciones consensadas". Es evidente que
esto pasa por el reconocimiento de la primera etapa de los Acuerdos de
San Andrés y la reiniciación del proceso de negociación para la paz.

Intento de manipular políticamente la religión.
Se debe reconocer que  las campañas para la gubernatura de
Chiapas en general han tenido un mejor nivel que la campaña presidencial
donde, con demasiada frecuencia, los candidatos cayeron en el insulto y
la descalificación personales. Sin embargo, los golpes bajos no
han estado del todo ausentes en Chiapas. Es necesario denunciar la
campaña recientemente desatada, utilizando el nombre de la religión
católica, contra el candidato de la Alianza por Chiapas, de reconocida
filiación evangélica. Por diversos medios han circulado a últimas fechas
volantes anónimos en que se insta a los católicos a "defender nuestra
fe"  votando por "el católico Sami David David" (sic) y no por "el
evangélico Pablo Salazar Mendiguchía". Es evidente la motivación política
más que religiosa de esta campaña (Sami David acaba de declarar
públicamente como que no profesa ninguna religión) lo cual es
especialmente grave porque intenta desatar en todo Chiapas un proceso
análogo al de San Juan Chamula, donde la religión se manipula para fines
de control político, dando por resultado uno de los cuadros más graves y
persistentes de violación sistemática de los derechos humanos. La
situación, repetidamente denunciada por organismos no-gubernamentales, es
tolerada por las autoridades estatales quienes serían las presuntas
beneficiarias de la actual campaña para lograr la insólita identificación
PRI-catolicismo. Los ministros de culto de uno y otro lado, harán bien en
no prestarse a esta burda manipulación y más bien alertar a sus
feligreses sobre la indebida manipulación de la fe para fines
políticos.

***

En cuanto al Consejo Estatal Electoral, está por verse si logra estar a
la altura del papel que jugó el IFE en las elecciones federales. Por lo
pronto, y a unos cuantos días de las elecciones, un gran número de
ciudadanos no han recibido las acreditaciones para la observación
electoral a pesar de que llenaron los formatos, asistieron a los talleres
de capacitación;  cumpliendo con todos los requisitos en tiempo y
forma. 

Frente al proceso electoral del próximo 20 de agosto, las organizaciones
abajo firmantes expresamos nuestra preocupación tanto por las
irregularidades específicamente político-electorales, como por los hechos
de violencia que se están presentado en diversas regiones del estado.
Demandamos a los órganos electorales que cumplan su tarea con ética y
profesionalismo garantizando la limpieza del proceso electoral. A las
diversas autoridades federales, estatales y municipales las exhortamos
para que, dentro de sus diversos ámbitos y atribuciones, actúen para
garantizar condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos y al
sufragio. A las autoridades encargadas de la procuración de justicia, les
exigimos que la persecución de los muy reales ilícitos que se han
registrado en el estado de Chiapas, no sea pretexto para actuaciones más
políticas que jurídicas en las que el estado de derecho resulte más
vulnerado que defendido. 

Finalmente, exhortamos a la ciudadanía a no comprometer su voto por
amenazas ni por engaños y a informarse para que su voto, libre, secreto y
razonado, sea para el candidato que responda a las necesidades del
pueblo. 

POR EL RESPETO A LOS DERECHOS POLITICOS Y CIVILES DE LOS CIUDADANOS

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 11 de Agosto de 2000


Alianza Cívica Chiapas, Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las
Casas, A.C.",  Centro de Derechos Indígenas A.C. CEDIAC,  Salud
y Desarrollo Comunitario A. C. SADEC, Comisión de Reconciliación
Comunitaria CORECO, A.C., Centro de Investigaciones Económicas y
Políticas de Acción Comunitaria, CIEPAC, Centro de Derechos Humanos "Fray
Matías de Córdoba" A.C., Centro de Derechos Humanos "Fray Pedro
Lorenzo de la Nada", Colectivo Aprendamos, Promoción de Servicios de
Salud y Educación Popular A. C. PRODUSSEP, Equipo de Apoyo en Salud y
Educación Comunitaria A. C. EAPSEC, Centro de Investigación y Acción para
la Mujer A. C. CIAM, Defensoría del Derecho a la Salud A. C. DDS, Centro
de Capacitación en Ecología y Salud CESC, Colectivo de Educación para la
Paz A. C. CEPAZ, Colectivo de Encuentro entre Mujeres A. C. COLEM, Melel
Xojobal A. C., Barrios y Colonias de San Cristóbal BACOSAN, Comité
Promotor de la Asamblea Ciudadana de los Altos de Chiapas, Organización
Social Yomlej.