Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Boletín de prensa, 5 de enero de 2001
Desalojan vendedores de artesanias de la Plaza de Santo Domingo
El día de hoy, por ordenes del Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano López Ochoa, se llevo a cabo el desalojo de vendedoras y vendedores de la plaza de Santo Domingo por miembros de la Policía Municipal con lujo de violencia.
Aproximadamente a las 8:30 a.m. se presento un gran numero de policías municipales armados de machetes, barretas, macanas y gas lacrimógeno. Sin previo aviso, ni negociación de por medio, los policías procedieron a desalojar el lugar golpeando a mujeres y niños que trataban de resistirse al desalojo.
Según testimonios de los vendedores, las autoridades municipales no les plantearon con anterioridad la posibilidad de una reubicación o que existiera la intención de las mismas de desalojarlos, por lo que no alcanzan a entender las razones que el Presidente Municipal toma en cuenta para llevar a cabo el operativo de desalojo.
En el desalojo se sabe que por lo menos 3 mujeres junto con un niño, resultaron lastimadas de sus brazos, pues fueron golpeadas con tubos y barretas al tratar de defender sus pertenencias. Los locatarios, quienes están registrados en el ayuntamiento y pagan impuesto por el lugar que ocupan para vender sus artesanías, denunciaron que los miembros de la Policía municipal que actuaron en el operativo, se llevaron mercancía, dinero y los puestos donde colocan sus productos.
Para los vendedores, el Presidente Municipal actuó de mala fe, pues mientras fue candidato les había prometido colocarlos en puestos bien construidos y en el mismo lugar, pero al tomar posesión del cargo les amenazó con la posibilidad de expulsarlos del lugar. Líderes de los vendedores, entrevistados por el CDHFBC, afirman que Mariano López Ochoa los amenazó si realizaban plantones o marchas para defender su derecho a laborar.
Este acto de desalojo afecta a más de 500 vendedores que proporcionan sustento a unas dos mil personas aproximadamente, por lo que su actual situación les genera una gran incertidumbre, pues no existe ninguna propuesta por parte de las autoridades para reubicarlos, así como tampoco se sabe quiénes serán responsables de las perdidas en dinero o mercancía ocurridas en el operativo.
Este acto de brutalidad policiaca y arbitrariedad por parte de las autoridades municipales, es una muestra de racismo y desprecio a los derechos humanos de los indígenas. Una autoridad que no se sujeta ni a las leyes, ni al servicio del pueblo no es realmente autoridad sino simple ejercicio del poder ejercido patrimonialistamente.
Por todo ello, el CDHFBC demanda:
1. A las autoridades municipales:
a) Indemnización a las personas que resultaron golpeadas por parte de miembros de Seguridad Pública.
b) Reinstalación inmediata de los vendedores para que no queden en la indefensión.
c) Restitución a los vendedores de las mercancías, dinero y puestos de los que fueron despojados durante el operativo.
d) Se den todas las garantías para que los líderes y vendedores en general, retornen a laborar con la seguridad de que no habrá represalias.
e) Informar a la opinión pública, el por qué del desalojo y las alternativas que proponen.
2. A la Subprocuraduría de Justicia Indígena y a la Contraloría General del Gobierno del Estado:
a) Que se inicien las averiguaciones correspondientes a fin de determinar la responsabilidad penal y/o administrativa en que hayan incurrido los servidores públicos que ordenaron y participaron en el desalojo.