Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Boletín de prensa, 9 de enero de 2001
Nuevas acciones violentas contra los vendedores ambulantes
El día de ayer, 8 de enero, nuevamente se registraron actos de violencia, cuando un grupo de policías municipales golpeó a vendedores de artesanías de Santo Domingo quienes se encontraban afuera del palacio municipal de San Cristóbal las Casas después de hacerse presentes en la reunión de cabildo; la policía golpeó a los manifestantes e incluso utilizó gases lacrimógenos.
El desalojo de los vendedores de artesanías ha sido motivo para que se manifieste de nuevo de manera preocupante el racismo de las autoridades municipales, de algunos medios de comunicación local y de un sector de la población coleta. Se ha llegado a decir que los indígenas están invadiendo la ciudad y se han escuchado en los medios de comunicación expresiones de horror en el sentido "de que nos puede llegar a gobernar un indio", como si los indígenas no fueran ciudadanos con plenos derechos, incluyendo el de votar y poder ser elegidos a cualquier puesto de representación popular.
Ahora resulta que los indígenas son responsables de una situación que ha sido permitida, propiciada y aprovechada durante 20 años por todos los cabildos municipales, incluyendo al presente, autoridades que cobran puntualmente el uso de suelo a los indígenas. Habría que aclarar qué derecho les asiste a las autoridades municipales para realizar dicho cobro por el uso de un espacio federal, así como el uso dado a estos y otros recursos por parte del ayuntamiento.
Según el presidente municipal, las razones que llevaron al cabildo a tomar la decisión de desalojo, fueron el supuesto monopolio de los lideres de los vendedores, la supuesta mala imagen que dan a los turistas y la venta de drogas en dicho espacio. Cada argumento en realidad intenta ocultar el racismo con el que se mira a los locatarios de dicho espacio, pues de ser cierto lo de la venta de drogas, por ejemplo, todo se resuelve con la aplicación de la ley contra aquellas personas que se dediquen a dicho comercio ilegal y las cuales, supuestamente, están identificadas.
Suponiendo que existan razones de fondo, las autoridades deberían privilegiar el diálogo por sobre el uso de la violencia, y no actuar de manera arbitraria que despoja y deja en la indefensión a más de 150 familias que dependen económicamente de sus ventas en dicho espacio.
¿Golpeándolos, robándoles su mercancía, amenazándolos y lanzando una campaña racista en su contra, es como el actual cabildo pretende resolver el problema del ambulantaje?.
Habría que recordar que las autoridades tienen la obligación especial de velar por la protección de la actividad económica de los indígenas en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por México, que en su artículo 23 establece: "La artesanía ...las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos... deberán reconocerse como factores del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos...los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y se fomenten dichas actividades".
Hacemos un llamado a la población de San Cristóbal a que considere la situación de los vendedores ambulantes que en su mayoría son indígenas, y que detenga la campaña de linchamiento que se viene gestando, tomando en cuenta que todos somos mestizos y provenimos de una misma raíz indígena, por lo que las posturas de racismo en contra de la población dañan nuestra identidad; negándola nos estamos negando a nosotros mismos.
Hacemos un llamado a las autoridades municipales para que cesen las hostilidades en contra de los vendedores ambulantes y asuman el diálogo como una forma para resolver el conflicto.
Así mismo hacemos un llamado al gobierno del estado para que intervenga ante estos hechos, promoviendo una verdadera justicia y conciliación, determinando la responsabilidad penal y/o administrativa en que hayan incurrido los servidores públicos que ordenaron y participaron en los hechos violentos.