Lunes 8 de octubre, 11 de la noche en San Cristóbal de las Casas. Un ciudadano Portugués de nombre José Alberto Alvarez Bettencourt se encontraba caminando por las calles. Al acercarse a un grupo de gente que realizaba una pega de carteles en contra de la guerra en Afganistán fue detenido arbitrariamente por la policía municipal de la ciudad y lo trasladaron a la cárcel municipal. Allí permaneció toda la noche incomunicado y sin más cargo alguno. Hasta la mañana siguiente por su condición de extranjero lo trasladaron a la delegación local del Instituto Nacional de Migración. En este lugar lo sometieron a un interrogatorio plagado de irregularidades que evidentemente vulneraron sus derechos, entre ellas las siguientes:

• No se le permitió ser asistido por un abogado
  
• No se le facilito intérprete
  
• No se le permitió tener testigos de su confianza. Oficiaron como "testigos" dos funcionarios de Migración.
  
• Fue víctima de preguntas insidiosas que buscaban implicarlo con organizaciones civiles sociales. Estas preguntas no fueron registradas en su declaración por lo que aparenta que por su propia voluntad declaró detalles personales que nada tenía que ver con su legal estancia.
  
• Fue filmado por personal presuntamente del CISEN (Centro de Investigación de la Seguridad Nacional) que no tiene incumbencias en asuntos de Migración.

Como resultado de este indebido interrogatorio, la autoridad migratoria resolvió imponerle como sanción una orden de salir del país en 10 días. José Alberto firmó aceptando la sanción.

Sin embargo, por la noche, mientras estaba caminando, agentes de del Instituto Nacional de Migración lo detuvieron arbitrariamente para trasladarlo a Tapachula sin permitirle posibilidad de avisar a algún conocido sobre lo que estaba ocurriendo. Lo que evidentemente es un secuestro y también el sufrimiento psicológico infringido puede considerarse como tortura. Toda vez que la incertidumbre que José Alberto paso durante las horas de traslado implico un tormento psicológico.

Dadas las irregularidades de las que había sido objeto, él podría pensar en la posibilidad de que le agredan físicamente o hasta que lo fueran a matar.

Una vez en Tapachula le notificaron que se le acusaba por delito de falsificación y alteración de documentos, así como se le interrogo acusatoriamente y de manera amenazante sobre su pertenencia a algún grupo subversivo o vínculos con Osama Bin Laden.

En su visado tiene una corrección realizada por el mismo agente de Migración que lo atendió en el momento de ingresar al país. Este tipo de irregularidades son recurrentes en las oficinas de esta dependencia. Con esto queremos decir que José Alberto es inocente de lo que se le acusa.
Sin embargo fue amenazado: si hacía pública su deportación y los demás abusos cometidos sobre su persona, sería consignado. A la abogada que intento asistirlo se le negó información. José fue trasladado al Distrito Federal el día miércoles.

Por otra parte, nos hemos enterado que en Portugal la prensa maneja estos hechos vinculando a José con "grupos ilegales y terroristas de México".
Este hecho forma parte de la estrategia de criminalizar a los movimientos sociales o a cualquier ciudadano que esté en contra de la guerra o de cualquier tipo de injusticia, vinculándolos al terrorismo para acallar y descalificar a cualquier voz de disidencia. Esta "alianza de los gobiernos contra el terrorismo" es un pretexto para justificar la represión y la violación a los derechos humanos.
Debemos defender y ejercer nuestros derechos a expresarnos libremente, a estar informados y a sentirnos tranquilos cuando vamos caminando por la calle.

En vista de lo antes referido, lo firmantes exigimos al estado Mexicano lo siguiente:

1. Se garantice la integridad física de José Alberto Alvarez Bettencourt
   
2. Se realice una investigación a fondo de las irregularidades con que el procedimiento migratorio se llevó a cabo.
   
3. Se sancione a los funcionarios migratorios que infligieron malos tratos a José Alberto Alvarez Bettencourt
   
4. Exigimos al Estado mexicano que no utilice los sucesos del martes 11 de septiembre como pretexto para perseguir y violar los derechos humanos de mexicanos y extranjeros que se encuentran en el territorio nacional.
   
5. Se revise y reforme el marco jurídico migratorio que permite se violen los derechos humanos de las personas.