Precisiones a la inserción pagada por el Gobierno del Estado de Chiapas, publicada en el 2 de enero del 2002, en relación a las violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo policiaco del 27 de julio del 2001 en el Ejido San José, del Municipio de Marqués de Comillas.

El pasado día 6 de diciembre del 2001, miembros del Ejido San José y el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", dimos a conocer ante la opinión pública y los medios de comunicación, un Reporte Especial del Operativo realizado por parte del Gobierno del estado el 27 de julio del año 2001, en el Ejido San José del municipio de Marqués de Comillas, Chiapas; para el rescate de seis funcionarios que fueron secuestrados en el vecino ejido de Zamora Pico de Oro el 21 de julio de ese mismo año.

Cabe recordar que la Procuraduría de Justicia del Estado coordinó este operativo policiaco del cual resultaron detenidas 69 personas y una menor de edad que iba con su madre, así como 6 menores de edad que fueron trasladados al Tribunal de Menores Villa Crisol en Tuxtla Gutiérrez.

La mayor parte de los detenidos fueron golpeados y amenazados, otros torturados y algunos de ellos presentaron fracturas en diversas partes del cuerpo, particularmente con fuertes heridas en la cabeza y en la cara. Los peritajes médicos certifican 68 lesionados. Entre estos, 3 fueron gravemente heridos, teniendo que ser hospitalizados.

Elementos de la Policía de Seguridad Pública robaron pertenencias personales de sus casas, las cuales fueron allanadas con violencia para sacar a los hombres por la fuerza. Durante la visita al lugar de los hechos, constatamos que al menos veinte casas fueron saqueadas mientras les realizaban el cateo, sin orden judicial.

Como mencionamos en el reporte sobre las violaciones a los derechos humanos, se utilizo la tortura como método para obtener información de los dirigentes del MOCRI-CNPA. Uno de los métodos de tortura utilizados fue el de ponerles bolsas de plástico en la cabeza a los detenidos para asfixiarlos, forzándolos a dar información sobre el paradero de los hermanos Jiménez Pablo, lideres del MOCRI. Además de eso, en una práctica recurrente de tortura, los policías encargados del operativo subieron a los campesinos a las camionetas de Seguridad Pública obligándolos a acostarse, produciéndoles quemaduras con la lámina caliente de las camionetas. Se les pusieron cobijas encima, lo que les impedía respirar, después pusieron a otros detenidos encima acostados igualmente, por lo que varios de ellos presentaron síntomas de asfixia.

Este Centro de Derechos Humanos cuenta con pruebas, que en su momento y con oportunidad fueron entregadas de buena fé al Gobierno del Estado.

Sin eximir de responsabilidad a las autoridades en la investigación de los delitos que se persiguen de oficio, este Centro de Derechos Humanos presentará también con oportunidad, las denuncias correspondientes tal y como fue anunciado públicamente el 6 de diciembre pasado. Dadas las diversas y múltiples violaciones a derechos humanos, así como la distancia que existe entre el ejido San José de una agencia del Ministerio Público, aún se está en proceso de preparación de las denuncias legales.

Sin menospreciar la gravedad del delito de secuestro, este Centro de Derechos Humanos rechaza categóricamente la violación a derechos humanos so pretexto de hacer valer el Estado de Derecho.

Este Centro de Derechos Humanos desconoce si le fue entregada una cantidad al Lic. Miguel Angel de Los Santos y en razón de qué le fue entregada. Lo que sí sostiene es que la perdida cuantificable por los daños, entregada en una relación al Gobierno del Estado en el mes de noviembre, asciende a 423,000 pesos y no a 48,490 pesos.

El Centro de Derechos Humanos aún espera una respuesta del Gobierno del Estado en torno a la reparación integral de los daños ocasionados por las violaciones a derechos humanos ocurridas el 27 de julio del 2001, en el ejido San José en el municipio de Marqués de Comillas.

Este Centro de Derechos Humanos no ha recibido ningún requerimiento oficial para presentarse ante ninguna autoridad judicial o administrativa. Sin embargo reitera su disposición para dirimir estos hechos de manera institucional, por vía judicial.

El Centro de Derechos Humanos sigue esperando que el gobernador del Estado exponga públicamente su plan para la reforma integral del sistema de procuración y administración de justicia, y sobre su política de derechos humanos.

El compromiso del Gobierno del Estado por la vigencia de los derechos humanos debe considerar que estos son cometidos también por omisión, particularmente cuando cuenta con un aparato de justicia acostumbrado a ellas.

El compromiso del Gobierno del Estado por la vigencia de los derechos humanos debe comenzar por el reconocimiento de las causas que permiten la persistencia de violaciones a derechos humanos para poder entonces aplicar las políticas correctivas propias de un Gobierno que aspira a la democracia.

La negación a priori de la existencia de estas violaciones a derechos humanos solo beneficiarán a los torturadores, fomentando la impunidad, el abuso de poder y debilitando el Estado de Derecho al que aspiramos.

Todos y cada uno de los miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas han colaborado, y seguirán colaborando, para que haya justicia en el caso del Ejido San José y en cualquier acción del Gobierno del Estado que esté encaminada a la vigencia y promoción de todos los derechos humanos. El Gobierno y la Sociedad podrán estar seguros de ello.