A la opinión pública
A las víctimas del Ejido Barrio San José
Al gobernador del estado de Chiapas.
A los ex-miembros de organizaciones sociales y
Organismos no gubernamentales que trabajan en el gobierno.

1. El pasado día 14 de marzo del presente año, el gobernador del estado Pablo Salazar Mendiguchía, se refirió nuevamente a los hechos ocurridos en Marqués de Comillas. En sus declaraciones aventureras y dolosas, el gobernador insinúa que recibí dinero del gobierno en nombre de los afectados y que ese dinero pudo no haber llegado a las victimas. El gobernador dijo textualmente las siguientes palabras que fueron reproducidas en las radiodifusoras del mismo gobierno: Nosotros denunciamos que en el caso de Marques de Comillas le entregamos un dinero a Miguel de los Santos, un dinero que el pidió para resarcir algunos pequeños daños a la comunidad. No sabemos si ese dinero llego a los afectados. Pregúntenselo ustedes a Miguel de los Santos.
   
2. Tales declaraciones se producen en un contexto en que los periodistas le cuestionan sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas. El gobernador para omitir respuestas que no tiene dirigió sus comentarios a difamarme en la forma que lo hizo.
   
3. Como ya lo he mencionado antes, es cierto que, a petición de once familias de la comunidad Ejido Barrio San José, recibí la cantidad de $48, 490.00 para cubrir el daño y robo de pertenencias causados por policías del estado. La cantidad mencionada me fue entregada por Porfirio Encinos, titular de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indios, de quien hubiera esperado una honesta aclaración ante el gobernador. Porfirio acudió a la oficina de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, y allí se entrevisto con el representante de las victimas, quien le entrego una relación de personas y de objetos que les fueron dañados o robados. Esta relación la tiene el gobierno del Estado. En esta misma reunión se convino la forma de pago (en cheque), y también que yo lo recibiría. Porfirio acepto. Esto deja en claro que yo no pedí ningún dinero al gobierno como lo afirma el gobernador.
   
4. Unos días después acudí, acompañado de testigos, a la oficina de SEAPI para recibir el cheque. Ante testigos cobré el cheque y lo entregué al representante de las victimas. Eso prueba que no me apropie de ningún dinero, como desearía el gobernador.
   
5. Esperaría también que el gobernador exhiba públicamente la relación de personas y objetos dañados o robados que le fue entregada. También le pediría que acudiera a la comunidad y hablara con las victimas sobre el dinero, que por lo demás, estas no están expresando inconformidad alguna.
   
6. Como es ampliamente conocido, el gobernador suele reaccionar con enojo a los cuestionamientos sobre la situación de los derechos humanos; y ese es el fondo de las acusaciones en mi contra. He sido de los primeros en señalar las violaciones a los derechos humanos cometidas por este gobierno y no lo he hecho sin sustento. En la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, contamos con pruebas documentales y videográficas que muestran la impotencia, la frustración y el enojo de indígenas y campesinos por haber confiado en un gobierno diferente que les trata del mismo modo que sus antecesores, que sigue violando sus derechos humanos. Las declaraciones del gobierno y los espacios pagados en diarios y en televisión, no han podido desvirtuar los testimonios e imágenes de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante esta administración.
   
7. Negar las violaciones a los derechos humanos y difamar a quienes los denuncian no resuelve el problema; si el gobernador verdaderamente tiene voluntad de respetar los derechos humanos, lo exhorto a debatir públicamente con los organismos no gubernamentales la situación, la política y las leyes en materia de derechos humanos en Chiapas. En un debate franco y abierto deben discutirse temas de procuración de justicia, presos injustamente detenidos, la política de reconciliación comunitaria, la marginación en las comunidades indígenas y los efectos del Plan Puebla Panamá en las comunidades, para mencionar algunos temas.
   
8. Cuando el gobierno de Pablo Salazar dé muestras concretas de cambio y respeto por los derechos humanos, entonces recibirá mi reconocimiento, mientras tanto, mi deber y el deber de quienes defienden los derechos humanos, es denunciar y defender los mismos.

Atentamente