Adjunto va la tercera aclaración al Gobernador de Chiapas. Gracias a todos y todas por sus mensajes. El gobernador dispone de periódicos, radio y televisión para propalar infundios, yo sólo tengo la solidaridad de ustedes y de periodistas críticos y honestos.

saludos

Miguel angel

A la Opinión Pública
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A los organismos no gubernamentales que trabajan por los
Derechos Humanos
A la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
A los ex miembros de organismos no gubernamentales y
Organizaciones sociales que trabajan para el gobierno
Al gobernador de Chiapas

1. El gobernador de Chiapas continúa con sus calumnias en mi contra. Sus declaraciones suben de tono y reflejan un interés por agredir directamente. Con sus declaraciones, el gobernador busca también estimular divisiones entre los organismos no gubernamentales que han asumido una posición crítica a su gobierno.
   
2. El día 14 de marzo del presente año, dijo que a) el que escribe le presentó presos zapatistas que no lo eran para ser liberados; b) que yo hacia negocio con ello, c) también dijo que yo había pedido dinero en nombre de las victimas de Marqués de Comillas y, d) que me había quedado con ese dinero (Ver primera y segunda aclaración). Una vez que hice las aclaraciones pertinentes y que desvirtué sus acusaciones, ahora, el día 20 de marzo se reprodujeron en diversos medios de comunicación nuevas declaraciones dolosas del gobernador. Dijo textualmente "él sabe perfectamente bien, por si hace falta se lo recuerdo, díganle de los honorarios simbólicos que pidió en Washington por defender a zapatistas. La nada despreciable cantidad de 800 mil pesos".
   
3. Primero, tengo que aclarar que no he estado en Washington desde hace cuatro años; segundo, déjenme aclararles de qué habla el gobernador: El 7 de enero de 1994 miembros del Ejercito Mexicano torturaron y ejecutaron a tres indígenas Tzeltales, bases de apoyo del EZLN, en el Ejido Morelia, municipio de Altamirano.
   
4. Desde entonces, las victimas y sus representantes legales, entre ellos el que escribe, han clamado justicia. Ante la falta de justicia en Chiapas y México el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede esta en Washington, para demandar al Estado Mexicano. Después de varios años de litigio ganamos el caso, le ganamos al Estado Mexicano y conseguimos que la CIDH lo condenara por violar el derecho a la vida de tres indígenas. La CIDH recomendó que se designara un fiscal especial para investigar el caso, que se castigue a los responsables y que se reparen los daños. La reparación de daños abarca, entre otros rubros, los gastos que los familiares de las victimas han realizado desde el 7 de enero de 1994 para conseguir justicia y los honorarios de los abogados y abogadas involucradas en el caso. Estamos hablando de tres profesionales de organismos no gubernamentales que participaron en el caso. Si usted, lector, divide ochocientos mil pesos entre tres profesionales, obtiene $266,666.67, divide esta cantidad entre los ocho años de litigio, obtiene $33,333.33 por año, si divide esta cantidad entre 12 meses, obtiene $2,777.77 mensuales por profesional. Son honorarios simbólicos porque la cantidad es mínima y porque ninguno de los representantes legales ha pensado tomar un peso de ese monto.
   
5. El gobernador no lo tiene que saber, porque no es abogado ni le importan los derechos humanos, pero cuando se consuman violaciones graves a los derechos humanos, como fue la ejecución extrajudicial de los tres indígenas Tzeltales del Ejido Morelia, la reparación de los daños es parte inherente de la justicia. En este caso, fue la CIDH, cuya sede esta en Washington, quien recomendó entre otras cosas la reparación de los daños.
   
6. Aun no siendo abogado, el gobernador debería tener ética. Yo soy abogado y tanto la ética profesional como el procedimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos me impiden hacer pública una negociación que estamos llevando a cabo. Sin embargo y en mi propia defensa, afirmo que le estamos reclamando al Estado mexicano la cantidad de $2, 225,000.00 por haber VIOLADO EL DERECHO A LA VIDAD DE TRES SERES HUMANOS, quienes dejaron esposas e hijos y a quienes no se les ha hecho justicia después de OCHO AÑOS (es muy posible que el gobernador de Chiapas haya pagado esta cantidad a alguna televisora para su promoción pero la regatea cuando de hacer justicia se trata). Cuanto voy a recibir de este dinero? NI UN SOLO PESO. Igual que no recibí un peso cuando el actual gobierno indemnizó a los indígenas de Marques de Comillas, igual que no recibí ni un solo peso cuando el ex gobernador Albores Guillén entrego dinero a los familiares de Reyes Penagos, torturado y ejecutado por policías judiciales del Estado (hoy cobijados con la impunidad del "Gobierno de la Esperanza").
   
7. Aún más, tengo que decirles que no fui yo quien presentó ante la CIDH la propuesta de reparación de daños, como se desprende de la siguiente cita del documento: "La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (en adelante "CMDPDH") y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante "CEJIL"), en su calidad de peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la CIDH o la Comisión"), presentan a continuación la siguiente propuesta de reparación del daño a la que hace alusión el Informe 48/97,"Ejido Morelia", México". Esto deja claro que YO NO HE PEDIDO NINGUN DINERO.
   
8. Donde va a encontrar las pruebas para desacreditarme el abogado Pablo Salazar? No las va a encontrar porque no las hay. Que sigue? De que se trata?
   
9. El asunto de fondo es diferente. Es asunto de derechos humanos. El gobernador esta en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden. Le estorban, como a todo gobierno autoritario. Si usted, lector, cree que es un problema solo mío, se equivoca. Es un problema en contra de toda persona que defiende los derechos humanos. Con sus declaraciones en mi contra, el gobernador está implicando que los defensores de derechos humanos lucramos con las victimas y está deslegitimando nuestro trabajo.
   
10. Este es un gobierno que no tolera cuestionamientos sobre los derechos humanos, que camuflajea abiertas violaciones a los derechos humanos como "fuerza necesaria" o "exceso de fuerza", que gasta millones de pesos en espacios pagados en periódicos y televisión para promover una imagen diferente a la realidad, que promueve violaciones a los derechos humanos repartiendo impunidad, que es capaz de atentar contra quienes le estorban y cínicamente decir que fue un autoatentado, es un gobierno que SE ESTA QUEDANDO SOLO de tantas confrontaciones.
    
11. Finalmente, puesto que yo solo tengo por actividad la defensa de los derechos humanos y el Gobernador sistemáticamente me ataca con sus calumnias, considero en riesgo mi integridad física y la de mi familia, por tanto recurriré a los organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos para protegerme y para defender mis derechos.

Atentamente

Miguel Angel de los Santos Cruz