México, Distrito Federal a, 26 de marzo de 2002.

A LA MESA DE REDACCIÓN
A LOS REPORTEROS DE LA FUENTE

La CMDPDH expresan su consternación por las últimas declaraciones emitidas por parte del gobernador de Chiapas en torno al abogado Miguel Ángel de los Santos y los miembros de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos

A partir de que el día 13 del presente organizaciones civiles y sociales se pronunciaran en torno a la liberación de simpatizantes zapatistas en el Estado de Chiapas. El gobernador del Estado ha emitido declaraciones descalificando seriamente la labor de organizaciones no gubernamentales, como la de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), específicamente Miguel Ángel de los Santos Cruz y Abelardo Méndez Arcos, estableciendo que dichas personas buscan lucrar con su trabajo en la defensa a favor de los derechos humanos de las comunidades chiapanecas.

La respuesta del gobierno estatal ha sido desmedida ya que en diversas ocasiones se ha expuesto públicamente los montos de la propuesta de reparación del daño, situación que es grave y preocupante por poner en riesgo a los profesionales que participan en la defensa del caso, y desacreditar a la comunidad de defensoras y defensores del caso.

Ante esta grave situación hemos recurrido nuevamente ante la CIDH para pedir medidas cautelares a favor de los defensores comunitarios y el propio Miguel Ángel de los Santos, la cual esta siendo atendida por la recién creada Unidad de Atención para Defensores de Derechos Humanos de la CIDH.

Por otra parte, la propuesta de reparación del daño se dio como uno de los puntos que contiene la recomendación 48/97 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la ejecución de tres indígenas tzeltales ocurrida en 1994. El monto económico y las condiciones de la reparación debe acordarse entre las víctimas, los peticionarios, el Estado y la CIDH, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, como son los diferentes criterios establecidos en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por lo que en ningún momento el monto que se le retribuya a quienes han trabajado en la defensa del caso puede considerarse como una labor de lucro.

A pesar de la buena voluntad mostrada por la presente administración federal al abrir el caso y comprometerse en el cumplimiento de todas las resoluciones emitidas por la CIDH; las acciones y declaraciones llevadas a cabo por el gobierno del Estado de Chiapas ponen en entredicho este compromiso, pues contribuyen al incremento del clima de hostigamiento y violencia que viven los defensores en el Estado de Chiapas.

Por todo lo anterior, instamos al Gobierno Federal y del Estado de Chiapas, para que cese el hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos y realice acciones tendientes a proteger a los afectados, además de establecer una reunión de trabajo donde se permita aclarar todas las imputaciones, a efecto de fortalecer un clima de distensión en la zona.