San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 25 de junio de 2002

Las organizaciones civiles abajo firmantes hemos seguido con preocupación los acontecimientos y posiciones del sector público y privado en torno a la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RBMA). El problema no puede aislarse del contexto geopolítico y la lucha por el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. El conflicto en la RBMA es un ejemplo de la necesidad del gobierno federal por construir condiciones sociales y políticas para la implementación del Plan Puebla Panamá.

No somos ajenos a los legítimos intereses ecológicos para preservar esta importante región del país; tampoco desconocemos la existencia de intereses económicos, simulados con interés científico para explotar los recursos naturales dentro de la Biosfera, minerales, hidrocarburos, genéticos e hidrológicos. No es ningún secreto la existencia de intereses de Pulsar, el saqueo de Conservación Internacional o los intentos como el proyecto ICBG-Maya, ahora cancelado.

La postura del gobierno federal y estatal de urgir el desalojo de comunidades indígenas asentadas dentro de la RBMA, bajo el pretexto de implementar políticas ecológicas, desconoce las razones estructurales que han llevado a cientos de familias a encontrar una alternativa de vida dentro de la RBMA, desconoce la interrelación entre la población indígena y su entorno ecológico, así como su derecho a decidir sobre su territorio y tomar en sus manos la problemática ecológica.

El gobierno federal minimiza el conflicto aún vigente con el EZLN y con él sus causas. Se prepara para disuadir o en su caso enfrentar las resistencias a los desalojos con la presencia de la policía y el ejército mexicano. Tampoco podemos pasar por alto el programa Fronteras del Sur, que sólo beneficia a la política fronteriza de Estados Unidos, el cual bajo el pretexto de detener la migración y el tráfico de drogas, ha favorecido una creciente presencia militar y policial. En cualquier caso, refuerza la posibilidad de la reanudación de las hostilidades bélicas.

El gobierno del estado por su parte, impulsa negociaciones por separado con algunas de las comunidades afectadas, particularmente las afiliadas a la ARIC-Independiente, ofreciendo reubicación en terrenos que de facto están tomados por el EZLN, lo que complejiza esta problemática. Estas medidas no dan respuesta a las demandas indígenas en su conjunto y refuerza la actitud discriminatoria del Estado.

El gobierno estatal con su doble discurso, explora los límites de su legitimidad frente al movimiento armado, apostando a la inacción del EZLN frente a sus acciones de "desarrollo". Pablo Salazar no puede pasar por alto que en el fondo de los conflictos que han surgido de manera reciente, particularmente en el municipio de Ocosingo entre bases zapatistas y organizaciones sociales, se encuentra la implementación de proyectos productivos con dinero del gobierno estatal y federal, que está siendo leída por el EZLN como continuidad de la estrategia constrainsurgente.

Las organizaciones y comunidades que habitan la zona, y que están directamente involucradas, no comparten el mismo punto de vista. Al menos son tres los actores indígenas involucrados de manera relevante:

1. Los lacandones que de manera intolerante y excluyente, pretenden mantener los privilegios de posesión de una basta región selvática, concedidos por el gobierno federal en los años 70, sin considerar que al solicitar el desalojo de sus vecinos, favorecen intereses contrarios a los de los Pueblos Indígenas, y que incluso afectan a su propia comunidad.
   
2. Las organizaciones campesinas que con la promesa de apoyos productivos han entrado en un proceso de negociación con el gobierno estatal y federal, respondiendo a su identidad de organizaciones sociales y no como Pueblos Indígenas. Esto es aprovechado por los gobiernos para profundizar la división en la zona.
   
3. El EZLN mantiene una posición de rechazo a la reubicación, lo que los distancia de las otras organizaciones de la zona distintas a su movimiento, que en otras regiones a generado la confrontación entre organizaciones y zapatistas, mismas que pueden llegar a reproducirse en la zona. Somos testigos de la polarización de las posturas que afectan la cohesión del proyecto autonómico de los Pueblos Indígenas.

Debido a estas condiciones demandamos:

1. A los tres poderes de la Unión, la urgente necesidad y el reclamo legítimo, del reconocimiento al derecho de libre autodeterminación de los Pueblos Indígenas, como una de las salidas a la situación de pobreza y marginación, producto de una situación ancestral de discriminación estructural.
   
2. El gobierno federal debe otorgar la seguridad jurídica a los Pueblos Indígenas en base al respeto a su territorio de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los Acuerdos de San Andrés, que le son obligatorios.
   
3. El gobierno federal debe aceptar que las comunidades indígenas de los Pueblos que viven en la RBMA, se conviertan en protectores honoríficos y permanentes de la biodiversidad de la zona.
   
4. Rechazamos el Plan Puebla Panamá por atentar contra la soberanía nacional, la identidad de los Pueblos Indígenas y la preservación de nuestros saberes y recursos naturales.

Hacemos un llamado a las comunidades, municipios y organizaciones de Chiapas:

1. A ejercer su derecho a decidir voluntariamente, sin presiones políticas ni clientelares, entre su reubicación o su permanencia en la zona.
   
2. A evitar las posiciones y acciones políticas que se realizan fuera del marco de la demanda indígena de libre determinación, que ayudan a polarizar aún más el conflicto, y que se evite utilizar el problema de la RBMA para justificar confrontaciones.
   
3. A privilegiar proyectos y acuerdos que fortalezcan las condiciones políticas para la consolidación del proyecto autonómico de los Pueblos, como salida a la marginación y discriminación histórica y como única defensa a los peligros del Plan Puebla Panamá, que se concreta en problemas como el de la RBMA.