San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de ENE del 2003

Detienen ilegalmente por 17 horas entre los días 14 y 15 de enero al señor Juan Jiménez Hernández, luego que denunciara el intento de apropiación ilícita, por parte de caciques de San Juan Chamula, de pozos comunales.

El día 13 de enero, el Sr. Juan Jiménez y representantes de los parajes de Tres Cruces, Tzajaltetik y Bautista Chico, en el municipio de San Juan Chamula, denunciaron que 16 personas, pertenecientes a las familias de caciques del municipio, iniciaron actos ilegales para la construcción de una "olla" de extracción de agua.

Históricamente los pozos han sido de uso colectivo de los vecinos; algo que el señor Juan Jiménez, quien ostenta la posesión, ha permitido e incentivado al declarar públicamente su consentimiento, dado que es una acción tradicional y el lugar es considerado parte del patrimonio histórico y lugar sagrado de la comunidad.

En la denuncia que se realizó contra los caciques Manuel López Sotot, Domingo López Heredia, Agustín López Heredia, Mateo López Hernández, Salvador López Tuxum, Siro Patishtán López, Agustín Patishtán López, Romeo Patishtán López, Lorenzo Patishtán Patishtán, Manuel Heredia de la Cruz, Santo Heredia Mocojol, Andrés Heredia de la Cruz, Agustín López López, Mariano López López, Pascual Gómez Heredia, y Pascual Hernández Hernández se solicitaba el cese de las acciones ilegales de apropiación y la intervención de las autoridades pertinentes para garantizar la integridad y seguridad física del propietario y vecinos del lugar entre otras cosas.

Cabe destacar que el presidente municipal constitucional, José Gómez Gómez, ya había recibido una notificación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de intensificar las medidas cautelares de protección al señor Juan Jiménez, así como de suspender las obras.

El 14 de enero constatamos que la petición de seguridad y justicia recibe como respuesta la arbitrariedad y la impunidad de los caciques y autoridades municipales al ser detenido a las 16:00 hrs. el señor Juan Jiménez, sin razón alguna más allá de su oposición a permitir que un grupo pequeño capitalice el patrimonio de 3 comunidades.

Durante la detención de Juan jiménez, el señor Santo Heredia Mocojol, mencionado anteriormente, solicitaba que se le castigara por mantener su posición, mientras que el señor Manuel López Méndez pedía que se le multara y golpeara, según testimonios obtenidos. Gracias a la presión de habitantes del lugar y demandas ante la CEDH y la SEPI se obtuvo su liberación a las 9:00 hrs. del día siguiente, sin que ninguno de los implicados en estos delitos haya sido detenido y cuando ya se llevo a cabo el inicio de la destrucción del pozo y las acciones de extracción ilegal de agua se siguen realizando.

Ante esta situación y el temor de los habitantes a represalias solicitamos el apoyo de la sociedad civil, instituciones pertinentes y autoridades estatales para lo siguiente:

1. Reiteramos la petición de que se respeten las medidas cautelares para garantizar la integridad y seguridad física de los vecinos de las comunidades de Tres Cruces, Tzajaltetik, Bautista Chico y de los propietarios que buscan el acceso, que por derecho les corresponde a sus terrenos y a los pozos;

2. Reiteramos la demanda de que se proceda a frenar esta apropiación ilegal por parte de los caciques y/o autoridades municipales, y que se reparen los pozos destruidos ya que son patrimonio histórico de las comunidades del municipio.

3. Reiteramos la petición de que se presenten alternativas para la construcción de la olla de agua en otros terrenos, consultando a la población e indemnizando debidamente a los propietarios.

4. Reiteramos la demanda de que se proceda conforme a derecho contra las personas y/o autoridades involucradas en el intento apropiación ilegal de los terrenos y de los pozos y que se repare el daño causado; además, demandamos que se proceda contra todos los involucrados en la detención ilegal de Juan Jiménez Hernández.

5. Reiteramos la demanda de que se proceda a terminar el sistema de impunidad y arbitrariedad, que justificado como "usos y costumbres", las autoridades municipales y caciques utilizan para realizar actos que violan los derechos fundamentales de toda persona humana y los derechos colectivos de las comunidades de este municipio.