El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ante los hechos suscitados en el Municipio de San Juan Chamula expresa su profunda preocupación e indignación por las muertes y eventos ocurridos los días 26 y 28 de enero del 2003. Y manifiesta a la opinión pública:

El día 26 de enero de este año, entre las 19:00 y 20:00 hrs, en la localidad Tres Cruces, murieron en una emboscada Agustín López Heredia y Romeo López Patishtán, quienes de manera apresurada, antes de las 22:00 hrs del mismo día, fueron sepultados en la cabecera municipal. Tres personas más, uno ileso y dos heridos, declararon que fueron emboscados y que no pudieron identificar a los agresores.

Al día siguiente, en un documento público, firmado por los familiares de los occisos y autoridades de la comunidad, todos ellos tradicionalistas, de militancia priísta y afines a las autoridades municipales de San Juan Chamula, emitieron una amenaza: "si continúan las deficiencias de nuestros funcionarios públicos, el pueblo estará obligado a utilizar la ley del talión, y sería, lamentablemente, el segundo caso de Acteal". Por esta razón, este Centro de Derechos Humanos manifiesta que la amenaza es altamente preocupante por el contexto de impunidad que se vive en el Municipio.

El día 28 de enero, aproximadamente a las 6:00 horas, se realizó un operativo policíaco, implementado por la Procuraduría de Justicia del Estado en el que intervino directamente el Subprocurador de Justicia Indígena, Lic. Isidro Entzín, y más de 100 elementos policíacos que tuvo como resultado la muerte de 5 personas y 6 más resultaron heridas. Dicho operativo violó los Principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por el uso desproporcionado de la fuerza.

Según testimonios recabados por este Centro, también participaron mayoles (policías municipales) encapuchados, vestidos de civil al igual que algunos elementos de la policía Sectorial y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iban armados. En declaraciones difundidas a los medios, el Procurador General del Estado, MARIANO HERRAN SALVATTI, informó que el operativo era para ejecutar una orden de localización y de presentación en contra de CANDELARIO Y PASCUAL HEREDIA HERNÁNDEZ.

En el operativo se allanaron casas, hubo robo de pertenencias y se detuvieron a 5 personas entre las cuales se encuentran: Mariano HEREDIA MOCOJOL, Pascual HEREDIA HERNÁNDEZ, Ramón PATISTAN GONZALEZ menor de edad, todos ellos familiares de Candelario HEREDIA HERNÁNDEZ, además de Enrique HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y Sacario HERNÁNDEZ. Según los testimonios de los propios detenidos, en el momento de la detención se encontraban en sus domicilios de donde fueron sacados a golpes y vendados de los ojos; aseguran que no estaban armados y que fueron trasladados en camionetas blancas a un lugar desconocido en donde permanecieron incomunicados durante doce horas. Los detenidos refieren que en algún momento del traslado les untaron pólvora en las manos. Estos testimonios hablan de una probable fabricación de delitos, en la que participarían elementos de la policía estatal.

Los testimonios de los habitantes de Tres Cruces también sostienen que los cuerpos policíacos y los civiles encapuchados iban armados e iniciaron los disparos, hiriendo de bala a varias personas, incluyendo a la madre de Candelario, de 70 años de edad, y Gregorio Heredia Hernández, de 20 años de edad, hermano de Candelario, quien resultó muerto por shock hipovolémico, sangrado masivo y lesión de órganos vitales según el Acta de defunción.

Los señores Candelario y Pascual HERNÁNDEZ HEREDIA, de religión católica vinculados a la Diócesis de San Cristóbal, se han destacado en el Municipio de San Juan Chamula por su tarea en la promoción y defensa de las libertades y los derechos humanos, y por ese motivo han sido acusados de diversos delitos por distintas autoridades del municipio, sin que a la fecha se hayan probado fehacientemente las imputaciones efectuadas. Candelario Heredia Hernández y sus padres, así como el hoy occiso Gregorio Heredia Hernández, son ofendidos en la causa penal 238/99, en la que el juez de la causa giró desde 1999, diez órdenes de aprehensión, existiendo también órdenes de comparecencia ya prescritas, en el expediente penal 237/99 para las mismas personas, todas de filiación priísta y reconocidos como caciques de Tres Cruces.

Por la inejecución de las órdenes de aprehensión existe la recomendación CEDH/SCR/0091/05/2000 sustentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigida a la Procuraduría de Justicia del Estado, la cual fue rechazada por el propio Procurador. La Agencia Estatal de Investigaciones y funcionarios de la PGJE, han sostenido la imposibilidad de ejecutar dichas órdenes de aprehensión porque "ello altera la paz social del municipio". Nueve órdenes de comparecencia y de aprehensión a éstas personas están guardadas para el archivo de la impunidad.

No obstante, ante los últimos acontecimientos, los presuntos indiciados que han denunciado los abusos de caciques y autoridades municipales durante cuatro años, hoy reciben por parte de las entidades de gobierno acciones y señalamientos apresurados, que pone en peligro su integridad física.

Por los hechos expuestos, este Centro de Derechos Humanos demanda:

• Una acción efectiva del Estado Mexicano que garantice la imparcialidad en la investigación de los hechos por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia.
  
• Que se investigue y aclare la actuación de funcionarios de la Procuraduría de Justicia Estatal y de las autoridades municipales por las violaciones de derechos humanos en que incurrieron. La denegación de justicia es una violación continuada y grave en un estado que se dice democrático.
  
• Que se informe a la opinión pública por parte de las autoridades competentes de las acciones emprendidas sobre el desarrollo de las investigaciones en torno a los grupos civiles armados y paramilitares en el municipio y en la Entidad.
  
• Que se castigue a los responsables de los hechos y de las muertes ocurridas.
  
• Que se investigue y se proceda contra los autores de la fabricación de cargos en estos sucesos;
  
• Que se libere a los detenidos, quienes hasta ayer estaban en calidad de presentados;
  
• Proveer las medidas necesarias para garantizar la integridad física de Candelario Heredia Hernández; de los cinco detenidos y de los promotores y defensores de los DDHH, así como de los habitantes de Tres Cruces.
  
• La participación activa de los legisladores federales y estatales para garantizar un verdadero estado de derecho en el Municipio de San Juan Chamula donde sean respetadas las libertades fundamentales.
  
• Hacemos un llamamiento a los organismos civiles y de derechos humanos para pronunciarse por el respeto al trabajo de los defensores de las libertades y derechos humanos en el Municipio de San Juan Chamula.