El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" recibió la denuncia de habitantes de la comunidad Nuevo San Isidro asentada en Montes Azules sobre la reunión que sostuvieron las autoridades de las comunidades 13 de septiembre, San Andrés, Loma Bonita, Flor de Café, Cacauatlán y Bella Ilusión, donde discutieron la situación en la que se encuentra la Reserva de la Biosfera Montes Azules, acordando tomar mediadas conjuntas para desalojar a los habitantes de las comunidades de San Isidro y Nuevo San Rafael asentadas en la REBIMA, es importante señalar que estas operaciones serán apoyadas por miembros de las comunidades Frontera Corozal, Nueva Palestina y San Javier.

Nos preocupa que se propicie el enfrentamiento entre comunidades indígenas ante la ineficacia de las políticas públicas de autoridades tanto federales, estatales, SEMARNAT y PROFEPA para resolver las legitimas demandas de las comunidades indígenas ahí asentadas. Una vez más el gobierno mexicano se niega a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT que el Estado Mexicano ratificó hace más de diez años.

Este Centro de Derechos Humanos ha seguido el proceso de hostigamiento y amenazas a las que han estado sometidas cerca de 50 familias que viven en las comunidades de San Isidro y Nuevo San Rafael. Así mismo señalamos en su momento los constantes desplazamientos forzados que han sufrido los choles de la comunidad "Lucio Cabañas"; con quienes a finales del año 2002 los funcionarios públicos de la propia SEMARNAP se comprometieron, a cambio del abandono de sus tierras, a adquirir un predio con tierras de buena calidad y a razón de 20 hectáreas por familia; sin embargo, luego de más de cinco meses de una serie de sucesivos engaños, las familias se percatan de la falta de voluntad política de las autoridades federales ambientales, que se niegan a cumplir lo acordado.

Este CDHFBC hace un llamado a las partes a privilegiar el diálogo, para conseguir una solución concertada del problema.

De igual forma pide a las autoridades apegarse a los preceptos del Convenio 169 de la OIT en referencia a la consulta integral y previa, y el otorgamiento del consentimiento de las comunidades implicadas, así como reconocer el derecho de libre autodeterminación y autogestión, a partir de sus propios valores y procesos, respetando la voz de los pueblos indígenas de Chiapas, expresadas en Los Acuerdos de San Andrés.