San Cristóbal de las Casas, 20 de agosto de 1999.

A los medios de comunicación y a la sociedad civil mexicana e internacional

Como miembros del campamento civil por la paz, considerando los hechos descritos anteriormente, y sus repercusiones políticas, hacemos los siguientes pronunciamientos:

1. Repudiamos la ocupación militar que realiza el Ejército Federal en la comunidad de Amador Hernández por su carácter anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos y las garantías individuales, que atenta contra la integridad, cohesión social, e identidad de las comunidades al realizar funciones que no le corresponden. La función del Ejército Nacional es salvaguardar la soberanía nacional y permanecer en sus cuarteles y no desempeñar el papel de supuestos protectores de los ingenieros topógrafos que intervienen en el proyecto de construcción de carretera y de comunidades que nunca pidieron su intervención en primer lugar.

2. La ocupación militar ilegal en Amador Hernández no es un asunto regional ni sólo estatal, sino de competencia nacional ya que el estado de Chiapas es una entidad federativa más de la República Mexicana y lo que acontece en este estado le compete e interesa a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de México.

3. El estado de Chiapas es uno de los estados en los que se violan con mayor frecuencia los Derechos Humanos, esa es una de las razones que nos impulsó a fundar un campamento civil por la paz en la comunidad de Amador Hernández, donde hemos observado que se violan estos derechos por la falta de responsabilidad evidenciada en las acciones represoras que miembros del Ejército Mexicano llevan a cabo en la comunidad, con su ocupación ilegal.

4. Manifestamos públicamente que hay Derechos constitucionales que han sido violentados con esta ocupación del Ejército Federal, como son el Art.4 sobre la conformación pluricultural de la nación mexicana, cuyo origen se sustenta en sus pueblos indígenas, el Art. 9 de la libertad de asociación y reunión, el Art. 11 de la libertad de tránsito, el Art. 129 de las funciones de la autoridad militar en tiempos de paz

5. Nos pronunciamos en contra del hostigamiento militar del que hemos sido víctimas mediante actos intimidatorios efectuados por miembros del Ejército Mexicano, no sólo durante nuestra estancia en Amador Hernández, sino también en los múltiples retenes que hemos tenido que atravesar, en los que se nos ha filmado, fotografiado. y tratado prácticamente como delincuentes.

6. Así mismo, también denunciamos el hostigamiento impulsado por el gobierno estatal a través de acciones tales como el fomentar un clima de hostilidad hacia nosotros, amenazas públicas, ulimátums, y el giro de órdenes de aprehensión en contra de los estudiantes que conformamos el campamento civil de observación por los delitos de incitación a la violencia, obstrucción de caminos (cuando los que están obstruyendo los caminos son miembros del Ejército Mexicano), y secuestro, así como de atacar al Ejército, cargos todos ellos carentes de fundamentos.

7. Sumada a estas acciones hay una fuerte campaña de desprestigio y difamación por parte de un amplio sector de los medios masivos de información que van desde la prensa, radio y televisión locales, como nacionales. Se nos acusa de pertenecer al sector del movimiento estudiantil de huelga de la UNAM conocido como "los ultras". Aclaramos que los estudiantes de la UNAM que están involucrados en este campamento son minoría y no están actuando a título de representantes de ningún sector de dicho movimiento y mucho menos se han propuesto liderear el campamento de paz; la composición de este campamento es heterogéneo, plural y de ningún modo debe ser etiquetada como "ultra " u otros calificativos.

8. Por lo tanto reiteramos que: Nuestro objetivo y función ha sido la de ser observadores y testigos de los acontecimientos que ocurren en la comunidad de Amador Hernández, con la finalidad de coadyuvar al respeto de la localidad y los derechos humanos y constitucionales en la región.

9. En nuestra labor como observadores pudimos constatar la capacidad de auto organización de la comunidad y el ambiente de respeto a la diferencia de ideas entre sus pobladores para lograr consenso ante un problema común, como es el rechazo a la actual ocupación militar.

10. Así mismo constatamos que los pobladores no están rechazando el beneficio que podría traer una vía de comunicación, pero coinciden en el rechazo de este proyecto que pretende justificar la ocupación militar y la explotación indiscriminada de las enormes riquezas naturales de esta región de la selva Lacandona en beneficio de intereses particulares nacionales y extranjeros. Los miembros de la ARIC independiente, representantes de 9 comunidades de la región, se pronunciaron por la suspensión de la construcción de la carretera para evitar más situaciones de violencia en la comunidad, que se ve continuamente amenazada por la presencia del Ejército mexicano. Solicitaron el retiro de éste, reiteraron que ellos no pidieron la presencia del Ejército Mexicano, de la policía militar, ni de las fuerzas de Seguridad Pública. Por su parte, las bases de apoyo zapatistas se pronunciaron por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés para poder discutir sobre la construcción de carreteras y demás obras de infraestructura donde no se contemple en ningún caso la presencia del Ejército Militar.

11. En contraste con esta actitud democrática e incluyente que adoptan las comunidades de la región frente al conflicto, la ocupación militar y proyecto de construcción de la carretera, observamos con tristeza y preocupación la actitud del gobierno del estado de Chiapas ya que es antidemocrática, separatista, y excluyente, rayando así en el absurdo de exigir un "exilio"- Una expulsión de mexicanos del estado de Chiapas, el cual es por demás improcedente, ya que como mexicanos gozamos del derecho de libre tránsito por nuestra tierra mexicana, derecho que nuestra Carta Magna nos confiere.

12. Por lo anterior rechazamos enérgicamente las acciones de hostigamiento y xenofobia entre mexicanos fomentadas por las declaraciones públicas del Gobernador del Estado Roberto Albores Guillén.

13. Así mismo hacemos responsable al Gobernador del Estado de la seguridad e integridad física y moral de todos los participantes de los campamentos civiles por la paz en Amador Hernández.

14. Apelamos al respeto al derecho de libre tránsito, libre asociación, libertad de expresión y demás derechos que como mexicanos y mexicanos gozamos conforme a lo establecido en la Constitución mexicana, así como a los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente.

15. Hacemos un llamado "urgente" a la sociedad mexicana en su conjunto a defender y restablecer el Estado de Derecho que se ha constituido a través de la lucha histórica de todo el pueblo mexicano y fortalecer los valores democráticos de respeto, tolerancia, inclusión, pluralidad y sobre todo anteponer el uso de la razón, de la palabra; en suma, del diálogo abierto y constructivo ante cualquier posibilidad de acciones de violencia, lo cual significaría un retroceso en el avance de nuestra cultura política -democrática que nos denigraría como pueblo y Nación.