San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 27 de Agosto de 1999.

A LA COMISIÓN DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN,
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.

Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra posición respecto a la mas reciente escalada policiaco militar que han emprendido las autoridades estatales y federales en contra de las comunidades, y movimientos sociales en resistencia, miembros y organizaciones de la Sociedad Civil.

No obstante la falsedad de las declaraciones oficiales que se empeñan en negar el avance de una guerra contra los pueblos indios en el estado de Chiapas, aquí, en los pueblos y comunidades se sufre la agresión sistemática y cotidiana de efectivos militares, grupos de Seguridad Pública, Policía Judicial, grupos paramilitares, Agentes del Ministerio Público y de funcionarios y operadores políticos del gobierno que continúan sus tareas de dividir y estimular enfrentamientos entre civiles.

Prueba de esto son los hechos que desde el mes de junio se vienen suscitando en distintas regiones del estado de Chiapas:

El gobernador sustituto Roberto Albores Guillén ha desatado una fuerte campaña xenofóbica, y en un hecho sin precedentes, la xenofobia ha alcanzado también a los mexicanos, como los casos arriba descritos, así como al intentar expulsar del municipio de San Cristóbal a la actriz mexicana Ofelia Medina, quien se ha destacado por su fuerte lucha contra las violaciones de los Derechos Humanos y desarrollando proyectos en favor de la salud de los niños indios mexicanos. Así mismo, la actitud de los agentes del Instituto Nacional de Migración se ha recrudecido en los retenés que van hacia las comunidades, expulsando extranjeros a través del llamado "oficio de salida definitiva". Es también preocupante que en esta última semana, los agentes del INM han estado recorriendo los hoteles de San Cristóbal de Las Casas, solicitando los nombres y números de cuartos donde se hospedan los turistas buscando extenderles citatorios.

Los miembros del Ejército Federal Mexicano han estado violentando en innumerables ocasiones la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como violaciones al derecho de transito, a la libertad de expresión y al art.129 Constitucional así como el propio Código de Justicia Militar sin que la autoridad Ejecutiva, Legislativa y Judicial apliquen las sanciones o los juicios correspondientes contra los infractores, sino por el contrario, se han hecho copartícipes en estos operativos inconstitucionales, manteniendo un clima de terror hacia las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, el gobierno estatal agita las comunidades indígenas militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para bloquear los caminos a toda participación de observación nacional e internacional en torno a los lugares donde suceden los acontecimientos más graves; de manera que no haya testigos de las violaciones a los derechos humanos.

Estas acciones violan los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 2 y 12, así como garantías y otros artículos de la Constitución entre los cuales está el 1º, 5º, 6º, 8º, 9º, 11º, 12º, 14º, 16º, 22º, 129º. Y se han tipificado delitos estatales y federales como lesiones calificadas, privación ilegal de la libertad, amenazas cumplidas, homicidio en grado de tentativa, abuso de autoridad, daños en propiedad privada y al patrimonio ecológico del estado, allanamiento, ataques a las vías de comunicación, portación de armas e intrumentos prohibidos, asociación delictuosa, delincuencia organizada, usurpación de funciones, abuso sexual e intento de violación e incluso algunos del orden militar como el previsto en el Art. 324 del Código de Justicia Militar que penaliza la violencia a prisioneros.

Todos estos sucesos en apariencia aislados, consideramos que corresponden a un patrón que configura un plan de guerra que el gobierno se ha propuesto desarrollar, para "solucionar" el conflicto en Chiapas.

Los rasgos de este patrón se perfilan con el continuo incremento de la militarización; la vinculación de autoridades judiciales y seguridad pública del estado de Chiapas en los operativos militares; la movilización abierta y cada vez más beligerante de grupos paramilitares en regiones indígenas del estado; la incitación a la violencia por parte del Gobernador Albores Guillén y autoridades municipales, que conducen a un clima de enfrentamiento entre la población civil; desde el Congreso del Estado la ofensiva jurídica en contra de los Acuerdos de San Andrés con la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena y la constitución unilateral de nuevos municipios; la postura irresponsable de la Secretaría de Gobernación que pretende desconocer la ofensiva militar y que falsea el significado de los operativos militares; la multiplicación de los retenes militares y el endurecimiento de sus acciones con el pretexto de aplicar la Ley de Armas de Fuego.

Estos rasgos de la política gubernamental con respecto al conflicto chiapaneco revelan las intenciones del Gobierno Federal de abandonar la solución pacífica y negociada y crear un nuevo escenario para justificar una solución militar.

Por lo tanto, los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, exigimos:

  1. El cese inmediato de las acciones militares así como la desmilitarización de las comunidades indígenas del estado de Chiapas.
  2. Juicio político y judicial al gobernador ilegítimo Roberto Albores Guillén.
  3. Que la Secretaría de Gobernación asuma sus responsabilidades y ponga freno a los intentos de autoridades estatales por propiciar la confrontación entre la población civil.
  4. Que el presidente de la República se comprometa públicamente con acciones políticas y consensadas con la población encaminadas a una solución pacífica del conflicto.
  5. Respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos de toda la población.
  6. Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
  7. Respeto al derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación en la definición de los programas de desarrollo, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT y los acuerdo de San Andrés.
  8. Alto al hostigamiento e intimidación a miembros de organizaciones civiles y no gubernamentales.
  9. Garantizar la seguridad para el trabajo que realizan las organizaciones civiles de Derechos Humanos.
  10. Presentación del Sr. Pedro López Hernández, de 75 años de edad, desaparecido el día 23 de Julio de 1999 en la comunidad Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo.
  11. Alto a la campaña contra los estudiantes y observadores en las comunidades indígenas.
  12. Parar la ofensiva de los paramilitares en todas las regiones del estado, principalmente de Nuevo Momón, Mpio. de Las Margaritas.
  13. Exigimos el retiro de tropas del Ejido Amador Hernández.
  14. Exigimos el retiro de los militares de la reserva ecológica Montes Azules, dado que las propias autoridades de SEMARNAP han señalado que éstas ya terminaron.
  15. Desaparición definitiva de los retenes paramilitares en el estado de Chiapas.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:

RED CIVIL DE OBSERVACION (Junax, K’inal Antzetik, A.C., Coordinadora Regional de los Altos para la Consulta, Enlace Civil, A.C., Boletín Quincenal Resistencia, Jolom Mayaetik, A,.C., Colectivo Educación para la Paz, A.C., Alianza Cívica Chiapas, Casa de la Luna Creciente, FZLN-San Cristóbal, Brigada Guadalupe Méndez, Brigada Batik Jcotoltik, Centro de Investigación y Acción de la Mujer A.C.), SOS CHIAPAS, CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, EL BARZON DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, GUAYACAN A.C., GRUPO DE MUJERES COLEM, BACOSAN, COCIDEP, COLECTIVO APRENDAMOS A.C., CHILTAK A.C., COORDINADORA REGIONAL DE LA COSTA.-SOCONUSCO POR LA CONSULTA ZAPATISTA, COORDINADORA REGIONAL NORTE-SELVA POR LA CONSULTA ZAPATISTA, COORDINADORA REGIONAL FRONTERIZA POR LA CONSULTA ZAPATISTA, COORDINADORA REGIONAL MARQUEZ DE COMILLAS POR LA CONSULTA ZAPATISTA, CIUSPAZ, COMUNICACIÒN CAMPERA A. C., PAREJO SCOTOL, BALAMIL YACH’IL BE, SADEC, CIEPAC, AGRUPACIÓN DE PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DRA. M. GEORGINA RIVAS BOCANEGRA, DR. GERARDO GONZÁLEZ, CP FRANCISCO OVANDO.

c. c. p. Comisión Episcopal para la paz en Chiapas.
c. c. p. Oficina de la Presidencia de la República
c. c. p. Congreso de la Unión.
c. c. p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
c. c. p. Mary Robinson (Alta Comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU).
c. c. p. Dirigencias nacionales de los partidos PRD, PAN, PT, PVEM, PCD.
c. c. p. Alianza Opositora del estado de Chiapas.