La nueva sombra del desalojo y la guerra

Fragmento sobre la situación actual
en carta del Municipio Autónomo en Rebeldía "Ricardo Flores Magón"
denunciando el nuevo intento del mal gobierno mexicano
para desalojar a nuestras comunidades indígenas
de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA)
23 de febrero del 2002

Hoy, los intereses de las empresas multinacionales se endurecen y presionan al gobierno para iniciar los desalojos de nuestras comunidades. El gobierno federal, a través del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) habla de que "Si no se pone en orden a estas zonas de amplia riqueza natural, no entrará la iniciativa privada a invertir en ellas" y de que "se abrirán (las zonas reservadas) al ejército mexicano para eliminar de ellas al crimen organizado ahí oculto y con ello garantizar también seguridad a la iniciativa privada". La SEMARNAT, la Procuraduría Agraria y el SEDESOL le hacen segunda.

Mientras tanto, los caribes, con la asesoría de empresarios y de las secretarías de estado hablan de que si el gobierno no hace el desalojo ellos lo van a hacer por su propia mano. La SEMARNAT habla del peligro ecológico que representan los indígenas dentro de la reserva. Los directivos de la REBIMA hablan de las violaciones que los indígenas hacen a las leyes de las reservas y junto a la PGR, los caribes y otras están levantando demandas por delitos graves contra los indígenas pobladores de la reserva. Pedro Chulín diputado federal del PRI por Ocosingo y dirigente paramilitar del MIRA le exige al gobierno del estado que defina claramente su posición sobre las comunidades afectadas y exige que sean desalojadas de inmediato.

Los empresarios y el gobierno norteamericano hablan de la importancia de invertir en la reserva debido a su gran riqueza biológica y genética, la cual los indígenas del lugar la ponen en peligro y por tanto hablan de los beneficios que traería el desalojo. Embajadores y agregados militares norteamericanos hablan de que si alguien se opone a sus planes para la reserva no van a dudar en eliminarlo.

El gobierno estatal habla de que se esta negociado pacíficamente con las comunidades para reubicarlas y por otro lado a través de su secretario de Pueblos Indios, Porfirio Encino, habla de formar "Guardianes de la Reserva", es decir grupos paramilitares legalizados para el desalojo. A la vez el gobierno del estado a instalado una "Mesa Ambiental" supuestamente para buscar la negociación con las comunidades afectadas, sin embargo la Mesa esta integrada por los mismos que llaman al desalojo, es decir representante de la SEMARNAT, de la REBIMA, del SEDESOL federal y estatal, de la Procuraduría Agraria, dirigentes Caribes e incluso la PGR. En sus reuniones recomiendan que si los pobladores muestran "conductas no amigables" se levanten las denuncias correspondientes y se ponga en marcha demandas legales sobre delitos de daños ecológicos y despojo, es decir hostigar a la población y preparar legalmente el desalojo. Ente otros la Mesa planifica censar los daños ocasionados, conseguir el máximo de información a través de infiltraciones, incursiones terrestres y sobre vuelos. Además funcionarios del gobierno están hostigando y visitando a distintas comunidades para amenazarlas con desalojos o para limitarles sus derechos agrarios en las zonas de amortiguamiento.

El gobierno federal, estatal, las empresas multinacionales y las secretarías de estado han elaborado ya un plan que recomienda la reubicación de las comunidades indígenas dentro de estas zonas y también recomiendan el desalojo por medio de la fuerza militar de aquellas comunidades que se nieguen a negociar y a abandonar las tierras, para ello proponen utilizar los recursos legales que ofrecen las leyes de zonas reservadas, que sin embargo violan los acuerdos 169 de la OIT y los Acuerdos de San Andrés. Este proyecto plantea excluir de todo apoyo gubernamentales a las comunidades que se encuentren dentro de la reserva y la Zona Lacandona y se condicionarán los apoyos a medidas ambientales a quienes estén dentro de las zonas de amortiguamiento (dentro de ellos la educación y la salud) esto con el fin de no permitir el desarrollo de las comunidades y forzar la salida de los pobladores a otras regiones con mayores posibilidades para el desarrollo. En este plan primero se planifica el desalojo de las comunidades dentro de la reserva, después de la Zona Lacandona y finalmente el reordenamiento de las comunidades de las zonas de amortiguamiento y protección forestal.

Mientras todos ellos hablan y encubren sus intenciones con máscaras legales, el ejército federal y los grupos paramilitares actúan y preparan el desalojo por la vía violenta. El ejército federal ha reiniciando los operativos dentro de la REBIMA y la Zona Lacandona rodeando e internándose en las comunidades afectadas por la reserva y los soldados federales actúan junto a los agentes de la PGR y funcionarios de gobierno como hemos denunciado con anterioridad. Los grupos paramilitares han cobrado nueva fuerza para hostigar a las comunidades. Los sobre vuelos rasantes de helicópteros son constantes principalmente en las zonas de reserva donde toman fotografías y videos aéreos a las comunidades, información que también le pasan a las secretarias de gobierno que planifican el desalojo.

Lo decimos claro en medio de todo esto se encuentran los intereses económicos de las grandes empresas multinacionales dedicadas a la explotación de los recursos biogenéticos, encubiertas por máscaras de fundaciones ecologistas. Al igual existe el interés del gobierno mexicano y de varios gobiernos por los recursos naturales como el agua dulce, el petróleo, el uranio y otros del suelo y del subsuelo. También está el interés de muchos empresarios dispuestos a explotar y utilizar a las poblaciones indígenas desplazadas como mano de obra barata para las empresas maquiladoras (las nuevas fincas industriales). Esta de igual manera el interés de los necios que intentan cambiarnos la vida a los indígenas para que dejemos de ser lo que somos: indígenas y campesinos con ideas y cultura propia que vale y tiene el mismo derecho de existir que cualquier otra. De manera especial esta el interés del gobierno mexicano de extender la guerra de baja intensidad por distintos medios para terminar de una vez con las comunidades zapatistas en resistencia y rebeldía.

En otras palabras esto es el Plan Puebla Panamá y sus intereses al los cual les estorban las comunidades indígenas porque tenemos dignidad, porque tenemos otra forma de entender la vida, la tierra, el trabajo, las diferencias ... tenemos una forma y una cultura que no le conviene a los intereses del mundo del dinero, el mundo de los poderosos y en esa forma muy otra, que tiene historia, organización, cultura, dignidad y resistencia muchos otros hermanos y hermanas del mundo encuentran un espejo, una salida, una esperanza, una alternativa de mundo distinta a la que quieren imponer los poderosos, los malos gobiernos y el mundo del dinero.


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